Piden a legisladores nacionales de Misiones que insistan con prorrogar la Ley 26160

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó el Proyecto de Comunicación del diputado Martín Sereno (Pays) que solicita a los legisladores nacionales por esta provincia que gestionen la prórroga de la Ley 26.160, de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de Tierras de las Comunidades Originarias del país.

La propuesta del Pays busca la prórroga de esta ley en la sesión del 27 de septiembre en la Cámara Alta y solicita que de agregarle algunos aspectos a la normativa, “los legisladores nacionales estén en consonancia con los derechos de estos pueblos y consensuen con ellos. La intención es que el Gobierno de Misiones se expida a través de sus legisladores en favor de votar afirmativamente la prórroga de la norma en cuestión”, expresó el diputado Sereno.

En consonancia con este pedido, un grupo de guaraníes juntan firmas en las comunidades asentadas en Misiones con el objeto de elevar una nota en el mismo sentido al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y por su intermedio, al Congreso Nacional, reclamando la prórroga de la norma sobre la Emergencia Territorial.

Relevaron apenas el 40 por ciento de los territorios indígenas

Si bien el senado votó la Preferencia para tratar este tema en la sesión del 27 de septiembre, la semana pasada fracasó la confirmación de la prórroga de esta Ley que pierde vigencia el 23 de noviembre. Algunos senadores solicitaron la prórroga sobre tablas, la propuesta obtuvo 33 votos negativos, 11 positivos y 10 abstenciones.
El diputado sereno dijo que acompañan “las justas demandas de los pueblos originarios y sus legítimos derechos respecto a la necesidad de prorrogar la Ley 26.160, sobre Emergencia Territorial Indígena, que ordena relevar los territorios indígenas en Argentina, que apenas llegó al 40 por ciento del total, y frena los desalojos hasta que finalicen esos relevamientos”.

Sereno entiende que esta prórroga podría ayudar a descomprimir, también, el difícil clima de confrontación y violencia que se vive en el país, impulsado por el Gobierno nacional, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante un corte de ruta llevado adelante por mapuches del Pu Lof Cushamen, en Chubut, el pasado 1 de agosto, y que fuera reprimido por la Gendarmería Nacional.

La Ley 26160 es un instrumento fundamental para las comunidades indígenas: frena los desalojos a las comunidades que habitan sus territorios ancestrales y exige el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras. Sin esta herramienta, las comunidades quedan desamparadas ya que la norma pierde vigencia en noviembre próximo.

Alertan, en ese sentido, que están en juego más de ocho millones de hectáreas distribuidas por todo el país, los intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los indígenas a reclamar sus tierras y la función que debe cumplir el Estado. Además, saca a la luz la falta de registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos naturales de éstos territorios.

“No esperamos otra cosa que en la sesión prevista de Tratamiento Preferencial del 27 de septiembre el Senado finalmente no siga demorando más la sanción de disposiciones que como esta, contribuyen a ir aliviando y solucionando, aunque sea en parte, todo lo atinente a las tierras y territorios de los pueblos indígenas, la gran deuda histórica que para con ellos tienen el Estado, el gobierno y la sociedad”, dijo el diputado Sereno.

Recordó que en todo el territorio nacional las comunidades indígenas originarias son “sistemáticamente violentadas, perseguidas y criminalizadas por el Estado nacional y los Estados municipal y provinciales, hecho que se traduce en represiones, desalojos, detenciones y asesinatos de líderes de la comunidad, por reclamar por el legítimo derecho a sus tierras ancestrales”, explicó.

Misiones tiene más de cien comunidades

Según el diputado Martín Sereno, desde la entrada en vigencia de esta norma, en 2009, sólo el 60 por ciento de las aldeas fueron relevadas y hubo presiones e irregularidades para que las comunidades firmen relevamientos inexactos”, lo que originó que en la actualidad todavía la mayoría de las comunidades están asentadas en terrenos privados, sin título de propiedad, emergidos a un constante hostigamiento a ser desalojados.

Pero demás, sostuvo, algunas comunidades sufrieron intento de desalojos violentos donde perdieron recursos naturales vitales para su cultura ancestral, “como es el caso de las comunidades Kokureì y Chapaì, que aún siguen con hostigamientos y amedrentamiento por parte del municipio de San Ignacio”, según se observa en la fotografía que ilustra esta nota.

Sobre la posición de los legisladores de la tierra colorada en el tratamiento de este tema, manifestó que “nos hace daño que dos senadores por Misiones se hayan negado a acompañar este tema a favor de los pueblos originarios, y nos llama la atención que estos senadores, sabiendo que en Misiones hay más de cien comunidades Mbya guaraní, hayan votado en contra de la prórroga”, finalizó.

Fuente: Misiones Plural (Posadas-Misiones-Argentina)-18 de Septiembre de 2.017