Escrito por Dario Aranda
“No comemos baterías”
En Jujuy habilitaron la
minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se
triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del
agua.
La mina Salar del
Rincón, en Salta.
“Oro blanco”, bautizaron al
litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos
eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar
esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero
no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos
territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y
sociales.
La explotación de litio
forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro,
cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque
suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de
fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos
Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio.
Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29
proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco),
La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la
industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones
a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a
potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina
Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero
Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de
litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el
gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías
Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El
gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes,
donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de
resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida,
trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos
baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios
de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33
comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron
peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la
vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y
de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier
acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron
una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el
máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa
tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y
empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener
rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la
vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió
que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los
territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde
hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en
Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium.
Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que
Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la
empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no
renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía
Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá
(departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la
canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de
Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos
informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se
realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La
empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo
del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de
comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas
abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde.
Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente
glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que
integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y
Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de
agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas,
dunas, montañas).
Un punto crucial de la
minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de
Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio
hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y
ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno
prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de
experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea
Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro
territorio”.
Fuente
Diario Página 12 – 16 de
Febrero de 2018
