Escrito por Pablo
Albarenga en Mato Grosso do Sul (Brasil)
Los monocultivos,
principalmente de soja y maíz, constituyen un desafío para la supervivencia de
los indígenas Guaraní Kaiowá de Brasil.
Sentado en un
pequeño banco de madera, Simón mira a un costado evitando la cámara por un
instante. Entre dientes sostiene un llanto que obliga a pausar la entrevista en
la que, minutos antes, hablaba de su familia; de cómo habían sido despojados de
sus tierras ancestrales y cómo el deseo de retornar a ellas se transmitió de
generación en generación. “Mi abuela nos contaba de cuando caminaba por estas
tierras con 12 años. Después que se publicó el estudio (antropológico) de
nuestro territorio, con la comunidad decidimos retomar lo que nos pertenece”,
comenta. Cansado de “esperar por la buena voluntad de la justicia” decidió
intentarlo junto a sus pares y, finalmente, lo consiguió.
Bajo el templo
indígena de Tey’i Jusu solo se escucha el crujir del techo de hojas de palma
que, secas por el devastador sol, se resquebrajan con cada ventarrón. La falta
de vegetación en kilómetros a la redonda abre camino al viento, que acelera por
los descampados que hasta hace poco más de un año solo sabían de cosechadoras y
agrotóxicos. Aquellos extensos bosques que cubrían el suroeste de Brasil son
ahora pequeños oasis en interminables monocultivos que se pierden en el
horizonte, principalmente de soja y maíz, lo que constituye un desafío
para la supervivencia de los Guaraní Kaiowá.
Pero en el conflicto
por tierras, los indígenas pagan dos veces: a la salida y a la entrada. Para
Simón y sus compañeros, la odisea de volver a pisar sus suelos les costó varios
heridos de bala y la vida de Clodiodi Aquileu, que se suma al promedio estatal
de casi tres indígenas asesinados por mes durante los últimos tres años.
Como recuerdo
imborrable de aquel ataque perpetrado por estancieros y pistoleros tras ocupar
parte de su territorio ancestral, Simón lleva una bala en el pecho a menos de
dos centímetros del corazón que lo acompañará durante toda su vida. Esta
historia, o alguna parecida, se repite a lo largo y ancho de Mato Grosso do
Sul, el estado de Brasil en el que más violencia se registra contra los pueblos
indígenas.
Estado violento
Luego de la guerra
de la triple alianza, que culminó en 1870, Paraguay perdió más de un millón de
habitantes y grandes superficies fueron absorbidas por Argentina y el Imperio
del Brasil. El plan de este último era hacer productivas las nuevas tierras. Para
esto era necesario blanquearlas y poblarlas con colonos brasileños,
pero sus primeros ocupantes —los Guaraní Kaiowá— no fueron tomados en cuenta ni
consultados al respecto. Por el contrario, fueron realojados en ocho reservas
de escaso tamaño y sus tekoha (lugar donde se lleva a cabo el modo de
ser guaraní, en su lengua nativa) fueron cedidas en calidad de arrendamiento a
la compañía Matte Laranjeira. Allí, esta empresa explotaría la yerba mate,
instaurando un modelo latifundista que explotaba la mano de obra indígena.
Cuando nosotros retomamos [ocupamos] tierras, no estamos solamente
recuperando lo que nos fue robado, sino también recuperando nuestra cultura,
nuestra religión, nuestra forma de vida.
Con una superficie
de 357.125 kilómetros cuadrados —más de dos tercios de la superficie española—
Mato Grosso do Sul es uno de los estados con mayor índice de concentración de
tierras en todo el país. El informe Terrenos de la desigualdad: tierra,
agricultura y desigualdad en el Brasil rural, publicado por Oxfam Brasil en
2016, expone una realidad alarmante y casi constante en América Latina. Para
ilustrar la situación de la tierra y su distribución, el informe se vale del
índice de Gini, una medida que sirve para calcular la desigualdad. Si tiende a
1, significa que es mayor el acaparamiento y por lo tanto, también la
disparidad. En el caso de Brasil es de 0,872 mientras que en este estado
alcanza a 0,856. Dicho de otro modo, menos del 1% de los establecimientos
rurales controla casi la mitad de la tierra disponible para fines agropecuarios
en todo el país.
Los indígenas
guaraníes tienen presencia en cinco países: Argentina, Paraguay, Bolivia,
Brasil y Uruguay. Según el Consejo Indigenista Misionero, basado en los datos
de la Fundación Nacional de Salud, en Brasil viven aproximadamente unos 60.000.
La mayor concentración —un 80%— se encuentra en este estado, ocupando menos de
un 0,5% del territorio. La población restante se distribuye entre Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, San Pablo, Río de Janeiro y en una reserva en el
estado de Pará.
Con el cambio de
paradigma en la producción agrícola, la brújula apunta firme en dirección al agro-negocio.
En la zafra 2016-2017, Mato Grosso do Sul batió el récord nacional de
producción de soja con un inimaginable volumen de 8,5 millones de toneladas. El
estado –que si fuese un país sería el séptimo productor mundial de este grano–
es considerado un referente en el país por su capacidad de producción y su
extraordinario crecimiento. Así lo destaca el Gobierno estatal en una reciente
publicación en su sitio web, donde anuncia que alcanzarían este año el
tercer puesto en el ranquin de los estados con mayor crecimiento del PIB de
todo Brasil. Por encima de la media, se estima que alcanzaría un incremento del
2,4% a fin de año, donde el sector agropecuario se destaca con un crecimiento
del 8,3% anual. “Este equilibrio está muy en línea con lo que queremos para
Mato Grosso do Sul, que es el desarrollo sustentable y esta proyección señala
que el Gobierno está consiguiendo hacer lo que se propone, que es el
crecimiento de todas las actividades dentro del estado”, destaca en la
publicación Jaime Verruck, Secretario de Medio Ambiente, Desarrollo Económico
Producción y Agricultura Familiar (Semagro).
 Los monocultivos, principalmente de soja y maíz, constituyen un desafío para la supervivencia de los indígenas guaraní kaiowá de Brasil. Habitantes de la retomada (como llaman a las tierras reocupadas) Guapoy esperan frente a una estancia custodiada por la Policía Militar en Caarapó (Mato Grosso do Sul, Brasi). |
Pero la opresión que viven los pueblos originarios no forma parte
de las ecuaciones cuando se habla de PIB. Mato Grosso do Sul también lidera
otros listados. Según el último informe anual de violencia contra los pueblos
indígenas, publicado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), esta región
fue la segunda con más asesinatos registrados en 2016, con 15 casos. En los
últimos 13 años, de los 1.009 homicidios perpetuados en el país, casi la mitad
ocurrieron allí. Además, también encabeza el ranquin de suicidios, con 30
muertes por lesiones auto-provocadas en 2016 y 782 casos desde el año 2000, de
los cuales la quinta parte corresponde a niños de entre cinco y 14 años de
edad.
Tierras Indígenas
Otro de los
difíciles capítulos en la lucha que libran los Kaiowá por recuperar sus Tekoha radica
en la demarcación de sus tierras. El proceso consta de varias etapas y puede
extenderse de media por un lapso de 10 años. Durante este periodo el conflicto
se intensifica y los indígenas son constantemente perseguidos y atacados por
los estancieros y pistoleros.
Además, Simón relata
que quienes ocupan tierras cuya demarcación aún no fue homologada tienen
dificultades para acceder a los servicios básicos como la salud y la educación
ya que, si bien la legislación les garantiza el acceso de forma diferenciada,
muchos funcionarios de los órganos responsables se niegan a atenderlos en las
zonas no regularizadas.
La ocupación de
Tey’i Jusu, donde viven Simón y su familia, forma parte de un conjunto de retomadas (nombre
que dan los guaraníes a la ocupación de sus tierras ancestrales) que se
localizan en la Tierra Indígena Dourados Amambai Peguá I. El área fue
reconocida por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), en un estudio publicado
en mayo del 2016, pero hasta la fecha la demarcación no ha sido homologada por
el Gobierno.
A pesar de las condiciones hostiles en las que viven, los Guaraní Kaiowá
no se dan por vencidos. El coraje es la respuesta a la milicia armada,
contratada por los estancieros, que dispara contra adultos, niñas y niños
Además de la
violencia que enfrentan en sus territorios, también deben resistir los
constantes embates que descienden desde el Parlamento. Según el último
levantamientorealizado por el CIMI, hay 33 propuestas antiindígenas en
vías de aprobación, de las cuales 17 intentan alterar los procesos
demarcatorios otorgando el poder al Congreso Nacional, dejando así a la FUNAI
en una posición vegetativa.
La constitución
brasileña del 5 de octubre de 1988 garantiza a los pueblos indígenas una
estructura política y jurídica propias, permitiéndoles hablar en su lengua
materna y manteniendo un estrecho vínculo con su cultura y sus costumbres.
También les garantiza el derecho a las tierras que tradicionalmente ocupan,
definiéndolas no solo como el espacio físicamente ocupado, sino como todo el
necesario para sobrevivir y para mantener la permanencia de su cultura.
Sin embargo, ni la
constitución ni sus más de 2.000 años habitando lo que hoy es Latinoamérica
parecen ser suficientes para garantizar a los guaraníes estos derechos. Una
reciente jugada por parte de la bancada ruralista pone en riesgo la devolución
de sus tierras al plantear la tesis del Marco Temporal, una interpretación
que limita estos derechos a partir de la fecha de promulgación de la
Constitución, negando todo lo acontecido anteriormente. Según esta
interpretación, cerca del 80% de las demarcaciones iniciadas podría quedar sin
efecto. “Nuestra historia no comienza en 1988”, repiten los Kaiowá en cada
manifestación.
“Cuando nosotros
retomamos [ocupamos] tierras, no estamos solamente recuperando lo que nos fue
robado, sino también recuperando nuestra cultura, nuestra religión, nuestra
forma de vida. Cuando me preguntan cómo imagino el futuro de nuestra comunidad,
respondo que nuestro futuro quedó atrás. Nosotros anhelamos nuestro pasado,
cuando vivíamos en nuestras tierras ancestrales”, sentencia Elson Canteiro
Gomes, líder indígena de la retomada de Kunimy Verá Poty, donde fue asesinado
Clodiodi.
A pesar de las
condiciones hostiles en las que viven, los Guaraní Kaiowá no se dan por
vencidos. El coraje es la respuesta a la milicia armada, contratada por los
estancieros, que dispara contra adultos, niñas y niños. La oración los mantiene
fuertes y unidos contra un enemigo de poder inmensurable, pero confían en las
palabras con que Marçal de Souza Tupai, líder indígena asesinado a los 32 años,
se refirió a los estancieros: “Ellos creen que la solución es enterrarnos, pero
no se dieron cuenta de que somos semillas”.
1) Se realizan
estudios antropológicos, históricos, cartográficos y ambientales que
fundamenten la delimitación de la tierra indígena por parte de la FUNAI.
2) Se publica la
conclusión de los estudios en el Diario Oficial de la Unión, mientras son
analizados por el Ministerio de Justicia para expedir la resolución de
Declaración de Posesión Tradicional Indígena.
3) El Ministerio de
Justicia declara las tierras de uso exclusivamente indígena y estas quedan
listas para ser demarcadas.
4) El instituto de
Colonización y Reforma Agraria (INCRA) hace un relevamiento de las mejoras
realizadas por los expropietarios de la tierra que ahora pertenece a los
indígenas. Los anteriores dueños de la posesión la pierden, pero reciben una
indemnización por las mejoras realizadas sobre ella.
5) Homologación de
la demarcación de la tierra por parte del Presidente de la República.
6) Son retirados los
ocupantes no indígenas del área junto al pago de la indemnización.
7) Registro de las
tierras indígenas en la Secretaría de Património de la Unión, a cargo de la
FUNAI.
8) Por último, la
FUNAI se encarga de garantizar protección a los indígenas que ahora habitan sus
tierras.
Fuente
El País (España) –
15 de Febrero de 2.018
