Escrito por
Agustina López
En
noviembre vence la ley que evita desalojos, pero el tema quedó envuelto por el
caso Maldonado; en 11 años sólo se relevó la mitad de las tierras; la mayoría
no tiene títulos
El debate
sobre las tierras aborígenes que suscitó repentinamente el caso de Santiago
Maldonado tendrá un pico de tensión antes de fin de año, cuando vence la ley
26.160, que evita que se ejecuten desalojos de los territorios que ocupan
comunidades indígenas.
En ese
debate, que ya se empezó a recalentar, entran en juego el futuro de más de 8
millones de hectáreas distribuidas por todo el país, los intereses de
gobernadores y de privados, el derecho de los indígenas a reclamar sus tierras
y la función que debe cumplir el Estado. Además, saca a la luz la falta de
registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos
naturales, de esos territorios.
Su
eventual prórroga dependerá de la aprobación o no del Congreso, que deberá
tratarla antes del 23 de noviembre, plazo en el que caduca.
El jueves
se frustró en el Senado el tratamiento sobre tablas de la prórroga de la ley y
se postergó para fin de mes. Al mismo tiempo, algunos indígenas se apostaron a
las puertas del Parlamento para reclamar por la extensión de la ley y otros
tantos denunciaron al Gobierno que ya sufren el hostigamiento y un incremento de
la violencia en sus provincias.
En 2006 se
sancionó la ley 26.160 que declaraba la emergencia por cuatro años y que
impedía, en ese plazo, "la ejecución de sentencias cuyo acto sea el
desalojo de las tierras cuya personería jurídica esté inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas".
La
legislación se fue prorrogando sucesivamente y ahora el caso Maldonado, provocó
un clima enrarecido al respecto de algo que, en otro contexto, probablemente
habría pasado desapercibido.
El texto
de la ley original contemplaba que durante los primeros tres años se debía
realizar un "relevamiento técnico" de la situación nominal de las
tierras en donde están asentadas. Para ello se habían destinado $ 30 millones.
Además, de ese dinero saldrían también los recursos necesarios para pagar la
asesoría legal para los indígenas durante el relevamiento. Ese monto venció en
2009 y no fue prorrogado.
Según
datos que aportó a LA NACION el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) -órgano que depende del Ministerio de Justicia- actualmente hay 1600
comunidades identificadas en todo el país. De ellas, hay 423 casos en los
cuales culminó el relevamiento y 401 que están aún en proceso. Para el resto,
todavía ni siquiera se inició la tarea, lo que quiere decir que hasta ahora
sólo se hizo la mitad del trabajo que correspondía.
Las 824
comunidades relevadas o en proceso reclaman 8.414.124 de hectáreas consideradas
por ellas como "territorios de ocupación tradicional", lo que
equivale aproximadamente a 414 veces la ciudad de Buenos Aires, o al 3% del
territorio continental argentino, incluyendo las Islas Malvinas.
Sin
embargo, conforme a una auditoría de la AGN publicada en marzo de este año, el
92% de estos pueblos no poseen los títulos de propiedad comunitarios y el 84%
no tiene los títulos individuales. A falta de datos confiables, es imposible
saber cuál es el porcentaje equivalente en territorios en manos de extranjeros.
"Lamentablemente
el jueves no pudimos consensuar y se desordenó el acuerdo de tratar la
prórroga. Los ánimos han cambiado y no se están cumpliendo con los acuerdos que
hicimos. De todos modos tenemos el compromiso de tratarlo en la próxima sesión
y creo que la prórroga va a salir", dijo a LA NACION la senadora de
Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR) que impulsa el proyecto.
Como
condición antes de tratarlo, los legisladores pidieron un informe de situación
que actualice el estado de estas comunidades. Justamente, las tierras que
ocupan corresponden a la órbita provincial y muchos, incluso, se encuentran
sobre recursos naturales muy valiosos.
Sin ir más
lejos, los mapuches neuquinos están a pocos kilómetros de Vaca Muerta y su
reclamo de tierras entró en conflicto con la extracción. Muchos gobernadores
siguen con atención el debate.
Si la
prórroga pasa el Senado deberá tratarse en Diputados. Allí el oficialismo tiene
posturas divididas sobre qué hacer, según constató LA NACION a través de
fuentes en contacto con la mesa chica de Cambiemos. O se promueve la prórroga o
se deroga la vieja ley para promover otra.
La nueva
legislación contemplaría las mismas garantías para los pueblos originarios,
pero con una mayor institucionalización en la designación de los representantes
de estas comunidades. De todos modos, el tiempo apremia, sin contar que hay que
considerar cómo jugarán los otros bloques.
"Solicitamos
urgente la prórroga de esta ley. Hubo una profundización de los intentos de
desalojo de nuestras tierras y estamos recibiendo amenazas", dijo a LA
NACION Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya de Jujuy, que el jueves se
movilizó hasta el Congreso. Jerez también denunció que desde el 2016 que no
cuentan con la asesoría legal que debería proveerles el INAI y que están en una
situación de desamparo.
Según lo
que recolectó la AGN de los datos del INAI, el 62% de las comunidades poseen
conflictos territoriales y un 24% tienen un conflicto judicial asociado a la
posesión de las tierras que están ocupando.
Félix
Díaz, histórico representante de los Qom de Formosa e enfrentado con el régimen
de Gildo Insfrán también se mostró preocupado por el crecimiento del debate en
torno a la ley.
"Estamos
preocupados por la manipulación política que se está haciendo con esta ley.
Nunca tuvimos este problema que ahora está surgiendo en el Congreso",
expresó a LA NACION. "En mi caso hay una orden judicial porque me
consideran un usurpador. El único respald-o que tenemos es la ley 26.160",
agregó.
Fuente: Diario
La Nación (Buenos Aires) – 10 de Septiembre de 2.017
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