El 22 de Julio es
considerado el Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto
aunque en realidad es apenas uno de 365 días en los que las comunidades que se
oponen a la megaminería llevan adelante sus acciones para garantizar la vida y
los derechos humanos frente a una industria que extrae todo y no deja nada, que
expulsa habitantes y producciones, genera desempleo, chupa el agua y la
contamina del mismo modo que lo hace con el aire y la tierra.
En todo el mundo hay pueblos organizados que se oponen a la megaminería y
llevan adelante acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente
a esta industria que extrae todo sin dejar nada, que produce enfermedad para
actuales y nuevas generaciones, y genera desempleo aun cuando sus defensores
dicen que es una fuente de trabajo para muchos hace con el aire y la tierra.
Como si de un
planeta descartable se tratara, la Mega-minería o minería a cielo abierto,
viene a poner en jaque los recursos naturales del planeta que habitamos,
dejándonos un pasivo ambiental de gran magnitud, que ni las generaciones
futuras podrán salvar.
La historia del
desarrollo de esta actividad en nuestro país nos muestra que este tipo de
mega-emprendimientos solo beneficia a un puñado de personas, dueños e inversores
de los mismos, y para nosotros, ciudadanos argentinos, no solo no nos trae el
trabajo prometido, sino que deja a nuestros pueblos enfermos y a los recursos
naturales destruidos.
Para comprender
hasta qué punto están siendo flagelados nuestros derechos, comencemos por
repasar cómo funciona esta actividad: en las últimas décadas se ha producido un
drástico cambio en las prácticas mineras debido a la pronunciada disminución de
los minerales metalíferos tras su intensiva explotación durante el siglo
pasado. El hombre ha agotado la roca de “alto porcentaje de ley”, es decir,
aquella que tenía una elevada cantidad de metal y en la actualidad, al hallarse
el metal mucho más diseminado en ella, se lleva a cabo una práctica
notablemente más nociva como lo es la explotación de toda una montaña para
reducirla a escombros.
Los restos obtenidos son triturados y amontonados para luego sufrir un proceso
llamado lixiviado bajo el cual son rociados con productos químicos para poder
finalmente extraerle los metales. La duración del proceso de lixiviado variará
dependiendo de la ley del mineral, y la cantidad de roca molida. En cuanto a
los productos químicos que se utilizan, dependerá de los metales que se deseen
extraer. Por ejemplo, para el caso de la obtención de oro, el cianuro de sodio
es uno de los compuestos que constituye la mezcla química que se echará sobre
la roca. Esta última será finalmente tratada con carbón o cal para obtener el
metal deseado y al cabo de todo este proceso, tanto la roca triturada con
residuos de cianuro y metales pesados, como los químicos esparcidos que quedan
luego de extraer los metales, son sencillamente abandonados en el lugar y a
cielo abierto. En algunos casos, llevan a cabo un proceso para reducir el grado
de toxicidad pero los métodos utilizados son insuficientes.
En otros casos, como sucedió con el yacimiento Bajo La Alumbrera, quedó
demostrada la contaminación del agua de un canal de desagüe, a través del
derrame del concentrado mineral sin previo tratamiento de descontaminación.
Todo el proceso en general implica un enorme consumo de agua y electricidad.
Una mina a cielo abierto puede llegar a utilizar hasta 70 millones de litros de
agua diarios y la empresa a ubicarse entre los principales consumidores de
electricidad del país.
Trabajándose con toneladas y toneladas de roca diaria, es inevitable que no se
genere una gran contaminación. En el caso de las minas que utilizan cianuro de
sodio, es excesiva la cantidad de kilogramos de este veneno que se libera e
impacta directamente sobre el ambiente. El cianuro puede ser absorbido por las
plantas, por la piel de los animales afectando su sistema digestivo, e
inhalado. También puede afectar los sistemas acuáticos, aún en bajas
concentraciones. Además existe una variedad de metales y no metales (plomo,
arsénico, uranio, etc.) que se hallan retenidos en la roca, y que luego de todo
el proceso quedan integrados en mezcla química residual.
Beneficios para unos
pocos
Debido a una
variedad de leyes de minería, las empresas cuentan con grandes beneficios, como
lo son el desmedido suministro de agua y electricidad gratuitos y el apoyo de
gobiernos locales ajustándose a sus necesidades, construyéndoles caminos,
aeródromos y demás requerimientos. Además existen numerosos gastos tales como
la realización del tendido eléctrico, la adquisición de equipamiento, los
ensayos realizados, etc., que pueden ser asumidos por las empresas mineras, ya
que luego podrán deducirlo en un 100 por ciento del pago de los impuestos. Lo
que no suelen considerar dentro de sus costos es el otorgamiento de
compensación alguna o la implementación de medidas mitigadoras, debido al
impacto que generan sus emprendimientos sobre el ambiente y la salud humana.
Para que prospere un mega-proyecto donde solo dos cosas no llegan a ser de tamañas
dimensiones: el número de personas empleadas, debido a la alta mecanización, y
el dinero que queda en el país. Así, las empresas mineras trabajan de una
manera muy estratégica y conveniente: en algunos casos acaparan todos los
sectores, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación y
hospitales, a través de un sistema de donaciones, pretendiendo de esta forma
suavizar las relaciones o revertir el rechazo de la gente hacia ellas. Bajo
este modelo impuesto y sin mayor dificultad, estas empresas multinacionales
desarrollan en nuestro país la minería contaminante. Una actividad que por sus
prácticas actuales (los métodos de extracción que utilizan), no solo contamina,
sino que altera el paisaje, el curso de los vientos, afecta la salud de la población
y el ambiente y utiliza un recurso que de por sí, en muchas de las regiones en
donde se encuentran las explotaciones es escaso: el agua.
Por si fuera poco,
estos mega-proyectos tampoco tienen en cuenta las áreas que son valiosas para
la conservación de la biodiversidad. Claro ejemplo de esto son las pretensiones
de explotar los yacimientos auríferos del Famatina. Allí se ubica la Reserva
Provincial Serranías del Famatina, creada para proteger este sistema de sierras
y su biodiversidad, dado que es el principal centro de endemismos de la
provincia y uno de los más importantes del país. La falta de autoridades
idóneas en materia ambiental, con la consecuente escasez de un modelo de
desarrollo regional sustentable y la ausencia de gobernantes que prioricen la
seguridad, la calidad de vida, el futuro de sus pueblos y la protección de sus
ambientes, nos sigue arrimando a un peligro extremo. Este vacío institucional
existente, se vio reflejado una vez más con el rechazo presidencial a la ley de
protección de los glaciares. En donde, lejos de considerarse políticas
tendientes a mitigar los efectos del cambio climático y proteger el recurso del
agua, se sigue apostando a las mineras y a los gobiernos provinciales que las
apoyan. Por otra parte, las solicitudes de cateo de las multinacionales siguen
aumentando, lo cual nos deja anticipar el interés de estas empresas por
explotar nuevos sitios y continuar con el saqueo.
Nos preguntamos entonces una y otra vez, detrás de cada nuevo pedido de
explotación concedido: ¿Hasta dónde llegaremos para que las autoridades
provinciales y nacionales, nuestros representantes, cumplan con su
responsabilidad de velar por el bien todos los ciudadanos?. ¿Qué debemos
esperar para el futuro si se siguen autorizando explotaciones?.¿Cuándo será
tenido en cuenta al pueblo para decidir qué uso se le debe dar a nuestros
recursos naturales?
El pueblo que
rechaza el actual modelo minero
Afortunadamente, hace ya un tiempo la gente ha comenzado a organizarse y
manifestar su descontento. Los pobladores de Esquel fueron quienes rechazaron
inicialmente el actual modelo minero impuesto (aquel que privilegia el negocio
de unos pocos en contravención con los derechos de todos), oponiéndose al
proyecto de la empresa canadiense Meridian Gold. Este movimiento de vecinos que
salían en defensa de sus futuros y el de sus hijos, estimuló a las comunidades
de diversas localidades del país generándose desde entonces numerosas agrupaciones
y movimientos locales bajo la forma de asambleas y Ong’s. Y no es poco lo que
se está logrando: Chubut, Río Negro, Mendoza, Tucumán, La Pampa y Córdoba son
las 6 provincias que ya han prohibido la minería a cielo abierto o la
utilización de sustancias químicas contaminantes en los procesos de exploración
y explotación de minerales metalíferos y/o nucleares.
El pueblo tiene derecho a participar en las decisiones políticas. Exigimos que
se cumpla este derecho y se lo involucre en la toma de las mismas, sobre todo
en lo concerniente al manejo de los recursos naturales. Así mismo, creemos que
es urgente que se revise el paquete de leyes mineras, que beneficia de manera
desmesurada a las empresas inversoras, teniendo en cuenta el saldo negativo que
nos deja en todos los aspectos (aún en el económico), tanto a nivel provincial,
como regional y nacional.
No podemos esperar,
los pueblos se empobrecen cada vez más y las generaciones venideras notarán
claramente el impacto de esta actividad en muchas regiones de nuestro país…
para ese entonces será tarde. Instamos a todos los ciudadanos a sumarse a esta
movilización para ganarle a la minería a cielo abierto. Solo Informándonos,
opinando y reclamando, será que podremos frenar esta amenaza.
Fuente: AIM
México/Minería: saldo nefasto
Desde 2009 un
abanico de movimientos sociales declaró el 22 de julio Día Mundial Contra la
Minería a Cielo Abierto para conmemorar los triunfos jurídicos frente a uno de
los proyectos mineros más destructivos de los tiempos recientes: el de la
trasnacional canadiense New Gold, que acabó con el Cerro de San Pedro, en San
Luis Potosí. A nueve años de aquella victoria legal, sistemáticamente ignorada
por todas las autoridades encargadas de hacer cumplir el fallo y frenar la
devastación ambiental, es necesario realizar un balance de las afectaciones que
la actividad minera ha dejado en nuestro país.
La primera
consideración para analizar este fenómeno estriba en el impulso decidido que le
han otorgado las pasadas tres administraciones federales, hecho reflejado en el
crecimiento exponencial de las concesiones para la explotación de recursos
mineros. Sólo en el periodo que va de 2012 al primer semestre de 2017, la
superficie destinada a esta actividad pasó de 32.6 a 52.8 millones de
hectáreas, un crecimiento de 70 por ciento que supone la entrega de más de un
cuarto del territorio nacional a empresas mayoritariamente extranjeras –se debe
recordar que 65.3 por ciento de los 885 proyectos activos son operados por
compañías canadienses.
El segundo elemento para ponderar el impacto de la minería es el publicitado
embuste de que esta industria resulta fundamental para el desarrollo económico
debido a los ingresos que genera y empleos creados, argumento que no resiste el
mínimo análisis. A cambio de controlar 26.8 por ciento del territorio en
concesiones a 50 años, prorrogables por otro medio siglo, la extracción minera
supone únicamente 0.32 por ciento de los ingresos gubernamentales y contribuye
con apenas 0.9 del producto interno bruto. Su aportación en materia laboral
también resulta deplorable: en 2014 empleaba a 0.21 por ciento de la población
económicamente activa, a la vez que los tajos a cielo abierto mantenían a tres
cuartas partes de sus trabajadores en régimen de subcontratación.
En contraste con esta raquítica contribución a las finanzas públicas y al
desarrollo económico, la apropiación de territorios por la actividad minera es
una generadora constante de conflictos sociales y violencia en contra de
comunidades de todo el país. Mientras México es ubicado como la segunda nación
con más conflictos entre mineras y sociedad, de acuerdo con un reporte de la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para
Todas y Todos, sólo en 2016, 47 personas perdieron la vida por oponerse a la
minería, 19 de ellas en el estado de Oaxaca.
A todo lo dicho hay que sumar los daños a la salud provocados por la negligente
explotación de los recursos naturales, que ya dejado una estela de desastres
solapados por las autoridades. Por mencionar sólo dos ejemplos de esta forma de
afectación, que alcanza a miles de ciudadanos, en Coahuila se detectó que entre
los niños que habitan en las proximidades de la fundidora Peñoles, hasta 92 por
ciento presentan niveles de plomo en sangre mayores a 15 microgramos por
decilitro, el triple de lo que la Organización Mundial de la Salud ha señalado
como riesgoso para el crecimiento, la inteligencia y el aprendizaje en menores.
Una situación análoga se presenta en la cabecera municipal de Vetagrande,
Zacatecas, donde 63 por ciento de los menores de edad sufren contaminación por
plomo y otros minerales pesados debido a la actividad mi-nera que tiene lugar
en los alrededores, situación que se repite en poblaciones de todas las
entidades con presencia extractiva.
El recuento anterior deja claro que la escasez de los beneficios y la extensión
de los daños causados por la minería imponen una urgente revisión de la manera
en que se lleva a cabo esta actividad y de la irresponsable largueza con la que
se le han entregado para su usufructo porciones tan vastas del territorio
nacional. La continuidad del modelo actual supone un lastre económico, una
amenaza a la vida, una licencia para la devastación ambiental y una
injustificable cesión de la soberanía.
Fuente:
La Jornada
- noalamina.org
Blog del Proyecto
Lemu – 25 de Julio de 2.017
