Escrito. Sergio Alvez
El triunfo de Bolsonaro termina de
completar un contexto de violencia hacia las 300 comunidades originarias del
Brasil. Las acusa de tener "muchas tierras" y de querer conformar
"Estados paralelos" mientras suma a su gobierno terratenientes del
agronegocio.
El arribo a la presidencia del
ultraderechista Jair Bolsonaro, genera profunda preocupación también en los
Pueblos Originarios que habitan el Brasil.
Días antes de resultar electo, Bolsonaro
afirmó que el proceso de demarcación territorial en beneficio de las
comunidades indígenas “atenta contra los intereses nacionales” y acusó a los
Pueblos Originarios de “tener ya muchas tierras” y de pretender “armar Estados
paralelos dentro del Brasil”. Además, atacó directamente a las
organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos indígenas. “El CIMI
es una banda podrida de la Iglesia Católica”, manifestó en alusión al Conselho
Indigenista Missionario, un organismo con más de 30 años de trabajo que tiene
un funcionamiento similar al que en la Argentina tiene el Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen, en cuanto al acompañamiento jurídico y territorial en las
luchas de los Pueblos Indígenas.
“No existe ninguna referencia que
indique que algún pueblo indígena en Brasil quiera formar Estados paralelos. Lo
que Bolsonaro intenta hacer es estigmatizar aún más a los indígenas, mostrarlos
como enemigos, como grupos peligrosos. Las motivaciones de Bolsonaro
tienen que ver con defender intereses privados que quieren quedarse con la
tierra de los indígenas como viene ocurriendo”, advierten desde CIMI.
Contexto desfavorable
La llegada al poder de Bolsonaro
viene a profundizar un contexto de por sí desfavorable para los Originarios en
el país vecino.
Según los últimos datos de la
Relatoría sobre Violencias contra los Pueblos Indígenas de Brasil, en el último
año se constata un aumento sistemático en la violación de derechos humanos
contra las comunidades indígenas. Los intentos de apropiación de territorio por
parte de agentes externos son la principal causa, señalan, de estas
violaciones. La información colectada en comunidades del país impresiona: 110
asesinatos, 128 suicidios y 702 casos de muertes infantiles evitables solo
durante 2017.
“Esta edición de la Relatoría
explicita una realidad de absoluta inseguridad jurídica que afecta a los
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Los tres
poderes del Estado vienen siendo cómplices de una enorme presión sobre el
territorio indígena, que pretende explotar recursos naturales de esos
territorios, lo que se traduce en una gran escaldada de violencia”, afirma
Roberto Liegbott, de CIMI Regional Sur, y uno de los hacedores de la
publicación.
Y añade: “El proyecto de Bolsonaro,
en alianza con los terratenientes y la bancada ruralista, busca apropiarse de
la mayor cantidad de tierras indígenas para seguir expandiendo los
agronegocios”.
“El contexto actual es muy
preocupante. Venimos de un proceso histórico en el que los derechos de los
pueblos no están siendo priorizados. Las declaraciones evidentes (de Bolsonaro)
de que si fuera electo no habría demarcación de tierras indígenas y la
composición de fuerzas en el Congreso, con sectores vinculados al agronegocio y
otros que tienen interés en las tierras indígenas, de hecho muestra un cuadro
bien peligroso”, agrega por su parte Gilberto Vieira, secretario adjunto del
organismo.
Demarcación ya
De acuerdo al censo de 2010 llevado
a cabo por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), en
Brasil existen 896.917 personas pertenecientes a alguno de los más de 300
pueblos indígenas que habitan el país. Un 63,8% vive en áreas rurales.
Por ley, en 1988 se abrió en Brasil
un proceso de demarcación territorial tendiente a regularizar la propiedad
comunitaria indígena sobre los territorios que habitan. Pero a 30 años, aún
falta relevar el 64% de esos territorios, que así las cosas se ven expuestas a
constantes ataques, desalojos y todo tipo de inseguridades.
En la era Temer, ningún centímetro
de tierra indígena fue demarcado por el Estado. Se espera que con Bolsonaro esta
inacción se profundice y venga acompañada de ataques directos a las
comunidades.
Derechos en riesgo
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de Estados Americanos (OEA) difundieron un comunicado en el cual
alertan acerca de los ataques que reciben los derechos indígenas y el medio
ambiente por parte del Estado brasileño.
“Los derechos de los pueblos
indígenas y el derecho ambiental están siendo atacados en Brasil; en los
últimos 15 años, Brasil asistió al mayor número de asesinatos de activistas
ambientales y por el derecho a tierra en todo el mundo”, advierte el
comunicado.
Genocidio en Mato Grosso do Sul
En la noche del domingo 28 de
octubre, a poco de anunciarse el triunfo electoral de Bolsonaro y de acuerdo a
la denuncia efectuada por miembros de la Aldea Bororó, en Dourados- Mato Grosso
do Sul- un grupo de “fazendeiros” (terratenientes) descendieron de una
camioneta 4×4 y abrieron fuego contra esta comunidad pertenciente al pueblo
Kaiowá Guaraní. El saldo fue de 15 indígenas heridos, entre ellos una niña
de 9 años. El hecho fue tomado por la comunidad como un nuevo ataque
intimidatorio, en el marco de lo que los Kaiowá denuncian como un genocidio que
en los últimos años ya se cobró más de 300 vidas.
Esto ocurre a unos 500 kilómetros de
la provincia de Misiones (Argentina), donde los ataques buscan repeler las
luchas por la demarcación territorial y la efectiva posesión de las tierras en
esos territorios ancestrales, donde las superficies de selva se convierten
en resabios en constante depredación y son vistas como un ansiado tesoro para
la expansión del agronegocio.
Fuente. Canal Abierto
