Insisten ante los
legisladores nacionales misioneros y recorren las comunidades de la provincia
juntando firmas para enviar al Congreso el pedido de prórroga de la Ley 26.160.
Un grupo de
guaraníes está recorriendo las comunidades de la provincia, juntando firmas
para enviar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y por su
intermedio al Congreso Nacional, reclamando la prórroga de la norma sobre la
Emergencia Territorial.
Paralelamente, la
Cámara de Representantes de Misiones aprobó un Proyecto de Comunicación
presentado por el diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social en el
que solicita a los legisladores nacionales por Misiones, que generen las
gestiones necesarias para solicitar la prórroga de la Ley 26.160, de Emergencia
en Materia de Posesión y Propiedad de Tierras de las Comunidades Originarias
del País.
"Esperamos que
en la sesión de la Cámara Alta del próximo 27 de septiembre se logre finalmente
la prórroga de esta cuestión crucial para los pueblos originarios, y que si se
van a agregar algunos aspectos a la Ley, de acuerdo a algunas propuestas, deseamos
que los legisladores nacionales estén en consonancia con los derechos de estos
pueblos, y además, que se consensúe con ellos. Por esta razón en este Proyecto
proponemos que el Gobierno de la provincia se expida a través de sus
legisladores en favor de votar afirmativamente la prórroga de la norma en
cuestión”, expresó el diputado Sereno.
El Senado de la
Nación el 13 del corriente mes tuvo la oportunidad de acompañar las justas
demandas de los pueblos originarios, y sus legítimos derechos respecto a la necesidad
de prorrogar la Ley 26.160 sobre Emergencia Territorial Indígena, que no sólo
ordena efectuar los relevamientos de los territorios indígenas en Argentina
(que apenas llegó al 40% del total), además también los desalojos hasta que no
finalicen dichos relevamientos.
La Ley 26.160 es un
instrumento fundamental para las comunidades indígenas, frena los desalojos a
comunidades indígenas que tradicionalmente habitan en sus territorios
ancestrales y exige el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación
dominial de las tierras; sin esta herramienta las comunidades quedan
desamparadas ya que la norma pierde vigencia el 23 de noviembre próximo.
Están en juego el
futuro de más de 8 millones de hectáreas distribuidas por todo el país, los
intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los indígenas a reclamar
sus tierras y la función que debe cumplir el Estado. Además, saca a la luz la
falta de registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos
naturales de éstos territorios.
Más de 100
comunidades en Misiones
Respecto al caso
Misiones, el legislador expuso las realidades a las que son sometidas muchas
comunidades: "Desde la promulgación de la norma en 2009, sólo el 60% de
las aldeas fueron relevadas y hubo presiones e irregularidades para que las
comunidades firmen relevamientos inexactos, por ello la mayoría de las
comunidades están aún en terrenos privados, sin título de propiedad, emergidos
a un constante hostigamiento a ser desalojados, además de algunas comunidades
que ya sufrieron intento de desalojos violentos donde perdieron recursos
naturales vitales para su cultura ancestral, como es el caso de las comunidades
Kokureì y Chapaì, que aún siguen con hostigamientos y amedrentamiento por parte
del municipio de San Ignacio”, detalló.
Sobre la posición de
los legisladores de la tierra colorada en el tratamiento de este tema,
manifestó que "nos hace daño que dos senadores por Misiones se hayan
negado a acompañar este tema a favor de los pueblos originarios, y nos llama la
atención que estos senadores, sabiendo que en Misiones hay más de 100
comunidades mbya guaraní, hayan votado en contra de la prórroga”, finalizó.
Fuente: Diario
Primera Edición (Posadas-Misiones-Argentina) – 16 de Septiembre de 2.017
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