Uruguay, una de las naciones más audaces
de Latinoamérica en materia de políticas sociales se enfrenta a un desafío
nuevo y viejo a la vez: el problema charrúa.
Tras
casi dos siglos confinados en un imaginario popular delimitado por los relatos
de sus colonizadores, los charrúas reaparecen para saldar cuentas pendientes.
La etnia que sobrevivió a más de 300 años de colonización y a una masacre
planificada se pone de pie para interpelar a un Estado cuyos cimientos reposan
sobre sus ancestros. El movimiento aglutina a cerca de dos mil personas en todo
el país que se identifican como charrúas. Además, los últimos estudios
genéticos realizados desafían la creencia popular de que Uruguay fue
exclusivamente poblado por los “descendientes de los barcos”, principalmente
provenientes de España e Italia.
En
Uruguay, charrúa se conjuga en pasado. Según la historia oficial, los indígenas
se acabaron en 1831. Aquellos valientes sujetos de ojos pequeños, pómulos
pronunciados y cabello negro, hasta hace poco solo permanecían vigentes en
algunas expresiones populares de la cultura rioplatense como la “garra
charrúa”, tan usada en el ámbito deportivo para referirse a aquellos que no se
dan por vencidos y luchan hasta el último aliento. Quizás esta característica es
el combustible que alimenta este resurgimiento, constituyendo un proceso de
etnogénesis.
El
término fue acuñado por Miguel Alberto Bartolomé, antropólogo, profesor e
investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia
de México. Se refiere al proceso de reconfiguración y resurgimiento de
distintas etnias motivado por factores externos. En el caso de los charrúas, la
violenta construcción del Estado Oriental los llevó a mimetizarse y renunciar a
su identidad para pasar desapercibidos y evitar así ser discriminados. La
variación de las condiciones externas, el reconocimiento internacional de las
comunidades indígenas y el orgullo de pertenencia, ha hecho que estos pueblos
reaparezcan, decididos a desenterrar su historia.
Para
Mónica Michelena Díaz, asesora de asuntos indígenas de la Unidad Étnico Racial
del Ministerio de Relaciones Exteriores, su proceso de autodescubrimientocomenzó en 1985, poco después de
culminada la dictadura militar en Uruguay. Una obra de teatro que reproducía la
masacre ocurrida en Salsipuedes despertó su curiosidad.
“Para
nosotros fue una obra muy importante, porque cuestionaba cómo se construyó el
Estado uruguayo”, dice Mónica, quien descubrió a los 19 años que su bisabuelo
era charrúa. Se llenó de preguntas y salió en busca de respuestas. Esta mujer inquieta
de voz suave y discurso firme fundaba en el 2005 el Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA) junto a varios
grupos de descendientes.
El consejo reúne hoy a diez
organizaciones de todo el país y trabaja en varias áreas. Uno de sus
principales objetivos es que el Estado reconozca la existencia de población
indígena en el país y que se ratifique el convenio 169 de la OIT, que regula
materias relacionadas con la costumbre y el derecho de los pueblos indígenas a
mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, así
como su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les
afectan. También trabajan en lograr una mayor auto identificación indígena y
reivindican el uso del término “genocidio” para referirse a la masacre ocurrida
en Salsipuedes. “Nuestros ancestros perdieron la vida en una emboscada
planificada por el Estado”, sentencia Mónica.
Uruguay
y las Guyanas son los únicos países de Latinoamérica que no ratificaron aún el
convenio 169 de la OIT. “En 2015 estaba en Bilbao becada por la ONU. Me enteré
de que el presidente Mujica estaría junto a Almagro (canciller del Uruguay) en
el consulado, así que volví a armar la carpeta con toda la documentación
pidiendo la ratificación del Convenio”, comenta Mónica, quien entregó el pedido
en manos de ambas autoridades. Al volver a Uruguay, se reunieron con el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero la respuesta que les dio el
subsecretario les tomó por sorpresa: “Nos dijo que nos bajáramos 'del caballo’
y que pidiéramos que se ratificaran solo algunos artículos del convenio”,
relata Michelena. Pero la asesora de asuntos indígenas sabe que eso no es posible.
La ratificación es total y no admite reservas. Finalmente, tras el cambio de
gobierno, los actuales delegados del CONACHA hicieron un nuevo intento. Pero el
entonces vicepresidente Raúl Sendic les aseguró que su Ejecutivo no iba a
ratificarlo.
Según
comentó Martín Delgado Cultelli, integrante, directivo del CONACHA, en una
entrevista transmitida en Radio Pedal de
Uruguay, el gobierno uruguayo no ratifica el convenio por dos razones: “Por la
tradición del Estado construido en base a un genocidio caracterizado por la
invisibilización y negación de los pueblos originarios” y por otro lado las
“presiones por parte de las gremiales rurales” con respecto a la “devolución y
demarcación territorial”.
En
cuanto a la autoidentificación racial,
según informes del Instituto Nacional de Estadística, en la Encuesta a Hogares de
1996 se preguntó por primera vez a los entrevistados, a qué raza o grupo étnico
creían pertenecer. El porcentaje de personas que se identificaron como
indígenas fue del 0,4% y trepó al 2,9% en 2006. En el último censo nacional del
2011, el porcentaje ascendió a casi un 5%. Pero fuera del ámbito de las
encuestas, dentro de los tubos de ensayo, los porcentajes crecen a un ritmo
trepidante. Las recientes investigaciones llevadas a cabo por la profesora del
departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad de la República, Mónica Sans, aportan datos
sorprendentes que ponen en jaque la construcción de la identidad nacional.
Sans
y su equipo han estudiado principalmente las secuencias de ADN mitocondrial.
Debido a que las mitocondrias son heredadas únicamente por línea materna, a
través de ellas es posible identificar la ascendencia matrilineal: “A nivel
nacional el porcentaje de ascendencia por línea materna da aproximadamente un
34%, es decir, un tercio de la población. Los porcentajes más altos se
encuentran al norte del país, en el departamento de Tacuarembó o en localidades
como Bella Unión, donde los porcentajes suben a un 64% de ascendencia indígena
aproximadamente”.
Además
aclara que, si bien identificaron la ascendencia indígena, no han categorizado
estos datos según las diferentes etnias que recorrían Uruguay. “Por ahora no
llegamos a diferenciar las etnias. En el caso de Bella Unión hay secuencias (de
ADN) de etnias amazónicas como las guaraní y también de origen pámpido que
estarían relacionadas con etnias como la charrúa”.
Consultada sobre cómo cree que afecta
esto a la identidad nacional, Sans considera que está cambiando y agrega que
estos temas ya los han llevado a las escuelas junto a estudiantes de
antropología. “También se está tratando desde la antropología social, las
colectividades y los diferentes grupos que se están moviendo a nivel
nacional.”, agrega.
Por
su parte, CONACHA también está acercándolo al ámbito educativo a través de la
reciente creación de la primera escuela intercultural charrúa itinerante. El proyecto,
que cuenta con una financiación del Ministerio de Desarrollo
Social, ya tuvo instancias de trabajo en barrios de Montevideo y se
prepara para viajar al interior del país para ampliar su alcance.
Genocidio sí, genocidio no
La
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU
define al genocidio como cualquier acto cometido “con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”,
e incluye acepciones como la matanza de miembros de un grupo, el atentado grave
contra la integridad física o mental de los sujetos, entre otras. Además, a
partir de 1951, se transformó en un delito perseguible por el derecho
internacional.
La etnia que sobrevivió a más de 300
años de colonización y a una masacre planificada interpela a un Estado cuyos
cimientos reposan sobre sus ancestros.
El
pasado 24 de abril se llevó a cabo el Congreso de Ministros abierto, donde una
joven pidió al presidente Tabaré Vázquez que manifiestara su posición frente al
“genocidio” de la población charrúa. El mandatario respondió que comparte la
reivindicación "pero que el de genocidio es un término que hay que
utilizar con mucha justeza, y hay que demostrar que la intención fue destruir a
una raza, a un determinado grupo humano". Y añadió que no tiene una
posición clara de momento pero que su Gobierno estudia el tema con “rigurosidad
científica”. Sin embargo, la polémica expresión sí aparece en el Programa de
Educación Inicial y Primaria como uno de los temas a tratar en el área de
Historia, en quinto grado: Las primeras presidencias. El
genocidio charrúa. La palabra también se pronunció en la cámara de
representantes, cuando la diputada del partido Frente Amplio, Stella Viel,
pidió que se reconociera el genocidio el pasado 16 de julio. Por su parte, la
profesora Mónica Sans se refirió al término con más seguridad: “Sí, yo creo que
fue un genocidio. Hubo una intención clara de matar a determinado grupo
indígena. En este caso podemos hablar de genocidio y etnocidio.”
Mientras
tanto, año a año, varios descendientes se reúnen en Salsipuedes para recordar
los hechos sucedidos. Lo llaman “lugar de reencuentro”. Al tiempo que transitan
el paisaje, reviven en anécdotas a aquellos ancestros de “carácter indomable”
que pagaron con su vida el precio del prejuicio en una cruel emboscada que
quiso, pero no pudo, escribir para siempre el final de una etnia.
P. A.
Nicolás
Soto y Leonardo Rodríguez son los directores del documental El país sin indios. El largometraje está ya en su
última etapa y en espera de una fecha de estreno. Son varios los motivos por
los que abordaron esta temática: “Si bien los charrúas de hoy empiezan a
reivindicar una nueva historia y con ella una serie de derechos expropiados por
el Estado, el asunto indígena en Uruguay es un tema complejo y cargado de
violencia. Durante la investigación entendimos que este tema toca varios puntos
profundos de nuestra identidad e historia, por eso sentimos la necesidad de
plasmarlo en una película. Somos ciudadanos de un Estado que no ha reconocido
el genocidio, y que aún hoy permite que el etnocidio continúe a través de la
negación y el no reconocimiento de esta población. Los uruguayos tenemos mucho
de qué hablar, sobre todo en referencia al racismo, la violencia estructural,
la desigualdad social y el medio ambiente”.
El
documental ha sido declarado de interés por el Ministerio de Educación y
Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores y fue financiado por la
Dirección de Cine y Audiovisual Nacional (ICAU).
Fuente:El
País – 24 de Octubre de 2.017
