Nemonte Nenquimo: «la estrella» waorani que ganó el premio Goldman

Nemonte Nenquimo, una mujer waorani de 35 años, lideró el proceso legal que suspendió la explotación petrolera que amenazaba a su comunidad. Por esa victoria, ha sido reconocida como una de las activistas por los derechos indígenas más importantes del mundo. Su lucha es difícil y su figura divide incluso a activistas y líderes indígenas. Sin embargo, su risa cautiva a todos.

Nenquimo es una de las seis ganadoras del premio Goldman 2020. En septiembre fue reconocida por TIME como una de las 100 personas más influyentes del mundo y el 24 de noviembre, la BBC la incluyó en su lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes en el mundo.

Si la esperanza pudiera reírse, sonaría como la risa de Nemonte Nenquimo. Ya sea a través de la pantalla de un computador o el parlante de un teléfono celular, el fuerte sonido de su carcajada parece una invitación de amistad imposible de ignorar, así como su lucha por la Amazonía. Nemonte Nenquimo, una mujer indígena waorani de 35 años, ha encabezado la protesta de su gente para que el Estado ecuatoriano respete los territorios y los derechos de las nacionalidades indígenas amazónicas.

En 2016 creó la Alianza Ceibo para atender las necesidades de comunidades a’i kofan, siona, siekopai y waorani. En 2019 encabezó la demanda que suspendió el proyecto de explotación petrolera del bloque 22 en la provincia de Pastaza, un foco de biodiversidad, que a la vez es fuente de petróleo. Esa es la defensa territorial a la que se ha avocado Nemonte Nenquimo, nombre melódico como una sonaja. La victoria legal que obtuvo podría sentar un precedente sobre la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana y ha conquistado la atención del mundo entero.

Una lideresa de renombre internacional

A Nemonte Nenquimo acaban de darle el premio Goldman: el mayor reconocimiento ambiental que se entrega a nivel mundial. Antes que ella, lo recibieron personajes como: Alberto Curamil, Luis Jorge Rivera, Berta Cáceres, Ruth Buendía y Francia Márque.

Curamil lo recibió en 2019 por dirigir a su comunidad mapuche en la detención de la construcción de dos proyectos hidroeléctricos en el sagrado río Cautín de Chile. A Márquez le fue entregado en 2018 por organizar a las mujeres afrocolombianas de La Toma y detener la extracción ilegal de oro en sus tierras ancestrales. En 2016, Rivera lo recibió por liderar una campaña para establecer una reserva natural en el Corredor Ecológico Noreste de Puerto Rico. Cáceres fue galardonada en 2015, un año antes de su asesinato, por emprender una campaña que presionó con éxito al mayor constructor de represas del mundo para que se retirara del proyecto de Agua Zarca. Y en 2014, Buendía lo recibió por unir al pueblo Asháninka en una campaña contra las represas a gran escala en Perú.

A Nemonte Nenquimo, cuyo nombre en wao tereo, su lengua materna, significa estrella, y a quien sus amigos más cercanos llaman Nemo, le entregan el Goldman de 2020 por la defensa de su territorio —específicamente por la victoria legal para evitar la explotación de los pozos petroleros en el bloque 22 de la Amazonía ecuatoriana—. “Ese premio no es para mí, es para todos porque solita no hubiera llegado”, dice Nenquimo, moviendo sus ojos inquietos, pintados con semillas de achiote, con un español fluido y a través de una pantalla —símbolo de estos tiempos pandémicos—.

Su esposo, Mitch Anderson, un estadounidense ambientalista y director de la organización Amazon Frontlines, dice que el Goldman es una oportunidad para mostrarle al planeta la lucha de los pueblos indígenas: es la tercera vez que un activista ecuatoriano lo gana. En 1994 lo recibió Luis Macas por dirigir una lucha pacífica por los derechos indígenas y en 2008 lo recibieron Pablo Fajardo y Luis Yanza por liderar, durante décadas, el caso por daños ambientales causados por la operación petrolera de Chevron-Texaco en la Amazonía Norte del Ecuador.

Este reconocimiento ha vuelto a poner a Nemonte Nenquimo en el centro de las páginas de los medios, de los feeds de las redes sociales y de los horarios estelares de los noticieros. Hace unas semanas, el actor Leonardo Di Caprio escribió en la revista Time unos breves párrafos de por qué Nenquimo es una de las 100 personas más influyentes del mundo. En ese entonces, la lideresa indígena dijo que le llamaba la atención que el reconocimiento fuese solo para ella. “Los occidentales son egoístas y siempre reconocen solo a una persona”, dice Nenquimo, mientras deja ver el pequeño espacio entre sus dientes delanteros, por encima de su quijada en punta.

El rostro de una lucha colectiva

Abre sus ojos cafés para decir que la cultura waorani privilegia el colectivismo y ella siente que ni el Goldman, ni la presencia en la prestigiosa lista de Time, se los ha ganado ella sola. “Yo represento a millones de personas indígenas que luchamos por la naturaleza. Si me reconocen a mí, nos están reconociendo a todos”, afirma mientras reconoce lo abrumador que resulta estar en la mirada del planeta entero.

Nemonte Nenquimo asegura que le cansan las cámaras, la atención, los mensajes de WhatsApp y las llamadas. Cuando siente que ya no puede con la presión, se refugia en la naturaleza y se desconecta de todo y de todos. “Me gusta ir a donde hay cascadas. El golpe de la cascada saca el malestar y los malos pensamientos. Me ayuda a aclarar la mente, me fortalece”. Para ella, esa es su terapia: ir a la selva, pensar y respirar.

Nenquimo creció en Nemonpare, una pequeña comunidad waorani donde viven no más de 10 familias grandes, y que está a dos días de caminata de Puyo, la capital de la provincia de Pastaza. Cuando nació, los funcionarios del Registro Civil, arquetipo estatal de la cultura mestiza, no quisieron inscribirla como Nemonte. Su hermano Oswaldo —a quien todos llaman Opi— dice que le pusieron Inés “para complacer a los blancos mestizos. Un nombre de cédula”. Pero en casa siempre fue Nemonte. La tía de su papá le puso ese nombre porque al verla supo que era “como una estrella y quería que llevara su sabiduría y su cultura”, dice Opi. Para él, aunque haya personas que critiquen a su hermana por el nombre de Inés, Nemonte siempre será ‘Nemo’ porque es el espejo de su esencia interior.

En Nemonpare, entre los onkos —casas triangulares de troncos y palmas entretejidas— y las trochas hacia la selva, Nemonte Nenquimo vivió su infancia y adolescencia. Le gustaba sentarse con los abuelos —pikenani en wao— y cantar. “No podía estar quieta”, recuerda entre risas su hermano Oswaldo. Era la tercera de diez hermanos, y la primera mujer de todos ellos. “Fui como una mamá. Aprendí a cuidar y proteger a mis hermanos, a mis animalitos y a la naturaleza”, dice la lideresa indígena.

A los 15 años se escapó. Sin el permiso de sus padres, se fue hasta la capital del país, Quito, para estudiar en una escuela misionera. “Quería aprender español. A esa edad era muy curiosa de saber el mundo occidental”, dice. Pronto se dio cuenta que ese mundo que algún día le llamó la atención no era lo que imaginaba. “El ambiente era triste. Mi corazón era de volver a mi familia”, recuerda con una voz que se pasea entre la culpa y la nostalgia. Tres años después de vivir en Quito, volvió a su casa.

Ahora que asumió su rol como lideresa waorani, Nemonte Nenquimo viaja por todo el mundo: San Francisco, Ginebra, Río de Janeiro, Nueva York. “Yo escuchaba que Nueva York era muy bonito y que los ecuatorianos se iban allá para hacer una vida mejor”, dice del otro lado de la videollamada. “Pero yo no vi nada mejor, la gente ahí no vive bien, no vive tranquila”, asegura. Por eso, siempre vuelve a casa. “Donde sea que me reconozcan como líder o donde sea que me vaya, nada me va a cambiar. Amo quien soy, una mujer waorani”, afirma. Cuando sale a recorrer el mundo para contar su lucha, es como si llevara consigo su casa.

Una constante lucha por la naturaleza

En 2010 se vinculó a un proyecto de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) que buscaba detener el comercio de carne silvestre. En ese entonces, los indígenas waorani cazaban guantas, huanganas, pecarís, y chorongos dentro del Parque Nacional Yasuní para venderlos en el mercado de la comuna Pompeya, al pie del río Napo, al norte de la Amazonía. Las especies se estaban extinguiendo y, además, el comercio de carne silvestre podía ser profundamente problemático: tal como se comprobó con la aparición del COVID-19, la enfermedad causada por un nuevo coronavirus que salió de un mercado de venta de carne silvestre en China.

Ana Puyol, exdirectora de la Fundación EcoCiencia, estuvo involucrada en la iniciativa que planteaba reemplazar la venta de carne silvestre por prácticas sustentables. Así conoció a Nemonte Nenquimo y cuando la recuerda, piensa en su carcajada. “Era como si tuviera la risa muy cerca de ella siempre”, dice Puyol. También recuerda que, aunque los diálogos sobre la carne silvestre eran difíciles, Nenquimo siempre encontraba una forma de transmitir esperanza y alegría.

Como si le hubiera contado una anécdota graciosa, Puyol se ríe cuando le pregunto cuál es su principal recuerdo de Nemonte Nenquimo. “Su risa es increíble, siempre que la pienso me la imagino con su gran sonrisa. Hasta en el día más duro, siempre nos hacía reír”. “Nemonte es una luz”, agrega.

La ganadora del Goldman 2020 recuerda los tiempos del proyecto junto a la AMWAE. Bajo la guía de la lideresa waorani Manuela Ima, las mujeres no solo lograron detener el comercio de carne silvestre sino que crearon un programa para hacer y vender artesanías y chocolates, y así ser más independientes. Nenquimo aprendió mucho de ellas.

Sin embargo, la lideresa produce afectos divididos: muchos waorani no la consideran una mujer waorani de verdad porque su mamá es sápara —otra de las 11 nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana—.

Pero Nenquimo dice que nunca se ha sentido menos waorani. “Yo considero ser mujer wao como mi papá. No sé nada de la cultura de mi mamá. En lo más profundo soy mujer waorani”, asegura con determinación.

En 2013 empezó a trabajar en la construcción de un sistema de agua lluvia limpia para su comunidad y allí conoció a Mitch Anderson, que llevaba dos años trabajando en la Amazonía de Ecuador. Los dos tenían una lucha en común por la dignidad de los pueblos indígenas y trabajaban juntos en proyectos para apoyar a las familias y a los niños. Así, en algún punto —que ninguno de los dos recuerda con exactitud— se enamoraron y se casaron.

Sin embargo, para algunas personas del mundo indígena su relación es problemática. Manuela Ima dice que, en la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana, Nemonte Nenquimo nunca podrá ser lideresa porque “para serlo tendría que estar casada con un wao y no lo está”. Alicia Cahuiya, otra lideresa waorani, dice que muchos en su comunidad no están de acuerdo con que una lideresa waorani esté con un “gringo”.

“Mi pareja respeta mi cultura y mis decisiones. Es alguien que tiene mucho respeto, mucho valor, y siempre está conmigo trabajando para proteger el territorio waorani”, asegura Nenquimo. Oswaldo, su hermano, se ríe y recuerda que cuando lo conocieron, pensaron:“¿Gringo aprenderá a vivir en la selva?”. Para responder esa pregunta lo llevaron a cazar con un machete y una escopeta. Regresaron 15 horas después con varios animales y Anderson les demostró por qué ‘Nemo’ se había enamorado de él —era diferente—.

En mayo de 2015, nació Daime Omere Anderson Nenquimo, la hija de la pareja. Daime significa arco iris en wao tereo. Su llegada se convirtió en otra razón para que su madre insistiera en la protección de su territorio y su cultura. Quiere dejarles a sus hijos un ambiente sano, agua limpia, aire puro, y una selva como en la que ella creció: “sin petroleras y sin contaminación”.

Una victoria “histórica”

Mientras construían los sistemas de agua lluvia, en 2013, Nemonte Nenquimo y otros líderes de los pueblos a’i kofan, siona, siekopai y waorani notaron que compartían muchas cosas —resistencias, luchas y visiones—, y que juntos podían hacer más. En 2016 crearon la Alianza Ceibo, una organización que trabaja por la selva, la cultura y el bienestar de las cuatro nacionalidades indígenas. Un proyecto que también les ha traído reconocimientos y alegrías.

En junio de 2020, la alianza ganó el Premio Ecuatorial, un reconocimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que premia iniciativas innovadoras para proteger la biodiversidad y enfrentar el cambio climático. Aunque Nemonte Nenquimo lideró Alianza Ceibo hasta 2018, ese trabajo marcó el inicio de su camino como la reconocida defensora del ambiente y los pueblos indígenas que es hoy.

Cuando terminó su periodo dirigiendo la alianza, Nenquimo viajó desde Puyo hasta Nemonpare para visitar a su mamá. Allí, en una asamblea donde todos los candidatos eran hombres, la joven indígena se convirtió en la primera presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Pastaza (Conconawep).

Desde ese puesto comenzó su lucha más importante, la cual había sido iniciada por la comunidad en 2012. En ese año, un grupo de técnicos de la entonces Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador hizo una supuesta consulta  sobre la explotación del bloque petrolero 22, que ocupa unas 200 mil hectáreas en la Amazonía ecuatoriana —cerca de la mitad de la extensión de Quito—, y es uno de los 13 proyectos de la llamada “Ronda Suroriente” que el gobierno ecuatoriano planeaba licitar a empresas nacionales e internacionales.

Según Gilberto Nenquimo, líder de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), la consulta de 2012 “fue una trampa”. El líder asegura que gente del gobierno llegó en helicópteros a varias comunidades waorani, les regalaron botellas de Coca-Cola y alimentos enlatados, y les dijeron que firmaran un papel que decía que el gobierno iba a trabajar para proteger la Amazonía. Los waorani firmaron, pero no sabían que el gobierno utilizó las firmas para decir que los indígenas estaban de acuerdo con la explotación petrolera.

Siete años después de la supuesta consulta, en 2019, Nemonte Nenquimo encabezó la acción legal contra el Estado ecuatoriano por ese “engaño”. La demanda decía que el Estado violentó el derecho del pueblo waorani de Pastaza a la consulta previa, libre e informada sobre el plan de explotación del bloque 22. Según la Constitución, antes de siquiera explorar la presencia de recursos no renovables en territorios indígenas, se debe hacer una consulta obligatoria y oportuna. Si la comunidad no da su consentimiento, no se puede explotar ese territorio.

María Espinosa, una de las abogadas que apoyó el proceso legal, cuenta que preparar la demanda tomó dos años y recuerda un día en la casa de Nemonte Nenquimo en Nemonpare. “Estábamos ahí todos hablando con varias mujeres wao sobre el territorio y el valor que tiene para ellas y entonces Nemonte empezó a cantar”, dice Espinosa en una llamada telefónica. “Nos transmitió algo que sentí como un mensaje poderoso”, dice la abogada. En ese momento Espinosa supo que estaban yendo por buen camino y tenían que seguir adelante.

Andrés Tapia, comunicador de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), recuerda a Nemonte Nenquimo con su hija siempre al lado. “Iba con ella a las marchas, a las asambleas y a las audiencias”, dice Tapia. Para Nenquimo, tener una hija pequeña nunca ha sido un impedimento para luchar. Al contrario, va con ella a todas partes porque quiere que “aprenda sobre su cultura y su lucha”. Mientras hablo con Mitch Anderson vía Zoom, Daime de cinco años, vestida de princesa, se acerca tímida a la pantalla y me saluda en inglés. Me cuenta que extraña a su mamá y dice: “I want to be like her” (quiero ser como ella).

Julio de 2019 fue el mes de la dicha waorani. La Corte Provincial de Pastaza determinó que la supuesta consulta de 2012 hecha a las comunidades no cumplió con estándares nacionales e internacionales. La decisión no solo protegió a las 200 mil hectáreas del bloque 22 sino también a las más de 4 millones de hectáreas de selva que se querían subastar con el proyecto Ronda Suroriente. Carlos Mazabanda dice que la victoria marcó un precedente para que todos los pueblos y nacionalidades indígenas del país puedan exigir que se respeten sus territorios y sus vidas.

Cuando Nemonte Nenquimo piensa en la decisión de los jueces, simplemente sonríe.

Foto: Jerónimo Zúñiga, Amazon Frontlines.

Fuente: Mongabay - 30 de Noviembre de 2020.

Escrito por Doménica Montaño

*Este artículo es una alianza periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.

https://es.mongabay.com/2020/11/nemonte-nenquimo-gana-premio-goldman-indigenas-waorani-ecuador/

Gran Chaco Argentino 2030: el desafío de salvar a la región que más se está deforestando

El último 29 de julio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó un informe que grafica el impacto de la deforestación en Argentina. El estudio indica que en las últimas dos décadas —entre 1998 y 2018— se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos. Dicho en otros términos, la superficie de lo deforestado equivale a 320 veces la ciudad de Buenos Aires.

por Oscar Bermeo Ocaña

En este triste escenario, el bosque chaqueño es el actor principal ya que concentra el 87 % de las pérdidas. Los bosques de las provincias que lo conforman —Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa— fueron los más afectados por el avance de la frontera agropecuaria.

Estas cifras le dan carácter oficial a una crisis que se evidencia hace mucho en el territorio. En octubre, 55 organizaciones de la sociedad civil argentina se unieron para lanzar el Compromiso Gran Chaco Argentino 2030. La iniciativa busca involucrar a la ciudadanía, Estado y el sector privado para detener la degradación del Gran Chaco, la segunda ecorregión boscosa más extensa de América.

Las experiencias de cada colectivo firmante devinieron en una declaratoria que expresa la necesidad de cambiar el modelo de explotación económica. Dentro de las demandas, se puso foco en el cumplimiento de la Ley 26331 de Bosques Nativos (2007), una herramienta ambiental clave que regula los usos de suelo y promueve la conservación, pero cuya ejecución dista mucho de lo ideal. De hecho, según el informe del Ministerio, aún después de la promulgación se deforestaron 2,8 millones de hectáreas de bosque.

El estudio señala que si bien la ley en sus primeros años generó una tendencia a la baja en la tasa de deforestación (de 0,94 % en 2007 a 0,34 % en 2015), desde 2016 la curva va hacia arriba, llegando en 2018 a tener una tasa de 0,42 % (180 mil hectáreas).

Hasta finales del año pasado, se sumaron nuevas firmas a la causa grupal. Es así quehoy 108 organizaciones suscriben el Compromiso. Colectivos que van desde fundaciones, instituciones científicas, académicas y ONG.

Sin embargo, la expansión de la pandemia del Covid-19 frenó nuevos avances. “Las medidas de cuarentena no permitieron el contacto fluido entre los actores. Algunos de los involucrados tuvimos reuniones virtuales de manera informal, por fuera del marco del pacto. Fue difícil darle continuidad a los pasos que nos propusimos”, comenta el biólogo Cristian Schneider, miembro de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA), una de las primeras agrupaciones unidas al Compromiso.

Después de analizar la problemática ambiental y establecer las líneas de acción, había que construir la agenda ambiental convocando a las autoridades gubernamentales y productores. “La pandemia ralentizó ese proceso”, subraya Schneider.

Lo más duro es asumir que la actividad extractiva en el Gran Chaco no se detuvo. Para el biólogo, la deforestación y quemas de pastizales detectados en los meses de pandemia son muestras de una crisis continua. “Las decisiones políticas y empresariales le vienen dando la espalda a los ejes del Compromiso. Es muy desalentador y desesperanzador que la agenda ambiental siga siendo lo último”, anota. Gabriel Seghezzo de Fundapaz, organización que trabaja en el acceso a tierras con comunidades locales del bosque chaqueño, considera que el Compromiso es “una oportunidad para generar las condiciones de acuerdo básicos de cómo va desarrollarse la actividad económica en la región”.

En la misma línea que Schneider, espera retomar pronto las coordinaciones con otros aliados, detenidas hoy por las medidas de control sanitario. Aunque no oculta su preocupación por el futuro inmediato. “Si analizamos el plan agroalimentario de Nación, vemos que es muy probable que en la postpandemia, se promueva la deforestación del Chaco para generar divisas al país. Habrá un aumento de la conflictividad”, apunta.

La pérdida de bosque continúa

El último monitoreo satelital de Greenpeace indica que, a pesar de la cuarentena, la tala en el bosque chaqueño durante la primera mitad del año superaron a los del mismo periodo de 2019. El mapeo comprendió las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. En ellas, señala Greenpeace, se arrasaron cerca de 39 mil hectáreas de bosques nativos, unas 2 mil hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.

“La cuarentena complicó las tareas de control ciudadano. Para las agrupaciones ambientalistas es imposible ir al campo. El acceso a la información es complicado debido a que las tareas administrativas no funcionan igual. Fue difícil saber si los desmontes [deforestación] que se presentaban eran viejos o nuevos”, menciona Riccardo Tiddi, físico italiano radicado en el Gran Chaco y miembro activo del colectivo Somos Monte.

Sin embargo, conservó el contacto fluido con actores locales, quienes expresaron su preocupación por la continuación de las tareas productivas, ya que podrían expandir la pandemia del Covid-19 en la región.

Los rectángulos amarillos marcan exactamente las “picadas” abiertas en la finca La Fidelidad en marzo de este año, durante la cuarentena por el Covid-19. Imagen: Greenpeace Argentina.

El director de Bosques de la provincia del Chaco, Emanuel Carrocino, plantea una lectura focalizada. Asegura que, si bien aún no está listo el informe oficial, guiándose por el estudio de Greenpeace, la situación sería menos grave en su jurisdicción. “El año pasado en la provincia estábamos con unas 10 mil hectáreas deforestadas en los primeros seis meses. Greenpeace habla ahora que sólo en Chaco hay alrededor de 6000. Eso indicaría una reducción importante”.

El funcionario señala que durante la cuarentena la Provincia no autorizó nuevos cambios de uso de suelo. “Continuaron desmontes autorizados que estaban aprobados de antemano. Eso sí, recién pudieron entrar sus topadoras a mediados de mayo. Los dos primeros meses de cuarentena no estaba habilitado. Aparte, tenemos los desmontes ilegales, a los cuales tratamos de llegar lo antes posible para sancionar”.

Desde que arrancó la cuarentena en Argentina, el 20 de marzo, el Departamento de Geo Información de la Provincia de Chaco detectó 189 cambios de cobertura boscosa, que hacen una superficie total de 3317 hectáreas en la provincia. A partir de estos avisos, la Dirección de Bosques generó 158 expedientes por infracción al régimen forestal. En algunos casos, las intervenciones terminaron con los secuestros de topadoras.

Carrocino coincide en que es necesario fortalecer la campaña por la conservación del bosque.

Hecha la ley, ¿hecha la trampa?

El cumplimiento de la Ley de Bosques, promulgada en 2007, es una de las principales banderas del Compromiso. En esa línea, la Fundación Vida Silvestre —ONG que impulsó el proyecto— y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron en junio un diagnóstico que identifica los problemas surgidos en estos 13 años para su correcta implementación.

“Acercamos el informe a cinco provincias que conforman el Gran Chaco (Santiago del Estero, Salta, Formosa, Tucumán y Chaco). A Diputados y Senadores también. Tratamos de encontrar puntos de agenda en común para mejorar la ejecución de la ley”, refiere Daniela Gomel, coordinadora de Políticas Públicas y Gobernanza de la Fundación Vida Silvestre.

La diputada jujeña del Frente de Izquierda, Natalia Morales, reconoce los lineamientos del Compromiso, pero advierte que será un desafío moverlo en el terreno político. “Desde nuestra bancada, a nivel nacional, estamos planteando la necesidad de la Ley de Humedales. Pero, muchas veces lo planteado en leyes, como la 26331, o propuestas de organizaciones civiles, son difíciles de ejecutar porque implica ir en contra de sectores empresariales que están vinculados al poder político de turno”, refiere.

En el estudio de Vida Silvestre y FARN, las primeras limitantes que saltan a la vista son las fallas en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y la desfinanciación sistemática de la Ley.

Según la norma, las provincias son las encargadas de dividir las áreas boscosas en zonas roja, amarillo y verde de acuerdo al uso de suelo permitido. A través de estudios técnicos y audiencias públicas, cada jurisdicción debe determinar cuáles son las áreas de bajo valor de conservación que podrían ser despejadas para usos productivos, cuáles pueden usarse de forma sustentable y cuáles no se pueden tocar. Dada la cambiante realidad del ecosistema, la Ley establece que estos ordenamientos sean actualizados cada cinco años. Sin embargo, esto no se ha cumplido en todas las provincias.

Chaco lleva diez años sin que se actualice el OTBN. Tiddi considera que el debilitamiento de la cobertura boscosa acumulado durante esta década debe ser considerado antes de categorizar un territorio. “Por el avance de la deforestación, los campos que antes quizás no eran tan importantes, hoy sí lo son y no se deben desmontar”.

Es por ello que los ambientalistas consideran que debe garantizarse la no regresión de un territorio con cierto nivel de protección a una categoría más baja. “A través de lobby y artilugios legales, los productores lograron recategorizaciones prediales. En toda la zona del bosque chaqueño entre el 2013 y el 2018 se dieron 53 permisos reconvertidos de zona amarilla a verde”, refiere Tiddi, representante de la agrupación Somos Monte.

En similar tono, desde Fundación Vida Silvestre y FARN señalan que algunas jurisdicciones facilitaron las recategorizaciones prediales, incluso con formularios web sin mayores requerimientos ni verificación en territorio.

La topadora sostiene aún sobre la pala el centenario algarrobo que acaba de voltear. La imagen es de enero de este año, en el oeste del Chaco. Foto: Greenpeace Argentina.

Este punto fue abordado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié en una entrevista con el portal Red/Acción en mayo. El funcionario expresó su intención en modificar la norma, ya que con la figura actual (con áreas verdes) “podría decirse que la Ley de Bosques está avalando la deforestación”.

El sábado 25 de julio reiteró su intención. Cabandié destacó que la provincia de Salta inicie 36 sumarios administrativos por cambios de uso de suelo ilegales y señaló que “necesitamos modificar la Ley de Bosques y avanzar en una política federal para su protección, manejo y conservación”. En esa línea, el Ministerio de Ambiente planea enviar al Congreso un proyecto de ley que modifique la Ley 26331 de Bosques nativos.

Para la diputada Natalia Morales, estas declaraciones de Cabandié deben materializarse en acciones. “Son intenciones, pero aún no hay nada garantizando. Es también responsabilidad del ministerio que se haya desmontado miles de hectáreas en cuarentena”, precisa.

La diputada chaqueña Gladis Cristaldo sigue también con atención las declaraciones de Cabandié, pero advierte la necesidad de otros cambios urgentes. En ese sentido, espera que en la Cámara Provincial de Chaco se debata pronto una reforma que transfiera las funciones de control y fiscalización del sector Producción hacia el de Ambiente. “El tema de la competencia del control es importante. Las tareas de fiscalización de los desmontes tienen que tener una mirada de conservación de los bosques. Actualmente, están en el sector Producción y no tiene esa mirada”, refiere.

Para conocer las revisiones a la Ley de Bosques, Mongabay Latam se comunicó con el Ministerio de Ambiente para conversar con algún vocero, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos acceso a una entrevista.

Recursos insuficientes

Desde la Dirección de Bosques del Chaco aseguran que vienen trabajando las áreas de Desarrollo Forestal, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Ambiente para una pronta actualización del Ordenamiento Territorial tantos años postergado. “Se está trabajando en un nuevo proceso participativo, que saldrá en un tiempo. No sé si para este año, por las condiciones actuales, pero para principios del 2021 esperamos tener el Ordenamiento ya aprobado”, refiere Carrocino.

Respecto a las intenciones de Cabandié, el director de Bosques del Chaco considera que no es urgente una modificación general de la ley actual. Centra su preocupación en la dotación de mayores recursos económicos. “La Ley de Bosques es una herramienta que trajo muchos avances a la lucha contra la deforestación. Por supuesto que siguió la deforestación, pero no creo que haya que cambiarla, hay que mejorar aspectos fundamentales como el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”, indica.

En el diagnóstico referido antes, la Fundación Vida Silvestre y FARN encontraron que la financiación de la ley ha sido una barrera permanente para su implementación. Según la norma, el 0,3 % del Presupuesto Nacional debe destinarse a su ejecución. En sus 13 años esto nunca sucedió. Ni por asomo. Como refiere el estudio, desde la creación de la ley, no se registra un periodo donde haya superado el 10 % de lo acordado. Para este año, los fondos asignados suponen menos del 5 % del presupuesto que la norma establece.

Troncos de quebracho colorado y algarrobo se amontonan en una zona destinada a la actividad a la actividad agrícola. Foto: Fundación Vida Silvestre – @YawarFilms

Este fondo otorga recursos tanto a los propietarios de los bosques nativos para compensarlos en caso de que no realicen la actividad agropecuaria, y les da también los recursos a las provincias para pelear contra la deforestación. “Actualmente en Chaco, y en otras provincias de la región, el presupuesto no sirve para cubrir estas tareas”, refiere Carrocino.

En el citado informe se destaca que, si bien con la Ley de Bosques se dio una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, los niveles de control ylas sanciones de las autoridades competentes son insuficientes. En 2018, el 50 % de la deforestación fue en zonas rojas o amarillas. Esto grafica que una parte significativa de la pérdida de bosques nativos responde a prácticas ilegales.

La pandemia del Covid-19 alteró la dinámica y los planes de trabajo de las organizaciones ambientales firmantes del Compromiso Gran Chaco 2030. Con pocas posibilidades de actuar en los territorios —hacer visitas de estudio, trabajos de campo y capacitaciones— y las dependencias administrativas estatales ralentizados, los activistas avizoran futuros inmediatos complejos para la conservación del ecosistema. “Aquella matriz productiva que impacta en el bosque y tuvo cierto detenimiento por la cuarentena, no va a querer tener más pérdidas, van a intensificar sus actividades”, dice Schneider de Codebona.

Habitante de pequeñas cuevas, el conejo de los palos o mara del Chaco (Dolichotis salinicola) es uno de los roedores más abundantes de la zona. Foto: Parques Nacionales.

Daniela Gomel, de la Fundación Vida Silvestre, apunta que “hay anuncios sobre exportaciones de commodities, que van desde la soja, también de la parte ganadera. Los indicios de intensificar la producción están”.

Precisamente, son las inquietudes sobre la reactivación económica las que hoy dominan la discusión pública. Mientras el gobierno argentino se reúne con empresarios y sindicalistas, avanza en la creación de un Consejo Económico y Social.

¿Cómo incluir el enfoque ambiental en el plan postpandemia?  “Hemos notificado al ministro del sector (Ambiente y Desarrollo Sostenible) la necesidad de incorporar el enfoque ambiental. Una mirada que incluya la conservación de los bosques y el manejo para una vida sostenible. Sin incorporar esta dimensión, tendremos una solución de muy corto plazo. Estaremos hipotecando nuestro futuro”, anota Gomel.

Imagen principal: Greeenpeace recorrió por aire El Impenetrable chaqueño y detectó siete topadoras deforestando en seis fincas. La organización ecologista advirtió que la deforestación acelera el cambio climático y aumenta el riesgo de inundaciones. 

Foto: Greeenpeace.

Fuentes: Blog del Proyecto Lemu-Mongabay

https://es.mongabay.com/2020/08/compromiso-gran-chaco-argentino-2030-desmontes-argentina/?mc_cid=f55110c138&mc_eid=38c894ac05

América Latina: La región con más asesinatos de defensores ambientales en el 2018

Mujeres de la frontera de Yulchen, de la Resistencia Pacífica Ixquisis, se enfrentan a un proyecto hidroeléctrico. Foto: Global Witness / James Rodriguez.

Por Mongabay Latam - Por Yvette Sierra Praeli - 30 de Julio de 2019

En el mundo se cometieron 164 crímenes contra quienes defienden el medio ambiente y 83 de ellos, poco más de la mitad, ocurrieron en Latinoamérica. Colombia es el país de mayor riesgo en la región con 24 asesinatos y lo siguen Brasil con 20, Guatemala con 16 y México con 14.

Quienes defienden la tierra son amenazados y su compromiso por proteger ríos, bosques y otros recursos naturales se ha convertido en un peligro latente para sus vidas. Los asesinatos y amenazas se dan en todo el mundo, aunque en Latinoamérica se han presentado más de la mitad de los crímenes registrados durante el 2018, según el último informe de Global Witness.

Bajo el título ¿Enemigos de Estado?, esta organización internacional presenta un reporte de alrededor de 60 páginas que revela el asesinato de 164 defensores ambientales el año pasado en el mundo, una cantidad que evidencia que por lo menos tres personas perdieron la vida cada semana.

América Latina, una vez más, se ubica como la región con mayor número de ambientalistas asesinados en el mundo. Los crímenes a los defensores de la tierra en el continente sumaron 83 durante el 2018.

“Desde que documentamos los asesinatos a los defensores ambientales de Latinoamérica ha sido siempre la región más peligrosa”, dice Ben Leather, responsable de las campañas de Global Witness, organización que desde el 2012 le da seguimiento a esta situación en el planeta

En cuanto a las causas detrás de estos asesinatos, los conflictos asociados a la minería siguen ocupando el primer lugar. La agroindustria es la siguiente en la lista, mientras que la defensa de las fuentes de agua se ubica en el tercer lugar con 17 víctimas, 13 más de las registradas en el 2017.

Los crímenes en Latinoamérica

Este año dos países Latinoamericanos han generado especial preocupación por la situación que enfrentan sus líderes ambientales. El primero de ellos es Colombia, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial —detrás de Filipinas (30 asesinatos)— con 24 crímenes registrados.

Según el reporte de Global Witness, los conflictos por la tierra y la minería aurífera en el Cauca —ubicado en el suroccidente de Colombia— se han intensificado en los últimos años debido al ingreso de paramilitares y bandas criminales a territorios que, antes de la firma del Acuerdo de Paz, eran ocupados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Los defensores ambientales en Colombia estamos tocando intereses que ningún otro sector está tocando, por eso tenemos un mayor riesgo, porque enfrentamos sectores con mucho poder económico”, señala Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA), organización que defiende los territorios y las comunidades afectadas por la construcción de represas y proyectos mineros en Colombia.

Para Zuleta, actualmente existe una mayor arremetida contra los territorios, contra la biodiversidad y contra los bienes de la naturaleza. “Quienes enfrentamos esos megaproyectos no tenemos otra opción sino resistir, porque lo contrario es perecer por contaminación, por desplazamiento o por lo que estamos sufriendo ante el riesgo permanente del colapso de la presa”, agrega la activista colombiana que ha liderado la lucha contra la construcción de la represa Hidroituango, que causó una crisis ambiental durante el 2018.

Guatemala es otro de los países latinoamericanos que ha despertado las alertas porque la cantidad de asesinatos por cuestiones ambientales se quintuplicó el último año en relación con el anterior. Los crímenes aumentaron de 3 en 2017 a 16 durante el año pasado.

En la relación también figura Brasil con 20 víctimas, México con 14, Honduras con 4, Venezuela con 3 y Chile con 2 personas asesinadas por temas ambientales.

Por primera vez Brasil dejó el primer lugar en la lista desde que Global Witness comenzó a documentar estos hechos en el 2012. Según el reporte, la disminución tiene relación con un descenso general en las tasas de homicidios en el país. En Brasil los problemas de disputas por la tierra y la agricultura son los que cobran más víctimas. En el Estado de Pará ocho personas perdieron la vida por estas causas en el 2018.

En México, el activismo por proteger la tierra y el medio ambiente se ha vuelto cada vez más peligroso. Fueron 14 personas asesinadas en el 2018, solo una persona menos que el año anterior.

El asesinato del activista ambiental Julián Carrillo, en octubre del año pasado, refleja lo que está sucediendo en este país. Carrillo había recibido múltiples amenazas de muerte por la defensa de su territorio. Sus reclamos iban contra la explotación minera en la Sierra Tarahumara, en el Estado de Chihuahua. El activista había sobrevivido al asesinato de cinco miembros de su familia y el incendio de su casa hasta que las balas lo alcanzaron. Este caso formó parte de las historias narradas en Tierras de Resistentes, especial regional publicado este año en el que participó Mongabay Latam junto a más de 30 periodistas de 7 países de la región.

“Nuestras estadísticas solo representan la punta del iceberg” dice Leather de Global Witness. Para el director de campañas, las razones del alto índice de criminalidad en Latinoamérica son la impunidad y la corrupción que afecta a la región. Sin embargo destaca el fuerte activismo de los defensores ambientales a pesar del gran peligro que enfrentan.

A Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, le preocupan países como Colombia y Guatemala, este último por el aumento de las muertes. En su lista también están Brasil, Filipinas y México. “Hay muchos dueños de plantaciones que quieren apropiarse de más tierras. Otra razón de por qué aumentan las muertes es el incremento de los paramilitares y la seguridad privada en las compañías”, comenta.

Global Witness ha logrado vincular a las fuerzas del orden de los países con 40 de los 164 asesinatos. Además de los sicarios, bandas criminales y terratenientes que también aparecen como presuntos agresores en 40 muertes.

El panorama del peligro

El aumento de los crímenes ambientales en Guatemala ha alarmado a la comunidad internacional por el incremento exponencial que se ha presentado entre el 2017 y 2018. Considerando la cantidad de muertes per cápita, la cifra convierte al país centroamericano en el más peligroso del 2018, indica el reporte..

Uno de estos casos fue del defensor de la tierra Luis Arturo Marroquín, a quien mataron a tiros en mayo de 2018. Marroquín era miembro del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), dedicado a promover los derechos a la tierra y el desarrollo rural. Otros cuatro miembros de esta organización también han sido asesinados durante el 2018, señala el informe.

Otro caso ocurrió en diciembre del 2018, cuando los cuerpos de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro fueron encontrados a orillas del río Yalwitz con balas en la cabeza. Ambos se oponían a un proyecto hidroeléctrico.

Los hermanos Esteban Pedro no han sido las únicas víctimas de esta oposición al proyecto hidroeléctrico. El movimiento indígena al que pertenecían, Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, ha sido blanco de hostigamiento y ataques debido a las protestas que lideran contra la contrucción de las presas. En octubre de 2018, cientos de policías armados atacaron a miembros de la comunidad durante una manifestación con un saldo de seis personas heridas.

“Cada vez se incrementa más el riesgo para personas que defienden su territorio y el medio ambiente. El peligro aumenta porque hay capitales económicos e intereses políticos detrás de las iniciativas que se imponen en los territorios”, dice Joaquín Raymundo Gonzáles, representante del equipo de Protección Internacional Mesoamérica, organización que apoya a los defensores de los derechos humanos en Guatemala.Cheryl Cagaanan y cientos de familias de la comunidad de Manobo-Higaonon fueron desplazadas luego de que un tribunal diera la razón a una empresa para ocupar 307 hectáreas de sus tierras. Foto: Jeoffrey Maitem / Global Witness

Raymundo también se refiere a la criminalización de los defensores ambientales. “El hostigamiento va en fases: la primera etapa es la difamación y estigmatización. En redes sociales se crean perfiles falsos y califican de terroristas a quienes se oponen a los proyectos”.

Esta estigmatización deja una marca –dice Joaquín Raymundo– para crear en la opinión pública rechazo y menosprecio sobre quienes ejercen la protección de su territorio. “Eso se convierte en criminalización porque es más fácil acusar de un delito judicial a una persona difamada”.

Las masacres también han marcado este 2018. Dos casos de asesinatos masivos ocurrieron en Filipinas e India , las naciones que ocupan el primer y tercer lugar en la lista de países con mayor cantidad de ambientalistas asesinados.

Con 23 casos registrados por Global Witness, India está entre los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales.

En este país, 13 personas fueron asesinadas y decenas resultaron heridas durante una masacre mientras se llevaba a cabo una protesta por los impactos de una mina de cobre en Tamil Nadu. La violencia se desató cuando la Policía disparó contra los manifestantes que reclamaban por la instalación de una planta de fundición de cobre que estaría contaminando el aire y amenazando a la industria pesquera local.

Una segunda masacre ocurrió en la isla filipina de Negros, donde hombres armados mataron a nueve agricultores de caña de azúcar y quemaron sus tiendas. El hecho ocurrió en octubre de 2018, durante una disputa de tierras, y acabó con la vida de este grupo de personas entre las que se encontraban mujeres y niños. Además, el abogado que representaba a las familias de las víctimas, Benjamín Ramos, también fue asesinado a tiros por sicarios días después.

Amenazas a los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas padecen la violencia por la apropiación de sus territorios y de los recursos naturales que se encuentran en ellos. En los países Latinoamericanos; en Asia, como se refleja en Filipinas; así como en naciones africanas como Camerún, las comunidades indígenas se ven forzadas a abandonar sus territorios presionados por grandes corporaciones con conexiones globales.

Para Tauli-Corpuz de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas están en la primera línea de vulnerabilidad. “Sus tierras quieren ser tomadas por las corporaciones dedicadas a los agronegocios o por las industrias extractivas, porque aún mantienen los recursos. Son los que más sufren en términos de asesinatos y criminalización”.

Leather, de Global Witness, coincide con Tauli-Corpuz sobre las presiones que avanzan en territorios indígenas. “Los pueblos indígenas viven en bosques con recursos y áreas protegidas donde históricamente han resguardado sus tierras en contra de los peores abusos, la discriminación y la marginación. Eso los hace más vulnerables”.

El problema de la criminalización

Este año, por primera vez, Global Witness ha documentado el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades que representan.

Según el informe, “esta táctica puede utilizarse para mancillar la reputación, interrumpir el financiamiento y acorralar a los activistas en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras”.

El documento precisa también que la criminalización «está creciendo y los activistas son arrestados, internados en prisiones y se reducen sus posibilidades de continuar con el activismo. Es un fenómeno global que está sucediendo en todo el planeta”, dice Leather.

El informe presenta casos en países tan diversos como Filipinas, Guatemala, Estados Unidos y el Reino Unido. En este último país, por ejemplo, en septiembre de 2018, Simon ‘Roscoe’ Blevins, Richard Roberts y Rich Loizou fueron condenados a prisión por haber protestado contra una empresa de energía que utiliza el fracking o fractura hidráulica para extraer gas natural. Los llamados ‘Tres del fracking’ fueron liberados un mes después, pero aún luchan para que su condena sea revertida y evitar que quede como precedente.

“Hemos puesto el foco en este problema global porque afecta los derechos de la tierra, el medio ambiente y el activismo en el mercado global”, dice Leather.

En Filipinas, un proceso que lleva más de diez años enfrenta a un pueblo indígena y una empresa por irregularidades en la concesión de la tierra. Los miembros de la comunidad han sido víctimas de amenazas y, en marzo de 2015, tres de ellos fueron encarcelados después de ser acusados de forzar la entrada a la hacienda del empresario. Actualmente se encuentran en libertad bajo fianza y en espera de juicio.

En Camerún, Musa Usman Ndamba fue sentenciado a seis meses de prisión y al pago de una multa de 850 dólares por una presunta declaración difamatoria. Ndamba encabeza una organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas y trabaja para exponer la corrupción en la adquisición de tierras.

“Tenemos que hacer mas esfuerzos para prevenir la impunidad en contra de los crímenes ambientales. Los Estados tienen que proteger a todos sus ciudadanos. Pero también el sector privado tiene que dejar de promover la criminalización”, puntualiza Tauli-Corpuz, de las Naciones Unidas.

La fiebre del litio amenaza los salares de Bolivia, Chile y Argentina

Concentrado en cantidades ingentes en la salmuera de los salares de Bolivia, Chile y Argentina, el litio se ha convertido en la gran estrella de la megaminería mundial.

La explotación masiva amenaza con transformar definitivamente parajes desérticos donde las lluvias no superan los 200 mm anuales. La escasez de agua se presenta entonces como uno de los principales problemas ambientales que destacan los expertos.

En idioma aymara, qollpa significa sal. De ese vocablo deriva Coipasa, el nombre que recibe el segundo salar más grande de Bolivia y el quinto del mundo en extensión. Los 2218 kilómetros cuadrados de Coipasa se sitúan en el Departamento de Oruro, a 3680 metros sobre el nivel del mar. Una inmensa planicie de color blanco recortada por surcos que se asemeja a un gigantesco panal de abejas. Los salares, esas formaciones extrañas, inhóspitas, distantes y alejadas de cualquier centro urbano, tienden a parecerse entre sí.

Coipasa, sin embargo, encierra una sorpresa. Rodea por completo a un lago con el que comparte el mismo nombre. Así, en medio de la sábana blanca un espejo gigante refleja el color del firmamento. Es una fotografía bellísima, pero también vale como metáfora de un conflicto que atraviesa desde hace un tiempo el Altiplano de Bolivia, Chile y Argentina. El espacio es conocido hoy como el “Triángulo del Litio”, un mineral que es componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares y otros artilugios, y que despierta hoy la codicia de empresas de todo el planeta.

La sal y el agua se convierten así en protagonistas de una batalla impensada detrás de la cual subyace la amenaza de que la explotación exagerada de la primera termine por agotar la existencia de la segunda, ya de por sí escasa en un entorno desértico y de extrema fragilidad ecológica.

Milenarios habitantes de las alturas, los aymaras, kollas, atacameños, humahuacos y demás grupos étnicos han sabido desde siempre cultivar y extraer de la costra salina las cantidades necesarias del producto blanco sin alterar el equilibrio ambiental. La explotación de la sal en estos parajes es, junto al cultivo de la quinua y la cría de llamas, vicuñas, alpacas y cabras, un trabajo ancestral para esas comunidades. Pero la transformación del paisaje ya se ha hecho evidente. La bióloga Patricia Marconi, coordinadora del Grupo de Conservación del Flamenco Altoandino, describe de manera categórica una situación que, si nada la remedia, marcará un antes y un después en esos parajes donde ni siquiera respirar es tarea sencilla: “Estamos viviendo una Fiebre del Oro donde todo está permitido”.

La ‘piqueta’ quedó atrás, ha llegado la megaminería

Hasta hace relativamente poco tiempo, el litio se utilizaba en dosis mínimas en industrias como la del vidrio, el acero, la óptica o la aeronáutica. También en medicina como antidepresivo. Pero desde que sus propiedades lo convirtieron en material indispensable para las baterías acumuladoras de energía, el interés en este mineral inestable y poco conocido cambió radicalmente.

El auge universal de la telefonía celular y otros aparatos electrónicos semejantes, y el incalculable margen de expansión debido a la decidida apuesta por los vehículos eléctricos en los países del norte desarrollado se unieron para desatar la fiebre. De un modo más o menos oculto, también la potencialidad del uso del litio como fulminante en la cadena de producción nuclear ha multiplicado la demanda: “Por algo Estados Unidos y China son los principales compradores”, afirma a Mongabay Latam el profesor Néstor Ruiz, antropólogo y perito ambiental de la Universidad de Jujuy, la provincia más septentrional de la Argentina y donde están enclavados los salares más extensos del país.

Ya no se trata entonces de pequeños productores locales que piqueta en mano se juegan el futuro de sus retinas sobre la superficie blanquecina —el trabajo prolongado en esos entornos climáticos afectan seriamente los órganos de la visión—; a los salares ha llegado el tiempo de la megaminería, y como ocurre en Coipasa, el agua ha pasado a ocupar el centro de la escena.

“Los métodos de trabajo han cambiado”, explica Marcelo Sticco, hidrogeólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires, “la explotación ahora es semejante a la del petróleo: se hacen pozos en la superficie y se bombea salmuera desde las profundidades hacia el exterior. Después se vuelca lo extraído en piletas construidas sobre el mismo salar y se deja que el sol vaya evaporando el agua para que solo queden las sales”. El sistema, como se aprecia, es simple, no necesita de grandes sofisticaciones y hasta podría calificarse de ecológico, pero esto apenas es una apariencia.

La salmuera no es muy diferente a las aguas del mar, salvo por un detalle: mientras estas cuentan con unas 30 000 partes de sal por millón, las que se encuentran enterradas en Uyuni y Coipasa, en Bolivia; Atacama en Chile; y Salinas Grandes, Olaroz-Cauchari o el Salar del Hombre Muerto en Argentina, por nombrar solo a los espacios más importantes, contienen entre 100 000 y 300 000 partes por millón. No hay en todo el planeta otra región que concentre semejante riqueza potencial con un nivel de accesibilidad relativamente sencillo.

“Uyuni es el depósito más grande del mundo en contenido de litio como recurso”, se ufana el ingeniero Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB), la empresa estatal que el Gobierno de ese país creó para centralizar la explotación del cotizado mineral. “Hay ingente cantidad de salmuera que nos permitiría la explotación durante 200 o 300 años”, dice, antes de aclarar que “tenemos limitaciones y la conciencia de controlar nuestra intervención para no generar problemas medioambientales”. En 2011, mucho antes de la creación de YLB, el mismo Gobierno de Bolivia había elevado a la Unesco el pedido para que Uyuni fuese incorporado a la lista de Patrimonios de la Humanidad. Hoy la idea ha sido dejada en un segundo plano.

De las tres naciones embarcadas en el gran negocio del litio, Bolivia es la única que apuesta decididamente por cerrar por completo el círculo de la industrialización, es decir, extraer la salmuera, separar el carbonato de litio que se utiliza en los cátodos de las baterías, y terminar construyendo las propias baterías para darle mayor valor agregado a sus exportaciones, tal como se desprende de la “Estrategia de Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia”, lanzada por el Gobierno del país en octubre de 2010. Con ese objetivo, en los últimos meses YLB ha firmado sendos acuerdos para conformar empresas mixtas con la compañía alemana ACI Systems y ahora con la china Xinjiang TBEA Group, respectivamente, las cuales se comprometieron a realizar inversiones por más de 3000 millones de dólares.

Sin embargo, de los tres países que forman el conocido ‘Triángulo del litio’, Bolivia es el que lleva más retraso en la explotación. “A diciembre de 2017, la producción no superaba las 60 Tm anuales”, asegura Juan Carlos Zuleta Calderón, economista y consultor de Potosí, reconocido analista de la economía del litio e integrante de la Comisión Nacional del Litio de Chile. El ingeniero Montenegro, por su parte, actualiza y estira la cifra hasta 250 toneladas en 2018, pero acepta que “todavía es muy pequeña”.

A cambio de este avance a paso lento, los ecosistemas de los salares donde está previsto instalar las plantas productoras se mantienen más o menos intactos, aunque no exentos de riesgos. “Los pocos estudios de impacto ambiental realizados solo constataron que las aguas subterráneas son fósiles, es decir que una vez que se consuman no se renovarán, pero no se conoce con certeza la cantidad de agua existente”, subraya Rumi Muruchi Poma, doctor en Economía Política, residente en Alemania pero potosino de nacimiento y perteneciente a la etnia aymara-quechua.

La agonía medioambiental

Chile es el caso contrario. El salar de Atacama, segundo más grande del mundo tras el de Uyuni, lleva más de dos décadas de explotación intensiva y el país es el principal exportador mundial de litio extraído en salmueras. Las empresas SQM, de capitales chilenos y sobre la que pesan innumerables denuncias, litigios y sanciones por incumplimiento de distintas normas ambientales, de producción y del uso del agua; y Albemarle, norteamericana, están presentes respectivamente en el oeste y el sur del salar. Los efectos de veinte años de megaminería ya son visibles a simple vista.

“Atacama vive una agonía socioambiental”, sostiene Bárbara Jerez, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso en diálogo con Mongabay Latam: “Se están arrasando humedales, bofedales, ojitos de agua. Se ha roto el equilibrio hídrico del territorio y con ello también se está arruinando la economía local de los indígenas”. El Comité de Minería No Metálica de Chile ha establecido que la capacidad de recarga hídrica del salar es de 6682 litros/segundo. La descarga de las empresas es, sin embargo, de 8802 litros/segundo.

En Chile, el litio es considerado un “recurso estratégico” desde 1979, y una institución estatal, la Corporación para el Fomento de la Producción (CORFO), cuyo Departamento de Comunicación y Marketing no respondió las repetidas consultas realizadas desde Mongabay Latam, se ocupa de administrar las minas a través de acuerdos de concesión firmados con las empresas interesadas, las que además deben respetar un cupo anual de extracción. A principios de 2018, SQM logró la renovación de su contrato hasta 2030, así como la multiplicación por cinco del citado cupo. “Es un buen acuerdo por ambas partes”, afirmaba por entonces Patricio de Solminihac, gerente general de la compañía, en una revista de circulación interna. Su conclusión no admitía dudas: “Para SQM, lo más importante es que nos permite un crecimiento muy relevante en la cuota de producción y comercialización del litio en el Salar de Atacama y nos da la posibilidad de consolidar nuestro liderazgo en el mercado mundial”.

Argentina, por su parte, se encuentra en un punto intermedio. La explotación del litio lleva 21 años en el pequeño Salar del Hombre Muerto (588 km2), donde la empresa FMC Lithium ya ha sido varias veces denunciada por contaminación de las aguas. En cambio, es más o menos reciente en Salinas Grandes y el complejo Olaroz-Cauchari. Pero en los últimos dos años, la apertura absoluta hacia las inversiones extranjeras ha abierto el grifo a la llegada de empresas transnacionales de todo el mundo, y en estos momentos existen más de 60 solicitudes de permisos de prospección, de los cuales 28 ya están en proceso en diferentes salares de la Puna de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

“Todavía estamos a tiempo de prevenir los riesgos, porque la mayoría de los emprendimientos se están iniciando y podríamos establecer condiciones para que se realicen respetando un derecho humano tan evidente como el acceso al agua”, se ilusiona Virginia De Francesco, responsable del área de medio ambiente y desarrollo sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, aun sabiendo que será difícil regular lo que se haga en los pozos. En Argentina no son las autoridades nacionales sino los gobiernos provinciales, cuestionados dentro del país por ser muy débiles en cuanto a su poder y muy necesitados de recursos económicos urgentes, los encargados de otorgar los permisos y efectuar los controles.

Pero más allá de las diferencias administrativas de sus regentes y de la velocidad en la puesta en marcha de sus procesos de explotación, los salares de los tres países comparten dinámicas de funcionamiento hídrico semejantes y el mismo problema en el punto de partida. “No hay líneas de base para hacer las valoraciones ni capacidad para efectuar controles efectivos”, dice la abogada argentina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Una especie de esponja que chupa agua embebida en sales

“Las permeabilidades del suelo, los registros de lluvia y nieve o el calor le dan particularidades a cada salar, pero el modelo general es igual en todas las cuencas del Triángulo”, resume Marcelo Sticco, investigador de la Universidad de Buenos Aires. Una cuenca, explica este hidrogeólogo argentino, es como una olla rellena de materiales arenosos que funciona como una especie de esponja en las profundidades del salar. Allí se va acomodando la poca agua que ingresa al sistema. Mientras tanto, en los bordes y en franjas de pocos kilómetros llamadas abanicos aluviales se acumula el agua dulce que equilibra el líquido que entra y sale del sistema en forma natural y permite la alimentación del ganado y de la fauna, la actividad agrícola y el surgimiento de pequeños bosques. En resumen, la existencia de vida en la zona. El quid del tema es que el movimiento de esos volúmenes de agua dulce está totalmente influenciado por lo que ocurre en el centro del salar.

“La explotación a través de pozos”, indica Sticco, “forma los llamados ‘conos de depresión’, embudos que cambian el gradiente hídrico. Si naturalmente, merced a la suave inclinación del terreno, el agua dulce se moviliza progresiva y horizontalmente creando una zona de mezcla con la salmuera, los conos transforman el lugar en algo así como en un tobogán y el agua se introduce casi de manera vertical. De este modo deja de estacionarse en los bordes del salar y ya no está disponible para la población, el ganado o la flora”.

En el fuero oficial, sin embargo, las opiniones difieren. “Uyuni tiene 10 000 km2 y nuestra área de intervención es de 40 km2, menos del 1 %. Además, el agua que ingresa al salar a través del río Grande supera en mucho la cantidad que evaporamos en nuestro proceso”, asegura el ingeniero Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB).

Los números, sin embargo, no acaban de cerrar. Entre otros motivos, porque no es solo a través del bombeo de salmuera que se pierde agua. La evaporación en piletas requiere de dos millones de litros por cada tonelada de litio producida y deben utilizarse grandes cantidades de agua dulce para los procesos finales de obtención del carbonato de litio y su separación del resto de sales y compuestos. No debe olvidarse el dato de que la concentración original del mineral en la salmuera es de un 0,22 %, se eleva a un 6 % por la evaporación y solo después del agregado de reactivos y agua dulce alcanza el 99,1 %, necesario para su utilidad comercial.

Si hiciera falta algún apartado más para convertir a la minería del litio en un conflicto latente es la disparidad entre los tiempos necesarios para realizar una investigación y planificación exhaustiva que permita una explotación sustentable y los que establece la demanda internacional. “Hoy, los grandes actores económicos quieren invertir en litio”, analiza la doctora Marchegiani, “esto ocurre ahora mismo, pero simultáneamente se están buscando otras fórmulas para almacenar energía más baratas y fáciles de obtener”.

El hidrógeno, el sodio, el silicio son algunos de los competidores que asoman en el horizonte para acortar la ventana de rentabilidad del litio. 30 o 40 años de demanda masiva es el plazo de furor que la mayoría de los investigadores le abren al causante de la nueva “Fiebre del Oro” en las altiplanicies de Bolivia, Chile y Argentina. Algunos incluso lo acortan por debajo de los 20, un tiempo demasiado corto para estudiar a fondo los efectos posibles sobre ecosistemas desérticos, en los que las lluvias no superan los 200 mm anuales. Las empresas y los gobiernos se ven así empujados a acelerar los procesos sin detenerse en exceso a pensar qué puede ocurrir después, cuando la ola haya pasado.

En esa disyuntiva se juega el futuro de la vida en la Puna. Con la sal recubriendo los paisajes y el agua en el epicentro de la escena y el debate. Como en Coipasa, ese remoto lugar en Oruro que los aymaras alguna vez simplemente llamaron Qollpa, es decir, sal.

Fuente: Mongabay - 13 de Febrero de 2.019