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| Hombre Masai en Kenia |
Las consecuencias de una agricultura no sostenible dificultan encontrar una solución pacífica entre pueblos indígenas de Kenia y el Gobierno
La cuestión de la
propiedad de la tierra en Kenia conduce a explosiones periódicas de violencia.
La falta de una implementación eficaz de los derechos territoriales se ve
reflejada en una excesiva subdivisón de la tierra, degradación ambiental,
inseguridad de tenencia y acaparamiento de tierras. Décadas de desarrollo
insostenible no solo afectan los ecosistemas, más aún a la relación de las
comunidades con sus territorios. Este es el caso de los pastoralistas
indígenas.
En Kenia, los
pueblos que se identifican con el movimiento indígena son principalmente
pastoralistas y cazadores-recolectores, así como algunos pescadores y pequeñas
comunidades agrícolas. Según el Grupo de Trabajo Internacional para
Asuntos Indígenas (IWGIA), una ONG global que defiende los derechos de los
pueblos indígenas, se estima que los pastoralistas representan el 25% de la
población nacional, que vive en el norte y hacia el sur con la frontera con
Tanzania. Los pastoralistas son nómadas y basan su economía en la producción
ganadera. La gran movilidad en sus rutinas definen su cultura y estilo de vida.
En el último año, el
condado de Laikipia, ubicado a casi 300 kilómetros al norte de Nairobi, ha
experimentado una presión sobre sus pastos y suelos sin precedentes. Es en
Laikipia donde el paisaje se torna seco y árido. Allí, los pastoralistas indígenas
han perdido el acceso al pastoreo y al agua, por lo que no pueden seguir
preservando sus sistemas tradicionales de producción.
Esta presión sobre
sus medios de vida no es casual. La pérdida de acceso a su territorio viene de
la mano de la expansión de las actividades de los terratenientes, ganaderos,
conservacionistas e industrias extractivas, que no causan más que expulsiones
violentas en búsqueda de rápidos beneficios económicos. A medida que estos
actores ganan espacio, con el apoyo de un Gobierno que está lejos de cumplir
con los estándares de derechos humanos, las comunidades indígenas van siendo
gradualmente acorraladas.
Sin nada que perder
y empujados por una grave sequía que afecta a la región desde comienzos de año,
los pastoralistas han invadido tierras privadas (llamados lodges), granjas
y áreas de conservación. Estas acciones no han desencadenado más que una ola de
violencia.
Mientras Kenia se embarca en una agenda extractivista sin
precedentes, los pueblos indígenas son los primeros en sufrir las consecuencias.
La cadena de eventos
es bastante sencilla: cuando no hay agua, no crece la hierba y el ganado de los
pastoralistas muere de hambre. Esto pone en riesgo su seguridad alimentaria y
salud. El conflicto actual ha ido en aumento y ahora afecta a más de 200.000
personas en la región. Se calcula que entre 25 y 50 personas han muerto hasta
ahora.
Donde comienza la
violencia
La narrativa
predominante sobre el conflicto es simplista, presentando una lucha entre
pastoralistas supuestamente peligrosos y violentos frente a, también
supuestamente, indefensos agricultores y conservacionistas. En esta lectura, si
la sequía no golpeara la zona, no habría ninguna historia que contar.
Sin embargo, el
escenario es mucho más complejo. El actual conflicto de tierras no se plantea
entre los pastoralistas y los propios agricultores privados. Por lo general,
estos llegan a acuerdos por medio de negociaciones pacíficas y arreglos no
oficiales. La violencia comienza con la intervención del Gobierno.
Hasta ahora, la hostil
respuesta del Gobierno ha sido una clara militarización en la zona oeste de
Laikipia. Sin piedad, los militares disparan al ganado de los pastoralistas y
queman comunidades para suprimir una clara demanda de derechos territoriales.
Sin dañarlos directamente, los militares disparan a sus vacas, sabiendo que
matando a sus animales, regresarán a casa con las manos vacías.
La batalla política
tampoco les ofrece soluciones concretas. Con elecciones generales aproximándose
en agosto, los pastoralistas son tomados como un blanco fácil para la búsqueda
de votos. En el pasado, una práctica normal ha sido armarlos o reasentarlos. Según
IMPACT, una organización indígena local, estas tácticas también han implicado
armar de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, para exacerbar la
violencia y así habilitar la intervención militar.
La extracción como
prioridad de la agenda de desarrollo.
No es solo la agenda
política la que los acorrala. El creciente aumento de la presión de las
industrias extractivas, proyectos de infraestructura, conservación de la vida
silvestre y ranchos productores de carne juegan un papel central en el
conflicto. Todas estas actividades extractivas no hacen más que limitar las
rutas de movilidad de su ganado.
Megaproyectos como
el Programa de Corredores LAPSSET —el proyecto de infraestructura más
grande y ambicioso de África Oriental, que une a Kenia, Etiopía y Sudán Sur—
son los primeros en usurpar tierras indígenas, gracias a las lucrativas
políticas públicas.
Esto se hace
evidente en las cifras. Los precios de la tierra han visto un aumento anual del
100% en los últimos seis años, lo que produce una subdivisión de tierra nunca
antes vista que afecta a las comunidades locales.
En nombre del lucro,
los derechos territoriales parecen ser olvidados. El programa de desarrollo de
Kenia tiene como objetivo capitalizar la atención mundial después de los
descubrimientos de varios minerales. La minera es el sector campeón promovido
por el Gobierno, con un incremento esperado de 1% a hasta 10% de su
contribución nacional al PIB. Todo esto teniendo en cuenta que Kenia todavía se
encuentra en las primeras etapas de la explotación de minerales.
Son estas
actividades las que afectan a las culturas locales de manera fundamental,
especialmente sus medios de vida tradicionales y su cohesión social. En esta
ecuación, todos los mecanismos institucionales disponibles colocan a los
pastoralistas en una posición de desventaja y fallan en protejerlos en
cualquier tipo de negociación posible.
Si bien la cuestión
territorial es clave en la nueva constitución del país (2010), la nueva Ley de
tierras Comunitarias (2016) deja muchos cabos sueltos. La definición de tierra
comunitaria no es clara, lo que perjudica el reconocimiento de derechos de los
pastoralistas para acceder a un uso comunal.
A pesar de que la
ley se encuentra vigente y refleja una incipiente victoria indígena, todavía no
existe progreso en la implementación de un programa comunitario para adjudicar
las tierras.
La falta de aplicación
del actual marco legal genera un vacío que pone en peligro a los pastoralistas.
Para Marianne Wiben Jensen, experta en derechos territoriales en África para
IWGIA, la única forma de asegurar la supervivencia de los pastoralistas es
formalizar la tenencia de su tierra.
Pero esta
formalización, esto es la demarcación y el registro de las tierras, llevarán su
tiempo. Especialmente si se tiene en cuenta que en 2014, el Ministerio de
Tierras declaró que más de un millón de parcelas estaban a la espera de título.
Un camino posible
para proteger a los más vulnerables
Hoy a finales de
junio, aunque todavía hay presencia militar, el nivel de conflicto ha
disminuido considerablemente y se ha trasladado a la región oriental de
Laikipia.
En Laikipia, el manejo insostenible de la tierra muestra el lado
más oscuro de los impactos irreversibles causados por el acceso injusto a los
recursos.
Para los defensores
de los derechos indígenas, el Gobierno necesita tomar el control y resolver
esta crisis cíclica. Para alguien que ha vivido esta recurrente violencia como
es el director de IMPACT Mali Ole Kaunga, esta vez el Gobierno no va a poder
escapar de la resolución. Para él, la situación de los pastoralistas será
atendida por el gobierno porque más de seis millones de personas en Kenia
dependen directamente de la producción de ganado de los pastoralistas (10% del
PIB del país).
Entonces, ¿qué hay
en el horizonte para Laikipia? Teniendo en cuenta todos los factores en juego,
incluida la agenda conservacionista, todos los caminos apuntan a una resolución
pacífica para sostener la economía de Kenia. Tanto el Gobierno como los
conservacionistas dependen del pastoralismo como modo de producción para ser
sostenibles a largo plazo. Para esto, el pastoralismo deberá ser considerado en
todas las actividades planificación económica como un modo de producción válido
y sostenible, así mismo las personas que lo consideran su único sustento.
África es el hogar
de unos 50 millones de pueblos indígenas. Estos pueblos se ven amenazados por
la inseguridad en la tenencia de la tierra y los recursos, la mala prestación
de servicios, pobre representación política, discriminación y exclusión. Su situación
parece empeorar cada año, con la creciente competencia por los recursos
naturales en sus territorios.
Alrededor del 13%
del total de 370 millones de pueblos indígenas de todo el mundo vive en África.
En la mayoría de los
estados africanos, los pueblos indígenas aún no han sido reconocidos como
sujetos de derecho.
El argumento ha sido
que todos los africanos son indígenas o que el concepto de "pueblos
indígenas" es divisivo e inconstitucional y se expresan persistentemente
en las declaraciones políticas oficiales.
Kenia no cuenta con
legislación específica sobre los pueblos indígenas y todavía no ha adoptado la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(UNDRIP) o ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
El Grupo
Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en
inglés) es una organización internacional de derechos humanos que defiende los
derechos de los pueblos indígenas a través de una red global de organizaciones
de pueblos indígenas y mecanismos internacionales. Durante casi 50 años, IWGIA
ha documentado la lucha por derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo.
Pamela Leiva
Jacquelín trabaja como periodista con especialización en globalización,
multiculturalidad y pueblos indígenas en IWGIA.
Fuente
Diario El Pais (Espana) - 30 de Junio de
