Argentina: Registran 276 denuncias de Derechos Humanos contra empresas mineras

El estudio contempla el período 2010-2020 y fue realizado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que advierte que casi la mitad de las denuncias se refieren a los impactos que sufren las comunidades.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos produjo el observatorio Transition Minerals Tracker, que monitorea las políticas y prácticas de derechos humanos de las corporaciones que extraen seis materias primas fundamentales para la transición hacia la energía limpia: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc. Se prevé que la extracción de estos seis minerales -componentes básicos para producir tecnologías de energía renovable, como vehículos eléctricos y paneles solares- aumente drásticamente con la demanda creciente de esta tecnología. Sin embargo, muchas de las corporaciones que producen estos minerales han recibido múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.

Se investigaron las prácticas de 103 empresas entre 2010 y 2020 y dicho estudio relevó 276 denuncias de abusos de derechos humanos. Si bien aproximadamente la mitad (49) de estas empresas cuentan con una política de derechos humanos, las denuncias indican una importante desvinculación entre las políticas y la práctica.

El monitoreo, que se confeccionó sobre la base de noticias en medios de comunicación y sobre denuncias realizadas formalmente, determinó que casi la mitad (45 %) de las denuncias se refieren a los impactos que sufren las comunidades, incluyendo la intimidación y ataques contra personas, organizaciones de la sociedad civil y sus líderes. Los impactos van desde repercusiones sobre los medios de vida, desplazamiento forzado y protestas, hasta acusaciones de silenciar las voces críticas mediante amenazas e intimidación.

Entre las 256 denuncias, se consignan 125 de impacto comunitario, 119 de impacto ambiental, 68 de gobernanza y transparencia, 67 de impacto en los trabajadores, 36 de seguridad y zonas de conflicto y 12 vinculadas a la pandemia de Covid. Mientras que 18 empresas acumulan el 80% de las denuncias registradas, el resto se distribuye entre los seis minerales y todas las regiones geográficas, lo que sugiere que los abusos son un fenómeno muy extendido en el sector.

Comunidades afectadas

Según los datos recabados, la mayoría de las denuncias implican impactos y ataques a las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y sus líderes (125 denuncias). Los hallazgos indican que más de un tercio (36 por ciento) de todos los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos están vinculados con el sector extractivo.

«En 33 casos (uno de cada ocho, o el 12 por ciento) las comunidades respondieron a través de protestas, marchas, huelgas o bloqueos contra la mina, lo que indica el alto nivel de frustración dentro de las comunidades», interpreta el monitoreo. «La consulta y el consentimiento de la comunidad son esenciales para garantizar que los proyectos de energía renovable que permiten la transición energética urgente para abordar la crisis climática beneficien a la población mundial y local», afirma. Sin embargo, el estudio muestra que uno de cada ocho abusos de derechos humanos registrados en el campo de los minerales de transición supone una comunidad protestando.

«La falta de consentimiento afecta negativamente a las comunidades indígenas, que están en la primera línea tanto de la crisis climática como del abuso por parte de empresas extractivas y de energías renovables. Una de cada diez (10 por ciento) denuncias registradas se relaciona con los derechos indígenas», advierte el Tracker.

Contaminación del agua

«Las acusaciones de impacto ambiental continúan siendo una fuente importante de abuso entre las empresas que producen minerales de transición», señala el monitoreo. El primer análisis global, de agosto de 2019, encontró que los impactos ambientales, el acceso al agua y los impactos en la salud fueron las tres principales acusaciones registradas. En 2021, esos mismos tipos de abuso son los más habituales. Casi nueve de cada diez (89 por ciento) de las acusaciones ambientales están relacionadas con derechos hídricos.

«La minería consume mucha agua. La desigualdad de poder deja a las comunidades con fuentes de agua y tierras de cultivo secas», señalan desde el observatorio. La contaminación del agua representa una quinta parte (22 por ciento) de todas las denuncias, y el acceso al agua representa una de cada seis denuncias (17 por ciento). Juntos, más de un tercio (38 por ciento) de las denuncias registradas están relacionadas con el agua. Además, 17 de 38 denuncias relacionadas con impactos en la salud también significaron denuncias relacionadas con el acceso o la contaminación del agua.

Por otra parte, una cuarta parte, 68 de las 276 denuncias, se relacionan con la gobernabilidad y la transparencia. Casi la mitad de ellos son denuncias de corrupción, incluidos pagos a gobiernos, tráficos de influencias, lobby y mala gestión de fondos. Otras 28 son denuncias de evasión fiscal, que incluyen el impago de fondos a la comunidad como requieren las leyes o los contratos de explotación minera.

Advertencia

«La necesidad de una descarbonización es urgente. Sin embargo, las denuncias registradas en Transition Minerals Tracker muestran que los abusos de derechos humanos en la cadena de suministro para la producción de tecnologías de energía renovable podrían comprometerla», advierte el estudio realizado. «Si introducimos medidas para ponerle fin a esos daños, podemos garantizar un futuro en que se logre no solo una emisión de carbono, sino en el que todas las personas se beneficien de un sector sostenible y respetuoso de los derechos», alientan.

«Este rastreador busca mejorar las prácticas de derechos humanos de las empresas que producen los minerales vitales para los sectores de energía renovable y vehículos eléctricos, al arrojar luz sobre los riesgos clave de derechos humanos en las geografías donde operan, y las políticas y prácticas de derechos humanos del empresas más importantes de este subsector», apuntaron en el informe.

Fuente: Tierra Viva-2 de Marzo de 2021.

https://agenciatierraviva.com.ar/registran-276-denuncias-de-derechos-humanos-contra-empresas-mineras/

Argentina: El país de los envenenadores sistémicos

Por Silvana Melo

Los envenenadores sistémicos se han quitado, sonrientes, las máscaras. Y gobiernan. Ya no en las sombras. Sentados en los sillones máximos. Exhibiendo a sus niños y a sus corbatas. Y firmando actas de defunción de cerros y ríos. El modelo extractivista –como se llama al sistema vampírico que deja anémica a la tierra e intoxica el agua y el aire- ya tiene sus delegados formales en el gobierno. En algunos casos, personajes fundacionales en el generoso presente con que en 1993 el país ensalzó a las megamineras: el régimen de estabilidad fiscal. Fue Daniel Melián, hoy secretario de Minería, el padre amante de ese pequeño monstruo al que hoy, veinte años después, le concede la mayoría de edad con la supresión de las retenciones. Justo en estos días cuando se conoce la pericia de la Federal emitida en diciembre: cinco ríos envenenados después del derrame de un millón de litros de agua cianurada en setiembre de 2015.

La nación puede determinar que no se cobrarán más los derechos de exportación de las entrañas de la tierra y perder 3300 millones de dólares al año. Pero se encoge de hombros ante los controles, porque sólo pueden ser ejercidos por los gobiernos provinciales. Que suelen ser rehenes a partir de sus desgracias financieras: cualquier canto de sirena que ofrezca consumo y puestos de trabajo temporales es alojado generosamente, sin detenerse en secuelas mínimas, como cerros volados, agujeros desérticos en la tierra, ríos envenenados, fauna y flora alterada, pueblos fantasma y graves consecuencias en la salud y en la vida.

La Nación (1) ejemplifica con la mina La Alumbrera, de la suiza Glencore, que “en 17 años aportó 4.820 millones de pesos al fisco de Catamarca y los 663 millones de pesos que aportó en 2014 solventaron los presupuestos de dos ministerios y dos secretarías de Estado”. También en 2014 la mina Veladero, de la canadiense Barrick Gold, “hizo compras a proveedores de San Juan por 1.505 millones de pesos y esas compras sostuvieron las arcas provinciales a través del impuesto de ingresos brutos”. En setiembre de 2015 Veladero admitió el derrame de un millón de litros de agua con cianuro en el río Potrerillos.

El modelo extractivista irrumpió triunfal en la Argentina de los 90, cuando se firmó la autorización para la transgénesis de la soja y se llamó a las inversiones megamineras con un voucher obsequio, un kit de leyes irresistible que consistía en entrar, disponer, volar, contaminar, pagar el 3% a boca de mina y vaciar. Dejando las migas del banquete en la panza vacía del suelo. Las leyes comenzaron a promulgarse en 1989 y fueron sembrándose durante diez años; varias de ellas fueron conceptualmente paridas por el regresado Daniel Melián. Un régimen jurídico que convirtió a la megaminería en la actividad extractiva más beneficiada del país. Y que subsiste hoy, sin que ninguno de los subsiguientes representantes políticos haya rozado siquiera la tentación de alterarlo.

La ley 24.196 de Inversiones Mineras le concedió a la minería un régimen de Estabilidad Fiscal por treinta años. Ningún mortal de estos pies del mundo hubiera soñado algo así: “esto significa que los sujetos alcanzados por estos beneficios no pueden ser afectados durante ese plazo por la creación de nuevos impuestos, el aumento de alícuotas, impuestos aduaneros, la derogación de exenciones otorgadas, la eliminación de deducciones admitidas, etc., tanto a nivel nacional y provincial como municipal” (2).

La Alumbrera, emplazada en Catamarca, ganó miles de millones de dólares por la extracción de cobre y oro durante 18 años. Ante el agotamiento de la mina, ya se prepara la explotación de Agua Rica. Y es Andalgalá la que resiste. Acampando en Buenos Aires, a los pies de la Corte, para ver si la Justicia baja la cabeza y los ve. Esperando el amparo que los ampare de la explosión de Agua Rica. Que afectará al río, fuente del agua potable de Andalgalá. Fuente de la vida de Andalgalá. Que a pesar de la cercanía con la Alumbrera y de las promesas de paraíso, no tiene cloacas, los baños del hospital no tienen agua potable, la mitad de sus habitantes está desempleada y depende de la caridad pública de la minera para que haya caminos transitables.

Sugestivamente, Elisa Carrió, una líbera ideológica, le apuntó con un dedo índice a su socio, el Presidente Sistémico: “mientras las tarifas energéticas suben para toda la población, para las mineras se mantienen congeladas. Hace apenas dos años, la mina Veladero pagaba 2.700 pesos al mes por usar millones y millones de litros de agua”.

En estos días se eriza el Famatina y se oye el temblor de los glaciares. Si había alguna puerta entornada que dificultara la entrada tumultuosa de las compañías, ahora se allanó. Daniel Melián cortó el candado de las retenciones y Mario Capello, subsecretario de Desarrollo Minero llegó a cuidar las ovejas con dentadura de lobo. El mismo que minimizó, junto al entonces gobernador Gioja, la travesura de la Barrick en el Jáchal. “Cosas que pueden pasar”, dijeron mientras ofrecían a los voluntarios un vaso de agua con cianuro para comprobar que seguirían vivos. De los cinco ríos envenenados ni una palabra. Gioja está muy ocupado intentando presidir el PJ. Y Capello, tratando de cajonear la pericia que, inexplicablemente, se filtró. Con cinco ríos cianurados, con metales pesados, sales y cobalto, que se vuelcan en la red domiciliaria.

Los envenenadores sistémicos están mordiendo el cuello del futuro. Donde había pájaros y niños habrá una oquedad infinita. Donde había ríos de cristal habrá correntadas verdes o rojas o amarillas. Donde había cerros que tocaban el cielo habrá apenas cielo. Y donde hay palabras absurdas, habrá silencio.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dijo que la eliminación de retenciones a las mineras «es para conseguir pobreza cero». Entonces se retiran los pájaros. Y los niños se van a dormir, esperando despertarse en otro tiempo.

Notas

(1) La Nación, 23 de febrero de 2016

(2) 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero. Colectivo Voces de Alerta.

Fuente: Pelota de Trapo, Edición: 3109

Chubut (Argentina): Las Comunidades Mapuche – Tehuelche rechazan la megamineria

Integrantes de distintas comunidades Mapuche-Tehuelche de la meseta centro- norte de la provincia de Chubut se manifestaron mediante una carta a la gobernación para expresar nuevamente su rechazo a la actividad mega minera. 

Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Gan Gan

Las Comunidades Mapuche- Tehuelche de la meseta centro-norte de Chubut expresaron nuevamente su disconformidad respecto a la actividad megaminera mediante una carta dirigida al gobierno provincial. Sus integrantes continúan organizándose en defensa del agua y el territorio, demostrando de esta forma que mantienen su resistencia, que lleva muchos años de protagonismo frente al avance de las propuestas extractivistas, puntualmente desde la aparición del Proyecto Navidad ubicado entre Gan Gan y Gastre.

En una carta dirigida al gobernador de la provincia Arcioni se pronunciaron contundentemente contra la megaminería y las políticas extractivas de los gobiernos provincial y nacional. También manifestaron como dichos proyectos megamineros vulneran sus derechos repetidamente, incluso profanando y trasladando sus sitios sagrados.

“La mega minería en todas sus etapas, no solo va en contra de estos principios como pueblo. Sino que avasalla nuestros derechos reconocidos internacionalmente, que el Estado está obligado a respetar y hacer respetar” manifestaron.

Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Gan Gan

Difundimos Comunicado:

15 de septiembre de 2020

Al Sr Gobernador de la Provincia del Chubut Mariano Arcioni

A los/as diputados/as de la provincia del Chubut

Las abajo firmantes, comunidades mapuche – tehuelche  de la meseta centro norte del Chubut, nos dirigimos hoy a ustedes para expresar una vez más, nuestro rechazo a la actividad mega minera. Especialmente al proyecto Navidad.

Nuestra posición se fundamenta en la convicción de proteger nuestros territorios y todo lo que los habita, así como el agua como bien común. Y con ello nuestro modo de vida, nuestras actividades productivas, nuestra cultura y espiritualidad. Como manera de avanzar en la construcción de nuestro Küme Mongen (Buen Vivir).

En este sentido, la mega minería en todas sus etapas, no solo va en contra de estos principios como pueblo. Sino que avasalla nuestros derechos reconocidos internacionalmente, que el Estado está obligado a respetar y hacer respetar.

Uno de los derechos que más se ha violado es la consulta Previa Libre e Informada a las comunidades Mapuche Tehuelche de la meseta. Que debió realizarse antes de que comenzaran los trabajos de prospeccion y exploracion del proyecto Navidad. Y que está siendo vulnerado constantemente con las operaciones de la empresa Pan American Silver para meterse a las comunidades, buscando un consentimiento que claramente no tiene.

Hoy, al querer presentar un Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Navidad o una Ley para habilitar dicha actividad extractivista, nuevamente se violenta este derecho. Puesto que una ley con esas características nos afecta directamente. Y un EIA sólo se puede hacer luego de conseguir nuestro consentimiento y de manera conjunta con nosotros. Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los estándares que salen del caso Sarayaku.

Por otra parte, hacer una consulta en este momento de la manera adecuada no es posible debido a la situación de pandemia que atraviesa la provincia.

Por todo lo expuesto, habilitar la mega minería sería ilegal y violatorio de nuestros derechos como Pueblos Originarios.

Les pedimos que:

Desistan de cualquier intento de habilitar el Proyecto Navidad y la actividad mega minera en cualquier lugar de la provincia;

Que se respeten nuestros derechos como pueblos originarios reconocidos en la Constitución Nacional (Art. 75. Ins. 17), Provincial (Art. 34), en el Convenio 169 de la OIT y otros tratados y fallos internacionales;

Que se empiecen a gestionar políticas productivas realmente beneficiosas para las economías regionales y en concordancia con los reclamos y exigencias de los pueblos originarios.

Les saludamos atentamente y esperamos una respuesta favorable en sus futuras acciones.

Comunidad Mallín de los Cual

Comunidad Los Pino

Comunidad Laguna Fría – Chacay Oeste

Comunidad Yalalaubat

Comunidad Ñuke Mapu

Fuente: ANRed - Agencia de Noticias Redacción - 20 de Septiembre de 2020

Siguen las movilizaciones: gran banderazo en Mendoza por la restitución de la "Ley Antiminera"

Mendoza no deja de movilizarse contra la reforma minera, que ya quedó desactivada por el gobernador Rodolfo Suarez. De igual modo, a la espera de la derogación prevista para hoy de la controversial ley 9.029, que habilitaba el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, los mendocinos siguen plantando bandera en defensa del agua y la restitución de la "Ley Antiminera".

En la noche de este domingo, miles de personas se congregaron en diferentes puntos para flamear sus insignias celestes y blancas bajo el eslogan " el agua de Mendoza no se negocia".

Con pancartas y cánticos, las protestas volvieron a estar en el centro de la escena provincial.

Las manifestaciones se realizaron en el kilómetro cero de la capital cuyana, en las principales calles del microcentro y llegaron hasta las rutas de la geografía provincial. Así, nuevamente, los vecinos hicieron oír su reclamo para que la Legislatura restablezca la "Ley 7.722", la cual prohíbe la utilización de químicos contaminantes.

La sesión especial está prevista para hoy a las 9 en la Cámara de Senadores y luego, a las 11, en Diputados, y se estima que sea un "tratamiento exprés", como el que se hizo -hace una semana- para aprobarla. Ahora se tratará de dejar sin efecto esta norma, que solo cosechó el rechazo popular y que obligó al mandatario a solicitar primero la suspensión de la reglamentación y luego, la anulación total de la ley.

Según explicaron a LA NACION vecinos autoconvocados de diversas comunas, se espera que, mientras los legisladores estén en el recinto, en las afueras haya nuevas manifestaciones para "celebrar el logro de la derogación y chequear que cumplieron con lo prometido".

La principal manifestación de este domingo, convocada por la Asamblea Popular por el Agua, se realizó en Peatonal Sarmiento y Garibaldi, con la consigna de portar una bandera. Lo mismo ocurrió en las comunas de San Carlos, General Alvear, Rivadavia, San Rafael, Tunuyán y Tupungato.

Fuente: Diario La Nación - 30 de Diciembre de 2019

Argentina: Mendoza es una interminable marcha por el agua

“La marcha recorre la Ruta 40 como columna vertebral de una lucha que nunca claudicó, ni siquiera en los momentos más complejos. El abanico es amplio y variopinto. Nadie se queda afuera. Mientras tanto, el lobby minero junto al gobernador Rodolfo Suárez hacen malabares por estas horas para sostener una reforma de la ley 7722, que nunca tendrían que haber tocado”.

Otra vez los gallos y las medianoches despiertan para hacer del saqueo la bandera de luz verde a los despojos de los territorios. Las voces se han multiplicado desde diversos sectores. 

Desde las asambleas socio-ambientales, las comunidades mapuches, organizaciones campesinas, organizaciones piqueteras y sindicales, hasta viñateros y ruralistas. Sin olvidar a familias enteras que se movilizan un día domingo hasta altas horas de la noche o quienes acampan al costado de las rutas a la espera que una marcha que ya podría titularse: la “Marcha de la Dignidad por el Agua”, la cual arrancó el domingo a las 8 de la mañana a pie, bicicleta, monopatín o lo que fuera. La marcha recorre la Ruta 40 como columna vertebral de una lucha que nunca claudicó, ni siquiera en los momentos más complejos. El abanico es amplio y variopinto. Nadie se queda afuera. Mientras tanto, el lobby minero junto al gobernador Rodolfo Suárez hacen malabares por estas horas para sostener una reforma de la ley 7722, que nunca tendrían que haber tocado.

La mecha se encendió hace más de una década en la Patagonia, en ese sur que sabe de lo que es curtirse al calor del frío. Nació cuando el pueblo de Esquel se opuso a un proyecto de extracción de oro por parte de la empresa El Desquite. En esas horas decisivas, las asambleas se multiplicaban y las movilizaciones crecían en Chubut. De allí nació el contagio que llevó a que se encendiera un fueguito en Mendoza, más precisamente en San Carlos. Acaso como si las palabras de Eduardo Galeano quedaran inscriptas en las venas abiertas de las tierras del sur, tan real como que “El mundo es eso (…) Un montón de gente, un mar de fueguitos”. Esos fueguitos movilizan por estas horas al pueblo de la provincia cuyana a movilizarse desde los cuatro puntos cardinales hacia el corazón estático de la institucionalidad: la casa del des-gobierno.

El viernes las espaldas fueron las caras de la gran mayoría de los y las legisladoras. Caras que enfrentan al pueblo de espaldas y tras las vallas. Un abanico que reconfigura el mapa político de todos lados. Un romance que duró treinta segundos a nivel nacional y provincial. Un mandato construido por arriba, desde una estructura tan magnánima que hace aguas. Mendoza lo refleja como la cristalina imagen del rostro en cualquier espejo de agua en estas tierras, el pueblo refleja con claridad que “El Agua de Mendoza no se Negocia”. Mendoza y Chubut por estos días tienen el mismo camino: la unidad y la calle como horizonte, ante los embates de los gobiernos nacional y provinciales. Sin dudas como el grito del movimiento feminista cuando sentencia “abajo el amor romántico”.

La estrategia del caracol

El caracol camina con una constancia milimétrica. Despacio y sin pausa. La estrategia es fundamental. Como en la película del director colombiano Sergio Cabrera, la estrategia es la que define y la que marca camino. El sendero en Mendoza ha sido y es la unidad en la diversidad. Una unidad que ha sido desde los comienzos variopinta, multicolor y rebelde. Rebeldía que se expresó el último viernes en un pueblo al borde de la sedición mientras legisladores y legisladoras componían un cuadro que no lograba anclar ni en el surrealismo ni el realismo más perspicaz. Menos aún en los pocos cuerpos que con y sin cascos hacían la parodia del minero feliz, ante la promesa metafísica de un mundo de progreso y espejitos de colores.

Son años, más de una década que la consciencia ha avanzado y ha planteado un escenario de una gran movilidad política y social, cuando se pensaba que Mendoza estaba en su eterna siesta, donde la defensa del agua estaba olvidada. La consigna de la provincia calma y tranquila, habitante de la pulcritud vendimial cae por tierra nuevamente. A tal punto, que el pueblo de Alvear exigirá mañana la suspensión de la Fiesta de la Vendimia departamental. Esta vez el tablero hizo enroque y marcó el vale cuatro. En las puertas de la Legislatura se confundían anarquistas, marxistas y peronistas. Doña rosa y su cacerola junto a Greenpace también gritaban y el muchacho sin remera subido al respiradero de la plaza Independencia con su cartel que decía: “La 7722 es del Pueblo”. Es que el tratamiento express que dio tanto la Cámara de Diputados como de Senadores ha hecho una captura de ese atributo que ha tenido esta ley: la de ser del pueblo. Nació de la movilización popular en el 2007 y se sostuvo hasta el viernes en ese lugar. En sesiones especiales de ambas cámaras se dio tratamiento a la reforma de la ley 7722, cuyo proyecto ingresó apenas unos días de asumido el nuevo gobernador de la UCR, Roberto Suárez, y que llevó la firma de puño y letra de quien ocupa el sillón de San Martín. El viernes hubo un “secuestro” de ese carácter de parte de un arco importante de la política local y pone en evidencia los entramados de poder.

La estrategia es determinante. El agua es estratégica para la vida. Un nuevo giro hacia la naturaleza pone en relieve a la Madre Tierra y el agua. Eso lo comprendió el pueblo de San Carlos cuando en 2006 llevó adelante los primeros cortes en la Ruta Nacional 40 y el primer ayuno en las puertas de la Legislatura en manos de Autoconvocados de San Carlos. Esas acciones serían la bisagra para que en la capital mendocina comenzaran también las primeras movilizaciones. Las intervenciones en la Fiesta del Agua en la Plaza Independencia y el escrache en la puerta de su propia casa, al por entonces gobernador radical, Julio Cleto Cobos, constituyeron, sin dudas, punta de lanza a un movimiento social que ha crecido día a día. Charlas, talleres, obras de teatro, radios abiertas se multiplicaron en distintos puntos de la provincia.

En un contexto pre-electoral y ante las negociaciones de Cobos para su candidatura a la vice-presidencia junto a Cristina Fernández, en aquellos añejos tiempos de la concertación, con Marita Perceval a la cabeza, terminó con el veto a la ley de prohibición de la megaminería que había aprobado la Legislatura. Ese veto levantó al pueblo mendocino decididamente de norte a sur. Los cortes de ruta en San Carlos y la histórica pueblada de Alvear constituyeron las bases de lo que hoy se conoce como Ley 7722. La misma, prohíbe el uso de sustancias tóxicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otras) en el proceso de lixiviación de la minería y ha sido la herramienta jurídica que ha resultado un muro de contención para los proyectos de la megaminería. Sin embargo, esta normativa para nada ha significado la anulación de la actividad minera en la provincia, sino una barrera a los métodos que emplea la gran minería del oro, la plata y el cobre.

Pasaron doce años y pasaron cosas: intentos sucesivos de modificar o vulnerar la 7722 a través de los proyecto Potasio Río Colorado, San Jorge, Hierro Indio y Cerro Amarillo. Pasaron los gobiernos de Cobos y Cornejo por la UCR y Jaque y Pérez por el PJ y nadie pudo mover la ley. La Corte Suprema de Mendoza dictó la consitucionalidad de la norma en 2015 y en 2017 ratificó dicha decisión, incluso hasta puso en valor el carácter progresivo de la ley en la preservación del agua, un bien tan fundamental para la vida en Mendoza.

Un naufragio llamado Suárez

Arrancó con la impericia de quien cree que haber sido intendente de la capital mendocina le da el piné para hacer y deshacer como en el municipio capitalino. Desde algunos entornos del radicalismo lo señalan como el más PRO de los radicales. Su lectura en el armado de su equipo fue llevar a su gente y sostener a dos alfiles de Alfredo Cornejo, anterior gobernador y hoy Senador Nacional y pieza clave del radicalismo nacional: Emilio Guiñazú, Subsecretario de Energía y Minería y el Secretario de Ambiente, el diseñador Humberto Mingorance. Ambos fueron claves en la introducción del fracking a Mendoza, en la zona de Vaca Muerta y con tratamiento también express, vía presentación administrativa y dejando de lado el debate público y menos aún parlamentario. Fue el estilo del gobierno de Cornejo durante sus cuatro años, el de imponer sin debate y poca negociación.

Suárez en una semana ha buscado emular a su antecesor pero nunca advirtió que el tema megaminero ha anclado fuertemente como un consensos inamovible de la sociedad. La megaminería no tiene licencia social desde hace más de una década y lo ha expresado el pueblo en múltiples oportunidades. El error de cálculo ha mostrado las improvizaciones de la política vernácula y que los tiempos han cambiado, muestran que Cornejo ya no es el gobernador y que imponer ya no es la forma. No hay licencia social para la megaminería y los consensos son claros en la sociedad y los manifiesta por estas horas en cada rincón de Mendoza.

Naufraga Suárez a pocos días de su debut con la banda provincial. Ni bastón ni banda. La Casa de Gobierno amanece sitiada. Es domingo y las vallas son el anfitrión de la supuesta casa del pueblo. Allí adentro, en el cuarto piso, el sillón estático ni siquiera guarda el aroma al perfume de José de San Martín. El sillón es solo recuerdo de un pasado de gesta libertadora pero que ni la memoria histórica guarda. Las vallas muestran la forma, el método, el camino que ha decidido implementar el recién estrenado Suárez en su mueca de sonrisa falsa: el cerco al pueblo, el mismo que hoy se moviliza y seguro varios votos fueron a él.

Un moso para el banquete

Guillermo Mosso se ha erigido como la voz de los intereses megamineros dentro y fuera de la Legislatura. Es diputado provincial por el Partido Demócrata (PD) y es parte del Frente Cambia Mendoza. Es un activo militante en los medios locales y en las redes sociales por la reforma de la 7722 y el avance de la actividad de la gran minería en Mendoza. Fue funcionario durante la gobernación del justicialista Celso Jaque. Ocupó la Dirección de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Seguridad, con Juan Carlos Aguinaga como Ministro y Carlos Rico como Sub-Secretario de Seguridad de la provincia, ambos también del PD. Cargos a los que renunciaron luego del escándalo que vinculó a Rico con delito de lesa humanidad y que llevó a su detención en abril del 2013. Ocupó el cargo de Director de Promoción de la cartera de turismo durante la gobernación del también justicialista Rodolfo Gabrielli. Además ha ocupado puestos claves en los diarios digitales Los Andes y MDZ.

Mosso es un buen interlocutor entre las distintas bancadas, en particular la del PJ, para impulsar la reforma. Ha escrito recientemente una respuesta a la carta de los y las investigadoras del CONICET de Mendoza que plantearon una posición crítica a la reforma de la 7722, en el periódico Memo donde aduce el diputado que “Amén de muchas consideraciones que se pueden compartir, se manifiesta una clara objeción ideológica de base, contra la minería metalífera, y esto es algo que se observa con asiduidad en ámbitos universitarios, científicos y técnicos”. Sin dudas, el prejuicio ideológico queda manifiesto en este intento de anular la posición crítica de quienes son parte del IANIGLA-CONICET desde una consideración netamente ideológica y que rememora cierta doctrina asociada al menemismo o macrismo y el que se vayan a lavar platos los científicos o el caer en la educación pública porque no entienden nada de la realidad económica de la provincia. Un reduccionismo que atenta, incluso contra el inventario de la Ley de Glaciares.

Suponían que el banquete estaba servido y que estaba todo listo para festejar. Las copas desbordaban el viernes por la noche y el sábado la fiesta continuó. El error de cálculo fue que distintos sectores de la sociedad salieron a la calle el domingo y hoy lunes la fiesta está en estado de coma post-desbordes. Mientras tanto, ya los pedidos que renuncie el gobernador Suárez se hacen sentir desde los y las manifestantes.

Don Sixto, que en paz descanse

Los dos proyectos que están en gateras para salir al ruedo son San Jorge y Don Sixto. Aquí aparece el entramado que da sentido al breve repaso del caminar de Mosso y sus relaciones. Los permisos de la mina Don Sixto pertenecen a la familia de Félix. Omar y Chafi Félix, ambos del PJ y que conforman una línea propia en el partido, desde hace años tienen un litigio por este proyecto megaminero de oro y plata en la zona limítrofe entre San Rafael y Malargüe, con la Comunidad Mapuche Lof Rukache, que pertenece a la Organización Mapuche Malalweche y que han interpuesto en la justicia local demandas por intentos de desalojo de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, por parte de los hermanos Félix y la multinacional Yamana Gold, la misma empresa que es una de las empresa de la masa societaria que explota la mina Bajo la Alumbrera en Catamarca y que el Fiscal de Tucumán, Antonio Gómez, impulsó una denuncia por delitos ambientales contra el titular de Minera La Alumbrera, debido a un hecho de contaminación.

El ex-gobernador Gabrielli es el puente entre los Félix y Mosso. Esto lleva a que recientemente, según muestra el propio Mosso en su Twitter, visitó la Mina Gualcamayo en San Juan, que aún es propiedad de Yamana Gold, más allá de estar en proceso de venta desde 2017. Los hermanos Félix alentaban en los meses iniciales de este año, y ante las definiciones del armado de las listas del PJ, un Instituto Provincial de Minería (algo así como el instituto de la megaminería). Un organismo similar a Irrigación, con características de ser un ente autárquico y donde pudieran participar las ONG y asambleas socio-ambientales en los procesos de control por parte del estado en el desarrollo de la megaminería en Mendoza. El tema, es que Irrigación, si bien nació con un buen fin: la organización y protección del recurso hídrico, con las décadas, se transformó en un mecanismo burocrático en busca del control de los Inspectores de Cauce para controlar territorios. El control territorial sabemos que definen elecciones. La creación del Instituto Provincial de Minería, llevaría adelante la regulación de la Policía Minera, prevista por la propia Ley 7722 y que se podría constituir en un nuevo ejercicio de control territorial a base de prebendas políticas.

En esta entrampona se encontró el PJ, al negociar Alberto Fernández con los gobernadores radicales la Ley de Emergencia y al señalar con claridad que las leyes de Chubut y Mendoza ya estaban en marcha, como señaló Página 12 en su edición papel. Furcio que parece transparentar acuerdos que se vieron reflejados en las votaciones tanto de la Legislatura mendocina como por parte de legisladores opositores en el Congreso Nacional. El mal cálculo explotó en las calles de Mendoza desde hace una semana y que los caciques del PJ local trataron de resolver con una conferencia de prensa con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, Guillermo Carmona, Bermejo y el propio Félix, quien fue el que llevó la batuta de la conferencia, donde a grandes rasgos plantearon el acompañamiento del proyecto de modificación enviado por Suárez y el aporte de modificaciones que nada cambiaban al fondo de la cosa.

El costo político ya desangra al PJ. Guillermo Carmona desde tu Twitter salió a pedirle al gobernador Suárez que vete la ley debido a las movilizaciones populares, hasta aquí el único que ha salido públicamente a fijar una posición opuesta a lo dicho en la conferencia de prensa y a lo reflejado en las votaciones de las dos Cámaras en la Legislatura. En tanto, Sagasti sigue en silencio y las bases militantes cada día más descontentas con la decisión tomada.

Acá nadie se rinde

En este contexto, las asambleas socio-ambientales salieron a repudiar los votos positivos al proyecto de reforma de la 7722 que envió el gobernador Suárez. La historia marca los sentidos y los caminos. La Ruta 40 fue escenario de los cortes apenas asumió Jaque a la gobernación y las piletas con agua fueron emblema de una lucha que ocupó la enunciación de sentidos en un verano que soñaba tranquilidad y que mostró que las calles y las rutas eran la estrategia. La emblemática 40, hoy es testigo de un hecho histórico para Mendoza, casi con ribetes épicos. La marcha que convocó el pueblo de San Carlos arrancó a las ocho de la mañana del día domingo para ver hoy las puertas de la Casa de Gobierno, donde la exigencia es el veto del mismo autor del proyecto de reforma, a lo que se aprobó el día viernes en la Legislatura.

Las Asambleas se han multiplicado y este mismo domingo se constituyó la Asamblea del Agua de La Paz, tal vez sea el último departamento de la provincia que aún no había encontrado la asamblea como método para el encuentro por preservar el agua. Las movilizaciones se multiplicaron y en horas de la noche de ayer, hubo una masiva concentración y corte en Luján de Cuyo, marchas multitudinarias en Rivadavia, San Martín, Maipú. Lavalle se movilizó hasta el nudo vial. Una verdadera Asamblea del pueblo que ha resistido una vez más a los embates por la instalación de la megaminería en una provincia que claramente no le otorga licencia social. Un punto destacado, la Asamblea de Uspallata que sostuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, donde hasta el Cura del pueblo participó en las movilizaciones. La Casa de Gobierno rodeada por la dignidad de miles marchando y exigiendo. Miles que dicen: “no hay licencia social para la megaminería”. El caracol en su estrategia.

Hacia una mirada “biocéntrica”

Dice el poeta José Martí en su poesía Banquete de Tiranos: “Hay una raza vil de hombres tenaces/ de sí propios inflados, y hechos todos, / todos del pelo al pie, de garras y diente; / y hay otros, como flor, que al viento exhalan / en el amor del hombre su perfume”. La resistencia deja de ser resistencia para ser encuentro en la mirada con el otro y la otra. Nuevas formas de habitar las relaciones entre política y la tierra. Nuevas formas de encontrarnos con la Pacha, la Mapu, Abya Yala, la Gran Madre, la Madre Tierra. Un sentido donde el perfume del amor a la tierra es un reencuentro con el sentido profundo de la existencia. Una búsqueda de un senti-pensar biocéntrico que nos permita un regreso a la tierra.

El intelectual uruguayo Eduardo Gudynas nos dice que los valores biocéntricos buscan “colocar los valores propios en la vida, sea en individuos, especies o ecosistemas”. Esto nos lleva a analizar distintas dimensiones a la hora de un emprendimiento megaminero y las reacciones sociales, en particular cuando una reforma de una ley es regresiva en materia de derecho (y por lo tanto inconstitucional) pero sobre todo, nos marca un eje fundamental en el debate: la vida, que si bien es paradójica y contradictoria según desde donde la podamos abordar, es la raíz que echa luz a las relaciones entre humanidad y naturaleza.

Desde la perspectiva de la ecología profunda el mismo Gudynas, dice: “Bajo esta concepción, la Naturaleza ocupa un papel central, aunque se introduce otro énfasis clave: esa naturaleza si bien es entendida de una manera extendida y ampliada también incluye a la sociedad. Dicho de otra manera, la cultura y las sociedades humanas se insertan dentro de la Naturaleza”. El biocentrismo busca una forma igualitaria de todas las formas de la naturaleza, lo cual pone en debate la concepción antropológica de la modernidad y con ello, sobre todo, de las consecuencias de la revolución industrial. Paradigma que día a día agota un poco más su pólvora.

Fuentes: Blog del Proyecto Lemu - 25 de Diciembre de 2019

http://www.opsur.org.ar/blog/ - Ecoportal.net

El Agua vale más que el Litio...

Nuevo apoyo a las comunidades indìgenas de Jujuy (Argentina)

Académicos especialistas en América Latina que ejercen su actividad en Estados Unidos, expresaron su apoyo a las 25 comunidades unidas del pueblo Kolla de la  Kolla de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc en su lucha contra la minería del litio. 

El comunicado suscripto por más de 20 estudiosos americanos, acuerda con el reclamo de las comunidades en su oposición a la actividad extractiva de las empresas Ekekos S.A., AIS Resources y lo hicieron extensivo a cualquier otra empresa minera del litio que trate de operar en el territorio de estas comunidades. 

Entre los firmantes se encuentran académicos de las universidades de California, Carolina del Norte, San Diego y Michigan entre otros. 

Junto a los originarios señalaron los graves daños medioambientales que la minería del litio ha producido en la Laguna Guayatayoc, “afectando gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna”. Por lo que rechazan cualquier actividad minera en el área sea o no amparada por una consulta, previa libre e informada, porque consideran dicha consulta una trampa para imponerles la minería del litio contra su voluntad. 

Agregaron que, como especialistas en Latinoamérica, repudian la actuación del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, “cuya respuesta ha consistido en militarizar la zona enviando efectivos policiales y tropas de infantería para defender a las empresas mineras.” 

En efecto, ayer en horas de la tarde al menos 6 camionetas con efectivos de Infantería de la Policía de la Provincia de Jujuy y tropas de Gendarmería arribaron a la Ruta Nacional 52 donde mujeres, niños y hombres de las comunidades mantienen un corte de tránsito parcial. 

Los académicos además instaron al presidente de la nación Mauricio Macri a respetar la reciente declaración de las comunidades donde designan a la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc como “patrimonio natural ancestral de los pueblos originarios” y “zona libre de megamineria, minería del litio o de cualquier otro proyecto extractivo que dañe la Pachamama” 

Finalmente, exigieron que se cumpla la demanda central de las comunidades: que el gobierno provincial anule el concurso de oferentes 1/2018 para la prospección geológica, exploración y factibilización de proyecto minero en Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama en la provincia de Jujuy, Argentina. 

Las comunidades Kolla de Salinas Grandes no están solas, agregaron, las ampara la legislación internacional en materia de derechos indígenas y les apoya la comunidad internacional. 

En tanto los integrantes de las comunidades expresaron hoy que continuarán con su reclamo, realizando cortes parciales y acampando a la vera de la Ruta 52 por tiempo indeterminado hasta que la provincia haga lugar a su reclamo anulando el concurso para la prospección y explotación del litio. 

La declaración de apoyo lleva las firmas de: 

Arturo Arias, Universidad de California, Merced 

Matilde Azcarate, Universidad de California, San Diego 

Marisol de la Cadena, Universidad de California, Davis 

Jaime Concha, Universidad de California, San Diego 

Benjamin Cowan, Universidad de California, San Diego 

Enrique Davalos, San Diego City College 

Arturo Escobar, University of North Carolina, Chapel Hill 

Greg Dawes, North Carolina State University 

Christine Hunefeldt, Universidad de California, San Diego 

Misha Kokotovic, Universidad de California, San Diego 

Amy Kennemore, University of Callifornia, San Diego 

Luis Martin-Cabrera, Universidad de California, San Diego 

Daniel Noemi, Northeastern University 

Beatrice Pita, Universidad de California, San Diego 

Nancy Postero, Universidad de California, San Diego 

Federico Pous, Elon University 

Rosaura Sánchez, Universidad de California, San Diego 

Miguel Tinker Salas, Pomona College 

Freya Schiwy, Universidad de California, Riverside 

Ivonne del Valle, Universidad de California, Berkeley 

Gustavo Verdesio, University of Michigan 

Marcelino Viera, Michigan Tech University 

Fuente: Jujuy Dice - 15 de Febrero de 2.019 

jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/nuevo-apoyo-internacional-para-el-reclamo-de-las-comunidades-indigenas-45347?fbclid=IwAR2QSK2pWk8joLKMK5a3GU4B0qlNi6vR2X4fP6YAKJ9_oEg6LMstAxXGHqQ 

La fiebre del litio amenaza los salares de Bolivia, Chile y Argentina

Concentrado en cantidades ingentes en la salmuera de los salares de Bolivia, Chile y Argentina, el litio se ha convertido en la gran estrella de la megaminería mundial.

La explotación masiva amenaza con transformar definitivamente parajes desérticos donde las lluvias no superan los 200 mm anuales. La escasez de agua se presenta entonces como uno de los principales problemas ambientales que destacan los expertos.

En idioma aymara, qollpa significa sal. De ese vocablo deriva Coipasa, el nombre que recibe el segundo salar más grande de Bolivia y el quinto del mundo en extensión. Los 2218 kilómetros cuadrados de Coipasa se sitúan en el Departamento de Oruro, a 3680 metros sobre el nivel del mar. Una inmensa planicie de color blanco recortada por surcos que se asemeja a un gigantesco panal de abejas. Los salares, esas formaciones extrañas, inhóspitas, distantes y alejadas de cualquier centro urbano, tienden a parecerse entre sí.

Coipasa, sin embargo, encierra una sorpresa. Rodea por completo a un lago con el que comparte el mismo nombre. Así, en medio de la sábana blanca un espejo gigante refleja el color del firmamento. Es una fotografía bellísima, pero también vale como metáfora de un conflicto que atraviesa desde hace un tiempo el Altiplano de Bolivia, Chile y Argentina. El espacio es conocido hoy como el “Triángulo del Litio”, un mineral que es componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares y otros artilugios, y que despierta hoy la codicia de empresas de todo el planeta.

La sal y el agua se convierten así en protagonistas de una batalla impensada detrás de la cual subyace la amenaza de que la explotación exagerada de la primera termine por agotar la existencia de la segunda, ya de por sí escasa en un entorno desértico y de extrema fragilidad ecológica.

Milenarios habitantes de las alturas, los aymaras, kollas, atacameños, humahuacos y demás grupos étnicos han sabido desde siempre cultivar y extraer de la costra salina las cantidades necesarias del producto blanco sin alterar el equilibrio ambiental. La explotación de la sal en estos parajes es, junto al cultivo de la quinua y la cría de llamas, vicuñas, alpacas y cabras, un trabajo ancestral para esas comunidades. Pero la transformación del paisaje ya se ha hecho evidente. La bióloga Patricia Marconi, coordinadora del Grupo de Conservación del Flamenco Altoandino, describe de manera categórica una situación que, si nada la remedia, marcará un antes y un después en esos parajes donde ni siquiera respirar es tarea sencilla: “Estamos viviendo una Fiebre del Oro donde todo está permitido”.

La ‘piqueta’ quedó atrás, ha llegado la megaminería

Hasta hace relativamente poco tiempo, el litio se utilizaba en dosis mínimas en industrias como la del vidrio, el acero, la óptica o la aeronáutica. También en medicina como antidepresivo. Pero desde que sus propiedades lo convirtieron en material indispensable para las baterías acumuladoras de energía, el interés en este mineral inestable y poco conocido cambió radicalmente.

El auge universal de la telefonía celular y otros aparatos electrónicos semejantes, y el incalculable margen de expansión debido a la decidida apuesta por los vehículos eléctricos en los países del norte desarrollado se unieron para desatar la fiebre. De un modo más o menos oculto, también la potencialidad del uso del litio como fulminante en la cadena de producción nuclear ha multiplicado la demanda: “Por algo Estados Unidos y China son los principales compradores”, afirma a Mongabay Latam el profesor Néstor Ruiz, antropólogo y perito ambiental de la Universidad de Jujuy, la provincia más septentrional de la Argentina y donde están enclavados los salares más extensos del país.

Ya no se trata entonces de pequeños productores locales que piqueta en mano se juegan el futuro de sus retinas sobre la superficie blanquecina —el trabajo prolongado en esos entornos climáticos afectan seriamente los órganos de la visión—; a los salares ha llegado el tiempo de la megaminería, y como ocurre en Coipasa, el agua ha pasado a ocupar el centro de la escena.

“Los métodos de trabajo han cambiado”, explica Marcelo Sticco, hidrogeólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires, “la explotación ahora es semejante a la del petróleo: se hacen pozos en la superficie y se bombea salmuera desde las profundidades hacia el exterior. Después se vuelca lo extraído en piletas construidas sobre el mismo salar y se deja que el sol vaya evaporando el agua para que solo queden las sales”. El sistema, como se aprecia, es simple, no necesita de grandes sofisticaciones y hasta podría calificarse de ecológico, pero esto apenas es una apariencia.

La salmuera no es muy diferente a las aguas del mar, salvo por un detalle: mientras estas cuentan con unas 30 000 partes de sal por millón, las que se encuentran enterradas en Uyuni y Coipasa, en Bolivia; Atacama en Chile; y Salinas Grandes, Olaroz-Cauchari o el Salar del Hombre Muerto en Argentina, por nombrar solo a los espacios más importantes, contienen entre 100 000 y 300 000 partes por millón. No hay en todo el planeta otra región que concentre semejante riqueza potencial con un nivel de accesibilidad relativamente sencillo.

“Uyuni es el depósito más grande del mundo en contenido de litio como recurso”, se ufana el ingeniero Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB), la empresa estatal que el Gobierno de ese país creó para centralizar la explotación del cotizado mineral. “Hay ingente cantidad de salmuera que nos permitiría la explotación durante 200 o 300 años”, dice, antes de aclarar que “tenemos limitaciones y la conciencia de controlar nuestra intervención para no generar problemas medioambientales”. En 2011, mucho antes de la creación de YLB, el mismo Gobierno de Bolivia había elevado a la Unesco el pedido para que Uyuni fuese incorporado a la lista de Patrimonios de la Humanidad. Hoy la idea ha sido dejada en un segundo plano.

De las tres naciones embarcadas en el gran negocio del litio, Bolivia es la única que apuesta decididamente por cerrar por completo el círculo de la industrialización, es decir, extraer la salmuera, separar el carbonato de litio que se utiliza en los cátodos de las baterías, y terminar construyendo las propias baterías para darle mayor valor agregado a sus exportaciones, tal como se desprende de la “Estrategia de Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia”, lanzada por el Gobierno del país en octubre de 2010. Con ese objetivo, en los últimos meses YLB ha firmado sendos acuerdos para conformar empresas mixtas con la compañía alemana ACI Systems y ahora con la china Xinjiang TBEA Group, respectivamente, las cuales se comprometieron a realizar inversiones por más de 3000 millones de dólares.

Sin embargo, de los tres países que forman el conocido ‘Triángulo del litio’, Bolivia es el que lleva más retraso en la explotación. “A diciembre de 2017, la producción no superaba las 60 Tm anuales”, asegura Juan Carlos Zuleta Calderón, economista y consultor de Potosí, reconocido analista de la economía del litio e integrante de la Comisión Nacional del Litio de Chile. El ingeniero Montenegro, por su parte, actualiza y estira la cifra hasta 250 toneladas en 2018, pero acepta que “todavía es muy pequeña”.

A cambio de este avance a paso lento, los ecosistemas de los salares donde está previsto instalar las plantas productoras se mantienen más o menos intactos, aunque no exentos de riesgos. “Los pocos estudios de impacto ambiental realizados solo constataron que las aguas subterráneas son fósiles, es decir que una vez que se consuman no se renovarán, pero no se conoce con certeza la cantidad de agua existente”, subraya Rumi Muruchi Poma, doctor en Economía Política, residente en Alemania pero potosino de nacimiento y perteneciente a la etnia aymara-quechua.

La agonía medioambiental

Chile es el caso contrario. El salar de Atacama, segundo más grande del mundo tras el de Uyuni, lleva más de dos décadas de explotación intensiva y el país es el principal exportador mundial de litio extraído en salmueras. Las empresas SQM, de capitales chilenos y sobre la que pesan innumerables denuncias, litigios y sanciones por incumplimiento de distintas normas ambientales, de producción y del uso del agua; y Albemarle, norteamericana, están presentes respectivamente en el oeste y el sur del salar. Los efectos de veinte años de megaminería ya son visibles a simple vista.

“Atacama vive una agonía socioambiental”, sostiene Bárbara Jerez, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso en diálogo con Mongabay Latam: “Se están arrasando humedales, bofedales, ojitos de agua. Se ha roto el equilibrio hídrico del territorio y con ello también se está arruinando la economía local de los indígenas”. El Comité de Minería No Metálica de Chile ha establecido que la capacidad de recarga hídrica del salar es de 6682 litros/segundo. La descarga de las empresas es, sin embargo, de 8802 litros/segundo.

En Chile, el litio es considerado un “recurso estratégico” desde 1979, y una institución estatal, la Corporación para el Fomento de la Producción (CORFO), cuyo Departamento de Comunicación y Marketing no respondió las repetidas consultas realizadas desde Mongabay Latam, se ocupa de administrar las minas a través de acuerdos de concesión firmados con las empresas interesadas, las que además deben respetar un cupo anual de extracción. A principios de 2018, SQM logró la renovación de su contrato hasta 2030, así como la multiplicación por cinco del citado cupo. “Es un buen acuerdo por ambas partes”, afirmaba por entonces Patricio de Solminihac, gerente general de la compañía, en una revista de circulación interna. Su conclusión no admitía dudas: “Para SQM, lo más importante es que nos permite un crecimiento muy relevante en la cuota de producción y comercialización del litio en el Salar de Atacama y nos da la posibilidad de consolidar nuestro liderazgo en el mercado mundial”.

Argentina, por su parte, se encuentra en un punto intermedio. La explotación del litio lleva 21 años en el pequeño Salar del Hombre Muerto (588 km2), donde la empresa FMC Lithium ya ha sido varias veces denunciada por contaminación de las aguas. En cambio, es más o menos reciente en Salinas Grandes y el complejo Olaroz-Cauchari. Pero en los últimos dos años, la apertura absoluta hacia las inversiones extranjeras ha abierto el grifo a la llegada de empresas transnacionales de todo el mundo, y en estos momentos existen más de 60 solicitudes de permisos de prospección, de los cuales 28 ya están en proceso en diferentes salares de la Puna de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

“Todavía estamos a tiempo de prevenir los riesgos, porque la mayoría de los emprendimientos se están iniciando y podríamos establecer condiciones para que se realicen respetando un derecho humano tan evidente como el acceso al agua”, se ilusiona Virginia De Francesco, responsable del área de medio ambiente y desarrollo sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, aun sabiendo que será difícil regular lo que se haga en los pozos. En Argentina no son las autoridades nacionales sino los gobiernos provinciales, cuestionados dentro del país por ser muy débiles en cuanto a su poder y muy necesitados de recursos económicos urgentes, los encargados de otorgar los permisos y efectuar los controles.

Pero más allá de las diferencias administrativas de sus regentes y de la velocidad en la puesta en marcha de sus procesos de explotación, los salares de los tres países comparten dinámicas de funcionamiento hídrico semejantes y el mismo problema en el punto de partida. “No hay líneas de base para hacer las valoraciones ni capacidad para efectuar controles efectivos”, dice la abogada argentina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Una especie de esponja que chupa agua embebida en sales

“Las permeabilidades del suelo, los registros de lluvia y nieve o el calor le dan particularidades a cada salar, pero el modelo general es igual en todas las cuencas del Triángulo”, resume Marcelo Sticco, investigador de la Universidad de Buenos Aires. Una cuenca, explica este hidrogeólogo argentino, es como una olla rellena de materiales arenosos que funciona como una especie de esponja en las profundidades del salar. Allí se va acomodando la poca agua que ingresa al sistema. Mientras tanto, en los bordes y en franjas de pocos kilómetros llamadas abanicos aluviales se acumula el agua dulce que equilibra el líquido que entra y sale del sistema en forma natural y permite la alimentación del ganado y de la fauna, la actividad agrícola y el surgimiento de pequeños bosques. En resumen, la existencia de vida en la zona. El quid del tema es que el movimiento de esos volúmenes de agua dulce está totalmente influenciado por lo que ocurre en el centro del salar.

“La explotación a través de pozos”, indica Sticco, “forma los llamados ‘conos de depresión’, embudos que cambian el gradiente hídrico. Si naturalmente, merced a la suave inclinación del terreno, el agua dulce se moviliza progresiva y horizontalmente creando una zona de mezcla con la salmuera, los conos transforman el lugar en algo así como en un tobogán y el agua se introduce casi de manera vertical. De este modo deja de estacionarse en los bordes del salar y ya no está disponible para la población, el ganado o la flora”.

En el fuero oficial, sin embargo, las opiniones difieren. “Uyuni tiene 10 000 km2 y nuestra área de intervención es de 40 km2, menos del 1 %. Además, el agua que ingresa al salar a través del río Grande supera en mucho la cantidad que evaporamos en nuestro proceso”, asegura el ingeniero Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB).

Los números, sin embargo, no acaban de cerrar. Entre otros motivos, porque no es solo a través del bombeo de salmuera que se pierde agua. La evaporación en piletas requiere de dos millones de litros por cada tonelada de litio producida y deben utilizarse grandes cantidades de agua dulce para los procesos finales de obtención del carbonato de litio y su separación del resto de sales y compuestos. No debe olvidarse el dato de que la concentración original del mineral en la salmuera es de un 0,22 %, se eleva a un 6 % por la evaporación y solo después del agregado de reactivos y agua dulce alcanza el 99,1 %, necesario para su utilidad comercial.

Si hiciera falta algún apartado más para convertir a la minería del litio en un conflicto latente es la disparidad entre los tiempos necesarios para realizar una investigación y planificación exhaustiva que permita una explotación sustentable y los que establece la demanda internacional. “Hoy, los grandes actores económicos quieren invertir en litio”, analiza la doctora Marchegiani, “esto ocurre ahora mismo, pero simultáneamente se están buscando otras fórmulas para almacenar energía más baratas y fáciles de obtener”.

El hidrógeno, el sodio, el silicio son algunos de los competidores que asoman en el horizonte para acortar la ventana de rentabilidad del litio. 30 o 40 años de demanda masiva es el plazo de furor que la mayoría de los investigadores le abren al causante de la nueva “Fiebre del Oro” en las altiplanicies de Bolivia, Chile y Argentina. Algunos incluso lo acortan por debajo de los 20, un tiempo demasiado corto para estudiar a fondo los efectos posibles sobre ecosistemas desérticos, en los que las lluvias no superan los 200 mm anuales. Las empresas y los gobiernos se ven así empujados a acelerar los procesos sin detenerse en exceso a pensar qué puede ocurrir después, cuando la ola haya pasado.

En esa disyuntiva se juega el futuro de la vida en la Puna. Con la sal recubriendo los paisajes y el agua en el epicentro de la escena y el debate. Como en Coipasa, ese remoto lugar en Oruro que los aymaras alguna vez simplemente llamaron Qollpa, es decir, sal.

Fuente: Mongabay - 13 de Febrero de 2.019