ONU: Australia no protegió a indígenas del cambio climático

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) dictaminó que Australia no actuó para defender a pueblos indígenas de los efectos del cambio climático, por lo que pidió que los indemnice.

El país también debe “entablar consultas significativas para realizar una evaluación de las necesidades”, señaló la ONU en una de sus primeras decisiones que enlaza el calentamiento global con las libertades fundamentales.

El dictamen de la ONU, no vinculante, da la razón a la denuncia interpuesta ante el Comité por ocho habitantes indígenas de cuatro pequeñas islas del estrecho de Torres, en el año 2019.

Los indígenas denunciaron entonces que Australia perjudicó su modo de vida al no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y retrasar la urgente construcción de rompeolas en la zona.

Producto de ello, sus islas sufrieron graves inundaciones que destruyeron enterramientos familiares tradicionales y el suelo se degradó, recudiéndose así la producción alimentaria, basada en la agricultura y pesca, indicaron.

Tras analizar el caso, el Comité compuesto por 18 expertos independientes, determinó que Australia violó los derechos de los indígenas a “disfrutar de su cultura y ser libres de interferencias arbitrarias”.

Esta decisión “es un hito importante”, pues crea una senda para presentar “reclamaciones ante políticas nacionales fallidas a la hora de proteger a los más vulnerables del impacto del cambio climático”.

Así lo sostuvo Hélène Tigroudja, miembro del comité, quien también indicó que los Estados que no protejan a sus ciudadanos del cambio climático “podrían estar violando sus derechos humanos según la ley internacional”.

Como se recuerda, en julio, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que, por primera vez, consagra de forma universal el derecho humano a un medioambiente “limpio, saludable y sostenible”.

La resolución fue impulsada por un grupo de países liderados por Costa Rica y recibió el apoyo de 161 Estados miembros, ningún voto en contra y ocho abstenciones.

Por El Orejiverde

Fecha: 30 de Septiembre de 2022

Ecuador: Indígenas reciben Premio Goldman por proteger a su pueblo de la minería

Dos líderes indígenas de la comunidad A’i kofan de Sinangoe, en la Amazonía de Ecuador, ganaron el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2022 por proteger su territorio de la minería de oro.

Alexandra Narváez y Alex Lucitante encabezaron un movimiento con el que consiguieron que el Estado revierta 52 concesiones de extracción de oro en su territorio que fueron otorgados sin consulta previa. El éxito legal de la lucha liderada por ambos indígenas protege unas 32 mil hectáreas de selva tropical prístina y biodiversa en las cabeceras del río Aguarico de Ecuador, destacó el jurado.

Con 32 años, Alexandra Narváez se ha ganado el reconocimiento de su comunidad por asumir roles que hasta hace no mucho ocupaban solo los varones. Fue la primera mujer en unirse a la Guardia Indígena de Sinangoe, preside la Asociación de Mujeres Indígenas de Sinangoe Shamec’co y, además, es vocera de su comunidad.

Por su parte, Alex Lucitante, de 29 años, resalta por su cercanía con la medicina ancestral de sus abuelos y su temple para luchar por mantener “intactas las selvas sagradas”.El líder destacó que este reconocimiento es un impulso de fortaleza para la comunidad de Sinangoe e inspirará a las nacionalidades indígenas del Ecuador que acompañaron la larga lucha de su pueblo.

Una lucha de años

Desde la década de 1960, los forasteros han tratado de extraer petróleo y minerales del territorio ancestral kofan, ubicado al noreste del Ecuador, en el Parque Nacional Cayambe-Coca. La comunidad A’i kofan de Sinangoe se asienta a orillas del río Aguarico y está conformada por 56 familias, unas 230 personas.

Los ríos Kofan y Chingual son afluentes del Aguarico y sirven para la alimentación, el riego y el disfrute de sus habitantes. Por eso, en cuanto los líderes indígenas, hoy premiados, advirtieron de las operaciones mineras en territorio de la comunidad, en 2017, iniciaron acciones para unir a la comunidad y defender sus tierras.

Así, tras monitorear la zona y confirmar el peligro que corría el territorio, la comunidad demandó al Estado, iniciándole un proceso judicial por violar sus derechos y entregar concesiones mineras sin el consentimiento previo de los kofan.

Como resultado de este proceso, en 2018 la Corte Constitucional falló a favor de la comunidad ordenándole al Estado ecuatoriano a cancelar 52 concesiones ilegales de extracción de oro. Esta victoria no se habría concretado sin el empuje de líderes como Alexandra Narváez y Alex Lucitante que desde la Guardia Sinangoe alentaron y organizaron la defensa del territorio comunal.

No obstante, lejos de cualquier pensamiento individualista, los líderes premiados reconocen que este galardón es en mérito al esfuerzo colectivo de toda la población kofan. “Este no es un reconocimiento a Alex y Alexandra, es un reconocimiento a la comunidad A’i kofan de Sinangoe por el esfuerzo, por esa lucha”, aseguró Alexandra Narváez a Mongabay Latam.

Cabe resaltar que esta es la cuarta vez que Ecuador es premiado con este galardón luego de haberlo recibido Luis Macas, en 1994, Pablo Fajardo Mendoza y Luis Yanza, en 2008 y Nemonte Nenquimo, en 2020.

Por El Orejiverde

Fecha: 06/06/2022

Ordenan detener la tala de bosques nativos en territorio mbya guaraní en la provincia de Misiones - Argentina

El gobernador Oscar Herrera Ahuad ordenó a la empresa forestal Carba S. A. el cese de la extracción de bosques nativos en el Lote 7-B en Campo Grande, Valle del Cuña Pirú, mediante un decreto, y ordenó la realización de la Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) a las comunidades del pueblo indígena Mbya Guaraní.

El decreto 710/22 suspende la autorización del “Plan de Manejo Sostenible”, aprobado en diciembre de 2019 por la Resolución N°419/19 y revoca la Resolución N°515/20 del Ministerio de Ecología provincial que permitió la incursión al monte nativo, apeo y corte de árboles nativos que las comunidades mbya guaraní venían resistiendo.

Roxana Rivas, abogada del Endepa y del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, señaló a Originarios.ar que el decreto del gobernador de Misiones “es una respuesta a los recursos administrativos que fueron presentados por parte de las comunidades indígenas del valle del Cuña Pirú contra el ´plan de manejo sustentable´ que presentó la empresa forestal”.

La abogada indicó que con las comunidades Yvy Chi, Ka a Kupé, Ko e Ju Miri, Tajy Poty y Koe Ju realizaron presentaciones judiciales a partir del año 2017 a raíz de la autorización provincial a Carba S. A. para la explotación de bosques nativos.

En diciembre de 2019, la letrada efectuó la presentación de un recurso de reconsideración para que el ministerio reviera la medida, en el medio se desató la pandemia situación que extendió los plazos pero no evito que la empresa realice el desmonte.

Las comunidades, a través de Rivas, realizaron la presentación de un amparo judicial en mayo de 2020 pidiendo la medida de no innovar para que se detenga el desmonte, en septiembre del mismo año la cámara de apelación ordenó una medida de no innovar que duró solo dos días al ser rechazada por el Poder Judicial de misiones a favor de la empresa forestal.

Rivas agregó que “lo que se pedía a través de las presentaciones judiciales era que pararan el desmonte hasta que se discutiera el recurso presentado por las comunidades que apuntaba a la nulidad de la autorización porque no se había respetado la CLPI a las comunidades, quienes además denunciaron practicas arbitrarias como el “acarreo” de los caciques a los que convocaban de un día para el otro con citaciones irregulares y a través de edictos que ni siquiera estaban en idioma guaraní y a los que no tenían acceso.

“Las comunidades mbya guarani durante los años 2020, 2021 y 2022 resistieron con sus cuerpos adentro del monte la destrucción del bosque nativo, que fue lo que en definitiva detuvo el desmonte en los hechos”, destacó a abogada.

Para Rivas “el decreto refuerza lo que denunciaron las comunidades y sienta un precedente para futuras acciones luego de resistir el hostigamiento, difamaciones, denuncias y maniobras que no lo hacia la empresa sino que lo hacia el mismo Ministerio de Ecología, defensor a ultranza de la empresa”, lamentó la abogada especialista en Derechos Indígenas.

Durante el presente año, las comunidades que están en el territorio en disputa con la empresa y particulares realizaron una demanda judicial al estado provincial y nacional para que otorguen los títulos de propiedad comunitaria.

“El solo relevamiento de la ley 26160 y la carpeta técnica no les estaba alcanzando porque las empresas y los privados no lo respetan”, afirmó la letrada.

Por ultimo destaco que “se abre un proceso de consulta donde hay que prepararse hay que estar firme para que las comunidades sostenga el no avance de las forestales sobre el monte”.

El decreto firmado por el gobernador, en sus considerandos, menciona que se deberá proceder nuevamente en la Consulta Previa, Libre e Informada, por demás obligatoria, sobre todos los actos que afecten a los recursos naturales y territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas del país.

Además, hace mención de los marcos legales que amparan a los pueblos indígenas como la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente: Economis - Posadas (Misiones) 31 de Mayo de 2022

https://economis.com.ar/ordenan-detener-la-tala-de-bosques-nativos-en-territorio-mbya-guarani-en-campo-grande/

𝐄𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐨́ 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐊𝐮𝐧̃𝐚 𝐏𝐢𝐫𝐮́ 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢́𝐠𝐞𝐧𝐚𝐬

La lluvia suele ser un buen augurio, y este viernes, sin dudas, trajo alegría. Las Comunidades Ka´a Kupe, Yvy Chĩ, Ko’ẽ Ju Mirĩ, Tajy Poty y Ko’ẽ Ju -que habitan el Valle del Kuña Piru, sobre la Ruta Provincial 7- recibieron una noticia que infundió una gota de esperanza y reafirmó la convicción en que la lucha da sus frutos.

El Gobierno de Misiones decretó el cese de todo tipo de actividad de la empresa CARBA en el territorio indígena relevado por Ley 26160 y el inicio de un proceso de consulta previa, libre e informada a las Comunidades, como debió hacerse desde un principio. Indicó también al Ministerio de Ecología acogerse a esta normativa, que marca una nueva línea en cuanto a los conflictos con las Comunidades respecto al manejo de los montes nativos.

El enfrentamiento con la empresa CARBA, que lleva al menos dos décadas, significó mucho dolor para las Comunidades. Vieron frente a sus ojos la destrucción del monte nativo -su casa-, las motosierras cortando sus árboles y la desidia del Estado que por años decidió mirar para el costado.

Sin embargo, hoy se dio un paso firme, producto de la lucha incansable de los Mbya por sus territorios, con la firma de un decreto reparatorio por parte del Gobernador Herrera Ahuad. Entre sus considerandos se menciona el incumplimiento estatal de su obligación de consulta previa, libre e informada, por demás obligatoria, sobre todos los actos que afecten a los recursos naturales y territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas, haciendo mención de los marcos legales que los amparan, como la Constitución Nacional, la Ley 26160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Hoy sentimos que cuando se quiere solucionar y comprender, es fácil de hacer. Esto significa el compromiso de escuchar a las Comunidades. Siempre se necesita el compromiso del Gobierno, porque son los responsables y quienes deben estar cerca de las Comunidades”, expresó Mario Borjas, mburuvicha de Tekoa Ka’a Kupe.

Aseguró que hoy sienten alivio, “pero por dentro tenemos sufrimiento y no nos olvidamos del impacto que hemos pasado, varias situaciones por defender la naturaleza”.

Por eso, Mario Borjas espera que esto sea un comienzo y que “siempre sea así, que las Comunidades Indígenas sean escuchadas y sean partícipes”.

El monte no es un bien económico para los Mbya. Es su casa, donde producen y reproducen cultura, de donde se sirven los alimentos, techo, medicinas y donde pueden ser libres de ser quienes son.

“Sin Mbya no hay monte y sin monte no hay Mbya” dijo -en oportunidad de recibir su título de Doctor Honoris Causa de la UNaM- Bartomeu Melià.

La profunda descripción que dio M. Borjas marca con claridad absoluta la relación de los Mbya con la selva, por eso la herida aún sigue abierta, porque lo perdido no se recupera: “Siento fuerte el golpe de haber perdido la naturaleza, que es una vida para nosotros y cuando la perdemos sentimos debilidad espiritual”.

Sin embargo, hoy primó la alegría. Con mucha emoción, Borjas agradeció el compromiso que tomó en este caso el Estado provincial y también a la abogada Roxana Rivas quien tiene a su cargo pleitos judiciales que involucran a varias Comunidades Mbya en Misiones.

“Seguiremos llevando nuestros reclamos porque queremos que el título de propiedad quede en manos de la Comunidad, sabemos que esto también es un proceso. Seguiremos luchando por nuestros territorios porque son nuestros, porque somos los primeros habitantes de lo que hoy es Argentina”, cerró.

En un clima de alegría y bajo la lluvia, el mburuvicha Mario Borjas agradeció el compartir y la tranquilidad de estar cada uno en su casa, con su familia, disfrutando de las simplezas de la vida. Hoy se fortaleció la esperanza de que no todo está perdido.

Fuente:EMIPA - ENDEPA

28 de Mayo de 2022

Comen

Declaran como «sitios sagrados» a Punta Querandí y La Bellaca

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció como «sitios sagrados» a Punta Querandí y La Bellaca, ubicados en la localidad de Dique Luján, en el partido de Tigre; y a Cerro La Caballada, situado en el distrito de Carmen de Patagones. «Este paso nos da fuerzas para encarar lo que viene: el regreso de 42 ancestros al sitio Arroyo Sarandí, una zona hoy ocupada por Nordelta, y la defensa de otros espacios territoriales en peligro por emprendimientos inmobiliarios», afirmaron desde la comunidad indígena. Por Punta Querandí.

La resolución del organismo nacional, firmada el 17 de mayo por su presidenta Magdalena Odarda, apunta a proteger, visibilizar y honrar las diversas actividades ceremoniales, espirituales y culturales que realizan los pueblos originarios en estos espacios.

El territorio ancestral de Punta Querandí, enclavado en una zona de enterratorios que fueron destruidos por el emplazamiento sin control de distintas urbanizaciones de barrios privados, es protegido hace más de una década por una comunidad pluriétnica. En el lugar, se conservan restos arqueológicos indígenas de mil años de antigüedad y se realizan ceremonias y actividades educativas abiertas a toda la sociedad.

«Es una gran alegría que desde el Estado se reconozcan nuestros sitios sagrados en el Conurbano bonaerense», expresaron desde la Comunidad Indígena Punta Querandí, que realizó su primera solicitud formal hace casi 15 años.

«Este paso nos da fuerzas para encarar lo que viene: el regreso de 42 ancestros al sitio Arroyo Sarandí, una zona hoy ocupada por Nordelta, y la defensa de otros espacios territoriales en peligro por emprendimientos inmobiliarios», agregaron.

«En los sitios sagrados de Punta Querandí y La Bellaca el año pasado logramos reenterrar a ocho ancestras y ancestros, que retornaron a sus territorios después de varias décadas de estar en poder de un grupo de arqueólogos que negaban nuestros derechos», valoraron.

Mientras que Punta Querandí firmó un Convenio de Propiedad Comunitaria con el Municipio de Tigre, en La Bellaca se encuentran delimitados tres sitios ancestrales con alambrados de seguridad dentro de un corredor público afuera del emprendimiento inmobiliario Santa Ana, en la entrada de Villa La Ñata.

Sin embargo, otros dos sitios identificados en La Bellaca fueron entregados por los arqueólogos, una decisión que tuvo la aprobación de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural en 2014 y se ocultó deliberadamente a los referentes indígenas, quienes recién se enteraron media década después cuando en una audiencia pública se evaluó el estudio de impacto ambiental pagado por la empresa EIDICO.

«Una tarea inédita en nuestro país»

El antropólogo y especialista en restituciones del INAI, Fernando Miguel Pepe, explicó: «Venimos analizando una serie de pedidos y reclamos históricos de las comunidades originarias de todo el territorio nacional; la declaración de sitios sagrados a sus enterratorios ancestrales es una tarea inédita en nuestro país».

«Ya se han declarado sitios sagrados en tres provincias: Río Negro, Chubut y Buenos Aires; la mayoría correspondientes a pedidos de comunidades pertenecientes a los pueblos mapuche y tehuelche. Pero ahora se suma la comunidad multiétnica, con integrantes de los pueblos qom y guaraní, de Punta Querandí», valoró Pepe.

Por su parte, respecto al Espacio Ancestral, Ceremonial, Filosófico y Espiritual llamado «Cerro de la Caballada», situado en el límite entre Buenos Aires y Río Negro, la resolución del INAI lo declara «Sitio Sagrado» de los pueblos originarios a partir de una solicitud de las comunidades mapuche-tehuelche Waiwen Kurruf, Inan Leufu Mongeiñ y Leufu Ka Lafkenche, localizadas en Carmen de Patagones y Viedma.

Fuente: ANRed - 22 de Mayo de 2022

https://www.anred.org/2022/05/22/declaran-como-sitios-sagrados-a-punta-querandi-y-la-bellaca/

Tras protestas de los mbya, pausaron la extracción de árboles en San Pedro

Referentes de las comunidades se reunieron ayer con el ministro de Ecología y representantes de la empresa privada. No realizarán trabajos por 30 días en el área de la aldea Alecrín.

En toda la provincia ayer se vivió un jornada con movilizaciones que reclamaron el respeto del territorio indígena y un cese en la tala del monte nativo.

Las protestas surgieron luego de la denuncia efectuada por la comunidad Alecrín, en San Pedro, donde encontraron más de 50 especímenes de árboles nativos cortados. Tras esto, acusaron al Ministerio de Ecología de Misiones por otorgar permisos a empresas privadas para trabajos en la selva no sólo en San Pedro sino en otros puntos como Campo Grande, en territorio de la aldea Ka’a Kupe.

En este contexto, representantes de la comunidad Alecrín, acompañados por otros mbya, se reunieron en la Municipalidad de San Pedro con el intendente, Miguel Dos Santos y autoridades del Ministerio de Ecología, la Subsecretaría de Tierras y la Dirección de Asuntos Guaraníes. Como resultado de este encuentro, hubo un compromiso de la empresa (Harriet SA) de no continuar la extracción de los árboles nativos del Lote 6 mientras avanza el diálogo para resolver el conflicto.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN el cacique de la comunidad Alecrín, Sebastián Benítez, explicó que “no podemos decir que llegamos a un acuerdo, porque sabemos que la empresa quiere seguir con sus trabajos en el monte. Lo que sí hubo fue un compromiso de suspender con el corte de maderas y no van a entrar en esa zona. En este sentido, por lo menos tuvimos un mínimo logro”.

Sin embargo, aclaró que “los trabajos sólo están en pausa y desde la empresa dijeron que es por 30 días, porque ellos quieren trabajar”. Desde las comunidades “lo único que buscamos es que no se ingrese más a cortar los árboles nativos. El Ministerio de Ecología tiene que tomar cartas en el asunto y suspender este tipo de permisos”, añadió.

Benítez compartió que “de momento quedamos en realizar una segunda reunión, en fecha a confirmar. Esperamos que la próxima vez se realice este encuentro en la comunidad, porque sería mejor para nosotros. Estuvimos en la Municipalidad de San Pedro y pediremos que el ministro venga hasta Alecrín, porque nos queda bastante lejos para ir hasta allá”.

Remarcó que “nadie debe tener miedo de venir hasta la comunidad, porque no somos personas violentas, lo único que queremos es dialogar”.

Aseguró que “es necesario un acuerdo y que no se otorguen más permisos desde el Ministerio de Ecología para trabajos en territorios enmarcados dentro de la Ley 26.160 (protección territorial indígena)”.

Como parte del pueblo mbya guaraní, Sebastián Benítez, recordó que “todos los días luchamos contra el tema del desmonte ilegal”.

Acerca de la jornada provincial de lucha, contó que “las comunidades guaraníes se unieron porque pasan muchas cosas, no sólo en Alecrín. En el territorio de Ka’a Kupe actualmente están arrasando con su monte y en ese lugar ya cortaron hectáreas, no de una parte de los árboles”.

En todo Misiones

A nivel provincial, hubo movilizaciones de las comunidades, tanto en la ruta provincial 13, como también una importante manifestación al costado de la ruta 7, a la altura de Ruiz de Montoya. En esta área, la comunidad Ka’aKupe lleva casi dos años reclamando por la extracción de madera de árboles nativos efectuados por la empresa CARBA.

Por su parte, el referente de las comunidades de Aristóbulo del Valle, Francisco Medina, relató a PRIMERA EDICIÓN que “estamos con las comunidades en los distintos puntos de la provincia saliendo a las rutas para reclamar por nuestro territorio relevado”. Lamentó que “tenemos en Misiones comunidades relevadas y con carpetas técnicas aprobadas, pero nunca se han respetado ni tenido reconocimiento del Estado”.

Las comunidades “tienen un uso tradicional y nuevamente las empresas llegan para cortar madera nativa”, agregó.

Asimismo, señaló que “el nuevo ministro de Ecología volvió a autorizar el corte de madera y decimos basta a los desmontes”.

En todo Misiones “queremos que se nos respete y estamos presentes para acompañar a todos los caciques y las comunidades”, añadió.

Capital de la biodiversidad

En comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la referente mbya, Jorgelina Duarte, cuestionó que “el Ministerio de Ecología sigue otorgando permisos para sacar madera de manera ‘legal’. Tenemos lo sucedido con la comunidad Alecrín, en San Pedro, y llevamos años con la empresa CARBA que saca madera del territorio de Ka’a Kupe, en la ruta provincial 7 en el municipio de Campo Grande”.

Desde las comunidades, resaltó que “vemos en nuestras narices que van talando los árboles y lo más indignante es que no sólo protegemos el monte para los mbya, sino por toda la humanidad. La provincia es la capital de la biodiversidad y ofrecemos hasta bonos de carbono al exterior, sin ninguna consulta a las comunidades originarias”.

Fuente: Diario Primera Edición - Posadas (Misiones) - 17 de Diciembre de 2021

Alecrín: la urgencia de cumplir y hacer cumplir los derechos indígenas en Misiones y en el país

Para muchos indígenas en Argentina, vivir sin monte, sin tierras aptas y suficientes, sin agua, es atentar contra sus derechos fundamentales al agua, a la alimentación, al hábitat y a la vida, como personas, pero también como Pueblo.

Así declararon entenderlo los países signatarios de instrumentos internacionales de Derechos Humanos como el Convenio 169 de la OIT (1989) o la Declaración Universal de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (2006) entre los que, por supuesto, se encuentra la Argentina.

Visité en el 2011 y 2012 la comunidad de Alecrín, atraído por el relevamiento territorial que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había realizado de sus tierras y territorios. La manera en que el INAI se apegó al derecho internacional a la hora de llevar a cabo el relevamiento en Alecrín fue el objeto central de un libro que publiqué al año siguiente, con el fin de difundir esa experiencia entre comunidades indígenas de todo el país que ya, por ese entonces, enfrentaban serias amenazas de desalojo.

Pero el libro también se detiene en las razones por las cuales, actualmente se tiende a favorecer los derechos de terceros por encima de los derechos territoriales de los Mbya; haciendo eco de situaciones más recientes, el libro alude también a las nuevas amenazas de empresas que se presentan como “ambientales”, pero no se proponen otra cosa que la comercialización de la naturaleza.

Por estos días, la comunidad mbya Alecrín, localizada en el municipio de San Pedro, enfrenta uno más de los muchos ataques de terceros que, con distintos argumentos, pretenden explotar sus tierras y apoderarse de su territorio.

Quien se presenta como titular de esas tierras, la compañía “Hijas de Harriet”, es heredera de una tradición colonial y latifundista, propia del siglo pasado, que desconocía la presencia y los derechos indígenas y que, sobre la base de ese desconocimiento, se hizo a un título que hoy el relevamiento del INAI cuestiona. Los habitantes de Alecrín por su parte, son herederos y parte constitutiva del pueblo Mbya Guaraní cuya pre-existencia y derechos territoriales son reconocidos por la Constitución Nacional.

Al igual que cientos de comunidades en todo el país, los Mbya de Alecrín se encuentra en una grave situación de inseguridad jurídica como consecuencia de la negligencia estatal. En el caso de Alecrín, se trata de un Estado que, con una mano releva y reconoce esas tierras como parte de Alecrín y con la otra autoriza a terceros a desmontar parte de esas mismas tierras.

Detener este y los próximos desmontes es una deuda que el Estado mantiene con los habitantes de Alecrín. Frente a esa deuda tantas veces aplazada, podríamos preguntarnos entonces, ¿Por qué una mano del Estado no le cuenta a la otra mano lo que hace?.

¿Por qué los relevamientos efectuados por el INAI no tienen ningún efecto en las otras oficinas del Estado? O, pensando en otras comunidades, ¿Por qué a 15 años de sancionada la ley de emergencia territorial el INAI no ha finalizado los relevamientos?

Todas preguntas que aquí no podemos responder. Lo que si podemos afirmar es que, naturalmente, la responsabilidad no está en los Mbya y no tendrían ellos por qué pagar la negligencia nacional estatal.

En cuestión de los derechos territoriales, en efecto, es necesario salir de la emergencia, dar pasos efectivos en la titularidad de las tierras y romper el círculo de violación de derechos en que hoy viven los habitantes indígenas de Misiones y de todo el país.

Mientras tanto, el Ministerio de Ecología debe revocar la aprobación del Plan de Aprovechamiento con el que favoreció a Hijas de Harriet en el 2015 y asegurar los derechos humanos de los Mbya de Alecrín hasta tanto el mismo Estado no arbitre las condiciones necesarias para llevar a cabo la titularidad.

No hacerlo es no solo violar los derechos de los Mbya, sino ir en contra de los mismos actos administrativos llevados a cabo por el Estado que son, en últimas, un reconocimiento explícito de esos derechos.

Por Carlos Salamanca Villamizar

[*] El reclamo de la comunidad indígena Alecrín por el respeto a su territorio en San Pedro, en el análisis del especialista Carlos Salamanca Villamizar [* ]Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) adscripto al Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, Universidad de Buenos Aires (UBA).

Director del Programa Interdisciplinario en Espacios, Políticas, Sociedades, Centro de Estudios Interdisciplinarios, Universidad Nacional de Rosario. Docente de la Especialización y Maestría en Gestión del Desarrollo Socio Territorial, Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

E-mail: salamanca.carlos@gmail.com

Fuente: Misiones On Line - 15 de Diciembre de 2021.

https://misionesonline.net/2021/12/15/alecrin-la-urgencia-de-cumplir-y-hacer-cumplir-los-derechos-indigenas-en-misiones-y-en-el-pais/

Comunidades mbya salieron a las rutas contra los desmontes

Diferentes aldeas guaraníes se manifiestan y tienen previsto cortar rutas en Misiones. Hay operativos policiales para evitar las medidas de fuerza.

Varias comunidades mbya guaraní de Misiones se movilizaron este jueves al costado de las rutas provinciales 13 y 7 con el objetivo de protestar contra los desmontes que se vienen realizando en sus territorios. Si bien tenían previsto cortar el tránsito, los operativos de fuerzas de seguridad desplegadas al efecto se lo impidieron.

La medida fue pactada ayer miércoles entre caciques luego de una asamblea de Aty Ñeychyro, organización que reúne a todas las comunidades indígenas de la provincia, en apoyo al reclamos por los desmontes de árboles nativos de la reserva Biosfera Yabotí, impulsada por la aldea Alecrín de San Pedro. Esta comunidad originaria denunció ante el Ministerio de Ecología lo que viene ocurriendo en el norte misionero por parte de una empresa maderera. “Son territorios demarcados por la ley 26.160 de protección”, alegaron.

Por eso, en El Soberbio, integrantes de las comunidad Chafariz (de San Vicente), situada en la colonia del mismo nombre, se manifestaron y pretendían cortar la ruta provincial 13 en el kilómetro 29, en el acceso a Picada Guaraní, como signo de apoyo y solidaridad a la comunidad Tekoa Alecrín.

Solicitaron al Gobierno Provincial y al Ministerio Ecología, se frenen con el desmonte en los bosques ocupados por citada comunidad. Y el referente de la comunidad, el cacique Sebastián Benítez, tiene previsto reunirse con el ministro de Ecología, Víctor Kreimer, el intendente de San Vicente, Miguel Dos Santos y los jefes de la comisaría de este municipio para profundizar el delicado tema.

Finalmente, alrededor de las 11, los manifestantes decidieron levantar la medida, sin llegar a cortar la ruta.

También, en Ruiz de Montoya, familias de la comunidad mbya guaraní Ka’a Kupé se manifiestan al margen de la ruta provincial 7, en la intersección con la ruta 223, en el acceso a esta localidad. 

Fuente: Diario Primera Edición - 16 de Diciembre de 2021

Títulos de Propiedad...

Solicitud de Títulos de Propiedad a los Pueblos Originarios.?

Creado para quitar territorios a los habitantes milenarios de las tierras..

Encuentro de comunidades indígenas por la emergencia territorial

En el marco del día de la mujer originaria, este domingo se llevó a cabo el Encuentro Federal y Plural Emergencia Territorial Indígena en Argentina. Durante la jornada, representantes de comunidades originarias reclamaron la prórroga de la Ley 26.160, de emergencia y relevamiento territorial de comunidades indígenas, cuya vigencia finaliza en noviembre de este año. Además, debatieron sobre la necesidad de una ley de propiedad comunitaria indígena que instrumente el derecho a la posesión de sus territorios.

La jornada de debate fue organizada por el Encuentro Plurinacional de Naciones, Pueblos e Identidades Indígenas, Afrodescendientes, Migrantes y Diversidades, y contó con la adhesión de más de 60 organizaciones sociales y políticas. "Nos reunimos para organizarnos y tejer estrategias colectivas, construyendo propuestas y acciones para que nuestras demandas se hagan realidad mediante el cumplimiento efectivo de nuestros derechos", indicaron desde el Encuentro y detallaron que la actividad fue "el inicio de una serie de encuentros regionales durante el mes de septiembre".

Fuente: Página 12 - 5 de Septiembre de 2021

https://www.pagina12.com.ar/366281-encuentro-de-comunidades-indigenas-por-la-emergencia-territorio

Derecho a la libre determinación y autoidentificación de los pueblos indígenas

Uno de los principios del Derecho Internacional Público, establecido como propósito en la Carta de Naciones Unidas, es la libre determinación de los pueblos. En un principio fundamental por un lado y un derecho de los pueblos por el otro que se encuentra plasmado en el art. 1.1 del Pacto Internacional de Derechos que dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”

Para los Estados esto significa respetar la soberanía de sus pares, pero el derecho es más extensivo y refiere además a los distintos pueblos que pueden coexistir dentro de las fronteras de un mismo Estado y que son distintos por poseer una historia y cultura diferentes, en este caso queremos profundizar sobre el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas.

En las últimas décadas hubo una transformación importante respecto de la relación de los estados y los pueblos indígenas en la cual se pasó de una visión asimilacionista que pretendía integrarlos (como grupo) a la sociedad, lo que implicaba algunas cosas: (1) no pertenecían a aquello que buscaban ser integrados, (2) debían abandonar sus rasgos identitarios; a una pluralista en la cual todos conformamos una única sociedad donde todas las culturas son valiosas: esto se llama el paradigma de la diversidad cultural.

El punto de contacto entre el reconocimiento del valor de las diversas culturas que conviven dentro de las mismas fronteras de un Estado implica además de reconocerle los derechos propios de todos los habitantes (lo que suena como una obviedad no se vive de la misma manera) agregar el plus de la autodeterminación. Que refiere al reconocimiento del valor de sus propias normas dentro de las comunidades, respetar sus decisiones respecto de cómo eligen a sus autoridades, desarrollan su vida, actividades económicas, alimentación, salud, partos, sus creencias religiosas y todo ello con un enorme arraigo hacia la tierra.

Para seguir es importante determinar: ¿quiénes son parte de los pueblos indígenas y cuáles son los límites respecto de la autodeterminación y sus derechos en relación al resto de la sociedad?

El criterio más utilizado para identificar quiénes son indígenas es el de la autoidentificación que es la conciencia de la identidad indígena vivida de manera individual o colectiva. En otras palabras, es indígena aquella persona o comunidad que se proclama como tal. Este criterio está presente en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De él se desprende que el idioma, el nombre de la tribu o colectividad es aquel que proclama la colectividad.

Esto en la práctica en Argentina tiene muchas falencias, aunque nuestro Estado ha suscripto la Declaración mencionada y ratificado el Convenio de la OIT, la estructura jurídica en relación a los pueblos originarios no funciona para armonizar la convivencia de las distintas culturas.

Nuestra carta magna en su art. 75 inc17 determina que le corresponde al Congreso: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Distintas decisiones judiciales en nuestro país, determinaron que son las Provincias quienes tienen competencia directa para regular la materia, aún así señalamos que el 75 inc. 17 le delega la materia al Congreso de la Nación. Consideramos que es acertado que normas provinciales y nacionales trabajen juntas y que sean producto del trabajo del federalismo de concertación. Por un lado el desarrollo de normas provinciales son fundamentales por la cercanía con la realidad provincial, los grupos que allí habitan. Las Provincias tienen una distancia más corta con sus habitantes. También la Nación tiene un aporte de gran valor. Ocurre que los pueblos indígenas muchas veces habitan en territorio que no está delimitado dentro de una sola provincia, sino que atraviesa sectores de varias.

Lo cierto es que hasta el día de hoy existen diversos conflictos con los pueblos indígenas que impiden la coexistencia pacífica y articulada. El principal de ellos radica en la propiedad de las tierras, en manos de particulares.

Para mediar en esa disputa, fue sancionada la ley 26.160 cuyo fin era el relevamiento de las comunidades en el país, pero declaró la emergencia territorial de las comunidades, creó un registro para que las mismas adquieran personería jurídica y suspendió los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debiera haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) según lo establece la propia ley prorrogada en ya tres oportunidades.

La falta de un procedimiento serio y de un plan que sirva para garantizar derechos y deconstruir la discriminación que existe contra los pueblos indígenas, únicamente ha contribuido a generar rispideces entre propietarios y las colectividades afectando los derechos de todos y todas.

Es importante señalar que los conflictos de los pueblos indígenas no se limitan al problema de las tierras el cual no puede ser solucionado únicamente “devolviendo tierras” ya que también existe en la actualidad un derecho de propiedad que también es constitucional, vulnerado por una normativa inconclusa.

Consideramos entonces, que lo más acertado es trazar un plan con distintos sectores del poder provincial y nacional junto con la participación de toda la sociedad, para poder encontrar una solución a los problemas que viven los pueblos indígenas y que repercuten en la paz social entre los distintos miembros de nuestra sociedad. Resulta imperante que las Provincias le den protección a las comunidades con procedimientos serios que no conculquen los derechos de terceros.

Yendo al grano, es necesario el desarrollo de políticas públicas que analicen los conflictos en función del grupo en el que ellos repercuten y se trace de esa manera un plan pensado para conseguir efectos para las generaciones actuales. Estos planes integrales requerirán la colaboración de toda la sociedad y sin duda deben incluir soluciones que van más allá de suspender plazos, ya que ello lo único que provoca es la afectación de derechos de terceros, siendo responsabilidad del Estado la búsqueda de una solución armoniosa y razonable.

Fuente: Somos Jujuy - 1ro de Septiembre de 2021.

Escrito por Juliana Carbó y Juan Jenefes.

https://www.somosjujuy.com.ar/opinion-2/juan-jenefes/279723-una-charla-de-cafe-derecho-a-la-libre-determinacion-y-autoidentificacion-de-los-pueblos-indigenas

ELEMENTOS...

Territorios de Vida: pasado, presente y futuro de la conservación en el Planeta

Escrito por:

Ashish Kothari (Kalpavriksh)

En el imaginario urbano popular, la conservación de la vida salvaje y de la biodiversidad se equipara con los parques nacionales, los santuarios de la vida salvaje y similares, que uno puede visitar para disfrutar de un tiempo de paz en la naturaleza o para echar un vistazo a lo que queda de los animales y plantas salvajes de la Tierra. Desde la creación del Parque Nacional de Yellowstone en EE.UU. en 1872, el movimiento para establecer este tipo de zonas protegidas se ha extendido por todo el mundo, con cerca del 15,67% de las zonas terrestres y el 7,65% de las marinas notificadas como tales por los gobiernos.

Pero mientras este fenómeno ha ganado una importante atención pública y mucho apoyo de los gobiernos y organismos internacionales, un proceso más silencioso, con impactos potencialmente más dramáticos, que hasta ahora ha sido dejado de lado, está cobrando impulso. En todo el mundo, los pueblos indígenas y otras comunidades locales que han estado practicando la silvicultura, la pesca, la agricultura, la caza-recolección, la cría de animales, la artesanía y otros medios de vida similares, están gobernando o gestionando al menos una quinta parte de la superficie terrestre del mundo. Toda esta vasta área ya está bajo conservación efectiva de la biodiversidad, o podría llegar a estarlo rápidamente, si se reconoce y apoya. A esto hay que añadir la regeneración y conservación de los ecosistemas naturales incluso en contextos más “modernos” -ciudades y zonas industrializadas- por parte de ciudadanos que quieren devolver a algunos elementos de la naturaleza a su entorno.

Reconocimiento como fenómeno global

Aunque este fenómeno tiene, en muchos casos, miles de años de antigüedad, no empezó a ganar adeptos en los círculos internacionales de conservación hasta la década de 1990. Algunas de nosotras, familiarizadas con muchos ejemplos de bosques, humedales, praderas, zonas costeras y marinas protegidas por las comunidades, llevamos el debate sobre ellos a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Desde hace algunas décadas, la UICN se considera la voz autorizada en la ciencia de la conservación y tiene una influencia considerable en las políticas mundiales y nacionales. Defendimos que el fenómeno de las “áreas conservadas por la comunidad” (CCA), un término originario de la India, debería ser reconocido como equivalente a las áreas protegidas establecidas por el gobierno. Esto tuvo que superar la dura resistencia de muchos conservacionistas convencionales, para quienes era impensable que los habitantes de las aldeas, sin formación en “ciencia de la conservación” o sin formar parte de las burocracias oficiales de medio ambiente, pudieran estar protegiendo la naturaleza, salvo quizás de forma inadvertida en algunos lugares. Pero a medida que íbamos presentando más y más pruebas, y que íbamos acumulando voces y hechos a través de lo que entonces se llamaba el Tema sobre Comunidades Indígenas y Locales, Equidad y Áreas Protegidas (TILCEPA) dentro de la UICN, esta resistencia se fue rompiendo (ayudada en parte por otros en los círculos de la conservación mundial que sí reconocían y respetaban este fenómeno). El propio término evolucionó de CCA a ICCA (ACIC “Áreas Conservadas por Indígenas y Comunidades” y luego iteraciones posteriores para la actual palabreja, territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales), ya que los pueblos indígenas insistieron en que el término “comunidades” no los define adecuadamente, y que gobiernan territorios enteros como entidades políticas, no sólo áreas como espacios físicos.

Las ICCA, que ahora se denominan más sencillamente Territorios de Vida, es un término paraguas que engloba (y no sustituye) una gran diversidad de fenómenos y términos locales. En general, estos territorios y áreas tienen tres características

• existe una conexión estrecha y profunda entre ellos y el pueblo indígena o la comunidad local que los custodia, generalmente arraigada en la historia, la identidad social y cultural, la espiritualidad y/o la dependencia de la gente del territorio para su bienestar material e inmaterial (aunque también hay muchas situaciones de relaciones recientemente establecidas, por ejemplo, en zonas urbanas o para poblaciones migrantes)

• la comunidad de custodia toma y aplica (sola o junto con otros actores) decisiones o normas a través de una institución de gobernanza operativa y autodeterminada, que puede ser reconocida o no por personas ajenas al territorio o por el derecho estatutario del país correspondiente

• esta gobernanza y gestión contribuyen positivamente a la conservación de la naturaleza y a los medios de vida y el bienestar de la comunidad.

Un hito importante en el camino hacia el reconocimiento internacional de las ICCA fue el Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban en 2003, en el que TILCEPA permitió a más de 150 representantes de pueblos indígenas y comunidades locales presentar sus propias historias. Esto llevó a la UICN a adoptar algunas políticas y programas pioneros, sobre conservación comunitaria, gestión colaborativa de áreas protegidas y otros que establecieron firmemente el papel crucial de las comunidades, así como el reconocimiento de sus conocimientos y derechos, en las políticas formales de conservación de los gobiernos nacionales. Un año más tarde, en 2004, un Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PoWPA) en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU puso un sello oficial a la necesidad de reconocer y apoyar las “áreas conservadas por las comunidades indígenas y locales”. Reuniones mundiales posteriores, como el Congreso Mundial de la Naturaleza y el Congreso Mundial de Parques que la UICN organiza una vez al decenio, y la adopción de varias decisiones en el marco del CDB, continuaron este importante cambio de paradigma en la política de conservación mundial y en la legislación sobre biodiversidad.

Pero mientras la política mundial cambiaba, en casa, donde importa, la conservación de estilo colonial y neocolonial seguía siendo el enfoque predominante en la mayoría de los países. Era necesario un impulso mucho mayor de lo local a lo global para las ICCA. La UICN tenía limitaciones para conseguirlo debido a su condición de organismo que también contaba con la participación formal de los gobiernos nacionales. Por ello, muchos de los que participamos en TILCEPA decidimos en 2008 crear un organismo independiente, elConsorcio ICCA, con una membresía cada vez mayor de organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales, pequeños grupos de la sociedad civil e individuos que trabajan en o sobre las ICCA. A lo largo de la última década, el Consorcio se ha consolidado como una importante fuerza mundial en la interfaz de la conservación, los derechos y los medios de vida. Ha elaborado una serie de informes creíbles, estudios de casos, documentos de orientación y datos sobre la difusión y el valor de las ICCA, ha realizado actividades de promoción a nivel nacional y mundial para su reconocimiento y ha generado alertas y solidaridad a nivel mundial para los pueblos y lugares amenazados por la minería, las presas, las industrias, los complejos turísticos, las designaciones inapropiadas de áreas protegidas y otras amenazas similares. En mayo de 2021, cuenta con 179 miembros organizativos y 415 miembros honorarios individuales de más de 80 países.

Territorios de vida: un informe mundial

En un informe muy bien elaborado, publicado a finales de mayo, el Consorcio ICCA ha proporcionado más pruebas de la importancia mundial de los Territorios de la Vida. Esta publicación, “Territories of Life: 2021 Report“, contiene 17 estudios de casos de territorios específicos, seis análisis a nivel nacional y regional, y un análisis espacial global de la parte de la tierra que probablemente se encuentra bajo dichos territorios.

Los 17 lugares que aparecen en el informe van desde una arboleda sagrada de 50 hectáreas en Rajastán (India occidental) llamada Adawal ki Devbani (uno de los quizás 25.000 orans (arboleda sagrada) de este tipo que hay en el estado), hasta un territorio de 18 millones de hectáreas que los indígenas inuit han propuesto para su protección en Qikiqtaaluk (Isla de Baffin), Canadá. En conjunto, estos 17 lugares abarcan más de 21 millones de hectáreas. Además de estas dos, las ICCAs incluyen:

• Kawawana, en Senegal, donde un ecosistema costero-marino de 9.665 hectáreas con una importante biodiversidad de manglares costeros-marinos ha sido regenerado por la comuna de pescadores de Mangagoulack, y ahora proporciona importantes beneficios para el sustento y la protección contra la erosión del mar.

• Kisimbosa, la “fértil tierra ancestral” de 5572 hectáreas, un territorio de los pueblos indígenas Bambuti-Babuluko de Walikale, en la República Democrática del Congo. Importante para el sustento de la comunidad basado en el bosque, la zona también alberga grupos reintroducidos de chimpancés y otra fauna importante.

• El estanque Yogbouo de Gampa, en la República de Guinea, está protegido como lugar sagrado por el pueblo manons como parte de su patrimonio tradicional que conecta su pasado, su presente y su futuro. Varias especies importantes de plantas y animales encuentran aquí su hogar, incluidos los hipopótamos y los chimpancés.

• El pueblo manobo de las aldeas de Sote y Baguis, en la isla de Mindanao (Filipinas), conservan un territorio de 6996 hectáreas llamado Pangasanan. Además de alimentos silvestres, los bosques les proporcionan diversas plantas para curar enfermedades del cuerpo, la mente y el espíritu, y las vías para conectar con los antepasados y el mundo espiritual.

• El valle de Tsum, en el Himalaya nepalí, con una extensión de 54.417 hectáreas, alberga ciervos almizcleros, cabra salvaje del Himalaya (Tahr) y leopardo de las nieves, y unas 2.000 especies de plantas. Los pueblos indígenas de Tsumba han gobernado las zonas como Shyagya, una zona no violenta basada en los principios budistas.

• Komon Juyub, el bosque comunal de los 48 cantones de Totonicapán, en Guatemala, está gobernado por el pueblo maya k’iché con su cosmovisión de 5 siglos de equidad, inclusión y principios de sostenibilidad. Contiene más de 1.500 fuentes de agua que abastecen a las comunidades.

• El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se ha propuesto proteger un territorio ancestral de más de 1,3 millones de hectáreas en el norte de la Amazonia peruana, según sus propias prioridades de desarrollo.

•El pueblo de Homoródkarácsonyfalva, en los Cárpatos de Rumanía, tras recuperar los derechos comunales sobre los pastos y los bosques que antes estaban en manos del Estado, ha gestionado una superficie de 1.098 hectáreas para la conservación de la naturaleza (incluida la amenazada cigüeña negra, el oso pardo y el lobo gris) y los medios de vida sostenibles.

El informe también contiene varias evaluaciones a nivel nacional. Algunas de las cifras que aparecen son asombrosas. Por ejemplo:

• en Irán, los territorios de los pueblos nómadas indígenas cubren casi el 60% de la tierra del país, incluyendo 34 millones de hectáreas de pastizales o praderas;

• en Filipinas, se estima que el 75% de los bosques restantes se solapan con los territorios de los pueblos indígenas y el 29% de las áreas clave para la biodiversidad se encuentran dentro de los territorios legalmente reconocidos de los pueblos indígenas

• en Indonesia, se estima que los pueblos indígenas y las comunidades locales conservan más de 3 millones de hectáreas de diversos ecosistemas

• en Ecuador, cinco territorios indígenas inscritos en el Registro mundial de ICCA (albergado por el PNUMA-WCMC) cubren más de 1,79 millones de hectáreas de selva tropical, bosque seco y vegetación arbustiva; y un total de más de 104 millones de hectáreas (el 73% de las cuales son bosques amazónicos) son territorio indígena o de comunidades locales

• en Madagascar, una red nacional de casi 600 comunidades (TAFO MIHAAVO) apoya la gobernanza consuetudinaria de unos 3 millones de hectáreas de bosques. Además, más de 200 áreas marinas gestionadas localmente cubren aproximadamente el 17% (1,75 millones de hectáreas) de las zonas costeras y marinas del país.

En general, el informe afirma (con datos considerables que lo respaldan) que “los pueblos indígenas y las comunidades locales están conservando activamente al menos el 21% de las tierras del mundo (aproximadamente el tamaño de África). Esto supera la extensión de las áreas terrestres protegidas gobernadas por los Estados”. Se trata de la primera evaluación exhaustiva de la cobertura espacial mundial estimada de las ICCA; una estimación anterior en la que participé sólo abarcaba un puñado de países, aunque incluso utilizando eso ya afirmábamos que estos territorios cubren una parte mayor de la tierra que las áreas protegidas oficiales.

Este informe y otros anteriores han establecido que los pueblos indígenas y las comunidades locales son actores cruciales en la conservación de una enorme parte de la biodiversidad mundial. Su papel va mucho más allá de sus propios territorios, ya que prestan a toda la humanidad un servicio incalculable en cuanto a la estabilidad del clima, los ciclos hidrológicos, los alimentos, el agua dulce y muchas otras cosas. También son el corazón de la diversidad cultural, alimentaria, de conocimientos y lingüística del planeta.

La necesidad de un mayor reconocimiento

Sin embargo, por desgracia, los Territorios de Vida siguen sin ser reconocidos o lo son de forma inadecuada en las leyes y políticas de la mayoría de las naciones y, por consiguiente, también están amenazados por todo tipo de actividades. Entre ellas se encuentran los usos destructivos de la tierra y el agua, como la minería, las megapresas, los complejos comerciales, las industrias y otras actividades similares. También incluyen la imposición de políticas de conservación neocoloniales y verticalistas que desplazan o despojan a las comunidades correspondientes. De hecho, como muestran este informe y un informe político anterior del Consorcio ICCA, muchas áreas protegidas oficiales se han establecido sobre los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales, la mayoría de las veces a la fuerza, y les han quitado el papel de gobernanza o custodia que estaban desempeñando.

En todo el mundo, los custodios de los Territorios de la Vida están oponiendo una valiente resistencia a las amenazas mencionadas; en este sentido, están en primera línea para frenar la apisonadora del “desarrollo” que ha provocado múltiples crisis ecológicas, incluida la climática. Sin embargo, a las fuerzas capitalistas o estatistas que están detrás de estos proyectos de “desarrollo” y “conservación” les resulta difícil tolerar esta resistencia y contraatacan. Según Global Witness, en 2019, 212 defensores del medio ambiente fueron asesinados por tomar partido. Otros miles habrían sido golpeados, acosados, encarcelados, etiquetados como “antinacionales” y “terroristas”, y castigados de otras maneras.

Llamar la atención mundial sobre los Territorios de Vida y las amenazas a las que se enfrentan ellos y sus custodios tiene una enorme importancia en la coyuntura actual. Podrían ocupar un lugar destacado en las estrategias relacionadas con la mitigación y la adaptación al clima, y su reconocimiento podría (o debería) ser un componente importante de los debates y las decisiones de la próxima COP21 sobre el clima. En segundo lugar, deberían ser un componente central del Marco Mundial de la Biodiversidad para después de 2020, que se está negociando actualmente bajo los auspicios del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. En segundo lugar, deberían ser un componente central del Marco Mundial de la Biodiversidad para después de 2020, que se está negociando actualmente bajo los auspicios del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU. En el contexto de este marco existe un fuerte impulso para declarar el 30% de la tierra protegida y conservada para 2030, y también se aboga por lo que se denomina “soluciones basadas en la naturaleza”. Los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como docenas de organizaciones de la sociedad civil, han afirmado que estas propuestas pueden continuar con un enfoque convencional y antidemocrático de las áreas protegidas. En su lugar, el Marco debería poner en práctica enfoques democráticos, dirigidos por la comunidad y basados en los derechos, incluyendo el autogobierno y la autodeterminación, y la custodia colectiva de la naturaleza. En tercer lugar, los Territorios de la Vida también pueden desempeñar un papel importante no sólo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible cruciales sobre la conservación, los medios de vida y la equidad, sino en ir más allá de ellos para convertirse en cunas de la transformación radical: enfoques de bienestar que son alternativas a las estructuras de opresión e insostenibilidad, incluyendo el capitalismo, la dominación estatal, el patriarcado, el racismo, el castismo y el antropocentrismo.

Como dice el “Informe Territorios de Vida: 2021”: “En cuarto lugar, muchos de ellos han demostrado una notable capacidad de resistencia en el periodo COVID, salvaguardando su salud, su alimentación y sus medios de vida con una mezcla de enfoques tradicionales y nuevos. Incluso frente a inmensas amenazas, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen una extraordinaria capacidad de recuperación y determinación para mantener su dignidad y la integridad de sus territorios y zonas. Se están adaptando a contextos que cambian rápidamente y utilizan diversas estrategias para asegurar sus derechos y sus tierras y territorios de vida colectivos. Aunque no sin contratiempos, han logrado avances clave y siguen persistiendo en la búsqueda de la autodeterminación, el autogobierno, la paz y la sostenibilidad.”

Ashish Kothari

Miembro fundador de Kalpavriksh; miembro de numerosos movimientos populares. Ha impartido clases en el Instituto Indio de Administración Pública; ha coordinado la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción de la India; ha formado parte de los consejos de administración de Greenpeace Internacional e India y del Consorcio ICCA. Ayuda a coordinar Vikalp Sangam, Global Tapestry of Alternatives y Radical Ecological Democracy.

Coautor/coeditor de Churning the Earth, Alternative Futures y Pluriverse: A Post-Development Dictionary

Fuentes: https://aplaneta.org/2021/06/30/territorios-de-la-vida-pasado-presente-y-futuro-de-la-conservacion-en-la-tierra/

(originalmente publicado en Economy & Politics) (Traducción: A Planeta)

Blog del Proyecto Lemu / 1 de Julio de 2021