Desde GAJAT alertamos sobre
lo imperioso de prorrogar la Ley 26.160 porque no queremos que 1500 comunidades
indígenas sean desalojadas
En el mes de noviembre vence la Ley
26.160 de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
Esta ley aprobada en 2006
prevé la realización de un relevamiento territorial de comunidades indígenas
para luego proceder a la escrituración de las tierras comunitarias también
prevé la suspensión de desalojos mientras se realiza el relevamiento, ese es el
aspecto que se prorroga.
A nivel nacional, según un
informe de Amnistía actualmente sobre un total de 1532 comunidades están
relevadas 459. Es decir falta relevar un 60%. Sin embargo, la amenaza de
desalojo se cierne sobre todas.
La obligación estatal de
garantizar el derecho a la tierra y el territorio de las comunidades emana de
la Constitución Nacional, de diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos como el Convenio 169 de la OIT y de leyes nacionales, además de
jurisprudencia internacional de DDHH.
A pocas semanas de
cumplirse el plazo establecido por la última prórroga resulta indispensable
redoblar el esfuerzo para garantizar a las Comunidades Indígenas de nuestro
país la demarcación de sus territorios y la seguridad del acceso, uso y
posesión de los mismos.
Según el Censo 2010 casi un
millón de argentinos se considera perteneciente o descendiente de Pueblos
Originarios, pero sólo el 18% habita en zonas rurales. La media nacional que es
de 2,4%.
Desde aquella nota de
opinión de un diputado de la Ciudad de Buenos Aires publicada por Agencia Télam
en diciembre de 2016 los medios hegemónicos demonizan a los mapuche cuando sólo
entre Benetton, Tompkins y Lewis suman más de 1 millón y medio de hectáreas.
Entendemos que demonizar a
los pueblos originarios para correr el eje de la extranjerización de los
recursos naturales y los peligros a los que estamos expuestos los ciudadanos
argentinos ya que se pretende pagar con recursos naturales toda la deuda
externa que se emitió que ya supera los 100.000 millones de dólares.
Es por eso, que solicitamos
a los Diputados y Senadores Nacionales el reconocimiento de los derechos de los
pueblos originarios sobre la tierra pero principalmente que aprueben la
prórroga de la Ley 26.160 ya que como argentinos no queremos la conflictividad
que se podría desatar ante el riesgo de desalojo de 1500 comunidades en todo el
país.
Florencia Gómez
Directora Ejecutiva
GAJAT-CEPPAS
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