Organizaciones defensoras
del medio ambiente y de las causas originarias denunciaron lo que consideran un
intento del Gobierno de mermar los derechos de estas comunidades.
Sobre todo, burocratizando el
proceso de demarcación de las tierras de esos pueblos nativos muchas de
ellas ubicadas en el Amazonas.
La semana pasada el
Ministerio de Justicia -encargado de supervisar las demarcaciones de tierras de
pueblos nativos- publicó una normativa para crear un nuevo órgano con
capacidad de vetar la aprobación de nuevas tierras ancestrales.
Según organizaciones como
Greenpeace o el Instituto Socioambiental (ISA), estas acciones son un intento
de burocratizar aún más el reconocimiento y protección de las tierras
pertenecientes a decenas de etnias que ya existían en Brasil antes de la
llegada de los colonizadores europeos.
La abogada Juliana Batista
del ISA, uno de los organismos etnoambientales dijo que “este va a ser un año
de gran presión. Un momento de ofensiva, pero tenemos esperanza de que
vamos a construir resistencia a través del movimiento originario y del
cuestionamiento judicial”.
La decisión del Ministerio
de Justicia de modificar el proceso de demarcación de estas tierras fue
posteriormente revertida por el propio Gobierno, pero una decena de
organizaciones civiles estima que el objetivo del Ejecutivo es “retrasar o
impedir la conclusión de estos procesos de demarcación”.
Actualmente unas 280
tierras ancestrales están en proceso de demarcación en Brasil.
La demarcación y
homologación de las tierras originarias es un derecho establecido en la
Constitución de ese país del año 1988, además es una etapa clave en el
resarcimiento de las tierras originarias ocupadas a lo largo de los siglos por
el Estado y la iniciativa privada.
La demarcación es polémica
en Brasil ya que cuando el Ejecutivo las aprueba las tierras pasan a tener
como beneficiarios únicos y exclusivos los grupos originarios quienes
deben gestionar de forma sostenible la fauna y la flora.
Entre los grupos económicos
muy influyentes en Brasil como los productores agrícolas y ganaderos esas
demarcaciones son percibidas con recelo, ya que reducen la disponibilidad de
tierras para usos productivos.
La anterior gestión a cargo
de la expresidenta Dilma Rousseff fue muy criticado por su indiferencia
ante las demarcaciones así como por la aprobación de proyectos considerados
contrarios a los derechos de las comunidades originarias como la presa
hidroeléctrica de Belo Monte, construida en el corazón del Amazonas.
La llegada de Michel Temer
a la presidencia del país en mayo pasado exacerbó todavía más las
preocupaciones, ante la percepción de que el nuevo mandatario priorizaría el
desarrollo económico y la extensión de la producción agrícola, en vez de
garantizar los derechos originarios.
De hecho, en noviembre
cerca de 300 personas de comunidades originarias, cimarronas y de pescadores de
varios estados de Brasil ocuparon los accesos principales al Palacio del
Planalto, sede de la presidencia del país, para protestar contra los recortes
aprobados por el Ejecutivo en organismos federales que se encargan de velar por
la protección de su territorio.
Fuente>Segundo Enfoque –
1 de Febrero de 2.017
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