El Concejo
Deliberante de Andalgalá prohibió la industria extractiva.
Mediante la
ordenanza 029, los concejales de Andalgalá prohibieron la actividad minera
metalífera a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares. También
prohibieron el uso de aguas para la actividad extractiva.
La localidad
catamarqueña de Andalgalá conoce de megaminería hace veinte años, desde que se
instaló el primer proyecto en Argentina (llamado Bajo la Alumbrera). Desde hace
más de quince años que la comunidad denuncia las falsas promesas y rechaza
nuevos proyectos. El Concejo Deliberante, por impulso de los vecinos, acaba de
dar un golpe impensado: prohibió la megaminería y cerró el pasó al proyecto
Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Es un logro de la lucha de la
comunidad. En materia ambiental los pueblos tienen autodeterminación frente a
gobiernos provinciales y nacionales, y Andalgalá ya dijo no a la megaminería”,
afirmó Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo.
“Prohíbase la
actividad minera metalífera (oro, cobre, plomo, plata, etc.), en la modalidad
denominada a cielo abierto y la actividad minera de minerales nucleares, uranio
y torio, bajo cualquiera de sus formas, en las modalidades a cielo abierto o
por galería, en todas sus etapas: cateo, prospección, exploración, explotación,
desarrollo, preparación y extracción en toda la cuenca hídrica del río
Andalgalá”, determina el artículo 1° de la ordenanza 029 del Concejo
Deliberante. El artículo 2° prohíbe el uso de cianuro, mercurio y los ácidos
sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico y nítrico.
La ordenanza, de 16
carillas, señala en el artículo 3° la prohibición del uso de agua de ríos,
arroyos y de depósitos naturales de agua (tanto superficiales como subterráneos)
para la actividad extractiva.
Rosario Carranza es
parte de la Asamblea El Algarrobo. Explicó que la ordenanza tiene el mismo
valor que el plebiscito que nunca les permitieron realizar y señaló que los
concejales actuaron por “la presión popular” que desde hace años exige que se
vayan las mineras.
El jueves 8 a la
mañana, y de manera imprevista, los siete concejales de Andalgalá aprobaron la
ordenanza 029/16, que prohíbe la megaminería en la localidad pionera de la
actividad. En 1994, de la mano de Carlos Menem y del gobernador Arnoldo
Castillo, llegó Minera Alumbrera, un consorcio de multinacionales canadienses y
suizas para explotar el oro y cobre del oeste catamarqueño. Las promesas
iniciales fueron un barrio para 5000 personas, 2000 puestos de trabajo, un
hospital de alta complejidad, cuidados del ambiente y desarrollo local.
Nada se cumplió.
Sólo 50 personas de Andalgalá trabajan en el yacimiento y se confirmaron
roturas del dique de colas (un enorme piletón de residuos tóxicos que filtra
contaminación al acuífero) y hubo al menos cuatro roturas del mineraloducto
(caño de 300 kilómetros de extensión que transporta los minerales) con
contaminación en distintas localidades de Catamarca.
En 2009 se conoció
un proyecto minero (llamado Pilciao 16) que afectaba a gran parte del centro de
la ciudad. Y en 2010 se produjo el corte de camino para cerrar el paso al
proyecto Agua Rica (a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen las
vertientes de agua). El proyecto, en mano de la multinacional canadiense Yamana
Gold, lo califican como “el tiro de gracia para Andalgalá”. De ahí la férrea
oposición. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represión sobre el corte de
camino de la minera y la población respondió con una gran movilización popular.
En 2010 estuvo a punto de realizarse un plebiscito, pero el Poder Judicial (por
intervención del gobierno provincial) lo suspendió.
El intendente
Alejandro Páez asumió con discurso crítico a la minería y sostiene que Agua
Rica no se hará. Hace años le exigen un gesto político claro, la ordenanza. En
2015, asambleístas presentaron un proyecto de ordenanza, pero no tuvo
tratamiento. El jueves pasado fue aprobado por unanimidad, incluso los tres
concejales del Frente para la Victoria, alineados con la política provincial de
apoyo a la actividad.
Desde la Asamblea El
Algarrobo, espacio de referencia frente al extractivismo minero, lo explican
como un paso más para cerrar el paso a Agua Rica.
La última semana de
agosto, el juez de Control de Garantías de la Segunda Circunscripción, Rodolfo
Cecenarro, falló a favor de un amparo presentado por asambleístas y suspendió
todas las actividades del proyecto Agua Rica. Lo hizo luego de la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en marzo había resuelto en favor
de los vecinos pero envió la causa a la provincia. Sergio Martínez, también de
El Algarrobo, recordó que el mismo juez fue el que ordenó la represión de 2010,
lo cuestionó por criminalizar a los vecinos y pidieron su apartamiento. También
aclaró que exigen la paralización definitiva de Agua Rica (no sólo la
suspensión).
El mismo jueves de
la ordenanza, la gobernadora Lucía Corpacci, acompañada por el secretario de
Minería de la Nación (Daniel Meilán) respondió: “Estamos dispuestos a pagar el
costo político del desarrollo de la minería”. Y anunció que avanzará con nuevos
proyectos. El secretario general de la Gobernación, Edgardo Macedo, cuestionó a
los concejales, advirtió sobre “graves implicancias” y adelantó que la
provincia analizará la legalidad de la ordenanza.
Aldo Flores, de la
Asamblea El Algarrobo, recordó que la minería no tiene licencia social en
Andalgalá, y afirmó que los proyectos de la región violan la Ley de Glaciares y
de Bosques. “El fallo judicial y la ordenanza nos hacen aún más fuertes,
seguiremos con la movilización e impulsamos a otros municipios a ordenanzas
similares”, destacó.
La ordenanza
recuerda la vigencia de la Ley General del Ambiente y el principio precautorio:
ante el peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza
científica no deberá impedir la toma de medidas de protección para la población
y el ambiente.
Escrito: Dario
Aranda
Fuente: Página 12 /
12 de Septiembre de 2.016
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