En Brasil y en el
mundo es un desafío garantizar la participación efectiva de los pueblos étnicos
en los procesos de toma de decisiones estatales que les afectan.
“En Brasil, los conflictos por la tierra con
indígenas tienen lugar porque ellos salieron de la jungla y bajaron a las áreas
de producción”. Con esta frase, de enero de 2015, la senadora y entonces
ministra de Agricultura, Kátia Abreu, reivindicó la vieja consigna
anti-indígena, que es repetida constantemente en los bastidores del poder en
Brasilia. Abreu es una de las pocas senadoras del PMDB, partido de Michel
Temer, que se opuso a la destitución de Rousseff. Cuando la ex presidenta se
encontraba a punto de ser defenestrada por la mayoría del Senado, Abreu la
defendió bajo el argumento de que ningún otro presidente había apoyado tanto la
agroindustria. No se imaginaba que la bancada ruralista, poderoso frente
parlamentario conformado por latifundistas y empresarios del sector agrícola,
contaría con una presencia aún más pronunciada en el gabinete de Temer.
Congresistas
vinculados a sectores ultra-religiosos han engrosado el coro anti-indígena, al
defender la evangelización como alternativa de integración de tales pueblos a
la sociedad. De esta manera, el asimilacionismo religioso y la captura del
Estado por parte de intereses corporativos han reservado un buen lugar para los
pueblos indígenas y afrodescendientes (quilombolas) en la repisa de malezas que
obstaculizan el desarrollo de la nación. Dicha tendencia se hizo evidente con
la Resolución 68/17, de enero del presente año, emitida por el Ministerio de
Justicia. Elogiada por Temer, la resolución fue criticada por
organizaciones de la sociedad civil e indígenas, quienes sostienen que su
intención es revalidar el despojo de sus territorios. Tras un pronunciamiento
del Ministerio Público cuestionando su legalidad, la resolución fue reemplazada
por la número 80/17, manteniendo, sin embargo, las principales
disposiciones criticadas. Entre otras medidas, la nueva resolución crea una
instancia política con la potestad de detener y hasta revertir los procesos de
demarcación de tierras ya realizados por la Fundación Nacional del Indio.
De acuerdo con
miembros del Consejo Nacional de Política Indigenista, las resoluciones del
Ministerio de Justicia fueron adoptadas de forma sorpresiva, sin ningún tipo de
diálogo ni de consulta previa, libre e informada, contrariando así los estándares
internacionales aplicables. El derecho a la consulta y al consentimiento
previo se encuentra previsto en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y en las declaraciones de la ONU y de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se
trata de un derecho esencial, que determina un nuevo tipo de relación, más
simétrica y respetuosa, entre los Estados y los pueblos étnicos. La consulta y
el consentimiento son un mecanismo de diálogo intercultural mediante el cual se
informa de buena fe, y atendiendo a las tradiciones, sobre el impacto que un
proyecto de desarrollo puede tener sobre un territorio, y también respecto de
otras decisiones legislativas o administrativas susceptibles de afectar
directamente a los habitantes del mismo.
Congresistas vinculados a sectores ultra-religiosos han engrosado
el coro anti-indígena, al defender la evangelización como alternativa de
integración de tales pueblos a la sociedad.
En Brasil y en el
mundo, sigue siendo un desafío garantizar la participación efectiva de los
pueblos étnicos en los procesos de toma de decisiones estatales que les
afectan. En un libro recientemente publicado por la Fundación para el
Debido Proceso y por la Red de Cooperación Amazónica, se demuestra que el
derecho a la consulta y al consentimiento es continuamente violado en Brasil
por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, encontrando, además, serios obstáculos
en el ámbito del Poder Judicial. El documento describe cómo una serie de
medidas inconsultas implican violaciones a los derechos territoriales de los
pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales. Muchas de esas
medidas tienen que ver con la expansión de la agroindustria y la concesión de
proyectos de infraestructura y minero-energéticos en tierras reclamadas y, en
algunos casos, tituladas en favor de los referidos pueblos y comunidades.
Cabe mencionar que
la sumisión de la política indigenista a los intereses de la agroindustria y de
grandes constructoras no es una invención del actual presidente. Basta con
mirar el impacto de las hidroeléctricas de Belo Monte, Jirau y Santo
Antônio, entre otras obras faraónicas concesionadas en territorios indígenas,
durante los gobiernos anteriores. En todo caso, Michel Temer parece dispuesto a ceder
aún más a los frentes parlamentarios que han asfixiado la política
indigenista en las últimas décadas. El ejemplo más reciente de esta realidad
son las declaraciones del nuevo ministro de Justicia Osmar Serraglio, tan
pronto fue posesionado el 23 de febrero. Justo él, autoridad responsable por
las demarcaciones de territorios indígenas en Brasil, logró superar las
oprobiosas palabras de Katia Abreu, al criticar directamente las demandas de
los pueblos indígenas con el proverbio “no se llena la barriga con tierra”.
Sobra decir que Omar Serraglio proviene de la bancada ruralista y del infausto
PMDB de Michel Temer.
Escrito por Daniel
Cerqueira quien es Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el
Debido Proceso.
Fuente
El Pais – 16 de
Marzo de 2.017
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