Cinco jueces de distintos países encontraron culpable de contaminar
a nivel mundial a la multinacional Monsanto. En La Haya, el jurado estuvo
conformado por Eleonora Lamm (Subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema
Corte de Mendoza), Dior Fall Sow (consultora senegalesa de la Corte Penal
Internacional), Jorge Fernández Souza (Magistrado del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de México), el canadiense Steven Shrybman, y la
belga Françoise Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
Tras evaluar las pruebas y testimonios halló culpable a Monsanto por el delito
de ecocidio y violaciones de los derechos a un medio ambiente sano, a la salud,
y a la alimentación. Además, por quebrantar la libertad científica.
El tribunal internacional popular que analizó en La Haya la
historia de la multinacional Monsanto -comprada el año pasado por
Bayer- encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, de crímenes de
guerra, de violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado,
a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica.
Monsanto, que desde principios del siglo XX ha comercializado
productos altamente tóxicos, como el PCB, el 2,4,5-T, el herbicida Lasso y el
famoso Roundup, elaborado a base de glifosato, fue sometida a un tribunal ético
integrado por cinco prestigiosos jueces, entre ellos, la argentina Eleonora
Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza. Para
ello, se utilizaron los mismos procedimientos que utiliza la Corte Penal
Internacional de La Haya, pero la compañía se negó a participar.
La idea fue impulsada por más de mil organizaciones no
gubernamentales de todo el mundo. Si bien el tribunal era simbólico, sus
conclusiones empezarán a ser usadas en demandas a lo largo y ancho del planeta,
y se usarán para intentar que se modifique el Estatuto de Roma y se incluya la
figura del ecocidio.
Quizás lo más esperado fue justamente la conclusión en torno a ese
tipo penal, el ecocidio, un término que empleó públicamente por primera vez en
1970 el biólogo Arthur Galston, cuya investigación en el Departamento de
Botánica de la Universidad de Yale condujo a la invención del agente naranja.
La conclusión de los jueces no dejó lugar a dudas. "Si el delito de
ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional, las actividades de
Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan
daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y
afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas", advirtió el fallo.
El primer punto tratado en el fallo es si Monsanto vulneró el
derecho a un ambiente sano y equlibrado, que es una precondición para el
ejercicio de todos los derechos humanos. Para ello, los expertos analizaron
testimonios de investigadores que detectaron casos de malformaciones en
Argentina y Francia causadas por el glifosato, enfermedades renales crónicas
por la aplicación de Roundup en Sri Lanka y la suba de las tasas de cáncer en
Brasil. También se mencionó la pérdida de diversidad y fertilidad de los
suelos, la contaminación de las explotaciones agrícolas con transgénicos, y las
deficiencias de salud de los cerdos alimentados con plantas modificadas
genéticamente.
Se habló de la falta de información a las comunidades,
fundamentalmente indígenas, en todo el mundo, la contaminación producida por la
canola transgénica en Australia y Canadá, la imposibilidad de obtener un buen
rendimiento en los cultivos de algodón modificado genéticamente, los intentos
de Monsanto de monopolizar el mercado de semillas en la India, la fumigación
aérea de glifosato en la guerra fallida contra las drogas y la contaminación
con glifosato de las fuentes de agua en la Argentina, muy estudiada en el caso
del río Paraná.
Frente a semejante nivel de pruebas, la conclusión fue tajante.
"Monsanto ha incurrido en conductas que tienen efectos graves y negativos
en el medio ambiente y han afectado a innumerables personas y comunidades de
muchos países, así como a la salud del propio entorno, con las consiguientes
repercusiones en las plantas y los animales y en la diversidad biológica",
estimó el tribunal.
El segundo punto a tratar, el derecho a la alimentación, llama la
atención porque el combo "siembra directa + transgénicos +
agroquímicos" fue presentado desde el minuto cero como la tríada que
pondría fin al hambre en el mundo, algo que no sólo no ocurrió, sino que, según
el fallo, el mundo siempre estuvo en condiciones de producir alimentos para
todos apelando a la agricultura tradicional.
En este caso se tuvieron en cuenta las producciones de arroz de Sri
Lanka, que se volvieron arenosas y redujeron su rendimiento "de forma
significativa", y el ensañamiento con el monocultivo en ese país, donde en
algunas comunidades se reintrodujeron exitosamente variedades tradicionales de
mijo, sésamo, hortalizas, frutas y cereales con las que se obtuvieron mejores
cosechas. Debido al daño causado por los agroquímicos, en 2015 se
prohibieron el Roundup y otros cinco productos en ese país.
El tribunal también destacó los "daños producidos en el suelo,
en los nutrientes, que influyeron negativamente en las condiciones que
requieren los cultivos, y en las corrientes de agua utilizadas para el mismo
trabajo agrícola".
Además, tuvo en cuenta el testimonio de dos argentinos. Por un
lado, el médico rosarino Damián Verzeñassi, quien señaló, en particular,
que "donde anteriormente se habían producido alimentos, ahora había
plantas transgénicas toxicodependientes que habían afectado a la producción lechera
y ganadera". El otro es el productor Diego Fernández, que posee 150
hectáreas en Santa Fe y contó cómo lo afectó la producción de soja
transgénica a partir de 1996, que cada vez requería un mayor uso de Roundup y
desplazó al ganado. "Antes de la conversión del campo utilizaba 1 litro de
Roundup por hectárea cada año; después de la conversión utilizaba entre 10 y 12
litros, lo que causó la compactación del suelo, la muerte de las raíces y una
reducción de la actividad microbiológica. La compactación del suelo provocó
también inundaciones porque el agua había dejado de filtrarse. Otra
consecuencia que señaló fue la aparición de plantas invasivas resistentes a los
herbicidas", recordaron los jueces. Hubo testimonios similares de
agricultores de México, de la India, de Burkina Faso y de Bangladesh.
"Los testimonios citados revelan que, en todos los casos, se
ha producido una vulneración del derecho a la alimentación de la que han sido
víctimas los testigos y las comunidades, así como las personas mencionadas por
los testigos", indicaron los jueces.
La afectación al derecho a salud fue posiblemente la más fácil de
demostrar, ya que incluso hay jurisprudencia en varios países. En este punto
fue muy sólida la exposición del médico Verzeñassi, quien dirige el Instituto
de Salud Socioambiental, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Rosario. El experto encabeza un proyecto titulado "Campamento
sanitario" en cuyo marco se han realizado estudios en 27 localidades de
cuatro provincias argentinas. Después de recopilar datos de 96.874 personas de
dichas localidades, observó que en esas zonas hay altísimas tasas de una
serie de enfermedades vinculadas al uso de cultivos de organismos modificados
genéticamente y en la exposición al glifosato producido y comercializado por
Monsanto.
Al respecto, los magistrados no sólo hicieron hincapié en los daños
a la salud física, sino también la mental, y pusieron énfasis en los efectos
perjudiciales del PCB, el glifosato y los transgénicos.
Otro tema que también se sintió de cerca en Argentina es la
libertad indispensable para la investigación científica, una cuestión
archiconocida por los ambientalistas en el país, a partir de las persecuciones
que sufrió el fallecido médico Andrés Carrasco, luego de sus históricas investigaciones
sobre los efectos del glifosato en animales vertebrados. En el Salón Illia del
Senado, donde se siguió la transmisión de la lectura de la sentencia, hubo un
cerrado aplauso una vez que se conoció el fallo y se invitó a su esposa, Alicia
Massarini, a decir unas palabras.
Varios testimonios, al decir del tribunal, coincidieron en que "Monsanto
ha empleado de modo habitual tácticas deshonestas, engañosas y opacas para
conseguir la aprobación de sus cultivos obtenidos por ingeniería genética y sus
herbicidas asociados". La empresa está acusada de operar para desacreditar
y paralizar las investigaciones científicas y debates que suponen una amenaza
para sus intereses comerciales.
Algunas declaraciones fueron elocuentes, como la del paraguayo
Miguel Lovera, quien trabajó en el Gabinete del ex presidente Fernando Lugo, y
que habló de sobornos a funcionarios y calumnias a los que osaban criticar.
Y en particular, dijo que tras el desplazamiento de Lugo, "el control
reglamentario efectivo de los productos modificados genéticamente y de los
herbicidas dejó de existir y Monsanto tuvo libertad para introducir algodón,
maíz y trigo modificados genéticamente, a menudo con consecuencias desastrosas
para los agricultores locales y poniendo en grave riesgo las semillas
autóctonas". Hubo testigos similares de Francia, Canadá y Alemania, entre
otros.
El último tema que se analizó fue si Monsanto fue cómplice de un
crimen de guerra, ya que fabricó el Agente Naranja que los Estados Unidos
utilizaron durante la contienda bélica en Vietnam. El tribunal aclaró que
"no se ha presentado ante el Tribunal ninguna evidencia relevante",
pero aun así concluyó que "habría que dar crédito a la hipótesis de que se
disponía de pruebas pertinentes en relación con los hechos de que
Monsanto", porque la empresa "proporcionó los medios necesarios para
la campaña estadounidense en Vietnam; sabía cómo se utilizarían sus productos y
tenía información sobre los efectos perjudiciales para la salud y el medio
ambiente".
Fuente
Infobae – 18 de Abril de 2017
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