Este año se cumple una década de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, incumplida sistemáticamente en todo el mundo. El afán extractivo, el principal problema.
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| Indigenas brasilenos del Movimiento Occupy FUNAI frente a la Oficina de Asuntos Indigenas en Brasilia - 13 de Julio de 2.016 (Reuters) |
El 4 de diciembre de 2011, cuando Petrona López Girón tenía
veinticinco años, un grupo de hombres entró en su casa de Banavil, una aldea
rural del Estado de Chiapas, en México.
Portaban rifles, con los que la golpearon a ella y a su familia. Su padre, un
indígena tseltal, fue hecho desaparecer y jamás volvieron a saber de él.
Desde entonces, la familia nunca ha vuelto a casa. Malvive, con otros 20
familiares desplazados —en su mayoría, sus hermanos y tíos—, en un piso de
alquiler en San Cristóbal de las Casas, a varios kilómetros de distancia. Ni el
Gobierno nacional ni el federal encontraron jamás a su padre, ni ellos han
salido adelante. “Continuamos reclamando justicia, pues no la hemos tenido”,
cuenta Petrona, cuya historia recoge el último informe anual que realiza el
centro de derechos humanos FrayBa de San Cristóbal de las Casas. Pero las
historias de indígenas como esta, que a diario se registran en todo el planeta,
no parecen interesar a los gobiernos, por lo que caen en el cajón del olvido.
A la hora de decidir qué avances ha obtenido el mundo indígena y
qué desafíos quedan pendientes, las Naciones Unidas —y en especial
organismos como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)— subrayan
un hito particular: la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas del 13 de septiembre de 2007. Este documento, integrado por 46
artículos (al que se llegó tras cuatro décadas de debates después del
fin de la etapa colonial y que en su momento apoyaron 140 países, pero no
Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda) cumple este año su décimo
aniversario. No obstante, los objetivos del mismo -entre ellos “el derecho
colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad”, el derecho a la libre
determinación, a la no discriminación y a no ser desplazados o despojados de
sus tierras- han sido en gran parte traicionados.
Tanto es así que un reciente informe del Banco Mundial,
titulado "Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI: Primera década",
señala que dondequiera que habiten en América Latina —donde se halla el 8%
de la población indígena mundial— los pueblos originarios pertenecen a los
sectores más pobres y más marginados de sus sociedades. En Bolivia, Ecuador,
Guatemala, Mexico y Perú, la tasa de pobreza de la población indígena supera el
38%, casi dos veces más que el promedio del resto de la población. A nivel
mundial, los indígenas representan al menos el 15% de la población
extremadamente pobre del mundo y un tercio de los pobres rurales, como
también hace hincapié otro estudio titulado "Indigenous Peoples,
Poverty, and Development" ["Pueblos Indígenas, Pobreza y
Desarrollo"] publicado por la Universidad de Cambridge. Frente a ello, el
FIDA celebró en Roma en febrero pasado la tercera reunión mundial del Foro de
los Pueblos Indígenas, a la que siguió otra reunión de las Naciones Unidas en
Nueva York en abril para presentar los resultados provisionales de estos
últimos diez años.
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| Indigenas chiapanecos venden pollos vivos en un mercado de San Cristobal de las Casas en Diciembre de 2.013 |
Nuevos y viejos enemigos
No obstante, el gran enemigo de siempre sigue acechando: las
grandes multinacionales. Antonella Cordone, especialista en Pueblos Indígenas y
Cuestiones Tribales del FIDA, es directa. “En todo el mundo la batalla de los
pueblos indígenas está recrudeciéndose porque ellos habitan mayormente en
territorios ricos en biodiversidad y minerales y estas tierras son reclamadas
por numerosos gobiernos y multinacionales para usos extractivos”, afirma. Unos
objetivos de mercado por los que estas entidades, en muchos casos, también
optan por saltarse la negociación con los indígenas.
Una prueba de ello ha sido la reciente orden ejecutiva del
nuevo presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, reautorizando la
construcción del Dakota Access y el Keystone XL. Estos oleoductos, que pasan
por tierras sagradas de los Sioux y amenazan incluso con contaminar el río
Missouri, del cual dependen para vivir, había sido temporalmente bloqueado
para su negociación por el antiguo presidente Barack Obama. Hasta que
Trump tomó el relevo.
"Es un insulto a los Sioux de Standing Rock y a
todos aquellos que defienden su causa en los territorios indígenas y representa
la vuelta a un patrón histórico de vulneración de los derechos de las
comunidades indígenas", declaró entonces Jan Hasselman, el abogado de la
tribu. Otras fuentes señalaron que Trump tomó la decisión de realizar este
oleoducto —cuya construcción había sido descartada en diciembre por el Cuerpo
de Ingenieros de Estados Unidos— sin consultar a los Sioux. Un contexto que ya
ha provocado que algunas multinacionales, como la canadiense Transcanada, mostraran
su interés por el proyecto, y que la tensión acabara en numerosas detenciones
de activistas en febrero.
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| Campamento de protesta contra el oleoducto Dakota Access en Diciembre de 2.016, posteriormente desmantelado por las autoridades (Reuters) |
Morir por la tierra
Pero el problema no es solo americano. En muchas partes del planeta
los indígenas están dispuestos a todo, incluso a poner en riesgo su vida, para
defender sus tierras. “En 2015, en el mundo fueron asesinados 185
activistas medioambientales, 40% de los cuales eran indígenas. Y estos son sólo
los números referentes a los casos que se han hecho públicos, es posible que
haya habido más”, recuerda Cordone. “No hay que olvidar que el acceso a los
recursos está en disminución y la población mundial está creciendo. Esta es la
guerra. Pues los indígenas ocupan el 20% de las tierras del mundo y
el 80% de la biodiversidad del planeta”, subraya la experta.
Así las cosas, la situación es cada vez más alarmante. En una
visita a a Honduras de diciembre de 2014, por ejemplo, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue informada de centenares de
megaproyectos en las tierras de pueblos indígenas, “utilizando sus recursos
naturales, sin procesos de consulta previa (…) acompañados de gran represión a
los pueblos, quienes habrían sido desalojados forzosamente”. Mientras que en
todo el continente, ha insistido CIDH, se registra una “débil supervisión y el
escaso control de las compañías extranjeras en los países en donde operan desde
su inicio, lo cual facilita violaciones a los derechos de los pueblos
indígenas y las comunidades afro-descendientes”, según se lee en el
informe "Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e
industrias extractivas".
“En las ciudades no podemos cultivar, en los campos sí. Ahora nos
lo están impidiendo”, se queja Petrona, la joven indígena desplazada originaria
del Estado mexicano de Chiapas. “Los indígenas de México siguen siendo víctimas
de numerosas violaciones de derechos humanos”, afirma Azalia Hernández
Rodríguez, del centro de derechos humanos FrayBa de San Cristóbal de las Casas.
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| Mwenyesi, de 36 anos pigmeo de la etnia bambuti, toca un instrumento en el campamento de Kagorwa en la Republica Democratica del Congo, en Diciembre de 2.016 (Reuters) |
Un problema mundial
En África y Asia las circunstancias no son diferentes. Si bien la
situación varía de país en país, en varios casos, preocupa. Si, por ejemplo, en
China la brecha entre las tasas de pobreza de la población indígena y la
población no indígena se está acortando, en Vietnam crece. Y, si hace
pocas semanas, en la República Democrática del Congo, los pigmeos Bambuti
denunciaron ser objeto del despojo de las tierras que han habitado
ancestralmente —a causa de que no poseen ningún papel que constante que son
suyas—, esto ocurrió después de que el Parlamento congoleño votara en 2007
una ley para protegerlos.
Dicho esto, observadores como Cordone también señalan los avances
producidos tras la Declaración de 2007, como logrado hacer entrar a los
indígenas en las reuniones donde se debate la agenda global, tal como ocurrió
con la Cumbre de París sobre Cambio Climático de 2015. Así como el
haber logrado que organismos como el IFAD y UNDP lleven adelante proyectos
específicos cuyo objetivo es cambiar la narrativa predominante y
promover que los indígenas sean vistos como ‘parte de la solución’ —y no del
problema— ante los problemas de las sociedades y de las economías de los Estados.
Algo que también ha sido posible gracias al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales de 1989.
Además de ello, el marco jurídico también ha mejorado, en
particular en América Latina. Bolivia fue el primer país en incluir los
principios de la Declaración de 2007 en su Constitución, a lo que le siguieron
otros de América Latina. Respecto a Colombia, la CIDH reconoció que la Corte
Constitucional “ha venido cumpliendo un papel de suma importancia en la
protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas”, mientras que
Perú ya aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa, que recoge algunos de
los supuestos en los que el Estado debe obtener el consentimiento de los
pueblos indígenas para tomar una decisión.
Escrito por Irene Savio
La autora ha realizado el reportaje con el apoyo de la IWMF (International
Women’s Media Foundation), en el marco del proyecto Adelante.
Fuente
El Confidencial (España) – 13 de Junio de 2.017
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