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lunes, 22 de enero de 2018

Chile : Tiempos peores, Pueblos Originarios en alerta por eventual retiro de Chile del Convenio 169 de la OIT


Diputado electo de Amplitud, Andrés Molina, dijo que en la nueva administración no estarían "conformes" con la aplicación de la norma pues "retrasa el desarrollo, acá hay un proyecto de doble vía Freire -Pucón que lleva más de un año y medio retrasado por el tema de la consulta, y por mientras la gente se nos muere", manifestó.

Uno de los temas que marcó la semana fue la decisión que en 2019 deberá hacer el gobierno de Sebastián Piñera, respecto a si renueva o no la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Ante este debate, los pueblos originarios han manifestado su preocupación luego de que desde la Derecha surgieran algunas luces respecto de cómo se abordará la vigencia del convenio. En específico, en declaraciones al diario La Tercera, el diputado electo por Amplitud en la región de La Araucanía, Andrés Molina, señaló que en la nueva administración no estarían “conformes” con la aplicación de la norma, “molestia” que sería apoyada por la Multigremial de La Araucanía.

“Cuando se suscribió el convenio se presentó como la gran solución, pero no ha sido así. Ha dejado una sensación de no participación entre lo propios mapuches porque las consultas, que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten engañados”, manifestó Molina.


Según el parlamentario, la normativa “retrasa el desarrollo, acá hay un proyecto de doble vía Freire -Pucón que lleva más de un año y medio retrasado por el tema de la consulta, y por mientras la gente se nos muere”, agregando sobre el mismo punto que los privados que quieren invertir en La Araucanía sí considerarían la opinión del pueblo mapuche “mediante el contactodirecto y a través de los propios proyectos de evaluación ambiental, donde está considerada la participación”.

Ante este escenario, la ex consejera de la Conadi y werkén de la organización Ad-Mapu, Ana Llao, destacó que los gobiernos en general se han caracterizado por desconocer la norma: “Nunca estuvieron de acuerdo en reconocer y aplicar de acuerdo al estándar lo que señala el Convenio 169 y no me parece extraño que quieran decir que ya pasó la vigencia”, dijo la dirigente a la radio de la Universidad de Chile.

“Esta política salió producto de las luchas tanto del ámbito del trabajo, como de dirigentes de diferentes pueblos originarios. Entonces los gobiernos de América Latina deben continua raplicando el convenio para poder saldar la deuda histórica como la de los territorios”, añadió Ana Llao.

Por su parte, Carolina Sagredo, abogada del Consejo de Pueblos Atacameños, opinó que “sin el Convenio 169 estaríamos mucho más desprotegidos y sin la posibilidad de reclamar a nivel internacional. Solo tendríamos la Ley Indígena, que no habla de soberanía ni de pueblo, es una legislación muy débil”, añadiendo que el Convenio “es una herramienta clave para reclamar los derechos ancestrales”.

Finalmente, Sebastián Donoso, académico de la Facultad de Derecho de la UC y experto en legislación indígena, explicó a La Tercera que el retiro de un convenio internacional como el 169 “es una atribución exclusiva del Presidente, el que luego recoge la opinión de ambas cámaras”.
“En mi opinión salirse del convenio, o denunciar el convenio, que es el término jurídico correcto para tratados internacionales- no tiene sentido. El momento para discutirlo fue hasta el 2008 y hoy políticamente es inviable, pues no solo regula proyectos productivos sino una serie de materias sociales relevantes para las comunidades. Sería como denunciar la Biblia”, expresó el docente.

Recordemos que este acuerdo hace que el Estado tenga el deber de “consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados”.

El tratado fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008. Según señala el propio convenio, si un miembro no hace uso de su derecho a “denuncia” quedará obligado durante un nuevo período de 10 años.

Fuente: Radio Universidad de Chile / La Tercera – 21 de Enero de 2018

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