La defensa de la
naturaleza, comunidad y la cultura preocupa a indígenas Ngäbe Buglé.
Desde hace varios años
indígenas Ngäbe-Buglé se oponen al megaproyecto en el distrito de Tolé,
provincia de Chiriquí. Ahora, la Autoridad Ambiental de Panamá ANAM suspende el
proyecto hidroeléctrico Barro Blanco de forma temporal. La comunidad cultural
Kiad conserva petroglifos que portan la historia ancestral y escritura de
pueblos originarios de Panamá y es una de las afectadas.
Según viene
denunciando el panameño Movimiento 10 de Abril hay varios aspectos
del Estudio de Impacto Ambiental EIA del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco,
que no se cumplen. Así lo constató recientemente la vicepresidenta del país
Isabel Saint Malo como parte de una Comisión de Alto Nivel del Gobierno que visitó la
zona afectada. Previamente en 2013, Naciones Unidas realizó un peritaje
independiente para concluir que las comunidades afectadas no tenían información
suficiente y no fueron consultadas. Diversos intentos de mediación y mesas de
negociación con variados participantes no dieron hasta ahora resultado.
Se incumplen aquí leyes
panameñas e internacionales
Las empresas
Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) e Hidráulica San José, S.A. no tenían un
plan de manejo de petroglifos y otros hallazgos arqueológicos. Tampoco
realizaron las auditorías solicitadas para verificar el manejo de la erosión y
la sedimentación en el levantamiento de la presa que además inundaría lugares
de importancia para indígenas Ngäbe-Buglé como una escuela, un lugar sagrado y
campos de cultivo de los que depende la subsistencia de las familias. La
inspección llevada a cabo por el gobierno constató que la empresa hizo durante
la construcción, más o menos lo que le dio la gana talando vegetación, y
removiendo materiales.
Llegar aquí no ha sido
precisamente fácil, pues representantes indígenas entre quienes se encuentra la
Cacica de la Comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera y el líder del Movimiento 10
de Abril, Ricardo Miranda han sido continuamente desoídos en sus
preocupaciones, hasta el punto de que la empresa negaba la existencia de
comunidades en las zonas a inundar con la represa. Una de las lideresas locales
declaró al medio independiente Otramérica acerca del proyecto hidroeléctrico:
“Ellos la han levantado y nosotros estamos dispuestos a desmontarla piedra a
piedra”.
Lo que está claro es
que las comunidades indígenas afectadas no buscan ni indemnizaciones ni
realojos, sino la paralización definitiva de la obra y del proyecto. Confirman
ahora estar abiertos a negociar. “Creo que ahora hay que hacer estudios
ambientales nuevos, porque en el gobierno anterior no hubo voluntad”.
El caso no es aislado.
Indígenas de Panamá contemplan cómo los megaproyectos invaden uno tras otro sus
territorios ancestrales.
Financiación europea
para el “desarrollo”
La hidroeléctrica
Barro Blanco recibía financiación no sólo del Banco Interamericano de
Desarrollo, sino también de bancos europeos en la misma línea, como el alemán
DEG y el holandés FMO. La experta alemana sobre el tema de la organización
Urgewald, Kathrin Petz declaró que „Los problemas que constató ANAM no son
nuevos para el banco DEG. Desde hace años, las ONGs han informado a DEG sobre
las consecuencias sociales y ecológicas del proyecto. Sin embargo, DEG no ha
retirado los fondos. DEG debe comprometerse para que los trabajos no vuelvan a
comenzar”. Por su parte Guadalupe Rodríguez de la organización Salva la Selva,
quien coordinó dos campañas de denuncia internacionales para poner de
manifiesto la participación de bancos europeos en el proyecto hidroeléctrico de
Panamá recuerda que “ha sido sistemática la falta de respuestas completas y
documentadas, así como nulo el interés de los bancos en el impacto real de sus
proyectos, en este caso Barro Blanco en Panamá, a pesar de que violan las
propias políticas de responsabilidad del banco”.
Actualmente, DEG y FMO
han establecido un mecanismo conjunto de reclamaciones, al que ya se han
dirigido los afectados estando a la espera de respuesta que deberá producirse
en la primera mitad de este 2015.
Un poco de historia:
La obra comenzó en
2011. Su costo total asciende a 78 millones de dólares de los que los bancos de
desarrollo habrían aportado 25 millones. Los indígenas han pedido la retirada
de esta financiación una y otra vez sin respuesta positiva.
La represa se
encuentra fuera de la comarca indígena. Pero modificaría el curso del río
Tabasará en cuyas orillas viven, trabajan y dependen muchos indígenas Ngäbe
Buglé. Siete hectáreas de las comunidades Ngäbe quedarían inundadas. La obra en
sí está en un estado muy avanzado (95%).
En los años que dura
el proyecto ha habido numerosas protestas, en algunas de las cuales hubo
heridos de diversa consideración, llegando a producirse incluso muertes, y
detenciones, represión y se denunciaron también abusos sexuales hacia las
mujeres durante las manifestaciones. Fuente: Salva la Selva 12 de Febrero de
2.015
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