Un informe elaborado por más de 100 investigadores de diferentes ámbitos académicos del país, con participación de 30 equipos de investigación y 12 universidades nacionales y dependencias del CONICET. indagó en las consecuencias de la pandemia por COVID-19 en diversas comunidades y pueblos autóctonos.
Con la expansión del virus COVID-19, la declaración como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el consiguiente Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) implementado a partir del 20 de marzo de 2020 en la Argentina, se está generando una notoria transformación en la población en general, en todas las relaciones sociales y cotidianas, con impactos sumamente profundos y definitorios ante la situación de pobreza y precariedad social, en particular.
El párrafo anterior refleja una de las conclusiones del informe Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina, un documento elaborado por más de 100 investigadores de diferentes ámbitos académicos del país, con participación de casi 30 equipos de investigación y 12 universidades nacionales y dependencias del CONICET.
“Por otro lado hay una situación que tiene que ver con una dificultad muy grande en lo económico, considerando el nivel de precariedad que hay entre los pueblos originarios en el aspecto económico, por eso creemos que han sido claves los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional a partir del otorgamiento de ingresos como los derivados del programa Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cobro de pensiones, las tarjetas alimentarias y el reciente Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros”, agregó Valverde.
En otro pasaje de la entrevista advirtió: “Si en el conjunto de la población hay una situación de informalidad del 44%, en los pueblos originarios esta cifra puede subir a un 60, 70 y a veces un 80% dependiendo del lugar y a veces más también”.
Una dinámica que se viene dando en este complejo escenario, se asocia con la profundización y exacerbación de situaciones de racismo, discriminación, violencia verbal y física hacia los integrantes de los pueblos originarios, a través de acciones arbitrarias, y/o graves abusos por parte de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad, asumiendo en algunos casos características sumamente conflictivas y traumáticas.
Para Valverde, “esta desigualdad histórica debe ser revertida, teniendo en cuenta que también existe una dificultad muy grande sobretodo en las comunidades rurales para acceder a la educación a la distancia, inclusive a los servicios de salud”.
El relevamiento también puso el foco respecto a las poblaciones que ya estaban en una situación muy complicada hace tiempo y el coronavirus agravó sus realidades: en el noroeste argentino, con las dificultades de acceso a servicios básicos, el universo de los pueblos originarios es muy heterogéneo.
“Se han dado muchas situaciones de trato racista y violento, como lo que sucedió en el barrio Gran Toba en Chaco y hace pocos días en Tucumán lo mismo, abusos que fueron denunciados, y que generaron una repercusión muy grande. También existe un abuso de agentes privados, siguen los desmontes ilegales en la región chaqueña, que afecta muchísimo a las comunidades, la falta de acceso a la justicia también es un problema muy grande”.
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