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lunes, 14 de noviembre de 2016

Misiones: vetarán ordenanza que habilitaba despojo de territorios indígenas


El intendente de la Municipalidad de Mado-Delicia, Heber Vera, confirmó al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que vetará una ordenanza que el Concejo Deliberante local sancionó recientemente, a través de la cual se aprobaba al municipio la compra de una extensión de 28 hectáreas – que se destinarían a la concreción de una seria de obras públicas-, ya que las mismas forman parte del territorio de la Comunidad Mbya Ysyry, e incluso se trata de extensiones que ya fueron relevadas como parte de la Comunidad en el marco de la nacional 26.160.

Vera manifestó que “sancionamos esa ordenanza por desconocimiento de la ley 26.160. Ahora sabemos que estos territorios han sido relevados y vamos a enmendar nuestro error vetando la ley. Al mismo tiempo asumimos el compromiso de profundizar nuestro conocimiento en materia de derechos indígenas para no volver a incurrir en este tipo de errores”. El alcalde sostuvo además que “esas tierras quedarán para la comunidad (Ysyry).

Desde el Ejecutivo Municipal se comprometieron a “establecer convenios para la realización de talleres que nos permitan tener más detalles de la ley y de derechos indígenas en general”.
La confirmación del veto a la ordenanza se dio tras una reunión que mantuvieron los ediles del Concejo Deliberante loca, el intendente y otros funcionarios locales, con representantes del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA).

María Josefa Ramírez, coordinadora nacional de ENDEPA celebró “la apertura al diálogo que mostraron los funcionarios, que se trasluce en una decisión muy importante que será el veto de esta ordenanza, ya que marca un antecedente muy importante en cuanto al respeto a la Ley 26.160. Durante la reunión, explicamos al intendente y su equipo los alcances de la ley, ellos se mostraron realmente interesados, y plasmamos un acuerdo para la realización de un taller de capacitación sobre derechos indígenas para todo el personal municipal y las fuerzas de seguridad. Este taller se realizará el próximo 18 de noviembre”.

En tanto, desde la Comunidad Ysyry, Marcelo Martinez, expresó que “es una buena decisión del municipio, que nos permite seguir ocupando nuestros territorios de manera tranquila. Nosotros tuvimos que sufrir intentos de desalojo, presencia de la policía, y los niños de la comunidad estaban muy asustados por todo lo que venía pasando”.

La ley
Sancionada en 2006, la Ley 26.160 declara la emergencia por el término de cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por ellas, que debía realizarse en un plazo de tres años. Para tal fin, se creó un fondo de 30 millones de pesos (10 millones por cada año que se suponía iba a durar el relevamiento) a los efectos de la aplicación de la ley, y se estableció que sería el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) el responsable de todo el proceso.

El INAI debía ejecutar el programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas (RETECI), promoviendo la asistencia del Consejo de Participación Indígena (CPI), universidades, entidades del Estado nacional y provincial, institutos indígenas y ONGs. Los objetivos del programa RETECI eran: formar conciencia social acerca de los alcances de la ley, relevar la organización comunitaria y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de los predios; relevar los territorios con GPS y volcarlos en un soporte SIG (Sistema Jaguar). El producto final del relevamiento era una carpeta técnica por comunidad.

A fines del año 2009, como los plazos no habían sido cumplidos, una nueva ley, la 26.554, prorroga la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013, y destina 10 millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la sanción de la ley 26.894 se determina que la norma operará hasta noviembre de 2017.

En el año 2013, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) presenta un informe titulado “Advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160”. En el mismo da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de recursos económicos. Este trabajo cuenta con la adhesión de organizaciones indígenas y de derechos humanos.

El mismo sostiene que, de acuerdo a los datos brindados de manera aislada por el INAI, “del total del presupuesto del relevamiento ($ 60 millones) se ha verificado al menos la utilización del 76,41% del mismo ($ 45.847.32763) para el relevamiento de solo el 24% del total de las comunidades, de las cuales únicamente el 12,48% del total ha sido concluido efectivamente”.

Este documento también denuncia “la transferencia de $ 22.329.339 a la Universidad de Lanús, por asesoramiento”, sin que pueda certificarse de qué manera se realizó la contraprestación, concluyendo que esta suma fue “gastada por fuera de las normas y controles de la administración pública”.

Fuente: Prensa Endepa - 13 de Noviembre de 2.016


(Fotografía: reunión entre representantes de ENDEPA y el Ejecutivo Municipal y los concejales de Mado-Delicia)


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