Escrito : Pablo
Correa
El Pueblo
Siona, que habita en el Putumayo, fue declarado en peligro de extinción en
2009. Su comunidad se reduce a 2.600 miembros. La empresa Amerisur, que cotiza
en la Bolsa de Londres, sueña con el petróleo que se esconde bajo su
territorio.
Los pueblos
indígenas se han visto forzados a aprender a redactar, en medio de la selva,
documentos extensos, minuciosos, enrevesados. Es un requisito ineludible del
Estado colombiano. En su caso, el más significativo son los Planes de
Salvaguarda. El Pueblo Siona, que habita en cuatro municipios del Putumayo,
redactó el suyo de 173 páginas entre principios del 2011 y finales del 2012.
Los recursos los aportó el Ministerio del Interior.
Una frase del
taita y profesor Francisco Piaguaje Yaiguaje sirvió de introducción y resumen
del documento: “Como ancianos, lo último que queda en nuestra mente, y que aun
todavía conservamos, es: nuestra lengua materna, la medicina tradicional, las
historias, algunos instrumentos musicales, las danzas, los sitios sagrados, que
aun existen, como lagunas, salados o chupaderos de antes, esto ha sido para que
como jóvenes y señoritas miren y se den cuenta como lo conservamos, no lo
destruimos y esto es bueno para seguir enseñando a nuestros hijos y nietos”.
Tanques de una de las instalaciones de la empresa Amerisur Resources en el Putumayo. / www.amerisurresources.com/ |
Hace aproximadamente dos meses, con el Plan de Salvaguarda bajo el brazo, seis líderes de la comunidad emprendieron un largo viaje desde sus cabildos cerca de Puerto Asís hasta la lluviosa Bogotá. Les tomó casi 20 horas llegar hasta una casa en el centro de la ciudad, donde se hospedaron. Al día siguiente de su llegada emprendieron otro viaje. Esta vez por el laberinto de la burocracia colombiana. Primero tocaron la puerta de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
Desde hace
varios meses los atormenta la intención de la empresa Amerisur Resources, una
compañía británica pero enfocada en Colombia y Paraguay, de explorar y explotar
petróleo en su territorio. La empresa ganó en una subasta de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos el Bloque PUT 12, unas 54.433 hectáreas ubicadas
entre los municipios de Puerto Asís y Leguízamo, y que se solapa con sus
resguardos.
Con su Plan de
Salvaguarda como principal argumento y el resultado de una consulta previa en
la que los miembros de la comunidad rechazaron las intenciones de la empresa en
diciembre de 2014, esperaban que el mismo Gobierno que los invitó a pensar en
su futuro se pusiera de su lado en esta disputa.
Álvaro
Echeverri, director de esa oficina, les recordó que el subsuelo le pertenece a
la Nación y las consultas previas no implican un veto a un proyecto de
minerales o hidrocarburos. El año pasado el Gobierno acompañó 668 procesos de
consulta previa en todo el país. De ellas, el 93 % terminaron en algún tipo de
acuerdo, según el funcionario. El caso de los sionas y la empresa Amerisur
quedó dentro del 7 % restante en que las comunidades rechazaron cualquier
injerencia en su territorio.
“Cuando no es
posible llegar a un acuerdo, como ocurrió entre el resguardo Bellavista y la
empresa Amerisur, la decisión que se tome debe ser desprovista de
autoritarismo”, explicó Echeverri, aclarando que el Ministerio del Interior ya
no tiene nada que ver con el problema. En los próximos meses tendrá que ser la
Agencia Nacional de Licencias Ambientales la que decida si otorga o no una
licencia ambiental para la explotación en ese rincón de Colombia. Los sionas
descubrieron la otra cara de la burocracia: que se puede escribir cualquier
cosa en documentos oficiales como los Planes de Salvaguarda o un acta de
consulta previa, pero eso no es garantía de nada.
La travesía de
los seis líderes sionas por el laberinto de instituciones continuó durante toda
una semana. El Senado, la Cámara de Representantes, la Defensoría del Pueblo,
el Ministerio de Ambiente, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos,
Unidad Nacional de Protección, Procuraduría, Agencia Nacional de Tierras,
Unidad de Restitución de Tierras, Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, sin contar a las organizaciones de la sociedad civil. A todos
los funcionarios trataron de explicarles la voluntad del pueblo siona, por qué
fueron declarados en peligro de extinción en 2009, cómo los acosó la guerra,
por qué piensan lo que piensan, y lo principal: por qué no quieren de vecino a
una petrolera. En su lengua, ZioBain (siona) significa “Gente de Chagra y
Yagé”. No de petróleo.
Mario Erazo,
gobernador del resguardo Bellavista, uno de los seis que conforman el Pueblo
Siona, elige con cuidado sus palabras: “El Pueblo Siona ha sido golpeado por
muchos impactos. Por el caucho, la quinua, las pieles, los cultivos ilícitos,
los evangelizadores. Ahora por una multinacional petrolera. Los mayores siempre
han resistido bajo un mandato de vida. Tenemos que mantener ese legado”.
Sin acuerdo
En un edificio
en el norte de Bogotá están ubicadas las oficinas en Colombia de la empresa
Amerisur. En una pantalla a un lado de la recepción se proyecta un video con
imágenes de su operación en Colombia. En un mapa del sur del país resalta el
perímetro de los bloques asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Resumen la esperanza de un boom económico para la empresa.
Uno de ellos es
Platanillo, donde ya han perforado con éxito 15 pozos, construido tres
carreteras y un pozo de relleno. Otro, denominado PUT-8, fue adquirido en enero
de 2016 y apenas está en exploración. Uno de los argumentos más seductores que
la empresa presenta a sus inversionistas es que ya cuenta con un oleoducto
propio que pasa por debajo del río Putumayo, cruza la frontera con Ecuador y se
conecta a una eficiente red de oleoductos que permite sacar fácilmente el crudo
por el Pacífico. La negación de los sionas a perforar pozos en su territorio ha
dilatado más de la cuenta sus proyectos sobre el tercer bloque, PUT-12.
Marco Tulio
González Gómez, jefe de Relaciones Institucionales, reconoce que la consulta no
llegó a buen término, pero reclama que cuatro meses más tarde, el 16 de marzo
de 2015, suscribieron un Acta de Acuerdos que fue firmada por el gobernador,
miembros del Cabildo, integrantes de Amerisur, el taita Hermógenes Paiguaje, el
presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo, el presidente de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona y una delegada de la
Personería de Puerto Asís.
El acta de esa
reunión expone dos conclusiones: Amerisur “reiteró la seriedad de sus
compromisos” y, segundo, los resguardos involucrados en el proceso se
comprometieron a realizar una “reunión interna para presentar la información de
esa reunión y definirán si consideran conveniente priorizar el proyecto de plan
de inversión”. Aunque esta reunión les hizo pensar a los representantes de
Amerisur que las relaciones con la comunidad siona iban por buen camino y había
un acuerdo, para los sionas sencillamente fue el fin del diálogo.
“Tal vez lo
relevante en este asunto no sean nuestras interpretaciones, sino las realidades
jurídicas conforme a la normatividad colombiana y los derechos y obligaciones
que tiene Amerisur, derivados del contrato suscrito con la ANH”, responde
González (ver recuadro), “la posición del gobernador del Resguardo Buenavista
no puede entenderse o interpretarse como un pronunciamiento del Pueblo Siona,
pues está claro que el gobernador de un resguardo no es representante de la
totalidad del Pueblo Siona”.
Los líderes del
Pueblo Siona regresaron a su territorio y entre el 15 y el 17 de Diciembre
pasado celebraron una “minga de pensamiento y resistencia para la defensa y
vida del pueblo ziobain”. Durante los tres días reflexionaron sobre la
situación que enfrentan con la empresa Amerisur. El yagé, la planta sagrada de
este y otros pueblos amazónicos, hizo parte de la ceremonia. En su cosmovisión
el uso de esta planta tiene una gran importancia, pues se considera el medio a
partir del cual se establece comunicación con los seres mitológicos que manejan
el universo. Y por lo tanto también el territorio que habitan.
Es probable que
a sus seres mitológicos, como a cualquier colombiano, también les cueste mucho
trabajo entender los conflictos que genera el propio Estado colombiano, que
desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos vende el derecho a explorar bloques
de petróleo en zonas que antes el mismo Estado ha declarado áreas protegidas o
resguardos indígenas. Y que al mismo tiempo promueva mecanismos de consulta con
comunidades en las que si el resultado es negativo, no tiene importancia.
Fuente > El
Espectador (Colombia) – 5 de Enero de 2.017
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