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miércoles, 1 de febrero de 2017

Brasil > Organizaciones denunciaron amenaza a derechos originarios



Organizaciones defensoras del medio ambiente y de las causas originarias denunciaron lo que consideran un intento del Gobierno de mermar los derechos de estas comunidades.

Sobre todo, burocratizando el proceso de demarcación de las tierras de esos pueblos nativos muchas de ellas ubicadas en el Amazonas.

La semana pasada el Ministerio de Justicia -encargado de supervisar las demarcaciones de tierras de pueblos nativos- publicó una normativa para crear un nuevo órgano con capacidad de vetar la aprobación de nuevas tierras ancestrales.


Según organizaciones como Greenpeace o el Instituto Socioambiental (ISA), estas acciones son un intento de burocratizar aún más el reconocimiento y protección de las tierras pertenecientes a decenas de etnias que ya existían en Brasil antes de la llegada de los colonizadores europeos.

La abogada Juliana Batista del ISA, uno de los organismos etnoambientales dijo que “este va a ser un año de gran presión. Un momento de ofensiva, pero tenemos esperanza de que vamos a construir resistencia a través del movimiento originario y del cuestionamiento judicial”.

La decisión del Ministerio de Justicia de modificar el proceso de demarcación de estas tierras fue posteriormente revertida por el propio Gobierno, pero una decena de organizaciones civiles estima que el objetivo del Ejecutivo es “retrasar o impedir la conclusión de estos procesos de demarcación”.

Actualmente unas 280 tierras ancestrales están en proceso de demarcación en Brasil.

La demarcación y homologación de las tierras originarias es un derecho establecido en la Constitución de ese país del año 1988, además es una etapa clave en el resarcimiento de las tierras originarias ocupadas a lo largo de los siglos por el Estado y la iniciativa privada.

La demarcación es polémica en Brasil ya que cuando el Ejecutivo las aprueba las tierras pasan a tener como beneficiarios únicos y exclusivos los grupos originarios quienes deben gestionar de forma sostenible la fauna y la flora.

Entre los grupos económicos muy influyentes en Brasil como los productores agrícolas y ganaderos esas demarcaciones son percibidas con recelo, ya que reducen la disponibilidad de tierras para usos productivos.


La anterior gestión a cargo de la expresidenta Dilma Rousseff fue muy criticado por su indiferencia ante las demarcaciones así como por la aprobación de proyectos considerados contrarios a los derechos de las comunidades originarias como la presa hidroeléctrica de Belo Monte, construida en el corazón del Amazonas.

La llegada de Michel Temer a la presidencia del país en mayo pasado exacerbó todavía más las preocupaciones, ante la percepción de que el nuevo mandatario priorizaría el desarrollo económico y la extensión de la producción agrícola, en vez de garantizar los derechos originarios. 

De hecho, en noviembre cerca de 300 personas de comunidades originarias, cimarronas y de pescadores de varios estados de Brasil ocuparon los accesos principales al Palacio del Planalto, sede de la presidencia del país, para protestar contra los recortes aprobados por el Ejecutivo en organismos federales que se encargan de velar por la protección de su territorio.

Fuente>Segundo Enfoque – 1 de Febrero de 2.017

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