La gallega
Ecoener-Hidralia anuncia que no construirá la presa en un área de alto valor
ambiental tras años de conflictos, criminalización, violencia y arrestos contra
los líderes de las comunidades que habitaban el territorio.
Tras años de
protestas de las comunidades indígenas, la empresa española
Ecoener-Hidralia ha renunciado finalmente a construir una presa
hidroeléctrica en el río indígena Cambalan, en Guatemala, según ha anunciado la
compañía a través de un comunicado publicado en medios del país
centroamericano.
La empresa ya
había paralizado las obras que realizaba en el territorio indígena de San
Juan de Barillas desde hace meses, y había retirado los cargos contra los
líderes de la comunidad que fueron denunciados y encarcelados por rechazar y
protestar contra el proyecto. Sin embargo, no había renunciado de manera
oficial a su construcción. Ahora, la empresa argumenta que “no ha adquirido
aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en los
que pretendía instalarse”.
El proyecto de
Ecoener-Hidralia, que se instaló en Guatemala en 2007, ha provocado graves
conflictos entre las comunidades indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y
Popti, que consideran sagrado el territorio de gran valor ambiental donde
habitan y donde se pretendía construir la presa. Su fuerte oposición ha
derivado en persecuciones, asesinatos, criminalización y encarcelamiento de
líderes indígenas por parte de la seguridad privada de la empresa y de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Guatemala.
“La empresa se
asentó en el país vulnerando los derechos de las comunidades residentes en la
zona, violando el derecho a una consulta previa sobre la obra, libre e
informada, y fomentando la represión contra los líderes de las comunidades que
se opusieron a ella. Ante la falta de consenso, las propias comunidades
realizaron una consulta popular, en la que más del 90% de la población se opuso
de forma tajante al proyecto de la empresa gallega”, denuncia la organización
Alianza por la Solidaridad.
En una investigación llevada a cabo por esta ONG sobre el proyecto, se reveló que la empresa no aportaba mejora alguna a las comunidades afectadas a efectos de empleo, servicios, beneficios sociales o medioambientales, además de acumular grandes sombras y controversias jurídicas y sociales.
En una investigación llevada a cabo por esta ONG sobre el proyecto, se reveló que la empresa no aportaba mejora alguna a las comunidades afectadas a efectos de empleo, servicios, beneficios sociales o medioambientales, además de acumular grandes sombras y controversias jurídicas y sociales.
El pasado 4 de
noviembre, Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra entregaron
23.000 firmas contra el proyecto al embajador de Guatemala en España,
Dernando Molina Girón y, unos días antes, se presentó el caso ante la ONU como
ejemplo de la necesidad de un tratado vinculante internacional que acabe con la impunidad
de las multinacionales ante las violaciones de derechos humanos.
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| Activistas de Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra, frente a la embajada de Guatemala en Madrid, para entregar 23.000 firmas contra el proyecto de Hidralia / Sara Plaza |
Ambas organizaciones han exigido a Ecoener-Hidralia cumpla con su palabra y abandone definitivamente el proyecto, así como cualquier otro intento en el futuro de comenzar otro macroproyecto en el territorio a través de alguna de sus filiales. Además, han declarado la necesidad de crear un tratado vinculante, a nivel internacional, que ponga fin al acaparamiento de recursos naturales por parte de grandes empresas, nacionales y extranjeras, con el apoyo de los gobiernos.
Fuentes > Diario
Publico (España)
HRN La voz de Honduras - 23 de Diciembre de 2.016
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