"El lobizón!
Por qué Argentina es el único país que legisló “contra el hombre lobo”
Argentina transformó una superstición ancestral en un sistema legal único en el mundo, donde el Estado interviene para proteger al séptimo hijo del estigma social.
La figura del lobizón, ese séptimo hijo varón destinado a transformarse en bestia según el mito guaraní, encontró en Argentina una respuesta administrativa inesperada. Lo que comenzó en 1907 como un gesto tradicional del presidente José Figueroa Alcorta ante el pedido de un inmigrante ruso, terminó cristalizándose en un andamiaje jurídico complejo.
A través del Decreto 848/1973 y leyes posteriores, el país decidió que la mejor forma de enfrentar el miedo y la marginación que rodeaba a estos niños no era la persecución, sino la integración oficial bajo el ala del Poder Ejecutivo.
Esta reglamentación se terminó de pulir en décadas recientes, adaptándose a los tiempos modernos y a la diversidad de cultos. En 2009, el Decreto 1416 permitió que el padrinazgo se extendiera a hijos de madres solteras, familias adoptivas y personas de cualquier religión registrada, rompiendo con la exclusividad del bautismo católico.
Hoy en día, la tradición sigue vigente incluso bajo la gestión de Javier Milei, demostrando que la estructura burocrática creada para “desactivar” al monstruo se ha transformado en una política pública de becas educativas que persiste a pesar de los cambios de signo político.
Una rareza institucional comparada
Al analizar este fenómeno a nivel global, Argentina destaca por haber dado forma jurídica nacional a una creencia popular, algo que pocos países han hecho con tal rigurosidad. Si bien existen parientes cercanos como la tradición real en Bélgica, donde los monarcas apadrinan al séptimo hijo, allí se mantiene como un “favor real” sin el respaldo de una arquitectura legal que garantice derechos educativos.
Comparado con otras leyes insólitas del mundo, como la británica que sanciona la manipulación de pescado en “circunstancias sospechosas”, el caso argentino tiene un trasfondo humanitario profundo. No se trata de una norma punitiva, sino de una medida preventiva contra el estigma y la discriminación rural.
Al convertir al supuesto “lobizón” en un ahijado del Presidente de la Nación, el Estado borra la sospecha del monstruo y coloca en su lugar a un ciudadano con derechos garantizados, demostrando que a veces la burocracia puede ser el mejor remedio contra la superstición.
