El pasado
22 de julio, un juez concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatán,
por medio del cual se suspendía la siembra de soja transgénica en la región por
parte de la empresa Monsanto. El cultivo de la miel entre los mayas es
prehispánico; “es de una abeja ancestral que los mayas han utilizado por mucho
tiempo; para consumo y para curarse. Lo que tiene de especial esta abejita es
que selecciona la floración que recolecta”; por tal motivo, la comunidad Maya
teme que los transgénicos puedan afectar a sus cultivos.
El trozo de tierra en el que Leydi
Pech tiene sus colmenares no es grande; son dos hectáreas, y de él proviene el
sustento no solo de esta indígena maya, sino de los diez integrantes de su
familia. Se encuentra en el estado de Campeche, donde los integrantes de su
comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar
miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede
defenderse de sus depredadores. Más del 40% de la miel mexicana proviene de la
llamada península de Yucatán, que se adentra como una espuela en el Mar Caribe
y que incluye al estado del mismo nombre, así como a Campeche y Quintana Roo.
Estos
apicultores temen que los cultivos transgénicos puedan contaminar la miel que
producen artesanalmente. México es el tercer exportador mundial de este
producto y la mayoría de quienes la trabajan son indígenas.
El pasado 22 de julio, un juez
concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatán por medio del cual se
suspendía la siembra de soja transgénica en la región por parte de la empresa
Monsanto.
Dos amparos similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de Campeche, entre los que se encuentra Leydi.
En los fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente. En el dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la producción de miel. “Es el derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no se garantice plenamente los efectos secundarios” explica el abogado Jorge Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM , que asesora a los apicultores.
Dos amparos similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de Campeche, entre los que se encuentra Leydi.
En los fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente. En el dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la producción de miel. “Es el derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no se garantice plenamente los efectos secundarios” explica el abogado Jorge Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM , que asesora a los apicultores.
En los
tres amparos -que han sido calificados de “históricos” por defensores del medio
ambiente-, además de suspender los cultivos transgénicos se ordena realizar las
debidas consultas con las comunidades indígenas.
En junio de 2012, el gobierno
autorizó al gigante Monsanto a sembrar soja transgénica a nivel comercial en
más de 253.000 hectáreas distribuidas en siete estados.
La comunidad Maya no es la única que
se opone; en una serie de reportajes publicados en 2013, Elva Mendoza indica
que, antes de que se concedieran los permisos, tres organismos gubernamentales
-la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el
Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas- se habían pronunciado de manera negativa a la solicitud de siembra
de Monsanto. Sus argumentos iban desde “la posible filtración de agroquímicos
(glifosato) a los mantos acuíferos”, hasta “la colindancia de los polígonos
liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas
e hídricas”. A pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), que estudió esos conceptos, dio luz verde a la siembra.
Monsanto,
luego del dictamen en Yucatán dio a conocer un comunicado en el que manifiesta
que “cualquier afectación resultante de la liberación de organismos
genéticamente modificados debe ser evaluada por las autoridades competentes en
estricto apego a la ley y con base en evidencias y estudios científicos
concluyentes”. Alegando, también, que durante la rueda de prensa en la que se
dio a conocer el fallo “terceros distintos a quienes interpusieron el amparo”
divulgaron información “que genera confusión ante la opinión pública”.
Monsanto, además de México, sostiene -o ha sostenido- batallas jurídicas en diferentes
partes del mundo, como Estados Unidos, Brasil (donde los cultivos transgénicos
ya superarían a los naturales), Chile o Francia.
Fuente:
ANRed - Sur
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