La multinacional del agronegocios intentó nuevamente avanzar en la
construcción de su planta de semillas transgénicas. Está frenada desde hace
tres años por el rechazo de la población y la movilización de asambleas
socioambientales, organizaciones sociales y activistas.
La mayor compañía de transgénicos del mundo nunca
imaginó que Malvinas Argentinas, la pequeña localidad del centro geográfico de
Argentina, sería el lugar de uno de sus mayores traspiés. Allí anunció la
construcción de su megaplanta de maíz, pero nunca pudo concretarla.
Movilizaciones de rechazo, irregularidades en el estudio de impacto ambiental,
un acampe en el portón de ingreso y un fallo judicial frenaron la obra hace más
de tres años. La última estocada: la multinacional intentó volver a ingresar al
predio, pero asambleas socioambientales reforzaron el bloqueo a la planta y una
fiscal frenó el desalojo.
El viernes hubo marchas simultáneas en ciudades de
Argentina. La consigna se repite: “Fuera Monsanto de Latinoamérica”.
30 de diciembre de 2.015
La orden judicial era clara. Daba 24 horas para
liberar el camino y permitir el ingreso de personas y maquinarias en el predio
de treinta hectáreas que posee Monsanto. “Notificar a los manifestantes que
dentro de las 24 horas de notificado el presente proveído deberán permitir la
libre circulación e ingreso de personas y cosas en el predio de la empresa
Monsanto, debiendo remover todo obstáculo que lo impida, bajo apercibimiento de
las responsabilidades penales. Vencido dicho termino, no habiéndose
cumplimentado la presente orden, se procederá a la remoción por la fuerza
pública”, advirtió el escrito del fiscal Víctor Hugo Chiappero. Era el último
día hábil (30 de diciembre) e inicio de la feria judicial (durante enero
funciona con guardias mínimas y sin activar apelaciones). La medida había sido
solicitada por Ignacio Soria, abogado de Monsanto.
La reacción fue inmediata. Redes sociales, radios
comunitarias, medios de comunicación alternativos difundieron la noticia y las
organizaciones sociales llamaron a congregarse al acampe (que ya lleva tres
años), a la vera de la ruta 88, en el portón de ingreso al predio la compañía.
El mismo 30 de diciembre, en asamblea general,
surgió el primer comunicado. Detallaron tres puntos. El amparo judicial del 8
de enero de 2014, emitido por la Cámara II de la provincia de Córdoba, declaró
inconstitucional la ordenanza que permitió la instalación de Monsanto. También
recordaron que la Secretaría de Ambiente rechazó el Estudio de Impacto
Ambiental de la compañía por graves inconsistencias en su contenido. Y, tercer
punto, remarcaron la vigencia del artículo 20 de la Ley Provincial de
Convivencia Ambiental (N° 10.208, aprobada en 2014), que especifica que ninguna
empresa a la que se le haya rechazado el estudio de impacto ambiental puede
presentarlo nuevamente.
“Nos sobran argumentos para decir que la
instalación de Monsanto es ilegal. Hace más de un año que debiera haberse
retirado de esta localidad”, afirmó el comunicado, firmado por la Asamblea de
Autoconvocados del Bloqueo y por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida-Línea
Fundadora.
Señalaron que la orden judicial se trataba de “una
clara jugada política” y responsabilizaron a los tres niveles de gobierno. A la
intendenta, Silvina González (UCR); al gobernador, Juan Schiaretti (Partido
Justicialista) y al presidente, Mauricio Macri (PRO). Reiteraron su rechazo a
la compañía y llamaron a una convocatoria masiva para resistir el intento de
desalojo.
El 31 de diciembre realizaron una conferencia de
prensa y ratificaron que no dejarían pasar a la empresa.
El mismo día, el abogado de los activistas Darío
Ávila presentó un pedido de nulidad a la orden del fiscal Chiappero. “Es una
gran contradicción lo que hizo el fiscal. Está vigente un fallo, de de la
Cámara Laboral, que dispone que la Municipalidad no puede autorizar ningún tipo
de ejecución de obra hasta tanto Monsanto no presente un nuevo estudio de
impacto ambiental”, explicó Ávila.
Sin embargo, el juez Roberto Cornejo, desestimó el
pedido y dio luz verde al pedido de avanzar sobre el bloqueo a Monsanto.
Lucas Vaca, de la Asamblea de Vecinos de Malvinas
Argentinas, señaló que estaban en “alerta roja” a la espera de la policía. “No
entienden que no queremos dinero, sólo queremos que Monsanto se vaya de nuestra
tierra. Estas empresas nos envenenan y matan. Que se vayan”, resumió.
Eduardo Quispe, también vecino de la localidad,
explicó que reforzaron las guardias y que estaban convocando a más vecinos y
organizaciones de Córdoba y otras provincias de Argentinas. Vanina Barboza
Vaca, una de las iniciadoras de la Asamblea, sinceró que estaba con una mezcla
de miedo, enojo e indignación. Sabe que estos intentos de la empresa no son
casualidad, y lo vincula a la coyuntura política: “Con este Gobierno dimos
muchos pasos atrás, va a estar muy complicado, pero seguiremos en la lucha”.
El 4 de enero hicieron un corte parcial de la ruta
(sobre media calzada) e informaron a vecinos y automovilistas la situación.
Declararon el “alerta permanente” ante la posible represión y convocaron a la
marcha del viernes 8 de enero, en la capital provincial.
Cuatro años
Los vecinos de Malvinas Argentinas se enteraron en
2012 por televisión, mediante el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, que la mayor empresa del agronegocios del mundo había decidido
instalar una megaplanta de semillas de maíz transgénico en su localidad (a
catorce kilómetros de la capital de Córdoba). Se trataba de un predio de 30
hectáreas, donde instalaría 240 enormes silos.
Comenzó un proceso inédito para el lugar: asambleas
masivas, movilizaciones, pedidos de explicaciones. Los principales reclamos
eran dos: acceder al estudio de impacto ambiental y una votación para que la
población decida. La respuesta empresaria y gubernamental fueron media docena
de represiones.
Entre
2012 y 2013, tres universidades nacional (de Córdoba, Río Cuarto y Católica)
cuestionaron la instalación de Monsanto. Denunciaron el permiso de la obra sin
la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del
Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas. Las tres
universidades nacionales explicitaron la vigencia del “principio precautorio”
(cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas
protectoras que pueden provocar esa afectación).
El 19 de septiembre de 2013 se organizó el festival
“Primavera sin Monsanto”. Anunciado como un espacio de música, encuentro y
breves discursos. Fue también el momento elegido por la Asamblea para bloquear
por tiempo indeterminado el portón de ingreso al predio. Sobrevinieron seis
represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la
policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra (sindicato de los
trabajadores de la construcción).
El 8 enero de 2014, la Sala II de la Cámara Laboral
detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea. El
fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas
emitidas por la Municipalidad y la Provincia que habían posibilitado el inicio
de la obra. El 10 de febrero de 2014, la Secretaría de Ambiente provincial
rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias
técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían las toneladas de
desechos ni el gran consumo de agua.
La
discusión sobre Monsanto potenció denuncias sobre el uso masivo de
agroquímicos, desmontes, sequías y especulación inmobiliaria. En la vecina
localidad de Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta
experimental), la acción de organizaciones sociales y la Universidad (UNRC)
motivaron los cuestionamientos a la empresa. El intendente, Juan Jure, prohibió
por decreto la instalación de Monsanto.
Otra consecuencia: la multinacional Syngenta
reconoció en 2015 que canceló su proyectada planta de semillas transgénicas en
Villa María (otra localidad de la provincia de Córdoba) “para evitar un nuevo
foco de conflicto”. Lo vinculó directamente a lo sucedido en Malvinas
Argentinas. Para las asambleas socioambientales fue celebrado como un triunfo
de la lucha.
Monsanto no emitió opinión sobre los hechos de la
última semana. Sí en reiteradas oportunidades llamó “violentos” a los vecinos,
en 2015 removió a toda su cúpula gerencial en Argentina y dejó trascender que,
ya pasadas las elecciones, planea construir su planta en 2016.
Vida
La fiscal de feria Adriana Abad suspendió el 6 de
enero la orden de desalojo contra los asambleístas en el bloqueo contra
Monsanto. De esta manera dejó sin efecto el pedido de su colega Víctor
Chiappero (que se encuentra de vacaciones). La fiscal Abad señaló que no había
motivos para permitir un desalojo, aunque Chiappero podrá ratificar la medida
cuando se reincorpore en febrero.
El viernes 8 se cumplieron dos años del fallo
judicial que frenó la instalación de Monsanto. Fue el día elegido por
asambleas, organizaciones sociales, activistas y partidos de izquierda para
marchar de manera simultánea en tres ciudades de Argentina (Córdoba, Buenos
Aires y Rosario).
Nora
Cortiñas, referente en la lucha por los derechos humanos y Madre de
Plaza de Mayo Línea Fundadora, encabezaba la marcha en Buenos Aires. Una
extensa bandera exigía “fuera Monsanto” y la pequeña pancarta de Nora Cortiñas
era un llamado a la acción: “Sí a la vida, no a los agrotóxicos”.
Darío Aranda
- 20 de Enero de 2.016
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