“El reclamo de la comunidad es legítimo: oponerse al desmonte y a los incendios en su territorio”, dice Mara Puntano, abogada defensora de la comunidad wichí Misión Chaqueña en Salta. Hace tres años, el empresario Claudio Ferrari empezó a alambrar y talar árboles en tierras que por derecho ancestral pertenecen a la comunidad, de donde sus integrantes obtienen alimento e insumos para sus artesanías en coexistencia pacífica y cuidadosa con el monte nativo. Ahora, varios miembros de Misión Chaqueña enfrentan causas penales por supuestas agresiones contra Ferrari, quien insiste en destruir el lugar ante la inacción (o incluso la complicidad) de los Estados nacional y provincial. Por Sol Tobía para ANRed.
Dos semanas atrás, Marta Herrera y Leonardo Pantoja, integrantes de Misión Chaqueña, fueron a un destacamento policial a denunciar que Claudio Ferrari los había amenazado de muerte a ellos y a sus hijos. En lugar de recibir escucha y medidas de protección, fueron detenidos: el empresario los había demandado por “lesiones leves” a raíz de una serie de agresiones físicas que Herrera y Pantoja sostienen que no sucedieron jamás. Finalmente, intervención de Mara Puntano mediante, los dirigentes wichí fueron liberados y quedó fijada una mediación para el martes 13 de enero.
“Nosotros no nos sometemos a mediación, porque eso significa aceptar la culpabilidad de un delito que no existió”, explica Puntano en diálogo con ANRed. “Al contrario, (los miembros de la comunidad) son siempre atacados por Ferrari. Y cuando la comunidad indígena denuncia, la policía no lleva las denuncias a la Fiscalía”, añade a continuación. En palabras de la representante, mientras las demandas de Ferrari “van por avión o por cohete”, las de la comunidad se mueven “en carreta” y nunca llegan a ninguna parte. La mediación, como era esperable, fracasó sin que se alcance ninguna clase de acuerdo entre el empresario y la comunidad.
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