Escrito por Maurício Torres - Sue Branford
El 1 febrero 2018 Traducido por Natalia Steckel
Manifestación indígena contra el “marco temporal”, en Brasilia, en el 2017. La resistencia contra el Gobierno de Temer es especialmente fuerte entre los grupos indígenas, quienes han solicitado el apoyo de la comunidad internacional en repetidas ocasiones. Foto cortesía de Guilherme Cavalli / Cimi.
La bancada ruralista del Congreso brasileño mostró su poderío en el
2017: hizo varias peticiones al presidente Michel Temer para que firmara
decretos que debilitaran las protecciones ambientales y revocaran los derechos
sobre la tierra a las comunidades indígenas y tradicionales en Brasil.
Ruralistas envalentonados —industrias agropecuarias, ganaderos,
ladrones de tierras y madereros— redoblaron los ataques violentos en el 2017,
lo que convirtió a Brasil en el país más peligroso del mundo para activistas
sociales o ambientales. Hubo 63 asesinatos para fines de octubre.
El 2017 resultó un desafío para la conservación en la Amazonía
brasileña. El año estuvo marcado por un aluvión de iniciativas de Michel Temer,
un presidente débil quien, ante acusaciones de corrupción, se embarcó en una
estrategia de supervivencia que puso su presidencia a disposición de la
camarilla rural (la bancada ruralista), que tiene un bloque dominante de votos
en el Congreso.
Estos políticos y sus partidarios —industrias agropecuarias,
ganaderos, ladrones de tierras y madereros— expresan desde hace tiempo su
resentimiento contra lo que les parece una cantidad excesiva de tierra
brasileña ocupada por unidades de conservación, reservas indígenas, comunidades
tradicionales y quilombos (comunidades establecidas por afrobrasileños, muchos
de los cuales fueron esclavos fugitivos).
A principios del 2016 —antes de aceptar dar su apoyo a Temer en su
ascenso al poder mediante el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff—,
la bancada ruralista armó una lista de exigencias políticas. El documento
titulado “Pauta Positiva – Biênio 2016-2017” obligaba a dar marcha
atrás con muchos avances ambientalistas y sociales logrados desde que el país
salió de una dictadura militar en 1985.
Una vez que Temer asumió la presidencia, la camarilla obtuvo aún
más poder e influencia sobre el presidente, ya que el Congreso fue convocado
tres veces para votar en contra de que la Corte Suprema investigara al primer
mandatario por corrupción.
Con cada nueva votación, los ruralistas presionaban a Temer para
aprobar más de sus exigencias.
Aun así, el grupo de presión rural no ha conseguido todo lo que
quería. Las iniciativas del 2017 del presidente a menudo provocaron una
reacción furiosa por parte de movimientos indígenas y populares, ONG, fiscales
independientes del Ministerio Público Fiscal (MPF), abogados y miembros de la
sociedad civil y, en ocasiones, de la comunidad internacional. La oposición
logró demorar o suspender una cantidad sorprendente de medidas, aunque pocas
fueron retiradas por completo.
Líderes indígenas atacados con gas lacrimógeno por la Policía
frente al Congreso Nacional de Brasil en abril del 2017. Las comunidades
indígenas y tradicionales han sufrido un aumento de la violencia contra ellos y
la pérdida de derechos sobre la tierra desde que Temer asumió el poder en el
2016, una tendencia que escaló de manera significativa en el 2017.
Foto: Wilson Dias, cortesía de Agencia Brasil
Una corriente de violencia en aumento
La resistencia se mantuvo firme durante el 2017, a pesar de que se
tornó cada vez más peligroso expresar disconformidad en Brasil debido a la
creciente criminalización de los movimientos sociales. Durante todo el año
anterior, el conflicto se centró alrededor de la negación de los derechos sobre
la tierra a comunidades indígenas y tradicionales, campesinos y quilombolas.
La violencia llegó a un punto en que Brasil está considerado
como el país más peligroso del mundo para activistas sociales o
ambientales. Para fines de octubre, se registraron 63 asesinatos en el campo,
cifra superior a los 61 asesinados durante todo el 2016. Según la Comisión
Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica (CPT), ocurrieron más muertes en
el 2017 que en cualquier otro año desde el 2003, cuando 73 personas fueron
asesinadas.
Los ruralistas —probablemente alentados por las políticas
solidarias de Temer— han aumentado las agresiones, y el año pasado hubo una
serie de masacres, decapitaciones, amputaciones de manos con machetes, torturas
y muertes.
A continuación se incluyen algunas de las masacres que ocurrieron
en el 2017 (definidas por la CPT como el asesinato de dos o más personas al
mismo tiempo):
20 de abril – Nueve granjeros asesinados en Colniza, Mato
Grosso, por cuatro sicarios contratados por un maderero.
29 de abril – Veintidós indígenas Gamela heridos en un ataque
violento en Viana, Maranhão.
24 de mayo – Diez trabajadores rurales asesinados en el municipio
de Pau d’Arco durante una acción conjunta entre Policía civil y militar
quienes, como lo muestran las investigaciones oficiales, actuaban bajo la orden
de los terratenientes rurales.
Mientras tanto, el Gobierno sistemáticamente socavó los entes
reguladores y las instituciones de orden público. La presidencia de Temer
comenzó el 2017 con recortes de presupuesto para el INCRA (Instituto
Nacional de Colonización y Reforma Agraria), la FUNAI (la institución indígena)
e IBAMA (el organismo ambiental). Con tan poco tiempo transcurrido desde las
reducciones anteriores, los recortes rigurosos del 2017 complicaron a las
instituciones para brindar hasta las protecciones básicas.
Guarani Kaiowa en el estado de Mato Grosso do Sul. Los decretos
presidenciales de Temer del 2017 han atacado repetidamente los derechos
indígenas sobre la tierra, garantizados por la Constitución brasileña de 1988.
Foto: Percursodacultura via Visual hunt / CC BY-SA (Atribución-CompartirIgual)
Ataques a los derechos indígenas sobre la tierra
Con las instituciones debilitadas, el Gobierno comenzó a atacar los
derechos indígenas sobre la tierra. En julio del 2017, Temer aprobó una
recomendación del Procurador General, por la que se estableció un criterio
restrictivo nuevo para determinar los límites territoriales indígenas. Más
controvertida fue la adopción del “marco temporal”, una fecha arbitraria en la
cual los grupos indígenas debían estar ocupando físicamente un territorio
tradicional para poder reclamarlo de forma legal. Esa fecha arbitraria fue
establecida el 5 de octubre de 1988, cuando la Constitución nueva fue aprobada.
Según los historiadores, para esa fecha, muchos grupos indígenas ya habían sido
obligados a dejar sus tierras.
La legalidad de la medida ya fue puesta en duda, y la Corte Suprema
podría anularla finalmente. Pero, entretanto, la Presidencia dio instrucciones
al Ministerio de Justicia para que implemente la iniciativa. En respuesta, este
dejó de establecer territorios indígenas nuevos y comenzó a “revisar” 19
territorios indígenas que ya habían casi terminado el proceso arduo y largo
para conseguir el título de propiedad sobre la tierra. Está en juego un
área total de casi 800 000 ha (3089 mi2), casi toda en la cuenca del Amazonas.
Si el Ministerio de Justicia decide que esa tierra no les pertenece a los
indígenas —los mejores administradores de tierras del país—, podría avecinarse
una deforestación importante.
Mediante otra medida, Portaria 68, el Gobierno buscaba traspasar la
tarea técnica de demarcar terreno indígena (que, hasta el momento, la realizan
expertos de la FUNAI) a un organismo nuevo, en el que estarán representados
otros actores, incluidos los terratenientes. Ante una reacción feroz de líderes
indígenas, abogados, el MPF y hasta de las Naciones Unidas, el Gobierno revocó
las medidas más controvertidas, aunque continuó con la creación del organismo nuevo.
Otras iniciativas anti indígenas en proyecto incluyen un decreto
presidencial que legaliza el alquiler de tierras dentro de reservas indígenas
por parte de empresas agropecuarias de forma permanente. Márcio Santilli, uno
de los fundadores de la ONG Instituto Socioambiental (ISA), afirmó que
la iniciativa, aunque ordenada por el ministro de Justicia de la Nación, es
claramente inconstitucional.
El futuro de estos niños quilombola, y de otros como ellos a lo
largo de Brasil, puede depender del resultado de una batalla legal comenzada
por ruralistas que ponen en duda los reclamos de los quilombos sobre la tierra.
Esta lucha llegó hasta la Corte Suprema en el 2017. Foto: Carol Gayao mediante
licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA
3.0).
Ataques a quilombos y a comunidades tradicionales
En el 2017, cobró fuerza una ofensiva importante contra los
derechos de los quilombolas sobre la tierra. En el 2003, el Gobierno de Lula
—más solidario con los derechos sociales— publicó un decreto (Decreto 4.887)
que abolía el antiguo requisito de que las comunidades quilombola debían probar
que habían vivido de manera continua en esa tierra desde 1888, antes de que se
les dieran los derechos sobre la tierra. Esta era una expectativa inviable para
comunidades que tuvieron que mantener un bajo perfil legal al haber sido
establecidas por esclavos prófugos que temían ser recapturados.
Los Demócratas, un partido político de derecha, se presentaron
ante los tribunalespara anular el decreto de Lula. Frente a una protesta
generalizada, la Corte Suprema aún no ha fallado y pospuso la sentencia en
varias oportunidades. Pero, aun si la Corte falla en contra de los Demócratas,
los quilombola no se beneficiarán, ya que el presupuesto para demarcar terreno
ha quedado tan reducido que las demarcaciones están paralizadas.
Las comunidades rurales no indígenas —incluidos los asentamientos
producto de la reforma agraria y las comunidades tradicionales de caucheros, de
recolectores de nueces de Brasil y de pescadores— también han sufrido un revés
importante en el reclamo de tierras.
Durante la presidencia de Temer, finalizó el programa de reforma
agraria. El presupuesto para crear reservas extractivistas (RESEX) —en las
cuales las comunidades rurales pueden cultivar legalmente los productos del
bosque, siempre y cuando preserven los alrededores— se agotó, lo que deja una
fila larga de comunidades en espera. Del mismo modo, los programas por medio de
los cuales las municipalidades compraban a pequeños granjeros la comida para el
almuerzo escolar también han sido suspendidos.
Mediante otro decreto presidencial, el MP759 (ahora convertido
en ley 13.456), la tierra que debería pertenecer a los pequeños granjeros está
entregándose a extranjeros y a élites acaudaladas, quienes tienen permitido
registrarla a su nombre. Estas normas poco estrictas sobre registro de tierra
dieron como resultado que usurpadores, leñadores y ganaderos echen de manera
violenta a las familias campesinas y se establezcan en tierras reclamadas
legalmente por las familias granjeras. Entretanto, la camarilla rural está
ofreciendo cobertura política a grupos paramilitares privados enviados a
tomar las tierras. Los tribunales locales, influenciados por las élites
acaudaladas, han dejado a las familias desalojadas casi sin opciones de
apelación.
La extensa pluviselva en la cuenca del Amazonas, en Brasil, fue
puesta en peligro durante el 2017 por las políticas antiambientalistas y
prorruralistas del presidente Temer. Foto © Fábio Nascimento / Greenpeace
Tierras conservadas amenazadas
Los usurpadores de tierras también están observando las unidades de
conservación del país, que actúan como zonas de amortiguamiento para proteger
el interior de la Amazonía de la deforestación.
En la actualidad, hay una batalla política feroz por la
desarticulación del Parque Nacional Jamanxim y del Bosque Nacional Jamanxim,
ambos creados para proteger la pluviselva amazónica de incursiones a causa de
la pavimentación de la autopista BR-163, que une Brasilia con Santarém, en el
estado de Pará. A instancias de la camarilla rural, el presidente firmó
dos decretos —MP 756 y MP 758— para debilitar en gran medida el nivel de
conservación de estas unidades.
Ante protestas nacionales e internacionales, Temer revirtió su
postura y vetó por completo el MP 756 y parcialmente el MP 758. Pero la
historia no terminó ahí: aunque Presidencia aceptó, por el momento, que no
puede tocar el Bosque Nacional Jamanxim, envió un proyecto de ley al Congreso
que le permitirá a los extranjeros, y en especial a los usurpadores de tierra,
a reclamar terreno dentro del Parque Nacional Jamanxim. Esto logrará por vía
legislativa prácticamente lo que se pretendía con el decreto presidencial
original. En la actualidad, están apurando el proyecto de ley en el Congreso.
Otra lucha medioambiental enorme de este año se produjo por la
Reserva Nacional de Cobre y Asociados (RENCA), una reserva nacional gigante de
4600 millones de hectáreas (17 800 mi2) que abarca los estados de Pará y de
Amapá en la Amazonía.
Conocida por su riqueza en recursos minerales, RENCA fue creada en
1984 por la dictadura militar para evitar que las empresas mineras del exterior
se apoderaran de la zona. El Gobierno de Temer no tiene esas preocupaciones, y
la abolición de RENCA (anunciada en agosto del 2017) fue llevada a cabo a
instancias de empresas mineras canadienses.
RENCA, sin embargo, contiene nueve áreas indígenas y de conservación,
y juega un papel clave en la conservación de la Amazonía, aunque esta no fue la
intención original del Gobierno militar. El decreto de Temer fue recibido con
disconformidad tanto en el país como en el extranjero, y el presidente lo
derogó, por el momento.
La amenaza que presenta al medioambiente la apertura de RENCA ha
quedado clara en vista de una investigación nueva del 2017, donde se muestra
que la actividad minera causó casi el 10 % de la deforestación amazónica.
Si el cambio climático continúa empeorando sin que se lo controle y
la degradación forestal continúa sin cesar, podrán verse megaincendios
incontrolables en la Amazonía durante este siglo. Estos incendios aumentarán
enormemente la liberación de carbono a la atmósfera, lo que empeorará el cambio
climático. Foto cortesía: IBAMA
Un juego de ajedrez
El enfrentamiento entre la camarilla rural y sus oponentes ha sido
comparado con un juego de ajedrez político, donde cientos de miles de
brasileños son los peones. La camarilla rural ha realizado apertura tras
apertura, pero muchos de sus movimientos fueron parcialmente bloqueados por la
resistencia firme de movimientos sociales, ONG y ambientalistas.
Pero la camarilla, compuesta por políticos habilidosos, tiene
tiempo y se reagrupó para idear tácticas nuevas para lograr sus objetivos.
Mientras se desarrolla el partido, los organismos gubernamentales sufren una
paralización normativa y de ejecución a lo largo de la cuenca amazónica.
Una víctima de este juego del gato y el ratón podría ser el
compromiso de Brasil con el Acuerdo de París para reducir un 37 % sus emisiones
de gases de efecto invernadero para el 2025 en comparación con los niveles del
2005. Esta es una promesa que depende en gran medida de reducir la
deforestación, junto con una extensa reforestación.
A medida que Temer continúa presionando con los objetivos
ruralistas de usurpación de tierras, la posibilidad de lograr el objetivo de
París va disminuyendo. Brasil aumentó sus emisiones de carbono un 8,9 % en
el 2016 en comparación con el 2015 y es probable que haya habido otro
aumento en el 2017.
Es importante destacar que los emisores más grandes de carbono en
Brasil no fueron los estados urbanos ni industriales, sino Pará y Mato Grosso,
donde la pluviselva amazónica —con su capacidad inmensa para almacenar carbono—
está siendo atacada violemtamente por ganaderos y por productores de soja.
Una razón para el gran aumento de liberación de carbono durante el
2017 fueron los incendios forestales intencionales en la Amazonía con
el fin de despejar tierra para la actividad agrícola. Los científicos advierten
que la degradación forestal está provocando que la Amazonía pase de ser un
sumidero de carbono a una fuente de carbono en algunos años secos. Esto es una
mala noticia para un mundo que necesita una reducción importante de los gases
de efecto invernadero.
Madre e hijo indígenas disfrutan el río en la Amazonía. El
establecimiento del territorio indígena Turubaxi-Téa, que cubre 1200 millones
de hectáreas a lo largo del curso medio del río Negro, en el estado de
Amazonas, fue una victoria importante para los grupos indígenas de Brasil en el
2017, en una época durante la que muchas decisiones gubernamentales fueron en
contra de derechos indígenas ancestrales sobre la tierra. Los planes de Brasil
para construir megarrepresas en la Amazonía también han quedado relegados este
año. Foto: Zanini H. mediante Visual Hunt / Reconocimiento Genérica (CC BY).
Una amenaza grande para el medioambiente amazónico, la construcción
de megarrepresas que era inminente durante la presidencia de Rousseff, se ha
desvanecido por el momento. Las empresas constructoras de Brasil, que fueron
tan poderosas en su momento que podían llevar a un presidente al éxito o al
fracaso y que solían pujar por contratos lucrativos de represas, quedaron
opacadas por el escándalo de la Operación Autolavado (Lava Jato), una
investigación gigante sobre corrupción.
Marcelo Odebrecht, CEO de la empresa constructora Odebrecht,
abandonó la cárcel en diciembre del 2017 después de haber cumplido más de dos
años por haber liderado la red de corrupción política más extensa de la
historia brasileña. Desde su condena, el prestigio de la empresa se desmoronó,
los pedidos nuevos disminuyeron, y unos 100 000 trabajadores fueron despedidos.
Las empresas estatales chinas cubrieron el vacío, y China ofreció a Brasil
una línea de crédito para infraestructura de 20 000 millones de dólares en
el 2017, que pronto podría hacer reanudar los proyectos de megarrepresas en la
Amazonía.
Aunque han sido malas las noticias para el medioambiente y para la
Amazonía en el 2017, las comunidades indígenas y los movimientos sociales ahora
reconocen claramente el riesgo que representan la industria agropecuaria y su
necesidad de nuevas rutas, vías férreas y vías navegables industriales para
transportar bienes río abajo para su exportación a Europa, Estados Unidos y
Asia. También desarrollaron estrategias nuevas para proteger su tierra y
cultura contra los ataques cada vez más estridentes del Gobierno.
En abril del 2017,
por ejemplo, 3000 líderes indígenas se reunieron en Brasilia y armaron lo que
denominaron Acampamento Livre Terra (Campamento Tierra Libre), la
mayor movilización indígena en la historia de Brasil. En mayo del 2017, los
movimientos sociales llevaron adelante una manifestación grande en contra
de Temer. Luego, en diciembre, 90 munduruku evitaron una audiencia pública en
Itaituba por el nuevo Ferroagrão, con el reclamo de que no les habían
consultado sobre el proyecto. Entre la pesadumbre que sienten activistas
ambientales y sociales, algunos ven un destello de resistencia y esperanza
renovadas, en especial con las elecciones que se avecinan en octubre del 2018.
El Gobierno de Temer no ha respondido ninguno de los pedidos de
comentarios realizados por Mongabay a lo largo del 2017.
Fuente
Mongabay Latam – 1 de Febrero de 2.018
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