22 de julio: Día mundial de acción contra la minería a cielo abierto

El 22 de Julio es considerado el Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto aunque en realidad es apenas uno de 365 días en los que las comunidades que se oponen a la megaminería llevan adelante sus acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a una industria que extrae todo y no deja nada, que expulsa habitantes y producciones, genera desempleo, chupa el agua y la contamina del mismo modo que lo hace con el aire y la tierra.

En todo el mundo hay pueblos organizados que se oponen a la megaminería y llevan adelante acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a esta industria que extrae todo sin dejar nada, que produce enfermedad para actuales y nuevas generaciones, y genera desempleo aun cuando sus defensores dicen que es una fuente de trabajo para muchos hace con el aire y la tierra.

Como si de un planeta descartable se tratara, la Mega-minería o minería a cielo abierto, viene a poner en jaque los recursos naturales del planeta que habitamos, dejándonos un pasivo ambiental de gran magnitud, que ni las generaciones futuras podrán salvar.

La historia del desarrollo de esta actividad en nuestro país nos muestra que este tipo de mega-emprendimientos solo beneficia a un puñado de personas, dueños e inversores de los mismos, y para nosotros, ciudadanos argentinos, no solo no nos trae el trabajo prometido, sino que deja a nuestros pueblos enfermos y a los recursos naturales destruidos.

Para comprender hasta qué punto están siendo flagelados nuestros derechos, comencemos por repasar cómo funciona esta actividad: en las últimas décadas se ha producido un drástico cambio en las prácticas mineras debido a la pronunciada disminución de los minerales metalíferos tras su intensiva explotación durante el siglo pasado. El hombre ha agotado la roca de “alto porcentaje de ley”, es decir, aquella que tenía una elevada cantidad de metal y en la actualidad, al hallarse el metal mucho más diseminado en ella, se lleva a cabo una práctica notablemente más nociva como lo es la explotación de toda una montaña para reducirla a escombros.

Los restos obtenidos son triturados y amontonados para luego sufrir un proceso llamado lixiviado bajo el cual son rociados con productos químicos para poder finalmente extraerle los metales. La duración del proceso de lixiviado variará dependiendo de la ley del mineral, y la cantidad de roca molida. En cuanto a los productos químicos que se utilizan, dependerá de los metales que se deseen extraer. Por ejemplo, para el caso de la obtención de oro, el cianuro de sodio es uno de los compuestos que constituye la mezcla química que se echará sobre la roca. Esta última será finalmente tratada con carbón o cal para obtener el metal deseado y al cabo de todo este proceso, tanto la roca triturada con residuos de cianuro y metales pesados, como los químicos esparcidos que quedan luego de extraer los metales, son sencillamente abandonados en el lugar y a cielo abierto. En algunos casos, llevan a cabo un proceso para reducir el grado de toxicidad pero los métodos utilizados son insuficientes.

En otros casos, como sucedió con el yacimiento Bajo La Alumbrera, quedó demostrada la contaminación del agua de un canal de desagüe, a través del derrame del concentrado mineral sin previo tratamiento de descontaminación. Todo el proceso en general implica un enorme consumo de agua y electricidad. Una mina a cielo abierto puede llegar a utilizar hasta 70 millones de litros de agua diarios y la empresa a ubicarse entre los principales consumidores de electricidad del país.
Trabajándose con toneladas y toneladas de roca diaria, es inevitable que no se genere una gran contaminación. En el caso de las minas que utilizan cianuro de sodio, es excesiva la cantidad de kilogramos de este veneno que se libera e impacta directamente sobre el ambiente. El cianuro puede ser absorbido por las plantas, por la piel de los animales afectando su sistema digestivo, e inhalado. También puede afectar los sistemas acuáticos, aún en bajas concentraciones. Además existe una variedad de metales y no metales (plomo, arsénico, uranio, etc.) que se hallan retenidos en la roca, y que luego de todo el proceso quedan integrados en mezcla química residual.

Beneficios para unos pocos

Debido a una variedad de leyes de minería, las empresas cuentan con grandes beneficios, como lo son el desmedido suministro de agua y electricidad gratuitos y el apoyo de gobiernos locales ajustándose a sus necesidades, construyéndoles caminos, aeródromos y demás requerimientos. Además existen numerosos gastos tales como la realización del tendido eléctrico, la adquisición de equipamiento, los ensayos realizados, etc., que pueden ser asumidos por las empresas mineras, ya que luego podrán deducirlo en un 100 por ciento del pago de los impuestos. Lo que no suelen considerar dentro de sus costos es el otorgamiento de compensación alguna o la implementación de medidas mitigadoras, debido al impacto que generan sus emprendimientos sobre el ambiente y la salud humana.

Para que prospere un mega-proyecto donde solo dos cosas no llegan a ser de tamañas dimensiones: el número de personas empleadas, debido a la alta mecanización, y el dinero que queda en el país. Así, las empresas mineras trabajan de una manera muy estratégica y conveniente: en algunos casos acaparan todos los sectores, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación y hospitales, a través de un sistema de donaciones, pretendiendo de esta forma suavizar las relaciones o revertir el rechazo de la gente hacia ellas. Bajo este modelo impuesto y sin mayor dificultad, estas empresas multinacionales desarrollan en nuestro país la minería contaminante. Una actividad que por sus prácticas actuales (los métodos de extracción que utilizan), no solo contamina, sino que altera el paisaje, el curso de los vientos, afecta la salud de la población y el ambiente y utiliza un recurso que de por sí, en muchas de las regiones en donde se encuentran las explotaciones es escaso: el agua.

Por si fuera poco, estos mega-proyectos tampoco tienen en cuenta las áreas que son valiosas para la conservación de la biodiversidad. Claro ejemplo de esto son las pretensiones de explotar los yacimientos auríferos del Famatina. Allí se ubica la Reserva Provincial Serranías del Famatina, creada para proteger este sistema de sierras y su biodiversidad, dado que es el principal centro de endemismos de la provincia y uno de los más importantes del país. La falta de autoridades idóneas en materia ambiental, con la consecuente escasez de un modelo de desarrollo regional sustentable y la ausencia de gobernantes que prioricen la seguridad, la calidad de vida, el futuro de sus pueblos y la protección de sus ambientes, nos sigue arrimando a un peligro extremo. Este vacío institucional existente, se vio reflejado una vez más con el rechazo presidencial a la ley de protección de los glaciares. En donde, lejos de considerarse políticas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático y proteger el recurso del agua, se sigue apostando a las mineras y a los gobiernos provinciales que las apoyan. Por otra parte, las solicitudes de cateo de las multinacionales siguen aumentando, lo cual nos deja anticipar el interés de estas empresas por explotar nuevos sitios y continuar con el saqueo.

Nos preguntamos entonces una y otra vez, detrás de cada nuevo pedido de explotación concedido: ¿Hasta dónde llegaremos para que las autoridades provinciales y nacionales, nuestros representantes, cumplan con su responsabilidad de velar por el bien todos los ciudadanos?.  ¿Qué debemos esperar para el futuro si se siguen autorizando explotaciones?.¿Cuándo será tenido en cuenta al pueblo para decidir qué uso se le debe dar a nuestros recursos naturales?

El pueblo que rechaza el actual modelo minero

Afortunadamente, hace ya un tiempo la gente ha comenzado a organizarse y manifestar su descontento. Los pobladores de Esquel fueron quienes rechazaron inicialmente el actual modelo minero impuesto (aquel que privilegia el negocio de unos pocos en contravención con los derechos de todos), oponiéndose al proyecto de la empresa canadiense Meridian Gold. Este movimiento de vecinos que salían en defensa de sus futuros y el de sus hijos, estimuló a las comunidades de diversas localidades del país generándose desde entonces numerosas agrupaciones y movimientos locales bajo la forma de asambleas y Ong’s. Y no es poco lo que se está logrando: Chubut, Río Negro, Mendoza, Tucumán, La Pampa y Córdoba son las 6 provincias que ya han prohibido la minería a cielo abierto o la utilización de sustancias químicas contaminantes en los procesos de exploración y explotación de minerales metalíferos y/o nucleares.

El pueblo tiene derecho a participar en las decisiones políticas. Exigimos que se cumpla este derecho y se lo involucre en la toma de las mismas, sobre todo en lo concerniente al manejo de los recursos naturales. Así mismo, creemos que es urgente que se revise el paquete de leyes mineras, que beneficia de manera desmesurada a las empresas inversoras, teniendo en cuenta el saldo negativo que nos deja en todos los aspectos (aún en el económico), tanto a nivel provincial, como regional y nacional.

No podemos esperar, los pueblos se empobrecen cada vez más y las generaciones venideras notarán claramente el impacto de esta actividad en muchas regiones de nuestro país… para ese entonces será tarde. Instamos a todos los ciudadanos a sumarse a esta movilización para ganarle a la minería a cielo abierto. Solo Informándonos, opinando y reclamando, será que podremos frenar esta amenaza.

Fuente: AIM

México/Minería: saldo nefasto

Desde 2009 un abanico de movimientos sociales declaró el 22 de julio Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto para conmemorar los triunfos jurídicos frente a uno de los proyectos mineros más destructivos de los tiempos recientes: el de la trasnacional canadiense New Gold, que acabó con el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. A nueve años de aquella victoria legal, sistemáticamente ignorada por todas las autoridades encargadas de hacer cumplir el fallo y frenar la devastación ambiental, es necesario realizar un balance de las afectaciones que la actividad minera ha dejado en nuestro país.

La primera consideración para analizar este fenómeno estriba en el impulso decidido que le han otorgado las pasadas tres administraciones federales, hecho reflejado en el crecimiento exponencial de las concesiones para la explotación de recursos mineros. Sólo en el periodo que va de 2012 al primer semestre de 2017, la superficie destinada a esta actividad pasó de 32.6 a 52.8 millones de hectáreas, un crecimiento de 70 por ciento que supone la entrega de más de un cuarto del territorio nacional a empresas mayoritariamente extranjeras –se debe recordar que 65.3 por ciento de los 885 proyectos activos son operados por compañías canadienses.

El segundo elemento para ponderar el impacto de la minería es el publicitado embuste de que esta industria resulta fundamental para el desarrollo económico debido a los ingresos que genera y empleos creados, argumento que no resiste el mínimo análisis. A cambio de controlar 26.8 por ciento del territorio en concesiones a 50 años, prorrogables por otro medio siglo, la extracción minera supone únicamente 0.32 por ciento de los ingresos gubernamentales y contribuye con apenas 0.9 del producto interno bruto. Su aportación en materia laboral también resulta deplorable: en 2014 empleaba a 0.21 por ciento de la población económicamente activa, a la vez que los tajos a cielo abierto mantenían a tres cuartas partes de sus trabajadores en régimen de subcontratación.

En contraste con esta raquítica contribución a las finanzas públicas y al desarrollo económico, la apropiación de territorios por la actividad minera es una generadora constante de conflictos sociales y violencia en contra de comunidades de todo el país. Mientras México es ubicado como la segunda nación con más conflictos entre mineras y sociedad, de acuerdo con un reporte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, sólo en 2016, 47 personas perdieron la vida por oponerse a la minería, 19 de ellas en el estado de Oaxaca.

A todo lo dicho hay que sumar los daños a la salud provocados por la negligente explotación de los recursos naturales, que ya dejado una estela de desastres solapados por las autoridades. Por mencionar sólo dos ejemplos de esta forma de afectación, que alcanza a miles de ciudadanos, en Coahuila se detectó que entre los niños que habitan en las proximidades de la fundidora Peñoles, hasta 92 por ciento presentan niveles de plomo en sangre mayores a 15 microgramos por decilitro, el triple de lo que la Organización Mundial de la Salud ha señalado como riesgoso para el crecimiento, la inteligencia y el aprendizaje en menores. Una situación análoga se presenta en la cabecera municipal de Vetagrande, Zacatecas, donde 63 por ciento de los menores de edad sufren contaminación por plomo y otros minerales pesados debido a la actividad mi-nera que tiene lugar en los alrededores, situación que se repite en poblaciones de todas las entidades con presencia extractiva.

El recuento anterior deja claro que la escasez de los beneficios y la extensión de los daños causados por la minería imponen una urgente revisión de la manera en que se lleva a cabo esta actividad y de la irresponsable largueza con la que se le han entregado para su usufructo porciones tan vastas del territorio nacional. La continuidad del modelo actual supone un lastre económico, una amenaza a la vida, una licencia para la devastación ambiental y una injustificable cesión de la soberanía.

Fuente:

La Jornada - noalamina.org

Blog del Proyecto Lemu – 25 de Julio de 2.017