Un espacio destinado a fomentar la investigación, la valoración, el conocimiento y la difusión de la cultura e historia de la milenaria Nación Guaraní y de los Pueblos Originarios.

Nuestras culturas originarias guardan una gran sabiduría. Ellos saben del vivir en armonía con la naturaleza y han aprendido a conocer sus secretos y utilizarlos en beneficio de todos. Algunos los ven como si fueran pasado sin comprender que sin ellos es imposible el futuro.

lunes, 18 de marzo de 2024

Restituyen restos humanos a las comunidades huarpes


La colección de Agustín Gnecco fue donada al Museo Udaondo en 1944 e incluye cráneos y momias huarpe. El gobierno bonarense las devuelve a sus descendientes.

En 1857 nació en el barrio porteño de Flores Agustín Gnecco, hijo de un capitán naval genovés. Con los años, Gnecco se hizo muy sanjuanino y muy coleccionista, llenando su casa de imágenes coloniales, monedas, papeles, muebles y todo tipo de objetos históricos. Y también de restos humanos, porque Gnecco, como tantos de su generación y como su amigo Estanislao Zeballos, era un recurrente ladrón de tumbas indígenas. Del saqueo quedó una morbosa colección de cinco cadáveres completos, treinta cráneos y una enorme cantidad de objetos personales y rituales robados.

En 1944, un hijo de Gnecco combinó con Eduardo Udaondo, director del museo que hoy lleva su nombre en Luján, la donación y el envío de buena parte de la colección a esos pagos bonaerenses. Ahí fueron también los cadáveres robados y sus ajuares funerarios, que fueron exhibidos por un tiempo. Con los años, al personal del Udaondo le dio vergüenza el botín, que quedó guardado en un sótano.

Este miércoles y después de un largo trabajo de identificación de los restos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires los va a devolver a sus parientes y descendientes de las comunidades huarpe de San Juan. La despedida va a ser ritual, con un canto a cargo de la escritora, cantante y activista mapuche-tehuelche Carina Carriqueo, con otros representantes de las Primeras Naciones bonarenses. Y también estarán representados los que recibirán los restos y les devolverán su dignidad, la Organización Territorial Huarpe Pikanta.

El destino de los restos de estos ancestros es la comunidad huarpe Las Chacras, en Caucete, San Juan, a unos 160 kilómetros de la capital. Allí hay un espacio sagrado donde descansan muchos otros que se salvaron de los saqueos "científicos".

El trabajo

El primer análisis de la morbosa colección se hizo entre 1997 y 1999 en el marco de un proyecto de extensión de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Luján. Los trabajos fueron dirigidos por el doctor Carlos Cansanello, con los arqueólogos Alicia Tapia y Mariano Ramos. El informe explica que lo que donó Gnecco es "un conjunto de elementos óseos disociados, especialmente integrados por cráneos, por restos humanos individuales conservados por momificación natural y restos culturales asociados a los entierros".

En el 2008, antropólogos y arqueólogos de un proyecto oficial de la Universidad Nacional de Luján se comunicaron con la comunidad Qom de San Pedro para anoticiarlos de la situación. En 2012, se realizaron reuniones con pueblos originarios en El Antigal, Primer Centro de Interpretación Indígena de la Argentina, y en el Concejo Deliberante de San Pedro. Así se logró el consentimiento de las comunidades originarias para realizar el estudio y proceder a la identificación de los restos. Ese mismo año se tomaron muestras y el antropólogo Mariano Ramos presentó un informe a las autoridades del Museo con “la identificación precisa de carácter étnico de los restos esqueletarios”.

Todo esto iba acompañado por el Instituto Cultural de la provincia, que puso a trabajar a la Dirección Provincial de Coordinación de Políticas Culturales, la Dirección de Diversidad y Prácticas Identitarias, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”. En paralelo, se involucraron el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia bonaerense, el todavía existente Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Programa de Arqueología histórica y Estudios Pluridisciplinarios de la Universidad de Luján.



Como se verá por la escala de tiempo, pasaban los años y no se hacía la restitución, que recién tomó impulso en el gobierno de Axel Kiciloff y la gestión de Florencia Saintout al frente del Instituto Cultural. Para la funcionario, todo esto "se enmarca en la Ley nacional 25.517 sobre restos mortales de las comunidades indígenas y representa una importante política de reparación histórica, ante el genocidio, la colonizacion y cosifiacion de nuestros Pueblos Originarios”.

El marco legal

El primerísimo artículo de la ley que cita Saintout dice que “los restos mortales de aborígenes que formen parte de los museos y/o colecciones públicas o privadas, cualquiera fuera su característica étnica, deben ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que los reclamen". La ley es de 2001, pero recién en 2010, con Cristina Kirchner en la presidencia, tuvo un encargado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que el presidente Javier Milei acaba de disolver efectivamente.

La Constitución Nacional, a todo esto, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y ordena el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. También reconoce la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Todo esto, por supuesto, apenas pasa de lo declarativo y sigue siendo una larga lucha política hasta el simple reconocimiento por escritura de las tierras que ocupan desde siempre.

La Constitución de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 36, también reconoce los derechos de los pueblos indígenas y dice que “la Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan”.

La restitución de los ancestros huarpe que realizan ahora Kiciloff y Saintout es resultado de la voluntad política de cumplir estos marcos constitucionales y legales, largamente ignorados. Es también un acto de justicia para ir levantando una lápida de las que pesan. El robo de tumbas de las Primeras Naciones fue sistemático después de la expedición de Roca, con cientos de enterratorios violados por buscadores de platería, textiles y cráneos para las colecciones "científicas". El Perito Moreno, Gnecco, Georges Claraz fueron de los más activos en esto de saquear tumbas.

La crueldad con que esto se hacía es notable. Estanislao Zeballos descubrió que entre los prisioneros encadenados había un baqueano y le ofreció la libertad a cambio de guiarlo. El pobre hombre, un mapuche, pronto descubrió que lo que buscaba el huinca eran tumbas para excavar y robar...

Fuente
Diario Página 12 - 18 de Marzo de 2024.

https://www.pagina12.com.ar/721675-un-obscuro-dia-de-justicia

domingo, 17 de marzo de 2024

Ecuador: Nina Gualinga levanta la voz contra violencia de género que sufren las mujeres indígenas



Nina Gualinga nació hace 30 años en el corazón de la selva amazónica y creció en la comunidad kichwa de Sarayaku, hogar de los jaguares y el sol de mediodía, y ubicada a orillas del río Bobonaza, en la provincia ecuatoriana de Pastaza. Creció inmersa en la naturaleza, explorando los ríos y compartiendo guayusa junto a sus abuelos. Su nombre significa “fuego” en kichwa.

La cosmovisión de su comunidad, basada en el Kawsak Sacha, considera la selva como un ser vivo con derechos propios. Por eso promueven su protección y respeto como un organismo integral, un principio clave en la histórica victoria de Sarayaku en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, que dio la razón a la comunidad frente al Gobierno ecuatoriano por la explotación petrolera, lo que marcó un hito en la lucha indígena contra el extractivismo en Ecuador.
La herencia de resistencia marcó profundamente a Nina Gualinga, quien, como primogénita de una madre indígena y un padre sueco-finlandés, encontró en esta dualidad cultural la fuerza para habitar diferentes mundos y perpetuar la lucha de sus ancestros. Ampliamente reconocida como activista, ella rechaza ese título porque considera su compromiso una convicción innata. “Sarayaku es mi hogar, mi santuario. La Amazonia custodia las historias de nuestros ancestros y asegura el futuro de nuestros hijos”, señala.
Más allá de su reconocimiento global como defensora de la selva, Nina enfrenta una lucha más íntima que durante mucho tiempo guardó en silencio: la que libró contra los malos tratos infligidos por su expareja y el padre de su hijo. Hasta que, hace cuatro años, con valentía, decidió romper este silencio y reveló un problema profundo que demanda justicia y transformación: la violencia de género hacia las mujeres indígenas.
Su batalla personal
Desde su adolescencia, Nina conoció a su expareja, un hombre mestizo con influencia económica y política a nivel local. “Yo tenía 13 años y él, 19. Hoy me doy cuenta que allí había una relación de poder”, relata. Durante más de una década que duró el cortejo y la relación, Nina vivió violencia física y psicológica, que afectó no solo su salud física y mental, sino también a sus relaciones familiares. “Lo único que no pudo quitarme fue el amor por la selva”, agrega. Los malos tratos de su expareja llegaron a causarle una fractura en la espalda baja.
El proceso para separarse fue difícil. “Me tomó mucho tiempo salir de esa relación. He sido una persona que no tiene miedo a hablar contra los abusos, pero mi propia historia fue la más difícil”, confiesa Nina. En 2015, se separó e inició un difícil periplo judicial. Su primera denuncia formal fue en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de la Judicatura de Pastaza. A pesar de recibir una boleta de auxilio —un recurso legal que busca impedir que el agresor se acerque a la denunciante—, el caso fue archivado sin mayores avances. Y acabó volviendo con su expareja entre promesas de cambio por su parte.
Nina presentó una nueva denuncia en 2020, acompañada de grabaciones y mensajes de texto como evidencia, y de nuevo se encontró con un proceso estancado. Pese a que se había vuelto a separar de él, seguía siendo víctima de acoso, amenazas y control constante. Pero no se daba por vencida. Optó también por una denuncia pública, compartiendo imágenes de sus lesiones en redes sociales, algo con lo que esperaba generar presión para obtener resultados. Sin embargo, sus esfuerzos parecían en vano y sus denuncias no avanzaron hasta 2022.
El pasado 23 de febrero, después de casi una década desde su primera denuncia, y cuatro años después de llevar su caso al dominio público, un juez de Pastaza resolvió llamar a juicio al acusado. Con esto, el proceso pasó al tribunal de garantías penales que debe poner una fecha de audiencia de juicio.
Esta victoria parcial no ha estado exenta de desafíos. Junto con su abogada Tamara Vaca, Nina ha denunciado un sinnúmero de irregularidades en el proceso judicial, la negligencia del sistema de justicia ecuatoriano y la falta de fiscales capacitados en casos de género. “Estos procedimientos constituyen una violación de varios principios para el debido proceso; y esta violencia institucional es otra forma de revictimización”, añade la abogada.
“No puedo imaginar lo que otras mujeres indígenas pasan”
La experiencia de Nina refleja una realidad más amplia. Las mujeres indígenas enfrentan distintas formas de violencia, agravadas por el acceso limitado a recursos legales y protección. “Si yo, que soy una figura pública, recibo este trato, no puedo imaginar lo que otras mujeres indígenas pasan”, expresa Nina.
Mishelle Calle, abogada especializada en derechos indígenas, destaca que las mujeres en comunidades indígenas y defensoras del medio ambiente enfrentan dos formas de violencia: la que llega con el extractivismo de las compañías, que incluye violaciones, desapariciones y asesinatos, y la violencia comunitaria perpetrada por miembros de su propia comunidad. Esta situación deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad al carecer de recursos para denunciar.
El problema subyacente radica en las persistentes brechas de género en Ecuador. Según un informe de ONU Mujeres, la tasa de pobreza multidimensional entre mujeres indígenas alcanza el 78,1%, más del doble del promedio nacional. Además, el Banco Mundial informa que 6 de cada 10 mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia, con 321 feminicidios registrados en 2023. Las mujeres indígenas y afroecuatorianas son las más afectadas, con aproximadamente 7 de cada 10 mujeres que han experimentado violencia.
Calle destaca la invisibilidad de los casos de violencia en comunidades indígenas debido al limitado acceso al sistema de justicia. Nemo Guiquita, líder amazónica, subraya que en la región persiste el machismo y aún existen casos impunes. Además, menciona desapariciones y violaciones en las comunidades indígenas, y los feminicidios a las mujeres indígenas rara vez se documentan. Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2023, se reportaron 114 feminicidios en la región amazónica, según la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador, una realidad alarmante que permanece en la sombra.
Sanar a las mujeres para sanar la tierra
Para denunciar la violencia y negligencia del sistema judicial, Nina recibió el apoyo del círculo de sororidad de las Mujeres Amazónicas, Defensoras de la Selva, un colectivo que se describe como “un tejido de mujeres unidas en defensa del territorio, la cultura y una vida libre de violencia”. Comprometidas en la lucha contra la violencia derivada del extractivismo, la desigualdad social y la violencia de género, se organizaron en 2013 para protestar contra los planes del Gobierno de expandir las concesiones petroleras en tierras protegidas.
Desde entonces, han establecido un mandato femenino para proteger a las defensoras y, en 2022, inauguraron la Casa de Mujeres Amazónicas, un refugio lleno de luz y arte, que brinda apoyo a mujeres y niñas indígenas en situación de violencia. Este espacio no solo ofrece alojamiento y asistencia legal, sino también terapia grupal, talleres de empoderamiento y apoyo. Para ellas, la violencia está conectada al colonialismo, la desigualdad de género y la violencia extractiva. Aquí, las mujeres pueden recuperarse y reimaginar la resistencia.
“Estamos cansadas de ver a nuestras hermanas desprotegidas y revictimizadas por el sistema judicial y la sociedad civil”, afirma Yanua Vargas, miembro del colectivo. “Aquí nos acompañamos, nos sostenemos. Sanando a las mujeres, sanamos la Tierra”, agrega.
Aunque el proceso legal de Nina sigue en curso, para ella y sus compañeras, se trata de un hito significativo en su lucha por un futuro en el que las mujeres indígenas gocen de protección y reconocimiento plenos, especialmente para las que están en la primera línea de defensa de la Amazonia. Como destaca Nina: “Detrás de cada mujer fuerte, existe una historia marcada por la adversidad”.

Escrito por Gabriela Barzallo
Blog del Proyecto Lemu

Fuente: https://elpais.com/america-futura/2024-03-08/nina-gualinga-levanta-la-voz-contra-violencia-de-genero-que-sufren-las-mujeres-indigenas.html - Imagen de portada: Nina Gualinga durante el Festival Ciudadano Global, en Central Park en Nueva York, en 2023. YUKI IWAMURA (AP)


sábado, 16 de marzo de 2024

Latinoamérica: Explotación de litio amenaza fuentes hídricas de pueblos originarios





El pueblo nativo kolla de Argentina teme perder sus fuentes de agua debido a la explotación minera de litio en la región del “triángulo del litio”. Este territorio, que abarca Argentina, Chile y Bolivia, alberga reservas del mineral valoradas en un billón de dólares.

Las comunidades indígenas dependen del agua de los salares y sus alrededores para su subsistencia. Sin embargo, la extracción de salmuera por parte de las mineras contamina y reduce las fuentes de agua dulce, provocando un impacto ambiental en esta zona árida.


El litio es clave en la lucha contra el cambio climático al ser utilizado en baterías de vehículos eléctricos y energías renovables. Esto ha desatado una creciente demanda mundial, con precios que alcanzaron un máximo de 76.000 dólares por tonelada en China en 2022.

Científicos advierten que el bombeo industrial de agua para obtener litio afecta gravemente el frágil ecosistema de los salares, ligado a las escasas fuentes de agua dulce de las comunidades originarias. Esto ha generado protestas y conflictos con las autoridades.

En Chile, donde la minería de litio lleva décadas, empresas como SQM y Albemarle han enfrentado millonarias multas por infracciones ambientales y sobreexplotación de aguas subterráneas. Comunidades indígenas han visto secarse sus tierras y recursos hídricos debido a esta actividad.

Mientras las mineras defienden su importancia económica y aseguran un bajo impacto ambiental, estudios señalan efectos perjudiciales como la muerte de vegetación nativa. El gobierno chileno busca mayor control estatal, pero las comunidades originarias reclaman ser excluidas de las negociaciones.

La creciente demanda global de litio ha convertido la región en un foco de disputa geopolítica entre potencias como Estados Unidos y China. Sin embargo, para los pueblos nativos representa una amenaza a sus formas de vida ancestrales y la escasez de su recurso más preciado: el agua.

Fuente

Pachamama - La Voz del Sur Andino - 16 de Marzo de 2024


https://pachamamaradio.org/latinoamerica-explotacion-de-litio-amenaza-fuentes-hidricas-de-pueblos-originarios/

miércoles, 13 de marzo de 2024

Los Mbya Guaraní están entre los dos pueblos que más conservan su idioma.


Tres de cada diez indígenas del país ya no hablan la lengua de su pueblo.

El Censo Nacional de Población 2022 puso una realidad sobre el tapete: apenas el 2,85% de la población se reconoce como integrante o descendiente indígena y casi la mitad vive en Buenos Aires y CABA.

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 mostró que apenas el 2,85% de las personas que viven en el país se reconoce parte de la población indígena o descendiente de pueblos originarios y que son cada vez menos los que entienden o hablan la lengua de su pueblo.

En todo el país, 1.306.730 personas se reconocen parte de pueblos originarios de los cuales 26.006 viven en Misiones (el 2,04% de la población provincial). Lo que muestra el censo es la urbanización de las personas originarias en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

No es casual que la mayoría de los guaraníes viva en Buenos Aires, con 36,9%, seguido de Salta con 26,2 y CABA con 7%. Recién ahí aparece Misiones con 6,2% apenas por encima de Corrientes, con 6,1 y Jujuy con 5,6.

Este mismo fenómeno de urbanización se observa en la distribución de la población guaraní de Misiones donde el 15,10% (5.812 personas) reside en el departamento Capital, el 14,4% en el departamento Libertador General San Martín (3.751), 13,9% en Iguazú (3.617), 7,58% en Guaraní (1.971), 6,9% en San Ignacio (1.797), 6,43% en el Eldorado (1.673), 5,25% en San Pedro (1.363) y 4% en el departamento de Oberá (con 1.058 indígenas o descendientes).

La pérdida de la lengua ancestral

Otro dato revelador del censo poblacional 2022 es que siete de cada diez indígenas (el 29,3%) ya no entiende ni habla la lengua de su pueblo. Sin dudas, esta pérdida de la cultura y el idioma está directamente asociada a la vida fuera de sus comunidades.

No obstante, los indígenas de los pueblos originarios del noreste del país son los que menos perdieron su lengua: el 89% del pueblo mataco habla y entiende la pilagá.

La segunda lengua originaria que aún conocen, hablan y entienden los indígenas y sus descendientes es la mbya guaraní: el 83,6% de las 11.014 personas que se reconocieron de este pueblo originario hablan o al menos entienden su idioma.

Vale recordar que la mantienen viva a través de la transmisión oral, tanto en la educación de los niños, la divulgación de conocimientos como la comunicación inter e intra aldeas.

El guaraní, por el contrario, se va perdiendo como lengua viva entre las poblaciones indígenas y sus descendientes: en la actualidad, el 60% ya no lo entiende ni lo habla. En cuanto a los mapuches, la población indígena más numerosa del país con 145.783 personas, también registra una marcada pérdida de su lengua: apenas el 17,9% la entiende y habla. Si sumamos a los mapuches tehuel, de cuyo pueblo se censaron en el país 23.416 personas, solo el 10,5% entiende su lengua originaria.

El otro colectivo que tiene presencia en Misiones es el afro, con 9.374 personas, apenas un poco menos que los mbya, pero sin dudas, con una menor representación social.

Sin embargo, Misiones es la octava provincia con mayor población afrodescendiente. En el departamento Capital hay 3.124 personas, en Iguazú otros 1.063 y en Guaraní 727. Oberá es el cuarto departamento con mayor población afro, con 678 personas.

Fuente:
Diario Primera Edición - Posadas
11 de Marzo de 2024
Todas l

El Censo 2022 registró en Argentina 58 pueblos indígenas y 53 lenguas ancestrales


Más de un millón de personas reconocieron ser integrantes o descendientes de alguno de los 58 pueblos originarios registrados en Argentina por el censo poblacional 2022, a la vez que indicaron que hablan o entienden unas 53 lenguas ancestrales.
El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, cuya última edición fue realizada por el Indec en 2022, computó nuevos datos relacionados a la población originaria, entre ellos la ampliación del número de pueblos reconocidos y la autoidentificación de muchos de ellos con sus propios nombres o etnónimos en sus propias lenguas.
Los resultados del censo determinaron que 1.306.730 personas se reconocen indígenas o descendientes de alguno de los 58 pueblos originarios, lo cual representa el 2,9% del total de las personas en viviendas particulares, mientras que en el Censo 2010 representaba 2,4%.
Los seis pueblos con mayor población a nivel nacional, en orden descendente, son Mapuche 145.783 personas, Guaraní 135.232, Diaguita 86.022, Qom/Toba 80.124 , Kolla 69.121, Wichi 69.080 y Quechua 52.154.
Mientras que los pueblos con menor población registrada son Isoceño 10 personas, Alacaluf 10, Haush/Maneken 6 y Ansilta 2.
Según el Censo, el pueblo mapuche reside principalmente en las provincias de Neuquén (27,4%), Río Negro (20,7%), Buenos Aires (20,4%) y Chubut (16,2%). En tanto, el pueblo guaraní se concentra en su mayoría en la de Buenos Aires (36,9%) y Salta (26,2%).
Por otro lado, el 75,1% de la población diaguita vive en las provincias de Tucumán, Salta, Buenos Aires y Catamarca, y, en cuanto al pueblo qom/toba el 29,7% se distribuye entre Chaco, Buenos Aires, Formosa y Santa Fe.
El 78,1% de la población kolla se concentra en Jujuy y Salta, ambas provincias del noroeste argentino. Mientras que el 78,2% de la población wichi vive actualmente en Salta y Formosa.
Respecto al género de las personas, se registraron 674.455 mujeres o femenina y 632.275 varones o masculinos, quienes respondieron a la pregunta por sexo registrado al nacer, donde la categoría “X” de las respuestas se distribuyeron entre las categorías “mujer/femenino” y “varón/masculino”.
Las seis provincias con mayor proporción de población indígena son Jujuy (10,1%), Salta (10%), Chubut (7,9%), Formosa (7,8%), Neuquén (7,7%) y Río Negro (6,4%). Mientras que Corrientes y Entre Ríos constituyen las jurisdicciones con menor porcentaje de población indígena (1,3%) respecto del total de población censada en cada una de ellas.
En 2010 la composición de la población originaria fue de 955.032 personas, que representaban el 2,38% del total de la población e integraban alguno de los 31 pueblos indígenas registrados hasta ese momento.
El abogado diaguita y militante de los DDHH, Martín Plaza, señaló que “el Estado tiene que conocer en profundidad la gran diversidad de pueblos que existen y preexisten en lo que hoy se llama Argentina, para poder formular políticas públicas interculturales acorde a la gran diversidad de pueblos y culturas que preexisten en este territorio”.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoce en la actualidad unos 40 pueblos-naciones indígenas y en el Censo 2022 se detallan 58.
Al respecto, Plaza indicó: “Es un dato sumamente importante que demuestra algo que, también, las organizaciones indígenas vienen marcando desde hace muchos años que es el carácter dinámico del auto reconocimiento y sobre la cantidad de pueblos que pre-existen en nuestro territorio”.
Los datos cuantitativos y cualitativos publicados por el Indec “ayudan a derribar mitos y prejuicios que pretenden negar la existencia de los pueblos indígenas en Argentina, y son una herramienta muy fuerte para combatir aquellos discursos negacionistas, estigmatizantes y discriminatorios”, explicó el abogado.
Y remarcó: “Las condiciones de vida son un aspecto fundamental para poder orientar políticas públicas a generar mayores accesos a derechos”.
En ese sentido, dijo que “a futuro es importante vincular esto con información relacionada a las condiciones de vida de los pueblos indígenas hoy, tanto en el acceso al territorio como las condiciones de sus integrantes en la urbanidad”.
“Hubiera sido importante que este tipo de procesamiento de información se hubiera realizado con notarios del Estado, con el INAI y con las organizaciones indígenas”, consideró Plaza.
Respecto a la escolarización y formación académica, los datos señalan que el 28,3% (369.877 personas) de quienes fueron censados asisten a un establecimiento educativo.
El 29,8% de la población indígena adulta (25 años en adelante) tiene estudios de nivel superior o universitario incompleto o completo, el 25,2% completó el secundario y el 45% no lo concluyó.
En 1998, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 24.956 de Censo Aborigen, que estableció incluir la medición de la temática indígena en el siguiente censo nacional a partir del criterio de autorreconocimiento, autoidentificación de identidad y pertenencia a comunidades indígenas.
En el Censo de 2001, Argentina incorporó la medición de la temática de los pueblos indígenas, lo que marcó un punto de inflexión en la historia de las estadísticas del país, y en el Censo 2010 se incluyó una pregunta relativa al nombre del pueblo indígena u originario respecto del cual la persona se reconoce y también se preguntó si habla o entiende su lengua.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado en 1989, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Fuente:
Info Bariloche - 12 de Marzo de 2024.
https://infobariloche.com.ar/sociedad/22-pais/19196-el-censo-2022-registro-en-argentina-58-pueblos-indigenas-y-53-lenguas-ancestrales.html