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| Marcha indígena en Formosa en reclamo de tierras. Foto: Juano Tesone, 2013 |
Pese a los derechos
constitucionales de los argentinos originarios, el Estado mantiene históricas
deudas para con ellos.
La idea de que “los
argentinos llegamos de los barcos”, atribuida a más de un escritor y difundida
por el músico Lito Nebbia en una canción homónima, ha sido avalada por años
desde el poder, tal vez por comodidad, tal vez por conveniencia. El 2 de abril de
2015, mientras representantes de los pueblos originarios formoseños de la
organización Qo. Pi. Wi. Ni (qom, pilagá, wichi y nivacle), acampaban en la
avenida 9 de Julio de Buenos Aires a la espera de ser atendidos en Casa Rosada
–y en pleno contexto de represión por parte del gobernador provincial
oficialista Gildo Isfrán–, la entonces presidenta Cristina Fernández de
Kirchner dijo en su discurso del Día del Veterano que “la Argentina es un país
de inmigrantes”. El 25 de enero pasado, a dos meses del asesinato aún impune
del joven mapuche Rafael Nahuel por parte de Prefectura Naval, el presidente
Mauricio Macri subió la apuesta al afirmar en el Foro Económico de Davos que
“la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en
Sudamérica todos somos descendientes de europeos”.
Lo que estas
afirmaciones escamotean –o quieren hacernos olvidar– es que el Estado mantiene
impaga una deuda territorial con los primeros argentinos.
Sobrevida de las
lenguas
Hay 1604 comunidades
indígenas identificadas por el Estado nacional y, según el censo de 2010, casi
un millón de personas que viven en territorio argentino se reconocen pertenecientes
o descendientes de pueblos nativos. Esa cifra podría duplicarse y verse
reflejada en el censo 2020 por un lento pero irreversible proceso de
reemergencia étnica, a través del cual quienes antes no reconocían su identidad
de origen comienzan a hacerlo. Y la reivindican.
Aunque Argentina
haya adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas y haya reconocido en la Constitución de 1994 su
“preexistencia étnica y cultural” y garantizando el “respeto a su identidad, el
derecho a una educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento de la
personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad de las tierras
que tradicionalmente ocupan”, en pocos ámbitos jurídicos nacionales hay una
distancia tan grande entre lo que establecen los textos normativos y la
realidad concreta. La aceptación jurídica de esa identidad, los derechos
constitucionales de los que deben gozar quienes son parte de ella, y el respeto
a su cosmovisión son tres de las grandes deudas del Estado para con las comunidades
originarias, sin grieta que valga y sin importar el color partidario de turno.
Por acción, inacción u omisión, y pese a estar efectivamente amparados por los
derechos y garantías que protegen a cualquier ciudadano argentino (e incluso
más, ya que el Estado entiende que debe reparar una deuda histórica con ellos),
los indígenas han ocupado, desde siempre, el último escalafón social en nuestro
país, al punto de haberse vuelto invisibles.
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Familiares del joven mapuche Rafa Nahuel marchan en el centro civico San Carlos Bariloche el 25 de noviembre de 2017. Foto: Mario Quintero |
La condición de la tierra
“Sea el líder qom
Félix Díaz, que acampó en la 9 de Julio, o el mapuche Facundo Jones Huala, sea
el gobierno anterior o este, lo que falta es establecer una política que
resuelva el tema de las tierras y territorios indígenas”, subraya el
antropólogo Carlos Martínez Sarasola, profesor de referencia de la Maestría en
Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y autor,
entre otros libros, de Nuestros paisanos los indios y La
Argentina de los caciques. Él observa: “Lo que los casos emblemáticos de los
qom de La Primavera y de los mapuches de Cushamen desnudaron es la ausencia de
políticas públicas consistentes y duraderas hacia los pueblos originarios: la
tierra en primer lugar”.
En el año 2006 se
sancionó la ley de emergencia territorial 26.160 con el objetivo de relevar las
tierras ocupadas por las comunidades indígenas en todo el país. La norma
suspende los desalojos y dispone un relevamiento técnico-jurídico-catastral.
“El relevamiento es importante para conocer cuáles son los territorios
demandados y a partir de esa suerte de ‘mensura’ poder dar los pasos necesarios
para la titulación colectiva de la propiedad comunitaria indígena”, explica
Silvina Ramírez, autora de Horizonte político del movimiento indígena en
Argentina e integrante de la Asociación de Abogados de
Derecho Indígena. “Se trata de un instrumento acotado y con límites,
pero permite dar algunos pasos necesarios para el ejercicio del derecho
territorial reconocido por el Estado”.
En los primeros once
años de aplicación de la ley y con dos prórrogas de por medio, poco más de la
mitad de las comunidades identificadas fueron relevadas o entraron al proceso
de relevamiento. En noviembre pasado, la ley fue prorrogada por tercera vez. El
Gobierno quiso extenderla inicialmente por dos años más, pero en pleno
conflicto abierto con los mapuches, terminó extendiéndola por cuatro. El Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) es su autoridad de aplicación. “La
lentitud del relevamiento le ha restado credibilidad a la ley y ha contribuido
a agudizar conflictos territoriales, atravesados hoy por enormes disputas sin
saldar, cuyos resultados en algunos casos han sido muertes indígenas”, dice
Ramírez. “Y esos conflictos territoriales tienen una marcada tendencia a
agravarse”.
En el propio INAI
son más optimistas. Su presidenta desde agosto de 2017, Jimena Psathakis,
afirma estar trabajando para que los procesos de relevamiento tarden mucho
menos tiempo. “Un trámite de relevamiento podía durar hasta 25 meses",
dijo en diálogo con Ñ. "Hoy estamos estableciendo nuevos convenios con las
provincias, mejorando los mecanismos de trabajo a nivel nacional y fortaleciendo
la presencia del INAI en el territorio. El presupuesto no es un problema; la
ley tiene un fondo especial. Acá el problema ha sido la falta de voluntad
política”.
Impedimentos a la
propiedad
Axel Lazzari,
profesor de antropología en el IDAES/UNSAM e investigador del CONICET,
considera que el gran problema del relevamiento impulsado por la ley 26.160 es
que no contempla el proceso de devolución de la tierra a los indígenas que la
reivindican como propia. “La ley movió un avispero en el que aparecieron una
cantidad de reivindicaciones territoriales. Lo cierto es que el propio
instrumento de la política de relevamiento es rengo. Poquísimas de esas tierras
están escrituradas a nombre de comunidades indígenas y muchas de las que tienen
los papeles del relevamiento pero no las escrituras están a la expectativa tras
la represión de Cushamen”.
La ley es un paso
previo para que las comunidades indígenas puedan avanzar en la titulación
comunitaria de sus territorios, pero no es garantía de propiedad. Son muchas
las barreras que se elevan entre los pueblos originarios y la titularidad
efectiva de la tierra; una de las primeras tiene que ver con disposiciones
constitucionales respecto de las autonomías provinciales. “La reforma
constitucional de 1994 contiene una gran contradicción”, explica Lazzari.
“Recorta poder del Estado central bajo el discurso de un federalismo mal
entendido que les da a las provincias vía libre para hacer convenios con
empresas multinacionales ligadas a las industrias extractivas que ponen en
riesgo territorios indígenas, por ejemplo, pero, al mismo tiempo, presenta una
parte virtuosa en la que reconoce los derechos indígenas”.
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| Qo.Pi.Wi.Ni. en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires marcha por su reclamo territorial. |
La cuestión de la identidad
Los resabios del
proceso de colonización española y de la configuración historiográfica y
política del Estado argentino después de la Conquista del Desierto han calado
muy hondo en la percepción actual y generalizada que se tiene sobre los pueblos
originarios en la Argentina. Esto quedó especialmente en evidencia tras el
operativo de desalojo de gendarmería en Cushamen, Chubut, en el que murió
Santiago Maldonado. Buena parte de la opinión pública aceptó versiones acerca
del conflicto y de la minoritaria organización Resistencia Ancestral Mapuche
(RAM), que parecían transposiciones contemporáneas del temerario malón
indígena. Pero además corrió la voz de que la amplia comunidad mapuche de la
Patagonia Argentina (cerca de 117.000 habitantes en el último censo) no son
realmente argentinos sino chilenos, con lo que su reclamo de tierras nacionales
no está justificado.
Carlos Martínez
Sarasola tiene una explicación sobre ese grado de desconocimiento: “Los
argentinos hemos sido educados en la ignorancia hacia los pueblos indígenas.
Nuestro sistema educativo es el gran responsable de que no tengamos una visión
más certera y rigurosa sobre ellos, sobre su protagonismo en la historia y su
presencia actual. Porque muchas veces se habla de los indígenas como si fueran una
cosa del pasado, cuando tienen una vigencia total y son nuestros compatriotas”.
Tan hondo calan las
suposiciones sobre los indígenas en la Argentina, que aún hoy cuesta concebir
como tales a quienes viven como vecinos, a nuestro alrededor, en los centros
urbanos. “En nuestra cabeza de ‘blancos’, nos preguntamos por qué alguien que
se reivindica diaguita no habla su lengua originaria, cuando en el proceso de
conquista y colonización la lengua fue una de las primeras víctimas”, observa
Axel Lazzari. “O nos preguntamos por qué un hombre que se autorreconoce como
indígena acaba viviendo en una villa. O por qué otro tiene una 4x4, o por qué
su método de cría de ganado es moderno”.
Lo cierto es que al
formular nuevos derechos, la reforma constitucional de 1994 habilitó cambios
simultáneamente al interior del conocimiento académico especializado y de
organizaciones indígenas, que impulsaron el autorreconocimiento indígena y la
reemergencia de pueblos originarios que se creían extintos o mestizados. En
palabras de Lazzari, “se fue generando un clima en el que se percibió un
permiso para recordar. La reemergencia indígena se da a través de los procesos
de memoria y ese es un camino muy arduo. La máquina que niega lo indígena está
sedimentada en las subjetividades de la gente, en todos nosotros, e incluso en
aquellos que se reivindican como indígenas, lo que demuestra el formidable
desafío que significa autorreconocerse más allá de cualquier oportunismo que se
le adjudique a este proceso”.
La cosmovisión
Cuando se discuten
los derechos políticos de las comunidades indígenas, no suele hacerse hincapié
en su cosmovisión. Martínez Sarasola se ha especializado en el tema, en el
marco de los procesos de reetnización y espiritualidad emergentes.
"Los indígenas
no solo perdieron sus tierras y territorios, no solo vieron dispersadas a sus
familias y comunidades, sino que todo lo que tenía que ver con su cosmovisión y
espiritualidad fue muy agredido", dice en diálogo con Ñ. "Hoy creo
que se está dando un proceso -quizás todavía un poco subterráneo- de
reconstrucción de esa espiritualidad y de vuelta a las raíces y los valores
primigenios. En muchas comunidades eso se sostuvo y en otras se está
reconstruyendo. Yo creo que el eje de la vida de los pueblos originarios es
justamente su cosmovisión y espiritualidad y si no consideramos estos temas
será muy difícil el diálogo con el mundo indígena".
¿Es posible, sin
embargo, recuperar esa cosmovisión en las ciudades y cuando la lengua
originaria se ha perdido? Como dice la especialista Cristina Messineo (ver
aparte), cada lengua expresa una mirada sobre el mundo y construye sentidos
particulares Para Martínez Sarasola, sin embargo, no todo se extravía en los
pliegues urbanos: “Antes se decía que el indígena perdía en la ciudad su condición
de tal: su identidad, valores y cosmovisión”, dice. “Pero hoy la visión va
cambiando. Aunque debe seguir luchando contra la estigmatización y la
discriminación, una vez que alguien se auto reconoce como indígena su identidad
se reafirma”.
Fuente:
Diario Clarín –
Revista Eñe – 9 de Marzo de 2.018
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