Los pueblos que habitan el valle del Cuñá Pirú recibieron una reparación histórica de sus derechos sobre territorios que desde el 2001 se disputaban con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
“Los mayores retos que tenemos son la recuperación de territorios que fueron siempre indígenas y ahora han sido usurpados y ocupados por terratenientes”, había dicho el jesuita, antropólogo y lingüista Bartomeu Melià en una entrevista con el Diario de Mallorca hace ya casi diez años.
El pasado viernes 25 de septiembre se cerró una lucha que llevó 20 años y tuvo como protagonistas a las comunidades del valle del Cuñá Pirú: Yvy Pita, Ka’Aguy Poty y Kapi’I Poty, que llevaron adelante un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales en litigio con la UNLP.
La disputa por el reconocimiento de dominio comenzó en 2001, cuando miembros de estas comunidades se acercaron al Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y les solicitaron su acompañamiento para recuperar lo propio.
La superficie de 6.034 hectáreas en los departamentos misioneros de Libertador San Martín (municipio de Ruiz Montoya) y Cainguás (municipio de Aristóbulo del Valle) estaban jurídicamente en manos de la UNLP desde hace 25 años.
La reserva, en su mayoría de bosques cultivados y montes nativos, había sido donada por la empresa papelera Celulosa de Argentina en 1992, con las comunidades que allí habitaban desde hace más de 100 años. Sobre Aristóbulo del Valle está ubicada la mayor parte del predio, que está dividido por la ruta provincial 7 y el arroyo Cuñá Pirú. Es una zona donde la provincia de Misiones, por medio de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, decidió establecer el corredor verde con restricciones al uso de la misma.
Cómo comenzó
No siempre fue una lucha. En un principio, las comunidades buscaron establecer instancias de diálogo, que esperaban fueran respondidas como tal, pero no fue así. La UNLP priorizó sus intereses económicos y empresariales y -según cuentan- buscó hacerles perder el tiempo, de algún modo cansarlos para que se dieran por vencidos. Pero la sangre corrió más fuerte por las venas de estos pueblos.
Tras muchos viajes y decenas de acuerdos frustrados, en 2007 iniciaron la demanda de la mano del abogado Julio García.
Eso fue lo que marcó un antes y un después: fue el inicio de un litigio a todo o nada.
El Territorio viajó ayer hasta el lugar para escuchar de primera mano la historia contada por sus protagonistas. Juan de Dios Castillo (47) es de la aldea Ka’Aguy Poty: “Cuando asumí como autoridad empecé a reunir a mi gente, les dije que teníamos que pedir audiencia a la UNLP a ver si no devolvían nuestras tierras, queríamos dialogar, pero tuvimos respuestas negativas”.
Juan deja un legado no sólo para sus doce hijos y 18 nietos, no sólo para las 90 familias que conviven en la aldea, sino para todos los pueblos originarios. Juan revaloriza más que nunca el significado de la palabra “resistencia”.
Y agregó: “Empezaron los viajes, éramos tres comunidades, dialogábamos entre nosotros y pensábamos a qué abogado podíamos dirigirnos, tenía que ser una persona de confianza, que realmente fuera a apoyar a la comunidad”.
Juan recuerda las idas a La Plata bajo dos conceptos: la incomodidad de los viajes y lo largo que era. Por otra parte, menciona la amabilidad con la que eran atendidos por las autoridades de la universidad.
“Fuimos unas siete veces, en una trafic que tardábamos todo un día. El rector de la universidad nos recibía con un abrazo, muy amable, pero sin ceder. Al menos nos hacía entrar en su despacho”, mencionó con una sonrisa tímida, como si no fuesen merecedores de aquel gesto.
“Le pedimos que nos devuelva nuestro título de propiedad. Él nos dijo que iba a hablar con la gente de la universidad, pero yo creo que eran falsas esperanzas para que nos vengamos contentos”, lamentó.
Sin embargo, cuando entendieron que podían perderlo todo, cambiaron el tono del reclamo. “Había una depresión, la universidad se opuso y todos nos decían que no lo íbamos a lograr, nos preguntaban para qué íbamos a juicio. Pero son nuestras tierras, teníamos que ganar. Hubo internas, sí. Algunos tenían intereses económicos, pero pasó y seguimos adelante. Dios nos colocó a todos en una misma lucha”, contó.
Los festejos
“En el medio de un evento tradicional, en el que brilló la alegría con música y danza guaraní, y con el acompañamiento de la fuerza espiritual mbya en la palabra de las ancianas y ancianos de las tres comunidades, recibimos al juez de Paz de Aristóbulo del Valle, Pablo Hulet, para firmar el Mandamiento de Posesión Definitiva y Escrituración de las 6034 hectáreas que desde el 2007 estuvieran en juicio con la Universidad Nacional de La Plata”, habían informado este día histórico desde Emipa.
Al ser consultado sobre cómo fue este momento, Juan expresó: “La celebración fue linda porque es nuestra cultura tradicional, con nuestras danzas y charlas, yo me emocioné mucho. Le dimos la palabra a los ancianos, ellos decían ‘ahora vamos a preservar nuestra naturaleza, nuestras frutas y medicinas tradicionales’, esos son los mayores valores culturales que tenemos. La pesca, la caza. Lo que todavía hay lo conservamos”.
Juan es consciente de que hoy terminó esta lucha en particular, pero al pueblo guaraní aún le quedan muchas deudas que deben ser saldadas por el Estado nacional y provincial.
“Agradezco al equipo de Emipa, que siempre estuvieron con nosotros desde el comienzo de la lucha, pusieron un granito de arena para los pasajes, la comida y hasta hoy continúan ayudando a las comunidades. Se abrió un camino para siempre”, cerró.
Asimismo, su par Roberto Benítez, cacique de la comunidad Yvy Pyta, coincidió: “Terminó el juicio que empezó hace años, estamos muy contentos. Culturalmente para nosotros esto es muy grande. Tenemos que mostrarles a los chicos cómo era antes y cómo es ahora, es importante el ejemplo”.
Acompañamiento de Emipa
Vasco Baigorri, miembro de Emipa, fue quien acompañó a El Territorio en todo su recorrido. Fue también una de las personas que hicieron posible este proceso de recuperación. “Cuando la lucha se concreta en forma organizada, se llega a resultados positivos. Lamentablemente, aquí hay gente que ya ha muerto antes de llegar a verlos”, reflexionó.
Baigorri recordó todos los vaivenes de esta historia que comenzó en 2001 y terminó hace tres días. “La consecuencia es que el viernes pasado, como colofón de todo esto, el juez de Paz de Aristóbulo del Valle entregó a las comunidades oficialmente la posesión del predio, donde queda determinado que es de ellos”. En este sentido, explicó que si bien la sentencia de homologación recayó sobre las tres comunidades que iniciaron el proceso, hoy son cinco las que viven allí y componen más de 200 familias.
“Ellos pelearon solos, sin acompañamiento de estamentos oficiales. Les decían que nunca iban a ganar, que la universidad tenía dinero, y mientras tanto se seguía intrusando y parcelando este sector. Ahora resta el desalojo de los intrusos y frenar el desmonte que ocasionan”, manifestó. Recordó además que en Misiones ya hay precedentes de este tipo, como el conflicto entre las comunidades aborígenes y la empresa El Moconá SA por la tenencia del lote 8 en la Reserva de Biósfera Yabotí, que finalmente logró resolverse.
“Ellos lograron mantener espacios de resistencia”A lo largo de todo el proceso de recuperación de su territorio ancestral, los guaraníes estuvieron acompañados -además del Emipa-, por abogados que fueron pioneros en asuntos indígenas y ayudaron a marcar precedentes históricos.
Uno de ellos es Julio García, con quien El Territorio dialogó para poder entender los marcos legales que se dieron lugar en todo este recorrido. “Yo cerré el acuerdo con la universidad, tuvo una homologación judicial y la consecuencia de eso es este mandamiento como la materialización de un derecho”, comenzó explicando.
El conflicto con la universidad, según el testimonio de Julio, fue inesperado en términos judiciales. Tanto él como las comunidades, habían apostado a una instancia de diálogo empático, aunque sólo se mantuvieron ciertas formalidades que poco tenían que ver con la empatía. “Fue muy frustrante porque no veíamos a la universidad como una empresa, creíamos que la negociación era viable, pero nos encontramos con una férrea defensa de los intereses”, rememoró.
Las comunidades comenzaron a transitar el camino de la mano del abogado Ricardo Altabe, quien ya falleció, pero lo recuerdan con mucho cariño. Desde 2003, García comenzó a sistematizar la estrategia, y tras cuatro años de negociación, llevó el proceso a juicio en 2007. “Esa primera etapa terminó con un clima de mucha tensión entre las comunidades, con alguna fragmentación, que es lo que provocan estos procesos largos, pero el juicio logró reacomodarlos y empezamos ahí otra etapa, que fue saludable, ya nos paramos en frente de la universidad. Más allá de lo legal dejamos de cuidar los modos. Siempre fueron muy amables, pero no estábamos de acuerdo”, afirmó.
García reconoció que ya en 2015 había una fuerte posibilidad de que el conflicto llegara a su fin. “La universidad hace varios años decidió reconocer el derecho de propiedad de las comunidades indígenas, el acuerdo podría haber sido cerrado entre el gobierno de Misiones, la UNLP, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las comunidades. Por cuestiones de cambio de gobierno y el ingreso de una nueva etapa este proceso no se pudo concluir en ese momento”, comentó.
La buena noticia fue que pese a las cuestiones políticas, la universidad mantuvo su decisión. Finalmente, el año pasado, el acuerdo fue homologado y ese fue el paso previo al Mandamiento de Posesión Definitiva celebrado el viernes.
Una visión cultural
Más allá de su labor legal, García desarrolló una visión integral y cultural de los guaraníes: “El criterio de fragmentarse en comunidades son términos de nuestra cultura, pero ellos son un pueblo que se maneja bajo sus propios criterios y está expandido por toda América Latina. Bajo nuestro concepto de la conformación de estados-nación es difícil de comprenderlos, pero en ellos es una dinámica distinta”.
En cuanto al trabajo realizado por Emipa, destacó que “no podría haber labor jurídica ni política exitosa sin este puente de decodificación cultural”. Por eso aseguró que la gestión comunitaria del conflicto fue exitosa en términos de efectividad, ya que lograron que las comunidades pudieran ser partícipes activos de todo el proceso.
Fuente: Diario El Territorio (Posadas) - 29 de Septiembre de 2020.
Escrito: Victoria Bergunker
Fotografía: Sixto Fariña
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