Diputado electo de
Amplitud, Andrés Molina, dijo que en la nueva administración no
estarían "conformes" con la aplicación de la norma pues
"retrasa el desarrollo, acá hay un proyecto de doble vía Freire -Pucón que
lleva más de un año y medio retrasado por el tema de la consulta, y por
mientras la gente se nos muere", manifestó.
Uno de los temas que
marcó la semana fue la decisión que en 2019 deberá hacer el gobierno de
Sebastián Piñera, respecto a si renueva o no la aplicación del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Ante este debate, los
pueblos originarios han manifestado su preocupación luego de que desde la
Derecha surgieran algunas luces respecto de cómo se abordará la vigencia del
convenio. En específico, en declaraciones al diario La Tercera, el
diputado electo por Amplitud en la región de La Araucanía, Andrés Molina,
señaló que en la nueva administración no estarían “conformes”
con la aplicación de la norma, “molestia” que sería apoyada por la
Multigremial de La Araucanía.
“Cuando se suscribió
el convenio se presentó como la gran solución, pero no ha sido así. Ha dejado
una sensación de no participación entre lo propios mapuches porque las consultas,
que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten
engañados”, manifestó Molina.
Según el
parlamentario, la normativa “retrasa el desarrollo, acá hay un proyecto de
doble vía Freire -Pucón que lleva más de un año y medio retrasado por el tema
de la consulta, y por mientras la gente se nos muere”, agregando sobre el
mismo punto que los privados que quieren invertir en La Araucanía sí
considerarían la opinión del pueblo mapuche “mediante el contactodirecto y
a través de los propios proyectos de evaluación ambiental, donde está
considerada la participación”.
Ante este escenario,
la ex consejera de la Conadi y werkén de la organización Ad-Mapu, Ana Llao,
destacó que los gobiernos en general se han caracterizado por desconocer la
norma: “Nunca estuvieron de acuerdo en reconocer y aplicar de acuerdo
al estándar lo que señala el Convenio 169 y no me parece extraño que quieran
decir que ya pasó la vigencia”, dijo la dirigente a la radio de la
Universidad de Chile.
“Esta política salió
producto de las luchas tanto del ámbito del trabajo, como de dirigentes de
diferentes pueblos originarios. Entonces los gobiernos de América Latina
deben continua raplicando el convenio para poder saldar la deuda histórica
como la de los territorios”, añadió Ana Llao.
Por su
parte, Carolina Sagredo, abogada del Consejo de Pueblos Atacameños, opinó
que “sin el Convenio 169 estaríamos mucho más desprotegidos y sin la
posibilidad de reclamar a nivel internacional. Solo tendríamos la Ley Indígena,
que no habla de soberanía ni de pueblo, es una legislación muy débil”,
añadiendo que el Convenio “es una herramienta clave para reclamar los derechos
ancestrales”.
Finalmente, Sebastián
Donoso, académico de la Facultad de Derecho de la UC y experto en legislación
indígena, explicó a La Tercera que el retiro de un convenio internacional como
el 169 “es una atribución exclusiva del Presidente, el que luego recoge la
opinión de ambas cámaras”.
“En mi opinión
salirse del convenio, o denunciar el convenio, que es el término jurídico
correcto para tratados internacionales- no tiene sentido. El momento para discutirlo
fue hasta el 2008 y hoy políticamente es inviable, pues no solo regula
proyectos productivos sino una serie de materias sociales relevantes para las
comunidades. Sería como denunciar la Biblia”, expresó el docente.
Recordemos que este
acuerdo hace que el Estado tenga el deber de “consultar las medidas
legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los
pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados
de consulta a los pueblos interesados”.
Fuente: Radio
Universidad de Chile / La Tercera – 21 de Enero de 2018
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