Tras un foro realizado en Lima, se concluyó recomendar a los países
firmantes del Convenio 169 de la OIT reforzar el uso de este documento en los
pueblos originarios. Uno de los mayores retos contemporáneos de este acuerdo es
la implementación del principio de Consulta Previa frente a los proyectos de
inversión.
A fines de noviembre Lima fue sede de un foro regional realizado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el cual, entre
otros temas, representantes de 13 países latinoamericanos llegaron a la
conclusión de la necesidad de reforzar la aplicación del Convenio 169 en
los pueblos indígenas.
Así lo declaró al término del foro el director de la OIT para
América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar. En este encuentro
participaron, además de Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
"El Convenio 169 es un sólido marco para lograr un
desarrollo incluyente y sostenible, con los pueblos indígenas como actores y
socios, en un escenario de respeto de sus derechos a la vez que se avanza con
las inversiones que se requieren para el crecimiento económico y social y la
creación de más empleos", puntualizó Salazar.
Asimismo se hizo énfasis en señalar que el Convenio 169 de la
OIT debe ser utilizado como un instrumento de generación de leyes y
construcción de derechos para los pueblos originarios en cada uno de los países
suscritos.
El convenio
Cabe recordar que el Convenio 169 de la OIT es un
documento de reconocimiento de pueblos indígenas y tribales creado en 1989 y
que entró en vigor en 1991, teniendo actualmente 22 países suscritos. En los
últimos años el alcance de este acuerdo ha trascendido la simple conquista de
derechos para las poblaciones originarias.
En la actualidad, uno de los aspectos más polémicos que intentan
defender los países suscritos a dicho acuerdo es el cumplimiento de la Consulta
Previa, la cual implica la necesidad de tomar en cuenta la opinión de las
comunidades nativas que se encuentren en zona de impacto frente a algún
proyecto de inversión.
Como se sabe, la mayoría de países latinoamericanos no viene
respetando este derecho en la práctica, pese a que su uso está ya incorporado
en las legislaciones nacionales. Dato no menor si se toma en cuenta que, según
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la
región hay 826 pueblos indígenas reconocidos, lo que involucra a una población
de 45 millones de personas.
Fuente
Servindi – 1 de Diciembre de 2.017
No hay comentarios:
Publicar un comentario