 |
| MINORÍA. Solo 17 de las 76 comunidades relevadas en Misiones tienen título de propiedad. |
El Boletín Oficial
publicó la prórroga hasta 2021 de la Ley 26.160 que prohíbe desalojos
indígenas. El Gobierno tendrá cuatro años para terminar el relevamiento.
La prórroga hasta
noviembre de 2021 de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena,
publicada ayer en el Boletín Oficial, trajo mucho alivio a las comunidades
indígenas del país cuyos territorios aún no fueron relevados por el
Gobierno.
El Gobierno
oficializó la prórroga hasta el 23 de noviembre de 2021 la ley 26.160 de
emergencia territorial indígena. La extensión de la norma sancionada en 2006 se
aprobó en el Congreso semanas atrás y este jueves fue publicada en el
Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y el jefe de
Gabinete Marcos Peña.
La ley prorrogada
ordena declarar “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del
país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas
preexistentes, por el término de cuatro años”.
Además, dispone
suspender “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias,
actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación
de las tierras contempladas”.
“La posesión debe
ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”,
aclara el texto. Por otra parte, también se prorrogó la creación de un Fondo
Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.
La solución de fondo
En diálogo con PRIMERA
EDICIÓN, la Ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, destacó que esta
prórroga “permitirá completar la tarea de relevamiento que no se pudo concluir
en estos años que estuvo vigente esta ley. Sin duda, la Ley 26.160 no es la
solución del problema de las tierras aborígenes en nuestro país, la verdadera
solución será cuando se apruebe una ley de propiedad comunitaria que permitirá
que cada comunidad tenga a su nombre las tierras que habitan. Incluso antes que
termine el relevamiento territorial, es oportuna la ley de propiedad
comunitaria y otra que cree un fondo nacional que permita adquirir las tierras
de las comunidades que ya fueron relevadas”.
En la actualidad,
según precisó la funcionaria, “relevamos en Misiones el 62% de las comunidades
guaraníes. Sobre un total de 124 comunidades tenemos 76 relevadas. Podemos
decir que estamos en un proceso mejor que otras provincias pero por debajo de
nuestras expectativas. Pero este relevamiento depende de los depósitos que nos
hace el Gobierno nacional y también de otras cuestiones, como la situación
climática”.
Según detalló, en lo
que va del año se relevaron 13 comunidades mbya guaraní y poco más de 20 en los
últimos dos años. “De las 76 comunidades relevadas hasta el momento en
Misiones, podemos decir que hay entre 15 y 17 que tienen el título de propiedad
de sus tierras, una cantidad menor de comunidades que tienen permiso de
ocupación y las restantes están en tierras de privados, sociedades mixtas e
incluso fiscales”, indicó.
Advirtió que en
Misiones, a diferencia del Sur del país, la resolución de la problemática
sería menos compleja.
El relevamiento
comenzó hace diez años y sigue inconcluso
Por una ley (la
26.160), aprobada a fines de 2006, el Estado Nacional declaró la emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas originarias del país y dejó en manos del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización de un relevamiento
territorial de todas las comunidades indígenas del país. El espíritu de la
norma es -en una segunda etapa, seguramente bajo el marco de una nueva ley-
garantizar a los aborígenes el dominio comunitario de estas tierras.
La misma ley
estipuló un plazo de tres años para que el INAI hiciera este relevamiento y
dispuso un fondo de 30 millones de pesos para ello. Pero este relevamiento no
concluyó en 2009 y la ley debió ser prorrogada hasta fines de 2013 y se entregó
otros 30 millones al INAI para la concreción del estudio.
A principio de ese
año, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) cuestionó duramente el
desempeño del INAI a quien acusó de haber utilizado el 80% del fondo previsto
para el relevamiento y solo haber relevado el 30% de las comunidades del
país.
De acuerdo a una
auditoría llevada a cabo por la AGN durante el período 2010-2015 de las
aproximadamente 1.500 comunidades con datos de existencia, solo se habían
empadronado alrededor de 500. Dos tercios no han regularizado su situación y
muchas de las comunidades no habían tenido oportunidad de acceder a esta
información y tener el acompañamiento por parte del Estado.
En 2013, la ley fue
prorrogada una vez más hasta noviembre de 2017 y, pese a que pasaron diez años
del inicio del relevamiento territorial, el trabajo sigue sin terminarse. Ayer,
se oficializó una nueva prórroga de la Ley 26.160, esta vez hasta 2021.
Fuente:Diario
Primera Edición (Posadas-Misiones) – 24 de Noviembre de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario