Escrito por Daniel Gutman
Los reclamos territoriales de cientos de
comunidades indígenas, que se extienden por casi toda la extensa geografía
argentina, irrumpieron sorpresivamente en la agenda pública de un país
construido por y para descendientes de colonizadores y de inmigrantes europeos,
acostumbrado a mirar como ajenos a los pueblos originarios.
Todo comenzó con la
desaparición de Santiago Maldonado, un artesano de 28 años que el 1 de agosto
participaba en la sureña y patagónica provincia de Chubut en una protesta del
pueblo indígena mapuche, que fue desalojada de manera violenta por una fuerza
de seguridad. Desde entonces, nada se sabe sobre su paradero.
Ese hecho movilizó
a amplios sectores de la sociedad y sacó de las sombras un conflicto que en los
últimos años ha provocado numerosos hechos de violencia pero al que
históricamente se le ha prestado poca atención.
“El relevamiento de los territorios indígenas de
Argentina ya tendría que estar hecho y hoy deberíamos estar estudiando la
titulación. Tenemos que trabajar en la fuerte discriminación que no solo existe
de parte de las autoridades y los principales medios de comunicación, sino
también de sectores de la sociedad”: Belén Leguizamón.
“Ojalá el hecho
desgraciado de Santiago Maldonado sirva para que en la Argentina se entienda
que es necesario y posible encontrar soluciones legales y políticas a la
cuestión indígena”, dijo Gabriel Seghezzo, director de la Fundación para el
Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz).
“Es imprescindible
trabajar para desactivar los conflictos, porque si no la violencia va a
continuar”, agregó a IPS el máximo dirigente de la organización que trabaja
para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que viven en la porción
argentina del Chaco, el gran bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay
y Bolivia.
Fundapaz fue una de
las organizaciones que trabajó durante más de 20 años en un reclamo de
territorios rurales en la provincia noroccidental de Salta, que culminó en
2014, cuando el gobierno local transfirió la propiedad de 643.000 hectáreas a
las familias que las habitaban.
Se reconoció la
propiedad comunitaria sobre 400.000 hectáreas a integrantes de los pueblos
indígenas wichi, toba, tapiete, chulupí y chorote, mientras que las restantes
se otorgaron en condominio a 463 familias campesinas criollas.
Ese suceso, sin
embargo, fue apenas una excepción feliz, ya que la enorme mayoría de las
comunidades indígenas del país no tienen título de propiedad sobre sus tierras.
Hace 10 años, el
Estado lanzó el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena,
en el que se registraron 1.532 comunidades. Al día de hoy, solo 423 tienen
concluido el relevamiento, aunque no cuentan con título de propiedad, y hay
otras 401 que están en proceso.
Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
esas 824 comunidades reclaman que se les reconozcan como ancestrales 8.414.124
hectáreas. Es una superficie mayor a la de varios países del continente, como
Panamá o Costa Rica, pero que equivale solo a aproximadamente tres por ciento
de los 2.780.400 de kilómetros cuadrados del territorio argentino.
En el resto de las
comunidades, ni siquiera se inició el relevamiento.
Así, el Estado
argentino está en deuda con su propia Constitución Nacional, que reconoce “la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y garantiza no sólo
“el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural”, sino también “la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan”.
Esos principios
fueron incorporados a la Constitución en 1994, durante la última reforma, y
marcaron un cambio de paradigma fenomenal para una nación que históricamente
consideró al indio un elemento extraño, al que había que someter.
De hecho, antes de
1994, la ley fundamental de Argentina instruía a las autoridades a “conservar
el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al
catolicismo”.
Sin embargo, el
extraordinario avance sobre el papel parece haber traído pocas mejoras
concretas para los indígenas, cuyo peso numérico en la población argentina es
difícil de establecer.
En el último Censo
Nacional, en 2010, se reconocieron como pertenecientes o descendientes de un
pueblo indígena 955.032 personas, 2,38 por ciento de la población total
registrada entonces, de 40.117.096 habitantes.
Pero se cree que
los indígenas son más, ya que no todos quieren reconocerlo, debido a la
histórica discriminación que han sufrido. Los pueblos originarios con mayor
población son los mapuches, en el sur, los tobas, en el Chaco, y los guaraníes,
en el noreste.
“Luego de la
reforma constitucional que reconoció a los pueblos indígenas, hemos tenido 23
años de fracaso absoluto de las políticas públicas para resolver la cuestión
indígena. Ha habido una fatal demora de todos los gobiernos que pasaron en este
tiempo”, dijo Raúl Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos
Aires.
Para Ferreyra, “los
conflictos territoriales tienen una matriz clara, que son el avance
descontrolado del monocultivo de soja, en el norte del país, y la
extranjerización de enormes superficies de tierra, en el sur”.
“Lo que se necesita
es diálogo, pero no hay voluntad ni herramientas”, aseguró en su diálogo con
IPS.
Lo sucedido con la
cuestión de las tierras es un buen ejemplo de la distancia que hay entre las
normas y la realidad.
En noviembre de
2006, el legislativo Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas, que
estableció la “emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios
indígenas” por cuatro años.
Durante ese lapso
–que debía utilizarse para determinar cuáles son las tierras ancestrales de las
comunidades, como paso previo a la titulación- quedaban prohibidos los
desalojos, aun con orden judicial.
Sin embargo, no se
avanzó en el relevamiento, a pesar de que el Congreso alargó los cuatro años
del plazo original dos veces, y los convirtió en 11.
La última prórroga
vence en noviembre y decenas de organizaciones sociales de todo el país han
pedido su renovación hasta 2021, mientras el Congreso comenzará a debatir la
suerte de la ley el 27 de este mes
El reclamo fue
respaldado por cientos de intelectuales, a través de una carta pública en la
que señalaron que “en la Argentina resulta cada vez más incompatible el
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus
territorios ancestrales con la expansión de los territorios rentables para el
capital”.
De acuerdo a un estudio
de la organización Amnistía Internacional, existen en el país 225
conflictos que involucran a comunidades indígenas, casi todos por cuestiones
territoriales.
En 24 de ellos hubo
hechos de violencia con intervención de fuerzas de seguridad, e incluso
muertos. Como Javier Chocobar, dirigente de una comunidad diaguita de la
también noroccidental provincia de Tucumán, por cuyo asesinato, en 2009,
todavía no hay culpables.
“En todos estos
años, muchos jueces han seguido ordenando desalojos de comunidades indígenas a
pesar de lo dispuesto el Congreso Nacional. Por eso creemos que si la
emergencia no se prorroga la situación va a empeorar”, explicó Belén
Leguizamón, coordinadora del área de Derechos Indígenas de la organización Abogados y Abogadas del
Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
A su juicio, “la ley
es un paraguas con agujeros, pero un paraguas al fin”.
“El relevamiento de
los territorios indígenas de Argentina ya tendría que estar hecho y hoy
deberíamos estar estudiando la titulación. Tenemos que trabajar en la fuerte
discriminación que no solo existe de parte de las autoridades y los principales
medios de comunicación, sino también de sectores de la sociedad”, planteó a
IPS.
A título de
ejemplo, detalló que “en las escuelas de la Argentina se sigue enseñando que
los pueblos indígenas pertenecen a un pasado que ya no existe”.
Fuente: Inter Press Service - 20 de Septiembre de 2.017
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