Hace dos semanas, Mongabay Latam denunció cómo la minería ilegal ha
deforestado cerca de 20 hectáreas de bosque en la provincia de Condorcanqui. El
pueblo wampís, harto de la situación, se organizó y los desalojó el último
jueves. Ahora piden apoyo del Estado para continuar con esta lucha.
Es la tercera vez que el pueblo wampís de Amazonas desaloja a los
mineros ilegales que desde hace cinco años operan en la quebrada de Pastacillo.
Durante el desalojo, se desmontaron dragas, se retiraron tuberías,
cilindros con restos de mercurio, recipientes plásticos, frazadas que son
utilizadas para recuperar el oro, poleas y se quemaron parte de los implementos
usados para obtener el oro ilegal.
Los mineros ilegales habían sido advertidos: si en una semana no
abandonaban la quebrada Pastacillo, la vertiente del río Santiago que han
deforestado y contaminado por los últimos cinco años, iban a ser desalojados a
la fuerza. La notificación fue enviada los primeros días de julio y el pueblo
wampís estaba dispuesto a cumplir con su promesa.
El actual gerente de esta área municipal, el ingeniero ambiental
Dennis Cenepo, confirmó a Mongabay Latam que eljueves se venció el plazo
que la población indígena wampís le dio a los mineros ilegales que operan en la
quebrada, por eso intervinieron. A las 8 de la mañana se reunieron 400
personas, con 18 embarcaciones, en la comunidad de Galilea, donde se ubica la
sede de la municipalidad del Río Santiago, y de ese punto partieron para
desalojar a los invasores, con el apoyo logístico de las autoridades de la
comuna y del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW).
Esta situación ya había sido advertida en un artículo publicado por
Mongabay Latam el 25 de junio. En ese informe, el líder wampís Wrays Pérez
solicitó la presencia del Estado para recuperar el ecosistema y adelantó
“debemos actuar de inmediato y detener esta actividad”.
La paciencia había llegado a su límite, más aún luego de confirmar
tres semanas antes del reportaje, con funcionarios de la Municipalidad
Distrital de Río Santiago en Amazonas y un equipo de Mongabay Latam, la
magnitud del daño ecológico.
Se encontraron más de 10 dragas operando en la quebrada Pastacillo,
Foto: Vanessa Romo.
Durante esta visita, se contaron por lo menos diez dragas y dos
plataformas mineras de un exfuncionario edil, Julio López, quien hasta mayo
había ocupado el cargo de Gerente Municipal de Medio Ambiente.
El jueves, al llegar a la zona afectada por la minería ilegal, un
sector ubicado a 20 minutos de Galilea, los pobladores wampís no encontraron
maquinarias ni operarios, pero sí una gran cantidad de basura, incluidos
barriles con restos de mercurio. Los pobladores desmontaron dragas, retiraron
tuberías, cilindros, recipientes plásticos, frazadas que son usadas para recuperar
el oro, poleas y quemaron una parte de esos implementos que son utilizados para
obtener el oro ilegal.
Antes de irse, la comitiva conversó con algunos pobladores que
residen en la zona de Pastacillo y ahí se enteraron de que hacía una semana que
los mineros habían empezado a retirar las máquinas.
Ahora el pueblo wampís teme que regresen. Cenepo comentó que esta
es la tercera vez que desalojan a los mineros ilegales de Pastacillo y que
siempre, después de un tiempo, reaparecen las máquinas y con ellas la
contaminación. Es por ello que ayer, luego de verificar que los mineros se
habían retirado, regresaron a Galilea y se reunieron, líderes wampís y las
autoridades locales, para conformar un comité de vigilancia contra la minería
ilegal que estará integrado por indígenas wampís y awajún, con el apoyo del
municipio de Río Santiago.
La minería enfrentó por mucho tiempo a los indígenas wampís con los
awajún. Aunque las localidades ubicadas a lo largo del río Santiago son parte
del reclamado territorio integral del Gobierno Territorial Autónomo de la
Nación Wampís, existen también algunas comunidades awajún. Una de ellas es la
de Yutupis, precisamente, en la que más conflictos han surgido entre ambas
naciones, porque sus autoridades han permitido durante cinco años que se
realice esta actividad ilegal en la quebrada. Pastacillo es parte de su
jurisdicción.
Sin embargo, el ingeniero Cenepo informó que desde hace un mes se
ha designado a un nuevo apu (líder indígena de la comunidad) y esta nueva
directiva ha decidido terminar con esta actividad ilegal. “No toda la población
awajún estaba de acuerdo, pero las autoridades apoyaban a los dueños de las
dragas. Ahora que hay un nuevo dirigente se ha acordado trabajar juntos para
terminar con este problema”, dijo el funcionario municipal.
Pero el desalojo no fue del todo pacífico. Tras retirar y deshacerse
de todo el material que encontraron en la quebrada, los indígenas organizaron
por la tarde una marcha que recorrió parte de Galilea y de la comunidad de La
Poza, un pueblo anexo a Galilea en el que viven la mayoría de los mineros
ilegales que han llegado de Saramirisa (Loreto) y Puerto Maldonado (Madre de
Dios). Al llegar a La Poza, los protestantes encontraron una máquina que se usa
para la minería ilegal y la arrojaron al río. Cuando empezaron a retirarse a
sus comunidades, un grupo de siete mineros atacaron a cinco pobladores wampís
que esperaban su movilidad. El enfrentamiento dejó heridos leves.
Alerta en el gobierno
El presidente de la Comisión Multisectorial del Gobierno frente a
la Minería Ilegal y el Desarrollo del Proceso de Formalización, Máximo
Gallo, habló con Mongabay Latam y confirmó que visitará en los próximos días al
pueblo wampís en el distrito de Río Santiago, para averiguar de qué forma
pueden apoyar las acciones de los indígenas. “Hacer esto sin apoyo del Estado
es un riesgo muy fuerte para ellos”, señaló.
Máximo Gallo indicó que el Ministerio del Interior también
monitorea la seguridad en Galilea. “Quiero llegar a la zona para conocer la
magnitud del tema y ver cómo coordinamos con las demás entidades del Estado
para intervenir en Pastacillo”, agregó.
Gallo es desde marzo de este año el director nacional de
Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas y de acuerdo con el
Decreto Supremo 061-2016-PCM, le corresponde la presidencia y coordinación de
este grupo. Hasta octubre del 2016, esta función la realizaba quien ocupaba el
cargo de Alto Comisionado contra la Minería Ilegal, entonces adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Sobre el apoyo del Estado, el gerente municipal de Medio Ambiente,
Dennis Cenepo, indicó que se necesita el apoyo del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para
monitorear y recuperar el área degradada. “También estamos juntando información
para volver a enviar una solicitud de investigación a la Fiscalía Especializada
del Medio Ambiente (FEMA) de Bagua. Los dueños de esas maquinarias deben
responder por los daños hechos al ambiente y a la salud de todos”, dijo Cenepo.
La FEMA informó a Mongabay Latam, en el informe publicado a fines
de junio, que estaba realizando investigaciones y audiencias para hallar
responsables, pero según Cenepo y otras autoridades de la zona, no han recibido
ninguna comunicación sobre avances en el caso. Ellos denuncian que tampoco han
sido atendidos por el Gobierno Regional de Amazonas.
Al cierre de esta nota, el presidente del Gobierno Territorial
Autonómo de la Nación Wampís, Wrays Pérez, alertó de que hay mucha tensión
en la población por los ataques de algunos mineros ilegales a los protestantes.
“Necesitamos la presencia del Gobierno Central lo más pronto posible”,
concluyó.
Escrito por Vanessa Romo el 15 de Julio de 2.017 para Mongabay
Latam
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