Una comunidad indígena
resiste desde hace años los intentos de desalojo de sus tierras ancestrales,
perpetrados con el argumento de un título de propiedad falso. En lugar de
contemplar sus derechos, la justicia formoseña los criminaliza para apoyar el
despojo.
Silverio Moreno se acerca
rengueando y estrecha la mano con fuerza, como siempre. No rengueaba hace
cuatro años, en uno de los momentos más duros de la resistencia al desalojo de
la Comunidad wichí Campo del 20. Hace dos años lo atropelló una camioneta.
Para la Justicia formoseña fue un simple accidente. Que el conductor del
vehículo fuera el abogado Ramón Juárez – precisamente el que inició la causa
para desalojar a los wichí de sus tierras – no le llamo la atención al juez;
tampoco le pareció relevante que se diera a la fuga después de llevárselo
puesto. Por eso Moreno ya no camina como antes, pero estrecha la mano con la
misma firmeza con que defiende sus derechos sobre la tierra.
La denuncia contra el abogado
Juárez sigue dormida en los tribunales de Las Lomitas. Es una más
entre las 17 que le hicieron los wichí de Campo del 20 y que nunca prosperaron.
En cambio, Moreno debe enfrentar, casi sin auxilio jurídico, las ocho causas
que le iniciaron por usurpación, resistencia a la autoridad y otros supuestos
delitos que no recuerda. Cuenta que hace apenas unos días vino una camioneta de
la policía y que le hicieron tocar el pianito ahí mismo, en la Comunidad,
delante de todos. Dice también que no supo si podía negarse.
No es el único encausado
de Campo del 20, también están procesados el cacique Abel Saravia, Bernardino
Martínez, Isidoro Castillo y otros referentes comunitarios que se resisten a
perder sus tierras ancestrales. Las denuncias también alcanzan a algunos
integrantes de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo
(APCD), una ONG que los asiste en sus reclamos.
Campo del 20, también
conocida como Pampa del 20, es un caso modelo de la criminalización de los
reclamos indígenas en Formosa. Al acoso judicial que sufren sus habitantes se
suma el deliberado abandono a que los somete el Estado provincial. Los wichí de
la Comunidad no están incluidos en los planes sociales, no reciben gasoil para
trabajar la tierra – una tierra que hasta hace poco tenían prohibido arar por
una medida judicial que ya caducó -, no les dan semillas para cultivar y el
gobierno se niega a hacerles llegar los cables de luz. Tampoco tienen sala de
primeros auxilios ni escuela, aunque la Comunidad cuenta con un enfermero y un
docente bilingüe. Cada vez que exigen al gobierno la construcción de las
instalaciones, la respuesta se repite: no se las darán hasta que se resuelva la
situación judicial.
“No nos dejan ver la
causa. Teníamos abogado, pero ahora no tenemos porque se tuvo que ir a Formosa
por problemas de la familia. La medida de no innovar se venció, pero a nosotros
no nos cambió nada en lo real. Ellos se siguen arreglando con el gobierno, con
la Justicia y la policía”, dice el cacique Abel Saravia.
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Campo del 20 está a menos
de veinte kilómetros de Las Lomitas, en el centro geográfico de Formosa. Hacia
1919 el territorio wichí donde está ubicada sumaba veinte mil hectáreas, a uno
y otro lado de la ruta nacional 81. Las fueron perdiendo de a poco, en un
proceso inexorable de ocupación orquestado por sucesivos gobiernos, empresas y
criollos – o blancos, como también los llaman – usurpadores. Hoy les quedan
apenas quinientas hectáreas que están en litigio.
El caserío está junto a
los terrenos del antiguo cementerio indígena, que es a la vez una prueba de sus
derechos ancestrales. Es una tierra árida, polvorienta, donde se levantan unos
treinta ranchos. Las paredes son de barro y los techos de paja. Algunos pocos
tienen también unas pequeñas galerías armadas con palos que sostienen chapas de
cartón. Las lonas y los plásticos, desplegados entre palo y palo, los ayudan a
protegerse de un sol que llega a pegar muy fuerte, de las lluvias – que
escasean, sobre todo este año, cuando la región central de Formosa sufre una
seca -, pero más que nada del polvo que castiga levantado por el viento. Esos
terrenos son la única tierra que les queda y que está en peligro.
La falta de una escuela en
la Comunidad no sólo obliga a los chicos a estar separados de sus familias de
lunes a viernes sino que provoca otros problemas. La ausencia de niños durante
la semana le da un argumento más a los usurpadores de la tierra wichí: si en
Campo del 20 no hay menores de edad es más fácil desalojar a sus habitantes.
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La maniobra de usurpación está
sostenida por un boleto de compra venta, fechado en 2001, mediante el cual un
tal Oscar Peña (DNI 8.220.148) traspasó esas quinientas hectáreas a la ya
fallecida Carmen Raquel Chávez (LC 5.577.575), representada legalmente por el
abogado Ramón Juárez (DNI 10.869.177), marido de Haydeé, la hermana de Carmen
Chávez. Pero a Oscar Peña no lo conoce nadie, ni tampoco hay – hasta donde el
cronista pudo averiguar – otro documento que ese boleto de compra venta con el
cual se demuestre que era el propietario de las tierras. “No sabemos quién es,
pero no es wichí. Entonces nunca pudo ser dueño”, dicen los representantes de
la Comunidad. Basado en esa documentación – y a partir de una denuncia del
abogado Juárez -, en 2013 el juez formoseño Sergio Rolando López ordenó
el desalojo. La comunidad Campo del 20, representada en aquel momento por
un abogado de la Asociación Civil por los Derechos Indígenas (Adepi) – una ONG
cristiana con sede en Las Lomitas –, presentó una apelación que todavía no está
resuelta.
La resistencia wichí es
pacífica, sin violencia alguna, ni siquiera con la justa violencia a la que
tienen todo derecho los aplastados. En 2013, cuando la policía llegaba todos
los días para intimidarlos y el desalojo por la fuerza parecía inminente, la Comunidad
colgó un cartel pintado entre dos árboles que decía: “No queremos una segunda
Primavera”. La consigna se refería a la violenta represión del 23 de noviembre
de 2010 al corte sobre la Ruta Nacional 86 hecho por indígenas de la Comunidad
qom Potae Napocna Navogoh, liderados por el cacique Félix Díaz, para
evitar el desalojo de sus tierras. Ese día, las balas policiales se cobraron la
vida de Roberto López, uno de los qom que participaban de la protesta. “Dicen
que somos violentos. Si fuéramos como ellos dicen hubiéramos peleado por las
veinte mil hectáreas que nos quitaron. Y nosotros queremos estas quinientas.
Queremos el cementerio, para que no lo aren más sobre nuestros antepasados, y
queremos esta tierra para vivir. No es de ellos, es nuestra”, explicaba por
entonces, señalando el cartel, el wichí Bernardino Martínez, otro de los
referentes de Campo del 20.
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La existencia del
cementerio ancestral no es la única prueba material que los wichí tienen
demostrar sus derechos ancestrales sobre los terrenos de los cuales quieren
desalojarlos. Una serie de imágenes de indígenas de la etnia wichí registradas
por la fotógrafa alemana Grete Stern el 18 de agosto de 1964 en la provincia de
Formosa suma una prueba de inobjetable valor al reclamo territorial de los
habitantes de Campo del 20.
También presentaron el
trabajo del antropólogo José Braunstein realizó sobre las fotografías de Grete
Stern. Allí dice: “Una estimación conservadora permite afirmar que el
patrimonio fiduciario de los wichí de esta zona se extendía sobre más de
250.000 hectáreas; desde el Bermejo, donde pasaban el invierno aprovechando la
abundancia de pescado, hasta los algarrobales del interior, ubicados en una
franja que coincide aproximadamente con la Ruta 81. Obviamente cuando se
produjo la ocupación del área por parte de estado nacional y comenzó el
ejercicio efectivo de la jurisdicción argentina, los indígenas fueron
desposeídos de su territorio, el patrimonio indígena fue desconocido y este
pueblo se vio obligado a establecerse en espacios muchísimo más reducidos: la
aldea a la que llegó la fotógrafa era por entonces uno de los enclaves
principales de este pueblo. En la década de 1930 la ‘Comisión honoraria de
reducción de indígenas’ dependiente del Congreso de la Nación había creado la Colonia
Francisco Javier Muñiz que incluía al Lote 20. A partir de entonces había
pasado a conocerse como ‘Colonia 20’, en tanto que hoy, cuando el proyecto de
colonización ya ni se recuerda, el lugar se conoce como ‘Pampa del 20’”.
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Comienza a llover desde el
cielo de Campo del 20 y el cacique Abel Saravia invita a refugiarse debajo del
tinglado comunitario. Allí, sobre una mesa, despliega una serie de ajadas
carpetas tamaño oficio donde ha organizado todos los papeles que tienen que ver
con la causa que exige el desalojo de la comunidad. Los títulos de sus portadas
son reveladores del arsenal judicial con que se los bombardea: “Orden desalojo
Comunidad Ancestral Pampa del 20”, “Cedula de notificación”, “Expedientes
varios”, “Documentación y certificaciones varias de la Comunidad Ancestral
Pampa del 20”, “Medida cautelar”, “Constancia de relevamiento territorial Ley
N° 26.160 (N. de la R.: se refiere a la ley nacional de Emergencia en Materia
de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas originarias)”, “Planteos de nulidad y resoluciones”, y
siguen los títulos.
“Ahora hicieron el
relevamiento de las tierra, pero no nos informaron, no nos dejan saber wué
hicieron. Somos 26 familias las que estamos acá, esperando”, dice Saravia.
Criminalizados por sus reclamos, casi sin asistencia legal idónea, abandonados
intencionalmente a su suerte por el Estado provincial, los wichí de las
Comunidad Campo del 20 siguen resistiendo. En el momento de la despedida,
Silverio Moreno vuelve a estrechar la mano con firmeza y, prolongando el
apretón dice, mientras mira a los ojos:
– No
importa que nos hagan. Cuando vuelva otra vez nos va a encontrar acá.
La frase recuerda a otra,
dicha cuatro años atrás por Bernardino Martínez, otro de los referentes de la
Comunidad:
– No
nos vamos a ir. Cadáver nos van a sacar de acá.
La lluvia arrecia sobre
las tierras ancestrales de Campo del 20.
Escrito Daniel
Cecchini
Fuente
Socompa, Periodismo de
Frontera http://www.so-compa.com/cronica/la-resistencia-wichi-de-campo-del-20/
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