Comunidades indígenas
caminaron desde la Puna y Quebrada jujeña hasta la capital de Jujuy para
visibilizar las luchas contra el avance sobre sus derechos. ¿La motivación de
la caminata? Territorios invadidos. Aguas contaminadas por la minería. La
criminalización de la protesta y la vulneración del derecho a la consulta
libre, previa e informada.
Pasaron más de 60 años y
casi nada cambió: las tierras ancestralmente habitadas y trabajadas siguen
siendo invadidas por intereses extranjeros y locales, y no se encuentra amparo
en la justicia ni respuesta del estado. Las comunidades indígenas volviendo a
las calles recuerdan el Malón de la Paz de 1946.
Las distintas comunidades
que vienen caminando desde sus territorios, algunos a más de 300 kilómetros,
iniciaron ayer temprano el último trayecto hasta destino: llegar a San Salvador
de Jujuy y compartir con la ciudadanía las problemáticas que afectan a las
comunidades y los territorios. Advierten que todos se verán afectados si no se
hace nada. Mediante una radio abierta en la plaza principal acercaron
también sus reclamos a la gobernación de Gerardo Morales que, detrás de un
discurso indigenista, continúa sancionando leyes que atentan contra los
derechos de las comunidades. La caravana comenzó el jueves 16 en Casira — casi
frontera con Bolivia — y
a lo largo del recorrido se le fueron encontrando con pueblos hermanos que
además de sus reclamos y problemáticas puntuales, se sumaron a los reclamos
comunes: derogación de la Ley 5.915, rechazo a la vulneración de la consulta
libre, previa e informada, y repudio a la criminalización de la protestas
social indígena, a la contaminación de los territorios y al incumplimiento del
derecho de Educación Bilingüe.
Las comunidades del Rodeo,
Casira, La Quiaca y la región de Laguna de Pozuelos se manifiestan en contra de
los proyectos megamineros. Ya existen en Jujuy antecedentes de proyectos que
han dejado los pasivos sin remediación alguna, como el caso de Metal Huasi que
abandonó los residuos de plomo y ha causado que una gran parte de la
población de Abra Pampa sufra saturnismo (envenenamiento por plomo en sangre). Los
vecinos denuncian que la laguna — hoy
ya casi inexistente — empezó
a secarse casi junto con el inicio de la mina Pirquitas y que la gran cantidad
de muertes de camélidos en años recientes se debe al agua contaminada.
Las comunidades kollas y
atacama de la laguna de Guayatayoc hacen frente al avance de la minería de
litio en el territorio por presentar una amenaza para el Salar Grande, en donde
diferentes empresas transnacionales han avanzado en el desarrollo de sus
proyectos. La comunidad de Cueva del Inca defiende su territorio hace décadas
de los distintos intentos de desalojo que sufren, y principalmente luego de la
re-valoración de tierras que trajo consigo la declaración de la Quebrada de
Humahuaca como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 2003 :
“sabemos que la Justicia se creó para defender los derechos, pero nosotros
lo único que vivimos es hostigación, avasallamiento, denigración y atropellos
constantes”, manifestó Verónica Mamaní, presidenta de la comunidad. Sus tierras
están bajo una orden judicial de “no innovar”, y cuenta que no los dejan
construir ni un baño y tampoco hacer sus celebraciones culturales en el salón
comunal. Desde la población de Piedra Negra resisten a la instalación de una
planta fotovoltaica que trabajaría en territorio donde hoy y hace décadas viven
familias y sus animales. Y la lista sigue.
En mayo de 2016 se aprobó
la ley 5.915, también conocida como “Ley de Servidumbre”, que permite a
las empresas hacer uso del territorio sin tener en cuenta el reconocimiento
indígena sobre el territorio y sin necesidad de realizar la consulta libre,
previa e informada que estipula el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, del cual Argentina es firmante. Tampoco respeta la
Constitución Nacional ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
pueblos indígenas. La ley, que afecta específicamente a las comunidades
indígenas, se sancionó en tiempo récord y fue elaborada y tratada sin su
participación. “Es contradictoria con todos los derechos que hemos adquirido
como pueblos originarios” expresó Enrique González, uno de los voceros de la
caravana.
Luego de una ceremonia en
la entrada de la ciudad y con los niños al frente seguidos por los ancianos, la
caravana entró a la capital de Jujuy cerca del mediodía. Al llegar a la
plaza principal, la casa de gobierno se encontraba cerrada. Nadie se acercó a
dialogar. Ya lo saben por experiencia, en los últimos años han hecho pedidos
de audiencia, notas, cartas documento y nunca hubo respuesta. “Han cerrado las
puertas y las ventanas, esos son los luego dicen que dialogan pero en todo este
tiempo nunca se acercaron”, enfatizó Enrique González.
Texto y Fotografía:
Santiago Romero para Emergentes
Fuente> EMERGENTES
- 24 de Marzo de 2.017
EMERGENTES - Acción y
comunicación. Nuevas narrativas contra la manipulación política de los medios
tradicionales.
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