Historiadores de diversas universidades del país, intelectuales,
escritores, políticos y docentes de institutos y universidades
extranjeras, a través de una carta pública, exigen al Estado el reconocimiento del
genocidio del pueblo selk'nam, ocurrida durante la primera mitad del Siglo XX,
y que inicie un proceso de reparación histórica. Dentro de los redactores del
documento se encuentra el historiador español José Luis Alonso Marchante, autor
del libro “Menéndez, Rey de la Patagonia”, considerado como el texto
definitivo sobre el cruel exterminio del pueblo originario de Tierra
del Fuego, a manos de grandes latifundistas como José Menéndez, cazafortunas, y
como consecuencia también de las políticas del Estado de Chile.
En el documento, los historiados recuerdan que existe desde 2.007 una
moción parlamentaria para que se reconozca el genocidio del pueblo originario,
pero que tras su discusión en el Senado, Andrés Chadwick y Mariano Ruiz-Esquide
plantearon reemplazar el concepto "genocidio" por
"extinción", dadas las consecuencias que se podrían generar para el
Estado.
A continuación el texto en que se emplaza al Estado de Chile:
Carta pública
En 1885 Argentina y
Chile comenzaron la colonización de la Tierra del Fuego a través de la entrega
de concesiones ganaderas sobre un territorio hasta entonces independiente. Los
estados desconocieron la soberanía selknam, basándose en las ficciones
jurídicas del Imperio Español, y favorecieron los intereses de los capitales
alemanes y británicos para expandir las ovejas que ya ocupaban Malvinas y
Patagonia continental. Los selknam resistieron a la colonización atacando los
rebaños y destruyendo las alambradas que comenzaban a dividir su territorio.
Estancieros y administradores organizaron partidas de hombres armados para
asesinar y capturar a los indígenas, como queda demostrado en numerosa
documentación administrativa, judicial, empresarial y testimonial; la mayoría
de los y las sobrevivientes enfrentaron la deportación a las misiones
salesianas en Río Grande e Isla Dawson, tentativa de sedentarización y
aculturación forzada que produjo su muerte, situación ampliamente documentada.
Algunos sobrevivientes, especialmente niños y niñas, fueron apropiados para el
servicio doméstico, como esclavas sexuales, o debieron asimilarse al trabajo
ganadero. De ello también existe documentación, aunque más fragmentada. Como
resultado de estos procesos adoptados por acuerdo entre estancieros, primero,
entre sacerdotes salesianos y empresarios ganaderos, luego, casi siempre con la
colaboración de autoridades de los estados chileno y argentino, en menos de dos
décadas millones de ovejas pastaban sobre el espacio fueguino, vaciado de su
población originaria. Ello estableció de manera permanente la soberanía
argentina y chilena sobre la isla.
El reconocimiento
del genocidio selknam y aonikenk (tehuelche del sur) por parte del Estado
chileno fue planteado en 2007, cuando el entonces senador por Magallanes Pedro
Muñoz presentó una moción que ha sido discutida en las comisiones de cultura
del Senado y de la Cámara de Diputados. En la primera se debatió el tema,
haciéndose referencia al Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo
Trato con los Pueblos Indígenas (2003, 2008), que definió como genocida la
ocupación de Patagonia austral y Tierra del Fuego. Sin embargo, “Los Honorables
Senadores señores [Andrés] Chadwick y [Mariano] Ruiz-Esquide plantearon
reemplazar el término ‘genocidio’ por ‘extinción’, dadas las consecuencias que
se podrían generar para el Estado”, lo que fue respaldado por el senador
Cantero. Sin discutir el fondo de la cuestión y por unanimidad, lo mismo que en
la sala, se aprobó reconocer “la extinción de las etnias”. Pasado el proyecto a
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se resolvió utilizar el
concepto de genocidio. En plenario, los diputados Giovanni Calderón (UDI) y
Jorge Sabag (DC) se opusieron al reconocimiento del genocidio, “pues el delito
no prescribe y puede derivar en indemnizaciones a las víctimas”. Desde
entonces, el proyecto de ley permanece, sin urgencia, en trámite.
De acuerdo con la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las
Naciones Unidas (1948), “se entiende por genocidio cualquiera de los actos
[…] perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, entre ellos la “matanza
de miembros del grupo”, la “lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo”, el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”, y el
traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. Dado que todos estos
actos se produjeron contra el pueblo selknam es imprescindible reconocer
oficialmente el genocidio, esto es, “la destrucción física intencional de un
grupo social completo o la aniquilación de una parte tan significativa de ese
grupo de la que resulte que no continúe siendo capaz de reproducirse biológica
y cultural”. Por último, cabe insistir en que se trató de un proceso
planificado y sistemático, decidido en reuniones de las que ha quedado
registro.
El reconocimiento
del genocidio selknam y aonikenk (tehuelche del sur) por parte del Estado
chileno fue planteado en 2007, cuando el entonces senador por Magallanes Pedro
Muñoz presentó una moción que ha sido discutida en las comisiones de cultura
del Senado y de la Cámara de Diputados. En la primera se debatió el tema,
haciéndose referencia al Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo
Trato con los Pueblos Indígenas (2003, 2008), que definió como genocida la
ocupación de Patagonia austral y Tierra del Fuego. Sin embargo, “Los Honorables
Senadores señores [Andrés] Chadwick y [Mariano] Ruiz-Esquide plantearon
reemplazar el término ‘genocidio’ por ‘extinción’, dadas las consecuencias que
se podrían generar para el Estado”, lo que fue respaldado por el senador
Cantero. Sin discutir el fondo de la cuestión y por unanimidad, lo mismo que en
la sala, se aprobó reconocer “la extinción de las etnias”. Pasado el proyecto a
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se resolvió utilizar el
concepto de genocidio. En plenario, los diputados Giovanni Calderón (UDI) y
Jorge Sabag (DC) se opusieron al reconocimiento del genocidio, “pues el delito
no prescribe y puede derivar en indemnizaciones a las víctimas”. Desde
entonces, el proyecto de ley permanece, sin urgencia, en trámite.
Dado lo
anteriormente señalado, consideramos imprescindible el reconocimiento del
Estado y los gobiernos locales del genocidio selknam, y proponemos la
construcción de un Memorial en Tierra del Fuego, en el que puedan ser
enterradas las víctimas de las políticas de deportación y exterminio. La
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
firmada por Chile en 2007, establece que “los pueblos indígenas tienen derecho
a […] obtener la repatriación de sus restos humanos”, y que “los Estados
procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de
restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y
eficaces”. Por ello, las autoridades del Estado de Chile deben arbitrar las
medidas para que los cuerpos profanados y exhibidos en museos, o depositados en
instituciones locales, nacionales o extranjeras puedan finalmente reposar
dignamente en la que fuera su tierra. Asimismo, y dado que la Declaración
firmada por el Estado establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a que
la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones
queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública”,
deberán ejecutarse medidas que eviten la naturalización del exterminio en
nombre del “progreso”, entre ellas, la apertura de un diálogo social amplio
sobre los símbolos y efemérides magallánicas.
Esperamos que la
presente solicitud ciudadana siga un curso exitoso, respondiendo a la necesidad
de hacer un mínimo de justicia histórica con las víctimas, rescatar su memoria,
reparar aunque sea parcialmente a sus descendientes, e incorporar su historia
en los planes de estudio y las políticas de la identidad a nivel local,
regional y nacional. Sólo de esta manera será posible proyectarnos como
comunidades regionales y estatales reconciliadas con un pasado diverso y
complejo, construyendo un presente más justo para los pueblos originarios y las
sociedades construidas sobre su destrucción, silenciamiento y/o marginación.
Redactores:
José Luis Alonso Marchante, escritor. Madrid, España.
Nicolás Gómez Baeza, profesor de Historia e historiador. Punta Arenas
y Santiago, Chile.
Alberto Harambour Ross, historiador. Punta Arenas y Santiago, Chile.
Primeras firmas:
Paulette Alejandra Aguilera Salazar, Historiadora, Santiago
de Chile
Ramón Arriagada, escritor y sociólogo, Puerto Natales.
Christian Báez, historiador, Santiago.
Jorge Baradit, escritor, Santiago.
Ernesto Bohoslavsky, historiador UNGS/CONICET, Buenos Aires.
Gabriel Boric, diputado, Magallanes.
Ljuba Vesna Boric Bargetto, Candidata a Doctora en Historia
USACH, Santiago de Chile
Natalia Braidot, historiadora del Arte y profesora, Madrid.
Cristian Javier Cañete Leal, Presidente agrupación Memorias en el
Viento. Punta Arenas, Chile.
Léonard Chemineau, dibujante, París.
Rafael Cheuquelaf Bradasic, periodista y músico Lluvia Ácida, Punta
Arenas.
Roberto Cortes, estudiante de posgrado en Historia, Universidad
Católica de Valparaíso.
Gustavo Alejandro De la Barra Riquelme, Geógrafo, Licenciado en
Geografía, Punta Arenas.
Walter Mario Delrio, docente/investigador, CONICET/Universidad
Nacional de Rio Negro.
Nolberto Díaz, vicepresidente CUT, Tierra del Fuego.
Francisca Carolina Díaz Zúñiga. Candidata a Magister en Historia
USACH. Santiago de Chile.
Gabriel Di Meglio, historiador, CONICET / UBA
Sanja Durin, antropóloga, Institute of Ethnology and Folklore, Zagreb.
Javier Figueroa Ortiz, Universidad Central de Chile.
Mario Garcés Durán, Académico Universidad de Santiago de Chile
y Director de ECO Educación y Comunicaciones, Santiago de Chile
Marcelo Garrido, geógrafo, Vicerrector U. Academia de Humanismo
Cristiano.
Igor Goicovic Donoso, historiador de la Universidad de Santiago de
Chile, Santiago de Chile.
Rodrigo González Vivar, profesor e investigador, Instituto de la
Patagonia.
Sergio Grez Toso, historiador, Universidad de Chile
Verónica Grondona Olmi, investigadora Centro Cultural de la
Cooperación, Buenos Aires.
Jessabel Guamán Flores, historiadora. La Serena, Chile
Luis Milton Ibarra Philemon, Archivo Histórico Municipal y
Comisión por la Memoria Huelgas 1921, Calafate.
Sergio Infante R., poeta y profesor universitario, Estocolmo.
Xochitl Inostroza Ponce, etnohistoriadora, Universidad de Chile-UMCE.
Mirta Leyes, pintora y profesora, Mercedes.
Marcelo E. Loyola Avilés, historiador. Santiago, Chile.
Luis Alberto Mancilla, profesor y escritor, Castro.
Ivette Martínez M., Profesora, Caleta María.
Dante Montiel Vera, profesor de Estado e historiador, Castro.
Mario Isidro Moreno, escritor, Punta Arenas.
Omar Moya, programador, Santiago.
Cristina Moyano Barahona, historiadora Universidad de Santiago de
Chile, Santiago de Chile.
Alexis Nolent, escritor y guionista, París.
Yerko Obilinovic, periodista, Punta Arenas.
Pavel Oyarzún Díaz, escritor, Punta Arenas.
Pedro Pacheco A., docente, Universidad Viña del Mar.
Fernando Pairican, Historiador, docente Universidad de Santiago de
Chile.
Pedro Pacheco, docente Universidad Viña del Mar.
Marisol Palma Behnke, historiadora, Universidad Alberto Hurtado
Pilar Pérez, docente-investigadora, IIDYPCA-UNRN-CONICET, Argentina
Julio Pinto V, historiador, Universidad de Santiago de Chile.
Alfredo Prieto Iglesias, arqueólogo, Universidad de Magallanes, Puerto
Natales.
Loreto Quiroz Rojas, abogada, Universidad de Chile.
Javier Eduardo Rivas Rodríguez, Académico U del Desarrollo y USACH.
Santiago de Chile.
Alfons Rodríguez, fotoperiodista, Barcelona.
Federico Rodríguez, escritor y profesor, Río Grande.
Manuel Luis Rodríguez, sociólogo y cientista político, Punta
Arenas.
Mariela Eva Rodríguez, CONICET/UBA/ FLACSO-Argentina.
Enrique Hugo Mases, historiador. Director GEHiSo, Universidad Nacional
del Comahue.
Pablo Navas, Profesor, Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, Río Gallegos.
Laura Pomerantz, doctora en Historia del Arte, Buenos Aires.
Mario A. Rivera, profesor titular Universidad de Magallanes, Punta
Arenas.
Camila Rojas, presidenta Federación Estudiantes Universidad
Chile, Santiago.
Catalina Saavedra Pérez, actriz, Santiago.
Camilo A. Santibáñez Rebolledo, profesor de Historia e historiador,
Santiago de Chile.
Paula Tikay Ferrer, artista, Santiago.
Stefanie Torrejón Vásquez, historiadora, Archivo Nacional de la
Administración, Santiago.
Jaime Valenzuela M., Profesor Titular, Historia, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Cristian Valle Celedón, realizador audiovisual, Punta Arenas.
Marcelo Valko, escritor y profesor, Buenos Aires.
Orlando Vargas Oyarzún, ingeniero comercial, Punta Arenas.
Bernardo Veksler, periodista y escritor, Buenos Aires.
Pablo Venegas, psicólogo, Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Mauricio Webel, periodista, Santiago.
Fuente: El Mostrador – 28 de Abril de 2.016
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/04/28/historiadores-piden-al-estado-de-chile-reconocer-el-genocidio-del-pueblo-selknam/